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Fonden en Yucatán

Rolando Bello Paredes

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El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) tiene por objeto, señala el gobierno federal, “atender los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas”.

Como es de conocimiento público, los legisladores federales de Morena y sus aliados “desaparecieron” 109 fideicomisos, para recaudar 68 mil 400 millones de pesos, que se destinarían a la “pandemia, pero también para estabilizar balance fiscal”. Entre los “desaparecidos” se encuentra el Fonden, y en su lugar, “se determinó que en cada proyecto de presupuesto se incluyan previsiones para atender fenómenos naturales” (El Financiero, 9 octubre 2020).

La Cámara de Diputados federales aprobó que los recursos del Fonden –hoy por un monto de 6 mil 861 millones de pesos- “que no sean utilizados para la reconstrucción, al cierre del año, sean reintegrados a la Tesorería” (La Jornada, 7 octubre 2020).

Enseguida información periodística relativa al Fonden en Yucatán:

El gobierno de Yucatán solicitó a Fonden la Declaratoria de Emergencia para 19 municipios afectados, por los daños y perjuicios ocasionados por la tormenta tropical Gamma (Boletín oficial, “Gobernador Mauricio Vila Dosal solicita Declaratoria de Emergencia para 19 municipios de Yucatán afectados por fenómenos naturales”, 7 octubre 2020).

Según la Coordinación Estatal de Protección Civil, “Gamma impactó desde el pasado 2 de octubre a Yucatán, con lluvias continuas e inundaciones, dejando estragos severos en Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Chemax, Chichimilá, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Sucilá, Temax, Temozón, Tinum, Tizimín, Uayma y Valladolid, en perjuicio de cerca de 301 mil 146 habitantes”.

Por el paso de la tormenta Cristóbal, el Fonden aportó la cantidad de 200 millones de pesos para atender a 75 municipios yucatecos, no obstante que “dejó pérdidas económicas valuadas en cuatro mil 297 millones de pesos” (Excélsior, 24 julio 2020).

No encontré información pública del ejercicio de los 200 millones de pesos destinados por Fonden a Yucatán, por los daños ocasionados por Cristóbal.

Alcaldes de Yucatán se inconformaron entonces con el criterio de Fonden para otorgar recursos y apoyos: “Expresaron su rechazo ante las reglas de operación del Fonden, ya que afirmaron no se adecúan a lo que Yucatán necesita para atender las graves afectaciones que dejaron las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, particularmente para la reparación de decenas de viviendas dañadas por inundaciones” (El Universal, 14 julio 2020).

En ninguno de los dos casos, el gobierno del estado dio a conocer públicamente las solicitudes de las respectivas Declaratorias de Emergencia, conteniendo una información general de los daños reportados. Está a tiempo hoy de difundir el documento relativo a la tormenta Gamma, para instar la solidaridad social de los yucatecos.

Por adelantado, el Secretario de Marina del gobierno de la 4T ya bloqueó alguna posibilidad de obtener recursos de Fonden por el paso del huracán Delta. Expresó: “No será necesaria la declaratoria de emergencia, ya que el meteoro nos trató bastante bien, saldo blanco. En su mayoría las afectaciones fueron árboles y postes de energía caídos” (Diario de Yucatán, 8 octubre 2020).

El presidente de la República también se pronunció en el mismo sentido, en la “mañanera” del pasado jueves 8: “Afortunadamente no se registran víctimas, nos tuvo consideración el huracán. No hubo muchos daños; árboles que cayeron. Vamos a decir que nos fue bien”.

El gobernador respondió que “sí fueron mucho menos los daños que se esperaban en el oriente del estado, pero todavía se hace la evaluación correspondiente. La verdad es que en el oriente del estado hay daños mucho menores en infraestructura” (Por Esto! 10 octubre 2020).

Un fondo yucateco de desastres

En Yucatán, la Ley de Protección Civil del estado prevé el “Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán”, que tiene por objeto “proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes de la población.

El Fondo es complementario de los recursos que se canalicen al estado y a los municipios, a través de los instrumentos federales e internacionales para la atención de emergencias o desastres”. Es administrado por la Secretaría General de Gobierno. Para hacer uso de los recursos, el gobierno debe emitir una “declaración de desastre”, que se publicará en el Diario Oficial del estado.

En el primer Informe de Gobierno 2018-2024, el gobierno anunció que con recursos del Fondo “se adquirieron 8,100 colchonetas, 10,000 cobertores, 200 láminas de cartón y 245 láminas de triplay, los cuales forman parte de la reserva estratégica de recursos materiales a emplearse en caso de la amenaza e impacto de algún fenómeno hidrometeorológico. Lo anterior representó una inversión de 3 millones 94 mil 284 pesos”.

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2020 asignó a dicho Fondo la cantidad de 3 millones de pesos.

Según el “Informe Trimestral sobre las Finanzas Púbicas 2018-2024”, correspondiente a abril-junio 2020, elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), el Fondo de referencia contaba con la cantidad de 24 millones 766 mil 060 pesos (saldo al 30 de junio de 2020).

Antes, el gobierno yucateco había dicho que usaría los recursos del “Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán”, para atender la crisis sanitaria del Coronavirus-Covid 19.

El pasado mes de abril informó que “ya dispuso” de 21 millones 095 mil 042 pesos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres, en la “adquisición de equipo médico”.

Los 21 millones de pesos “usados” en abril se sumaron a los 500 millones de pesos, para la “prestación de servicios de salud”, que provinieron del crédito aprobado por el Congreso por la cantidad de 1 mil 500 millones de pesos, “adicionales a las asignaciones originalmente autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020”.

Es confusa la información gubernamental.

El saldo del Fondo al 31 de marzo último era de 21 millones 700 mil pesos 096 pesos, y en el pasado abril el gobierno dijo que usó más de 21 millones de pesos, pero resulta que el saldo a junio 2020, ascendió a 24 millones 766 mil 060 pesos.

No queda claro si el gobierno usó o no esos recursos.

         Otros Planes. A). Un “Plan de inversión en proyectos, con participación de los sectores privados y público” fue anunciado por el presidente de la República, el pasado lunes 5. “La inversión acumulada será de 297 mil 344 millones de pesos”, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público.

El plan federal incluye la siguiente obra, “promovida por el gobierno del estado de Yucatán”:

        – La concesión de la ampliación y modernización de Puerto Progreso, por 4 mil millones de pesos.

(El gobierno de Quintana Roo promueve una concesión del Puente Vehicular Nichupté, con una inversión de 4 mil 676 millones de pesos).

B). Que empresas yucatecas, afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, invertirán “casi” 16 mil millones de pesos, durante este año y el siguiente, “para la edificación de 18,418 viviendas” (Boletín oficial, “Continúan las inversiones privadas y la generación de empleos en Yucatán”, 5 octubre 2020).

El gobierno del estado formuló su “Plan Estatal de Infraestructura para la Creación de Empleos y Apoyo a la Reactivación Económica”, con inversión total de 3 mil 340 millones de pesos, aunque la suma de recursos de los nueve rubros señalados, solo alcanza la cifra de 3 mil 288.2 millones de pesos (ver Bocadillos, “Finanzas estatales a cuentagotas”, en Informe Fracto, 3 octubre 2020).

Bandera. De color azul (but of course). Una bandera, Blue Flag, fue izada en las playas de Progreso. La otorgó una organización privada denominada “Fundación para la Educación Ambiental”.

Costó 150 mil pesos.

Juicio a los “ex”. El presidente de la República opinó, en la “mañanera” del pasado jueves 8, sobre la pregunta formulada por la Corte:

– “Si se vota por el sí, pues es ya un sentimiento en contra de los expresidentes, ya sólo ese señalamiento es un juicio, es del tribunal popular enjuiciándolos, juzgándolos”.

– “Si dice: ‘No’, pues ya están exonerados, la gente está contenta y si no contenta ya no quiere que se abra esa página o que se regrese a esa página, hay que darle vuelta a la página”.

Ad litteram. En el portal del periódico español elDiario.es (17 septiembre 2020), respecto de Winston Churchill, primer ministro británico durante la II Guerra Mundial y aficionado al final de sus días al “whisky con soda desde la hora del desayuno”, una afirmación de Katherine Carter, directora del proyecto de restauración de la casa de campo de Churchill, llamada Chartwell:

– “El whisky solo cubría el culo del vaso. Es algo a lo que se acostumbró en India. Él lo llamaba enjuague bucal”

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Hacer lana

Rolando Bello Paredes

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En el inframundo político maya, la frase imputable al ex fiscal del estado, Wilbert Cetina Arjona, “la Fiscalía es para hacer lana”, ya ocupa un lugar preferente y llegó para quedarse como un estigma del gobierno del estado 2018-2024.

Según la denuncia publicada por Diario de Yucatán (a partir del 5 noviembre 2020), el ex servidor público dijo: “La Fiscalía es una dependencia con gran poder para hacer lana, maneja al Poder Judicial, a los jueces, a todo el mundo y el gobernador, si te tiene confianza, te lo da todo”.

Reveló también conflictos con el Secretario de Seguridad Pública, así como “tráfico de influencias” en la Fiscalía: “Cetina Arjona intervino ante el vicefiscal Rafael Pinzón Miguel, quien lo  sustituirá provisionalmente a partir del lunes, para atender indicaciones del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés, esposo de la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, para acelerar asuntos de su despacho particular”.

Que “el actuar del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés tanto en su vida personal como profesional siempre ha sido con rectitud y en total apego a la legalidad”,  respondió su esposa, María Fritz Sierra, Secretaria General de Gobierno (Diario de Yucatán, 10 noviembre 2020).

La renuncia de Cetina Arjona ha causado un grave daño político y social, acaso irreparable, a la gestión administrativa del gobierno de Mauricio Vila Dosal.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pidió “se investiguen los hechos”, a fin de que las autoridades correspondientes “actúen para un deslinde o determinación de las responsabilidades que diera lugar” (Proceso, 6 noviembre 2020).

Sin pronunciarse por el contenido de la denuncia publicada por Diario de Yucatán, el Ejecutivo envió al Congreso una terna para el cargo de Fiscal General del estado: “Patricia del Socorro Gamboa Wong, Juan Manuel León León, y Adrián Abelardo Anguiano Aguilar”.

Según los informes periodísticos, la primera, de filiación panista, ha sido diputada local, regidora, funcionaria municipal y estatal. El segundo, es delegado de la Fiscalía General de la República, cargo en el que fue ratificado luego de aprobar exámenes de confianza. Y el tercero, panista también, es director del Secretariado Ejecutivo para la implementación de Seguridad y Justicia en el estado de Yucatán (El Cronista Yucatán, 8 noviembre 2020).

El Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán criticó la decisión del gobernador Mauricio Vila Dosal de considerar a la funcionaria, Patricia del Socorro Gamboa Wong, pues se ha pronunciado contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+” (Informe Fracto, nota de Lilia Balam, 8 noviembre 2020).

De esta manera, el gobernador Mauricio Vila Dosal tendría, al menos por ahora, dos fiscales, al igual que los gobernadores Rolando Zapata Bello, Ivonne Ortega Pacheco y Patricio Patrón Laviada, durante sus administraciones, respectivamente: Ariel Francisco Aldecua Kuk y Celia María Rivas Rodríguez: José Alonso Guzmán Pacheco y Héctor José Cabrera Rivero, excuñado de Ortega Pacheco; y, Miguel Ángel Díaz Herrera y Armando Villarreal Guerra.

En sesión del Congreso la terna se envió a la comisión legislativa correspondiente para iniciar el proceso constitucional de designación del nuevo Fiscal General del estado (Nota de Lilia Balam, “En pintoresca sesión, Congreso pide investigar al ex Fiscal”, Informe Fracto, 12 noviembre 2020).

El comienzo fue también de señalamientos abrumadores para el  gobierno del estado. El diputado Marcos Rodríguez Ruz apuntó que “es necesario que las instancias investigadoras se alleguen directamente los hechos e indaguen hasta resolver las circunstancias que rodean, tanto la renuncia del Fiscal General del Estado, así como los vínculos con otros funcionarios y particulares ligados a éstos, en una probable red de tráfico de influencias que ha provocado un cisma público en donde el actual Gobierno estatal ha quedado en total silencio” (Boletín oficial, “LXII Legislatura solicita investigar al ex Fiscal General del Estado”, 11  noviembre 2020).

Presentó un punto de acuerdo que contó con el voto mayoritario de los congresistas. Los panistas y el diputado del PVEM votaron en contra, apoyando indirectamente al ex fiscal Cetina Arjona.

El Congreso le pidió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, “realizar las investigaciones que sean necesarias, indagar y dar seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público, atribuidos al ex Fiscal General del Estado, Wilbert Cetina Arjona”.

A la Secretaría de Contraloría General del Estado de Yucatán, “investigar por sí, o por conducto de los órganos de control interno, las conductas señaladas y atribuidas al ex Fiscal General del Estado que puedan constituir responsabilidades administrativas”.

También “dar seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público, atribuidos al ex Fiscal General del Estado, así como a diversos funcionarios, servidores públicos y particulares que se encuentren involucrados en tales hechos, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho”.

Habrá que estar atentos al desempeño de la Fiscalía y de la Contraloría, para saber si enseguida atienden el señalamiento político de la LXII Legislatura estatal. O si actuarán como ha hecho anteriormente la Secretaría de Educación que ni siquiera acusó recibo de otro exhorto del Congreso, exigiéndole: a). Continuar con el Programa de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información, que consiste en dotar de equipos de cómputo a  maestros de Educación Básica, de manera gratuita; y, b). Otorgar igualdad de condiciones a todos los maestros, para disponer de una plaza docente de base.

La renuncia de Cetina Arjona podría también servir para que el Ejecutivo realice una revisión de la acción gubernamental de sus dependencias y sus titulares. Apenas concluirá el primer tercio de su sexenio, y la sociedad no soportaría ni merecería otro escándalo político y social como el provocado por el ex fiscal Cetina Arjona.

Que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción “ya inició una investigación” en contra de Cetina, según informó Diario de Yucatán (14 noviembre 2020).

La que aún no da “señales de vida” es la Contraloría. A lo mejor necesita una orden ejecutiva para asumir sus responsabilidades.

Otra denuncia. El portal Animal Político (9 noviembre 2020), publicó: “Al menos 18 Delegados de Programas para el Desarrollo, mejor conocidos como superdelegados, han sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, delitos que son investigados por la Secretaría de la Función Pública”.

Entre ellos menciona al de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, “por incurrir en el delito de promoción personalizada con el uso indebido de recursos públicos”.

En el artículo de Rosa Castañeda, en portal de la revista Nexos (5 noviembre 2020), se apunta que a Díaz Mena se le acusa de “desfalco, desvío de recursos y propaganda” Además de “usar el programa de Becas Benito Juárez para prebendas a amigos y conocidos, al no haber registro a nivel estatal de que más de 200 millones de pesos destinados a la beca hayan sido entregados. También ha sido sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por hacer promoción personalizada del presidente”.

El interesado ha guardado silencio, al igual que la rama ejecutiva del gobierno ante los hechos contenidos en la denuncia publicada y atribuidos a Cetina Arjona.

Gastos de gobierno. En los días difíciles de la pandemia, que siguen aún, un conocedor del asunto me dijo que los periódicos -medios de comunicación, en general- apenas vivían o sobrevivían de la publicidad gubernamental, ya que no había casi nada de la comercial.

El Congreso autorizó al gobierno del estado a gastar en 2020, bajo el rubro de “Gastos de comunicación social”, la cantidad de 131 millones 350 mil 276 pesos. No se sabe a cuánto asciende el gasto ejercido durante los primeros diez meses del año. Nada se ha informado al respecto.

Pero el gobierno sí está usando los recursos destinados a comunicación social. Por ejemplo, en dos días de la semana pasada, jueves 12 y viernes 13, en un diario convencional como el Diario de Yucatán, el gobierno le  pagó 15 anuncios varios, entre convocatorias a licitaciones públicas, vacunación contra la influenza, temporada de ciclones, y “chat de la salud”. Destacan, las dos planas de “Circuitos de acercamiento entre paraderos”, una plana de “reemplacamiento”, y dos planas de “plan de infraestructura de ciclovías”.

En 2019, a la dirección general de Comunicación Social del Ejecutivo se le destinó la cantidad de 158 millones 024 mil 603 pesos.

Juez. El destacado egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Modelo, José Ernesto Moguel Espejo, fue elegido como Juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo, en el primer concurso abierto de oposición para dicho cargo.

La Jornada (10 noviembre 2020) puntualizó: “Los nuevos juzgados en materia laboral suplirán a las juntas de conciliación, según se estableció en la reforma constitucional en materia laboral de 2017, la cual responde a los términos del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, donde señala que la impartición de justicia en temas de trabajo debe recaer en el Poder Judicial, y no en el Ejecutivo, como hasta ahora”.

Electoreros. Algunas notas recientes: a). Daniel Carrillo  Espinosa, conocido como “El Puma”, pretende la diputación por el IV Distrito, bajo el PT. b). La exgobernador Ivonne Ortega Pacheco, hoy afiliada al MC, fue entrevistada por La Jornada Maya y Diario de Yucatán.

c). El Iepac determinó nuevo periodo de precampaña en 2021: del viernes 8 de enero al viernes 12 de febrero. d). Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida, afirmó “sentirse motivado y aseguró tener la experiencia suficiente para repetir en el cargo, aunque indicó que por el momento no pedirá licencia”. e). Que el priista Jorge Rojas Gamboa quiere ser alcalde de Mérida.

Escuelas de Tiempo Completo. Las primeras noticias de la aprobación del presupuesto federal de egresos para 2021 apuntan que el programa Escuelas de Tiempo Completo desapareció como uno de los principales programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El diario Excélsior (14 noviembre 2020) así lo informó: “Desaparece la clave presupuestal del Programa Escuelas de Tiempo Completo y queda sujeto a la discrecionalidad de la SEP”.

Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”, por ejemplo:

-”En San Francisco, California, las prostitutas no están obligadas a tener cambio de billetes de más de 50 dólares”.

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Electoreros

Rolando Bello Paredes

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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) inició formalmente el proceso electoral estatal 2021 el pasado miércoles 4 de noviembre. Yucatán elegirá el próximo domingo 6 de junio, los siguientes cargos: 25 diputaciones (15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional), y 106 ayuntamientos.

Además, cinco diputaciones federales. Los actuales legisladores son: Jesús Carlos Vidal Peniche (PVEM), María Ester Alonzo Morales María Ester (PRI), Iván de Jesús Interián Gallegos Limbert (Morena), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), Juan José Canul Pérez (PRI), y de representación proporcional, Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN), y Dulce María Sauri Riancho (PRI).

De acuerdo con el recuento último, en las elecciones estatales participarían once partidos políticos. Diez tienen registro nacional: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza Social por México (FSM) y Redes Sociales Progresistas (RSP); y un partido político estatal: Nueva Alianza Yucatán.

En septiembre último, el Iepac “determinó improcedente” el registro como Partido Político Local de la organización denominada “Socialista del Sureste A.C.”, ya que “no cumplió con todos los requisitos y  procedimientos establecidos conforme a la normatividad”.

La autoridad electoral determinó el periodo de precampaña: del lunes 4 de enero al viernes 12 de febrero; y el de campaña: del viernes 9 de abril al miércoles 2 de junio. Ya avisó a los partidos políticos nacionales para que se inscriban en este mes de noviembre “para efecto de participar en las elecciones estatales y municipales y demás fines establecidos en las leyes”.

El Iepac ha solicitado recursos presupuestales para el ejercicio 2021 por la cantidad de “424 millones 385 mil 946.66 pesos”. Recientemente devolvió al Ejecutivo 1 millón 006 mil 494.30 pesos, de su presupuesto “operativo” 2020, para “contribuir a la situación que se enfrenta por la pandemia en Yucatán”.

En el proceso 2021 se incorporaron nuevos integrantes del consejo del Iepac: Alicia del Pilar Lugo Medina, Alberto Rivas Mendoza y Roberto Ruz Sahrur. Los otros son. María de Lourdes Rosas Moya, presidenta, y Delta Alejandra Pacheco Puente, Jorge Antonio Vallejo Buenfil, y María del Mar Trejo Pérez.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán informó que el “listado nominal” será de 1 millón 636 mil electores.

Durante el pasado proceso electoral, el PAN obtuvo la mayoría de sufragios en las elecciones de gobernador y alcalde de Mérida, capital del estado, derrotando al PRI, su principal competidor. Así despachan hoy en sus respectivos palacios, Mauricio Vila Dosal y Renán Barrera Concha. En el Congreso, el PRI logró 10 curules, el PAN 6, Morena 4, Movimiento Ciudadano 2, PRD 1, PVEM 1, y Panal 1.

En el caso de la gubernatura, se recuerda que en 2012, el PRI obtuvo el triunfo electoral con Rolando Zapata Bello. Logró 530,777 votos, seguido por el PAN con 429,046. El PRD apenas consiguió 56,238. Zapata Bello superó al panista Díaz Mena con más de 100 mil votos. En 2007, la priista Ivonne Ortega Pacheco aventajó en casi 60 mil votos al panista Xavier Abreu Sierra, y en 2001, el panista Patricio Patrón Laviada se impuso al priista Orlando Paredes Lara, por poco más de 20 mil votos.

Para la alcaldía de Mérida, se han apuntado, en el lenguaje críptico de los políticos, por el PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien declaró “estoy listo y preparado. Pienso en 2024, pero también pienso en una ciudad que necesita un proyecto de largo alcance”.

Por el PAN, se entiende que el actual presidente Renán Alberto Barrera Concha y la diputada federal Patrón Laviada. Hay otro, el senador Raúl Paz Alonzo, dijo en marzo último: “La ciudad necesita estar atendida”.

Renglón especial merece el PRD yucateco. Anunció a un candidato “perdedor”. Que postulará para el Ayuntamiento de Mérida al diputado Mario Alejandro Cuevas Mena. La comunicación perredista es inusual, su candidato sería para perder, no para triunfar,  ya que señala que su objetivo es “ganar dos regidurías en Mérida”.

En Progreso, la diputada estatal Lila Frías Castillo quiere ser alcalde de Progreso. Y por MC, “Naomi Arjona Rosas se perfila a convertirse en la primera candidata Transgénero por la alcaldía de Progreso”.

En Conkal, la primera regidora quiere repetir. Hiselle Díaz del Castillo Canché dice que “me gustaría concretar los proyectos en marcha”.

Otra que quiere algo es la exdelegada de la Profeco, Sisely Burgos Cano: “Aspira a la elección de la presidencia municipal o una curul en el Congreso del estado”.

También la morenista Jazmín Villanueva Moo, renunció a su cargo en los  programas sociales del gobierno de la4T, pues tiene “intenciones de participar en el proceso electoral 2021”.

La exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco se fue a Movimiento Ciudadano, luego de abandonar al PRI. Se le acusa ahora de haber sido promotora de “turismo electoral” en 2013, cuando ocupaba la Secretaría General del PRI.

El presidente estatal de Morena, Mario Mex Albornoz, reconoce que en Yucatán “el efecto AMLO no le va a favorecer y se va a enfrentar a un panorama duro para poder ocupar puestos públicos”.

Recuérdese que habrá vigilancia en el proceso electoral. En una “mañanera” del pasado junio, el presidente de la República anunció: “Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades”.

No encontré en ninguna de las disposiciones constitucionales en materia electoral la figura de “guardián” de las elecciones, mucho menos atribuida al titular del Poder Ejecutivo federal.

Espero que el asunto no contagie al Ejecutivo estatal y que el gobernador del estado pretenda ser una especie de “guardiancito” de las elecciones.

Conforme avance el proceso electoral estatal de 2021, se continuará con este registro “electorero”, cuya fuente serán medios de comunicación y autoridades en la materia.

“Hacer lana”. En el marco inicial del proceso electoral, una renuncia complica la operación gubernamental del estado. Se presentó una denuncia periodística, por la renuncia de Wilbert Cetina Arjona al cargo de Fiscal General del estado, por “motivos personales”, efectiva a partir del domingo 8.

El Diario de Yucatán (5, 6 y 7 noviembre 2020) publicó escandalosas “confesiones” de Cetina Arjona: “La Fiscalía es una dependencia con gran poder para hacer lana, maneja al Poder Judicial, a los jueces, a todo el mundo y el gobernador, si te tiene confianza, te lo da todo”.

Además de “conflictos” con el Secretario de Seguridad Pública, reveló “tráfico de influencias” en la Fiscalía: “Cetina Arjona intervino ante el vicefiscal Rafael Pinzón Miguel, quien lo  sustituirá provisionalmente a partir del lunes, para atender indicaciones del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés, esposo de la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, para acelerar asuntos de su despacho particular”.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pidió “se investiguen los hechos”, a fin de que las autoridades correspondientes “actúen para un deslinde o determinación de las responsabilidades que diera lugar” (Proceso, 6 noviembre 2020).

Ante la denuncia publicada, y hasta mediodía del sábado 7, el gobierno del estado y el Secretario de Seguridad Pública y la Secretaria General de Gobierno, guardan silencio.

Deuda pública. Según el informe de la Secretaría de Administración y Finanzas, al 30 de septiembre el total de la deuda pública yucateca, directa y con garantía, sumó la cantidad de 4 mil 819 millones 193 mil pesos (Diario oficial del estado, 15 octubre 2020).

Juicio a los “ex”. El Congreso de la Unión expidió la Convocatoria de Consulta Popular, que se realizará el domingo 1 de agosto de 2021, a cargo del INE (Diario Oficial de la Federación, 28 octubre 2020).

La pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Las dos posibles respuestas: “Sí estoy de acuerdo” y “No estoy de acuerdo”.

El INE “aprobó solicitar un presupuesto de mil 499 millones de pesos para organizar la consulta popular del próximo 1 de agosto” (Excélsior, 29 octubre 2020).

        Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”, por ejemplo:

– “En Washington, D.C. es ilegal cualquier posición sexual que no sea la del misionero”.

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La Escuela es Nuestra en Yucatán

Rolando Bello Paredes

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En noviembre de 2019 inició en Yucatán el programa La Escuela es Nuestra. El gobierno del estado aseguró que “beneficiaría a alumnos de 609 planteles educativos de 80 municipios, mediante el mejoramiento de sus instalaciones y equipamiento, con una inversión conjunta de 125 millones de pesos, de los cuales, la aportación estatal fue de 62.4 millones de pesos” (Boletín oficial, “Inicia en Yucatán el programa La Escuela es Nuestra”, 28 noviembre 2019).

De acuerdo con el gobierno federal, La Escuela es Nuestra pretende lograr, entre otros objetivos, los siguientes: a). “Dignificar las condiciones de las escuelas en las que niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país reciben educación”; b). “Evitar la corrupción, el dispendio, el clientelismo y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa, fomentando el uso honesto de los recursos”; y, c). “Agilizar la entrega de recursos, eliminar trámites, reducir el costo burocrático y lograr un mejor rendimiento del presupuesto”. 

El pasado mayo, el Secretario de Educación Pública empezó la danza de las cifras millonarias:

– Dijo que se ha “dispersado casi 9 mil billones (sic) de pesos” (Boletín oficial, “La Escuela es Nuestra. Conferencias sobre Programas del Bienestar”, 18 mayo 2020). 

– El Coordinador General de Programas de Desarrollo informó que “el gobierno federal dispersó, hasta este lunes, 8 mil 519 millones de pesos del programa” (La Jornada, 2 junio 2020). 

– La directora general de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales de la Secretaría el Bienestar señaló que el “presupuesto del programa es de 10 mil 13 millones de pesos” (La Jornada, 29 octubre 2020).

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, asignó a La Escuela es Nuestra, un total de 14 mil 487 millones 697 mil 500 pesos: 

a). “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes: 1 mil 965 millones 667 mil 500 pesos”. b). “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes: 7 mil 280 millones 250 mil pesos”. c). “Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos: 5 mil 241 millones 780 mil pesos”.

La proyección del presupuesto de egresos federal para 2021, considera la suma de 25 mil 014 millones 869 mil 250 pesos: 

a). “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas: 577 millones 171 mil 750 pesos”. b). “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes: 3 mil 315 millones 667 mil 500 pesos”.c). “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes: 12 mil 280 millones 250 mil pesos”. d). “Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos: 8 mil 841 millones 780 mil pesos”.

Después del anuncio de noviembre de 2019, no he encontrado otra información de la ejecución del programa La Escuela es Nuestra en Yucatán.

En el primer Informe de Gobierno 2018-2024, se comunicó lo siguiente, relativo a “Infraestructura Educativa: “Se realizaron 1,639 acciones en 1,212 escuelas públicas de nivel básico, medio superior y superior del Estado de Yucatán para ofrecer una educación integral de calidad con infraestructura física educativa, recreativa y eléctrica de calidad. En materia de construcción, rehabilitación, equipamiento y mantenimientos emergentes se intervino en 384 centros escolares de preescolar, 571 de primaria, 233 de secundaria, siete de media superior y 17 en nivel superior en beneficio de aproximadamente 500,000 alumnos de 100 municipios. Las acciones mencionadas contaron con una inversión de 353.8millones de pesos”.

El documento no especificó si se trató de recursos del programa La Escuela es Nuestra, o de otro programa gubernamental. La única referencia se encuentra en el rubro de “Gestión en el tiempo”, que señala que en noviembre de 2019, fue el “inicio del programa La Escuela es Nuestra“.

El presupuesto de egresos del estado 2020 destinó recursos federales al rubro de infraestructura educativa por un total de 283 millones 337 mil 916 pesos: a). Cobertura con Equidad en Educación Básica: 269 millones 174 mil 783 pesos; y, b). Infraestructura educativa media superior: 14 millones 163 mil 133 pesos.

El programa La Escuela es Nuestra surge cuando el gobierno federal abrogó la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, que creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed). Éste desapareció en consecuencia, y lo relativo a la infraestructura escolar pasó a las manos de los padres de familia de las escuelas.

Esta modificación generó “incertidumbre entre el sector educativo y de la construcción en Yucatán, sobre todo por la manera en la que destinarán los recursos a los planteles beneficiados para realizar trabajos de remodelación o edificación, sin previo estudio o análisis de la infraestructura” (Novedades Yucatán, “Advierten riesgos en construcción de La Escuela es Nuestra”, 29 octubre 2020).

En Yucatán el asunto de la construcción de escuelas estaba (¿o está?) a cargo del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey), creado a imagen y semejanza del Inifed.

Recuérdese que en el boletín palaciego denominado, jocosamente, “Ante los retos del presupuesto del próximo año, gobierno del estado se aprieta el cinturón” ((8 noviembre 2019), el Ejecutivo yucateco anunció que aspiraba a tener un “ahorro de 100 millones de pesos a partir del año 2020, con la desaparición de siete entidades públicas”. Entre éstas estaba incluido el Idefeey.

Sin embargo en el presupuesto de egresos 2020 al Idefeey se le asignaron recursos por la cantidad de 49 millones 114 mil 285 pesos. 

No he encontrado, luego de una revisión del Diario Oficial del estado, ningún decreto ejecutivo que ordene la extinción y liquidación del Idefeey y de las otras siete entidades públicas que “desaparecerían” este año de la administración pública paraestatal. Por el contrario, el Idefeey goza de cabal salud, según publicaciones recientes del Diario oficial del estado, por ejemplo:

a). El jueves 29 de octubre 2020 publicó su “licitación pública estatal convocatorias 014 y 0159”, para adquirir equipamiento de aulas didácticas para los “Cecytey Emiliano Zapata, Conkal, Hunucmá y para el Cobay Pisté”; y para adecuar y equipar el laboratorio de logística pata aeronáutica de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

b). El martes 1 de septiembre 2020 publicó su “licitación pública estatal convocatoria 012”, para construir la primera etapa del edificio de rectoría de la Universidad Politécnica de Yucatán, cuyos trabajos debieron iniciar el jueves 24.

c). El jueves 13 de agosto 2020 publicó su “licitación pública estatal convocatoria 009”, para adquirir equipamiento especializado de las Universidades Tecnológicas del Poniente (Maxcanú) y del centro (Izamal).

d). El lunes 22 de junio 2020 publicó su “licitación pública estatal convocatoria 007”, para para construir, entre otros, aulas didácticas, servicios sanitarios, en diversos municipios yucatecos.

Por lo visto, el Idefeey no sólo no ha “desaparecidosino que asume cotidianamente las funciones del programa federal educativo.

La Escuela es Nuestra “desapareció” en Yucatán, se diría, luego del anuncio gubernamental de noviembre de 2019.

Otro “desaparecido”. El Instituto de Infraestructura Carretera (Incay), que ejerce un gasto por la cantidad de 355 millones 332 mil 486 pesos, según el presupuesto de egresos del estado 2020, aún no desaparece”, a pesar de la condena ejecutiva dictada en noviembre de 2019. 

Junto con la “desaparición” de otras siete entidades públicas, el gobierno anunció que tendría un “ahorro de 100 millones de pesos a partir del año 2020”. El Incay sigue gozando de cabal salud administrativa.Hasta hoy no hay nada de su extinción y liquidación, “desaparición” según denominación gubernamental.

Ahora el Incay, que se resiste a “desaparecer”, informó de varias obras públicas por un monto total de 318.9 millones de pesos, por ejemplo, la modernización y repavimentación de 14 kilómetros de calles de Mérida y su zona metropolitana, por 47 millones de pesos (Novedades Yucatán, 25 octubre 2020).

Recursos federales. Que Yucatán tendría en 2021 una reducción de recursos federales por 1 mil 848 millones de pesos, según la Secretaria de Administración y Finanzas (Diario de Yucatán, 30 octubre 2020).

Además, que tendría menos dinero en “aportaciones federales” por un total de 34.5 millones de pesos, y en “participaciones federales” por 31.7 millones de pesos.

Fonden en Yucatán. Siguen las declaratorias para acceder a los recursos del Fonden (Diario Oficial de la Federación, 26 octubre 2020):

a). Zona de desastre a los municipios de Baca, Calotmul, Celestún, Dzidzantún, Dzitás, Espita, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Kaua, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sanahcat, Sinanché, Sucilá, Telchac Puerto, Temax, Tepakán, Uayma, Ucú, Valladolid y Yobaín; b). Por lluvia severa e inundación pluvial para los municipios de Cenotillo, Chemax, Chichimilá, Cuncunul, Mérida, Mocochá, Panabá, Temozón, Tinum, Tizimín y Tunkás; c) Por inundación pluvial para los municipios de Buctzotz, Izamal, Tixkokob y Tixpéhual. 

Ahora, por el paso de “Zeta”, el gobierno del estado solicitó se emita la declaración de emergencia para 33 municipios del oriente yucateco. Según las autoridades, entre los principales daños se encuentran “afectaciones a viviendas, calles inundadas, árboles y techos de lámina derribados, falta de energía eléctrica y agua potable” (Boletín oficial, “Solicita Vila Dosal Declaratoria de Emergencia para 33 municipios del oriente afectados por Zeta“, 28 octubre 2020).

Alianza Federalista. Se informó que la denominada Asociación de Gobernadores de Acción Nacional –entre ellos el de Yucatán- se “sumó a los mandatarios de la Alianza Federalista en la demanda de establecer un nuevo acuerdo financiero y fiscal” (El Universal, 29 octubre 2020). 

La Secretaria de Administración y Finanzas del estado fue categórica: “El gobernador Mauricio Vila no suscribió documento alguno” (Diario de Yucatán, 30 octubre 2020).

Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”, por ejemplo:

– “En Utah, el estado que más consume pornografía de ese país, se permite el sexo con animales siempre y cuando no se realice por dinero”.

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