Conecta con nosotros

Bocadillos

Finanzas estatales a cuentagotas

Rolando Bello Paredes

Publicado

en

La situación de las finanzas estatales en medio de la crisis sanitaria del Coronavirus-Covid 19 constituye casi un secreto gubernamental. A cuentagotas, vía declaraciones y boletines de prensa, la sociedad se entera del tema, que es de relevancia social. No hay un informe serio y profesional del estado que guardan las finanzas públicas de la administración 2018-2024.

Con motivo de la firma de un convenio entre el estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Ejecutivo proporcionó discursivamente algunos datos, por ejemplo (Diario de Yucatán, 26 septiembre 2020):

        a). “Desde el 2018 logró implementar una disminución del gasto administrativo que ese año fue del 19%; en el 2019 fue del 16% y este año fue del 12%, además de medidas de austeridad que generan ahorros por más de 1,900 millones de pesos anuales”.

        b). “Las finanzas estatales registran un déficit de 2,998 millones de pesos”.

c). “Desde 2018 Yucatán ha tenido reducciones en sus ingresos de libre disposición que, comparando ese año con el proyecto de presupuesto para 2021, representa en términos reales una disminución de -24%, lo que significa alrededor de 5,995 millones de pesos”.

d). “El estado también registra reducciones en aportaciones y convenios, que sumada a la reducción de las participaciones asciende a 1,848 millones de pesos”.

        e). “En el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 la eliminación de 34 programas que en este año representaron $510 millones”.

La sociedad no dispone de elementos para validar la información ejecutiva. Para poder configurar un posible apoyo popular, se hace necesario un pronunciamiento específico, público, exhaustivo, detallado, analítico, para conocer la realidad de las finanzas públicas del año de la pandemia y de la proyección para el año 2021.

Ahora, propongo tres ejemplos, para constatar la insuficiencia de la información ejecutiva. Los supuestos “ahorros” gubernamentales; el déficit público; y la disminución de ingresos:  

        I. “Ahorros”:

a). Hoy se dice que se han generado “más de 1,900 millones de pesos”.

        b). Ayer se dijo que con la modificación del contrato original del Gran Museo del Mundo Maya, el Ejecutivo y sus voceros han reiterado, casi hasta el cansancio y sin detalles, que con su iniciativa, esperarían un supuesto “ahorro” por la cantidad de 1,500 millones de pesos.

c). Antier, que con la “desaparición” de ocho entidades públicas (que siguen gozando de cabal salud pública), el Ejecutivo yucateco aspiraba a tener un “ahorro de 100 millones de pesos a partir del año 2020” (En realidad, según lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos 2020, el “ahorro”, de ser efectiva la “desaparición”, sería de poco más de 520 millones de pesos).

d). Y antes de antier, el Ejecutivo, al inaugurar su administración, ofreció que con su política de austeridad, “vamos a ahorrar más de mil millones de pesos cada año”.

Hace falta que la administración estatal rinda cuentas del supuesto “ahorro” gubernamental. Sólo se observa hoy una danza de las cifras de supuestos “ahorros” gubernamentales. Si lo hubo, en qué rubros se “ahorró” y gastó lo “ahorrado”, qué partidas presupuestales resultaron afectadas, cómo se resolvió la disminución, vía “ahorro”, de recursos para el desarrollo social de los yucatecos.

II. Déficit

a). Hoy se afirma que el déficit es de 2,998 millones de pesos”.

b). Ayer, ante la aprobación del presupuesto de egresos del año 2020, se aseveró que había un “boquete de 3,860 millones de pesos”.

III. Disminución de ingresos

a). Que hoy se registra una disminución de ingresos de “alrededor de 5,995 millones de pesos”.

b). Ahora que “2 mil millones de pesos no han ingresado a las arcas estatales, por conceptos de impuestos o de aprovechamientos” (en presentación de Plan Estatal de Infraestructura para la Creación de Empleos y Apoyo a la Reactivación Económica, 29 septiembre 2020).

De ser así, el Ejecutivo, conforme a la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, debió “aplicar ajustes al presupuesto de egresos” en un orden determinado por la propia norma jurídica:

a). Gastos de comunicación social;

b). Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera; y,

c). Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias”.

Nada se ha dicho de estos ajustes presupuestales.

En un informe trimestral sobre las finanzas públicas de la entidad, correspondiente a abril-junio de 2020, la Secretaría de Administración y Finanzas comunicó que la recaudación de la administración del gobernador Mauricio Vila Dosal, en el primer semestre de 2020, ascendió a la suma de 19 mil 776.7 millones de pesos; y el gasto ejercido fue de 20 mil 222.9 millones de pesos. Se registró un déficit de 446.2 millones de pesos.

Ojalá antes de enviar el proyecto de presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2021, o durante la presentación de éste, en noviembre próximo, se tenga información completa del estado de las finanzas públicas estatales en 2020 y cómo se enfrentará en 2021 el desarrollo social y económico de Yucatán.

Hoy, la información ejecutiva fluye a cuentagotas.

Plan de Infraestructura. El gobierno del estado anunció una inversión total de 3 mil 340 millones de pesos, en “378 obras y 15,947 acciones en materia de seguridad, urbanización, educación, vivienda, salud, agua potable y saneamiento, edificios de Gobierno, protección al medio ambiente, edificios públicos y unidades deportivas”.  

En una revisión somera de las cifras aportadas en el boletín oficial, “Presenta el Gobernador Mauricio Vila Dosal Plan Estatal de Infraestructura para la Creación de Empleos y Apoyo a la Reactivación Económica” (29 septiembre 2020), las cantidades de los rubros de inversión no coinciden con el total anunciado de 3 mil 340 millones de pesos.

Así están los datos de la información gubernamental:

1. “Seguridad, 1,800 millones de pesos (mdp). 2. Urbanización, 740 mdp. 3.  Educación, 339 mdp. 4. Vivienda, 283 mdp. 5. Agua potable, 73.2 mdp. 6. Medio ambiente, 6.9 mdp. 7. Infraestructura deportiva, 4.3 mdp. 8. Edificios públicos, 4.9 mdp. 9. Edificios, 36.9 mdp”.

Los nueve rubros anteriores suman en conjunto 3 mil 288.2 millones de pesos.

Para llegar al total anunciado falta la cantidad de 52 millones de pesos.

El Secretario de Obras Públicas podría aclarar este punto, así como informar de dónde provendrán los recursos para este ambicioso Plan de Infraestructura, con excepción de los que corresponden a seguridad –un monto de 1,800 millones de pesos- que se obtendrán del crédito de “Yucatán Seguro”.

Museo Mundo Maya. Según afirmación del Ejecutivo del estado, en la presentación del Plan de Infraestructura, con la modificación del contrato original del Museo del Mundo Maya, “vamos a ahorrar 500 millones de pesos en pago del inmueble y, durante todo el lapso del convenio, se habla de un ahorro de más de 2,500 millones de pesos”.

Antes, el Ejecutivo y sus voceros habían reiterado, casi hasta el cansancio y sin detalles, que con su iniciativa, esperarían un supuesto “ahorro” por la cantidad de 1,500 millones de pesos.

Otra danza de cifras gubernamentales.

Eficiencia recaudatoria 2018. En la Cuenta Pública 2018, de acuerdo con el “Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal” de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, se consignó la “eficiencia recaudatoria de los Ingresos Totales del Gobierno del Estado” (en miles de pesos)

– Presupuestado: 40,813,192.87. 

– Recaudado: 42,183,925.65. 

“Vicegobernadora”. En la nota de Rosa Santana, “Diputados de Yucatán piden cuentas tras fiasco con “influencers”, en portal de Proceso (30 septiembre 2020):

– “La publirrelacionista Michelle Friedman, a quien peyorativamente se le señala como la “vicegobernadora”, es la funcionaria más cuestionada de la actual administración estatal, por la opacidad con que ha conducido la dependencia y por el derroche de recursos que se le atribuye”.

Juicio a los “ex”. La nueva pregunta que absolverá una consulta popular, y que fue calificada por el diario Reforma (2 octubre 2020), como “trabalenguas”:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El cuestionamiento del alto tribunal constitucional sugiere, prima facie, otras preguntas:

– ¿Cuáles son “las acciones pertinentes y quién las “llevará a cabo”? ¿Qué es un “proceso de esclarecimiento”? ¿Cuáles serían esas “decisiones políticas”? ¿Cuántos “años pasados” se deben considerar? ¿Quiénes son los “actores políticos”?

2 de octubre. No se olvida.

Ad litteram. En la Revista de Revistas del periódico Excélsior de fecha 13 de octubre de 1912:

– “Las mujeres que en espera de un buen partido llegan a los 24 años sin encontrarlo, se exponen a obrar como los sacerdotes, quienes recogen las limosnas en los templos y que al primer movimiento que observan en la persona, le presentan la bandeja”.

Bocadillos

“Desaparecidos”: el primero de la tarde

Rolando Bello Paredes

Publicado

en

El primero de la tarde, se diría en términos taurinos, será el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey). El Ejecutivo publicó el decreto por el que se extingue y liquida el Ibecey,  conservando su “personalidad jurídica exclusivamente para efectos de los procesos de liquidación y transferencia”. Las instancias gubernamentales responsables del proceso serán las Secretarías de Educación, de la Contraloría General, de Administración y Finanzas, y de Investigación, Innovación y Educación Superior (Diario Oficial del estado, 18 noviembre 2020).

La historia comenzó con un jocoso boletín palaciego, emitido hace poco más de un año, el 8 de noviembre de 2019, denominado “Ante los retos del presupuesto del próximo año, gobierno del estado se aprieta el cinturón”. En ese documento, el Ejecutivo anunció que aspiraba a tener un “ahorro de 100 millones de pesos a partir del año 2020, con la desaparición de siete entidades públicas”. Luego agregó una octava.

La lista inicial: 1. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado (Ibecey); 2. Junta de Asistencia Privada de Yucatán (Japey); 3. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del estado (Apbpy); 4. Casa de las Artesanías (Caey); 5. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay);

6. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey); y, 7. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (Icatey). Después, en su iniciativa de presupuesto para 2020, adicionó a la octava: Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).  

No “desaparecieron” estas ocho entidades, luego de la promesa ejecutiva. El presupuesto de egresos estatales de 2020 les asignó recursos importantes:

1. Al Ibecey, 64 millones 383 mil 888 pesos. 2. A la Japey, 5 millones 499 mil 863 pesos.  3. A la Apbpy, 2 millones 179 mil 096 pesos- 4. A la Caey, 19 millones 961 mil 128 pesos.

5. Al Incay, 355 millones 332 mil 486 pesos. 6. Al Idefeey, 49 millones 114 mil 285 pesos. 7. Al Icatey, 9 millones 859 mil 321 pesos. 8. Al Indemaya, 14 millones 552 mil 068 pesos.  

Un total de 520 millones 882 mil 135 pesos, que continuó ejerciendo en estos once meses de 2020, la autoridad ejecutiva de administración y finanzas, salvo prueba en contrario.

En anteriores Bocadillos en Informe Fracto (“Informes digitales”, 12 septiembre 2020).se informó que esas dependencias siguieron y siguen gozando de cabal salud gubernamental, por ejemplo:

        a). El Incay informó de sus “tarifas por daños a vialidades estatales 2020”, y publicó su convocatoria para la construcción de calles en el interior del anillo periférico de Mérida, por el rumbo de la colonia de Ampliación Revolución, Benito Juárez Norte, Hacienda Sodzil Norte, México Norte, y Montebello.

El Incay informó en octubre último la realización de varias obras públicas por un monto total de 318.9 millones de pesos, por ejemplo, la modernización y repavimentación de 14 kilómetros de calles de Mérida y su zona metropolitana, por 47 millones de pesos.

b). El Idefeey convocó a licitaciones para adquirir equipos para laboratorios, construir aulas, espacios deportivos, plazas cívicas, servicios sanitarios. (El Idefeey ha sido denunciado públicamente por una agrupación de “constructores electromecánicos”, por haber cometido “presuntas anomalías en la licitación de un contrato de obra”, ubicada en la carretera Mérida-Tetiz, según reporte de Diario de Yucatán, del pasado domingo 6 de septiembre).

c). El Indemaya reproduce la propaganda del Ejecutivo, relativa a ciertas actividades de apoyo por el Covid-19, tanto en su portal como en su muro de Facebook. Está al día en su agenda propagandística. Este año, organizó la celebración del Día Internacional de las Lenguas Maternas, y el viaje a Estados Unidos como parte de su programa “Cabecitas Blancas”.

d). El Icatey sigue con su oferta educativa de cursos, entre otros, “atención al cliente (con un costo de 499 pesos), contabilidad básica (499 pesos), marketing digital (599 pesos), plomería básica (499 pesos)”.

e). La Casa de las Artesanía (Caey) publicó su “estado de situación financiera” del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, en el que registró “ingresos y otros beneficios” por la cantidad de 6 millones 751 mil 516.58 pesos, y “gastos y otras pérdidas” por 7 millones 378 mil 585.04 pesos, con un “desahorro” de 627 mil 068.46 pesos.

La Casa de las Artesanía tenía, al 30 de septiembre último, una deuda  y “otros pasivos” por la cantidad de 2 millones 863 mil 888.41 pesos.

Al menos, el Incay, Idefeey, Indemaya, Icatey y Caey se resistieron, a lo largo de 2020, por lo visto, a contribuir al “ahorro” ejecutivo. La promesa ejecutiva de “ahorrar” en este año 100 millones de pesos, con la desaparición de esas entidades públicas, no se cumplió. El “ahorro” en realidad, de acuerdo con los recursos presupuestados en 2020, pudo haber sido de más de 520 millones de pesos.

El Ejecutivo decidió no ahorrar nada. No “desapareció” a ninguna de las ocho entidades públicas, anunciadas en noviembre de 2019. No había encontrado, luego de revisar el Diario Oficial del estado, ningún decreto ejecutivo que ordenara la extinción y liquidación de las ocho entidades públicas que “desaparecerían” este año de la administración pública paraestatal.

Hasta ahora que salió el primero de la tarde, el Ibecey.

Extraña nota del presupuesto 2021. El gobernador del estado informó, sin detalles, que su proyección de gasto público en 2021, sería por la cantidad de 38,067 millones de pesos (Boletín oficial, “El Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto aprueba por unanimidad la propuesta de egresos e ingresos para 2021”, 20 noviembre 2020).

Dijo que el Ibecey tendrá un “recorte en su gasto general de -25% (-17 millones 107 mil 528 pesos)”.

¿Cómo le asignará recursos presupuestales a una entidad que ya no ejercerá actividades sustantivas, ya que se encuentra en proceso de extinción y liquidación?

Se abundará en ello en siguientes Bocadillos.

“Yucatán empeoró”. El dato lo proporciona el “Informe sobre la situación económica estatal. Tercer trimestre de 2020”, de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Ejecutivo estatal:

– “Yucatán ocupó la posición 13 en el ranking de crecimiento económico a nivel nacional al registrar un decremento de -8.9% durante el primer semestre de 2020. La comparación con el mismo periodo de 2019, permite observar que Yucatán empeoró siete posiciones, al pasar del sexto lugar al 13 entre las entidades con mayor crecimiento”.

En otro documento ejecutivo, “Información financiera – Poder Ejecutivo 2018-2024”, se dice que el “estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2020”, registró un “total de ingresos y beneficios”, por la suma de 27 mil 786 millones 668 mil 471.95 pesos, y un “total de gastos y otras pérdidas”, por 28 mil 212 millones 374 mil 450.11 pesos; con un “desahorro” de 425 millones 705 mil 978.16 pesos.

La proclamada “austeridad” gubernamental ha sido más propagandística y publicitaria que una efectiva política estatal. El gobierno, por lo visto, gasta más de lo que tiene.

Por “servicios de comunicación social y publicidad”, contó con recursos por 237 millones 550 mil 827.16 pesos. (El Congreso autorizó al gobierno del estado a gastar en 2020, bajo el rubro de “Gastos de comunicación social”, la cantidad de 131 millones 350 mil 276 pesos).

Por concepto de “Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública”, se pagó la suma de 251 millones 219 mil 293.22 pesos. De esta cantidad, por intereses, se gastaron 232 millones 312 mil 722.32 pesos. (El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2020 fijó una asignación de 759 millones 014 mil 204 pesos, para el pago de la deuda pública, durante el año en curso).

El “total de la deuda y otros pasivos”, al finalizar el periodo, es de 7 mil 273 millones 695 mil 222.12 pesos.

Algo raro hay en la información del asunto. En este informe del “estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2020”, se consigna como total de la deuda la cantidad de 7 mil 273 millones 695 mil 222.12 pesos;  y en el reporte de la “situación de la deuda pública” de la propia Secretaría de Administración y Finanzas, al 30 de septiembre, se dice que la deuda pública directa y con garantía, es por la suma de 4 mil 819 millones 193 mil pesos (ver Diario Oficial del estado, 15 octubre 2020).

“Hacer lana”. El próximo miércoles dos de diciembre, el Congreso anunciará urbi et orbi:

– “Yucatecos, annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam”; es decir, Fiscal.

Sí, siempre y cuando el procedimiento aprobado por la comisión legislativa de justicia y seguridad pública, se lleve a cabo sin contratiempo alguno (Boletín oficial, “Avalan en Comisión proceso para elegir al nuevo Fiscal”, 17 noviembre 2020).

Campus normalista. La noticia es buena. Construir un campus normalista que aloje a las tres escuelas normales estatales. Pero, la historia comenzó ayer, en la Universidad Autónoma de Yucatán. Se abordará en los próximos Bocadillos.

Que la construcción del campus normalista es parte de un “Plan estatal de infraestructura para la creación de empleos y apoyo a la reactivación económica”, del que solo se conoce una versión, insuficiente e incompleta, proporcionada en un boletín oficial del pasado martes 29 de septiembre.

Escuelas de Tiempo Completo. La información es del Congreso (Boletín oficial, “LXII Legislatura exhorta que se pague a docentes del Programa de Escuelas de Tiempo Completo”, 18 noviembre 2020):

– “Las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad un Punto de Acuerdo para solicitar a la titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, para que realice todos los trámites, acciones y gestiones ante el Gobierno Federal para efecto de que se cumpla a los docentes de Yucatán pertenecientes al Programa de Escuelas de Tiempo Completo con el pago o remuneración de los días que se adeudan correspondientes al primer y segundo semestre del año 2020”.

La Secretaría de Educación respondió y le echó la culpa al gobierno federal. Que éste “no ha transferido los recursos acordados, a pesar que se ha cumplido en tiempo las solicitudes requeridas para obtenerlos”. Se trata de 8 millones 850 mil pesos” (Diario de Yucatán, 19 noviembre 2020).r

La única respuesta admisible al reclamo es el pago inmediato a los  maestros. No hay que dar “piruetas educativas” al asunto.

Juicio a los “ex”. De acuerdo con reportes periodísticos, el Congreso no le autorizó al Instituto Nacional Electoral (INE) una partida presupuestal por mil 499 millones para 2021, destinada a organizar la consulta popular que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además le recortó 870 millones de pesos de su gasto operativo. ¿Qué hará el INE para realizar la  consulta? Unos dicen que maravillas. No se sabe hasta hoy.

Los Bocadillos, demócratas, sugieren una votación a “mano alzada”, como gusta al gobierno de la 4T. Ésta podría llevarse a cabo, por ejemplo, el 28 de octubre de 2021, día dedicado a San Judas Tadeo, conocido como “patrono de las causas imposibles”.

Esa fecha “caerá” en jueves. La consulta sería por la tarde, después de la siesta, siempre y cuando no llueva. En ese momento, pongamos a las cinco de la tarde (hora del centro del país), desde donde estemos, todos haríamos un paréntesis en nuestras actividades, y alzaríamos o no la mano.

Al votar, nos tomaríamos una selfie y se la mandaríamos al INE, para los efectos constitucionales y legales procedentes.

 Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”; por ejemplo:

– “En Merryville, Missouri, es ilegal que las mujeres usen corset porque el privilegio de admirar sin mayor obstáculo el curvilíneo cuerpo de una mujer joven, no se le debe negar al hombre americano promedio”.

Continuar Leyendo

Bocadillos

Hacer lana

Rolando Bello Paredes

Publicado

en

En el inframundo político maya, la frase imputable al ex fiscal del estado, Wilbert Cetina Arjona, “la Fiscalía es para hacer lana”, ya ocupa un lugar preferente y llegó para quedarse como un estigma del gobierno del estado 2018-2024.

Según la denuncia publicada por Diario de Yucatán (a partir del 5 noviembre 2020), el ex servidor público dijo: “La Fiscalía es una dependencia con gran poder para hacer lana, maneja al Poder Judicial, a los jueces, a todo el mundo y el gobernador, si te tiene confianza, te lo da todo”.

Reveló también conflictos con el Secretario de Seguridad Pública, así como “tráfico de influencias” en la Fiscalía: “Cetina Arjona intervino ante el vicefiscal Rafael Pinzón Miguel, quien lo  sustituirá provisionalmente a partir del lunes, para atender indicaciones del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés, esposo de la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, para acelerar asuntos de su despacho particular”.

Que “el actuar del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés tanto en su vida personal como profesional siempre ha sido con rectitud y en total apego a la legalidad”,  respondió su esposa, María Fritz Sierra, Secretaria General de Gobierno (Diario de Yucatán, 10 noviembre 2020).

La renuncia de Cetina Arjona ha causado un grave daño político y social, acaso irreparable, a la gestión administrativa del gobierno de Mauricio Vila Dosal.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pidió “se investiguen los hechos”, a fin de que las autoridades correspondientes “actúen para un deslinde o determinación de las responsabilidades que diera lugar” (Proceso, 6 noviembre 2020).

Sin pronunciarse por el contenido de la denuncia publicada por Diario de Yucatán, el Ejecutivo envió al Congreso una terna para el cargo de Fiscal General del estado: “Patricia del Socorro Gamboa Wong, Juan Manuel León León, y Adrián Abelardo Anguiano Aguilar”.

Según los informes periodísticos, la primera, de filiación panista, ha sido diputada local, regidora, funcionaria municipal y estatal. El segundo, es delegado de la Fiscalía General de la República, cargo en el que fue ratificado luego de aprobar exámenes de confianza. Y el tercero, panista también, es director del Secretariado Ejecutivo para la implementación de Seguridad y Justicia en el estado de Yucatán (El Cronista Yucatán, 8 noviembre 2020).

El Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán criticó la decisión del gobernador Mauricio Vila Dosal de considerar a la funcionaria, Patricia del Socorro Gamboa Wong, pues se ha pronunciado contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+” (Informe Fracto, nota de Lilia Balam, 8 noviembre 2020).

De esta manera, el gobernador Mauricio Vila Dosal tendría, al menos por ahora, dos fiscales, al igual que los gobernadores Rolando Zapata Bello, Ivonne Ortega Pacheco y Patricio Patrón Laviada, durante sus administraciones, respectivamente: Ariel Francisco Aldecua Kuk y Celia María Rivas Rodríguez: José Alonso Guzmán Pacheco y Héctor José Cabrera Rivero, excuñado de Ortega Pacheco; y, Miguel Ángel Díaz Herrera y Armando Villarreal Guerra.

En sesión del Congreso la terna se envió a la comisión legislativa correspondiente para iniciar el proceso constitucional de designación del nuevo Fiscal General del estado (Nota de Lilia Balam, “En pintoresca sesión, Congreso pide investigar al ex Fiscal”, Informe Fracto, 12 noviembre 2020).

El comienzo fue también de señalamientos abrumadores para el  gobierno del estado. El diputado Marcos Rodríguez Ruz apuntó que “es necesario que las instancias investigadoras se alleguen directamente los hechos e indaguen hasta resolver las circunstancias que rodean, tanto la renuncia del Fiscal General del Estado, así como los vínculos con otros funcionarios y particulares ligados a éstos, en una probable red de tráfico de influencias que ha provocado un cisma público en donde el actual Gobierno estatal ha quedado en total silencio” (Boletín oficial, “LXII Legislatura solicita investigar al ex Fiscal General del Estado”, 11  noviembre 2020).

Presentó un punto de acuerdo que contó con el voto mayoritario de los congresistas. Los panistas y el diputado del PVEM votaron en contra, apoyando indirectamente al ex fiscal Cetina Arjona.

El Congreso le pidió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, “realizar las investigaciones que sean necesarias, indagar y dar seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público, atribuidos al ex Fiscal General del Estado, Wilbert Cetina Arjona”.

A la Secretaría de Contraloría General del Estado de Yucatán, “investigar por sí, o por conducto de los órganos de control interno, las conductas señaladas y atribuidas al ex Fiscal General del Estado que puedan constituir responsabilidades administrativas”.

También “dar seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público, atribuidos al ex Fiscal General del Estado, así como a diversos funcionarios, servidores públicos y particulares que se encuentren involucrados en tales hechos, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho”.

Habrá que estar atentos al desempeño de la Fiscalía y de la Contraloría, para saber si enseguida atienden el señalamiento político de la LXII Legislatura estatal. O si actuarán como ha hecho anteriormente la Secretaría de Educación que ni siquiera acusó recibo de otro exhorto del Congreso, exigiéndole: a). Continuar con el Programa de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información, que consiste en dotar de equipos de cómputo a  maestros de Educación Básica, de manera gratuita; y, b). Otorgar igualdad de condiciones a todos los maestros, para disponer de una plaza docente de base.

La renuncia de Cetina Arjona podría también servir para que el Ejecutivo realice una revisión de la acción gubernamental de sus dependencias y sus titulares. Apenas concluirá el primer tercio de su sexenio, y la sociedad no soportaría ni merecería otro escándalo político y social como el provocado por el ex fiscal Cetina Arjona.

Que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción “ya inició una investigación” en contra de Cetina, según informó Diario de Yucatán (14 noviembre 2020).

La que aún no da “señales de vida” es la Contraloría. A lo mejor necesita una orden ejecutiva para asumir sus responsabilidades.

Otra denuncia. El portal Animal Político (9 noviembre 2020), publicó: “Al menos 18 Delegados de Programas para el Desarrollo, mejor conocidos como superdelegados, han sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, delitos que son investigados por la Secretaría de la Función Pública”.

Entre ellos menciona al de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, “por incurrir en el delito de promoción personalizada con el uso indebido de recursos públicos”.

En el artículo de Rosa Castañeda, en portal de la revista Nexos (5 noviembre 2020), se apunta que a Díaz Mena se le acusa de “desfalco, desvío de recursos y propaganda” Además de “usar el programa de Becas Benito Juárez para prebendas a amigos y conocidos, al no haber registro a nivel estatal de que más de 200 millones de pesos destinados a la beca hayan sido entregados. También ha sido sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por hacer promoción personalizada del presidente”.

El interesado ha guardado silencio, al igual que la rama ejecutiva del gobierno ante los hechos contenidos en la denuncia publicada y atribuidos a Cetina Arjona.

Gastos de gobierno. En los días difíciles de la pandemia, que siguen aún, un conocedor del asunto me dijo que los periódicos -medios de comunicación, en general- apenas vivían o sobrevivían de la publicidad gubernamental, ya que no había casi nada de la comercial.

El Congreso autorizó al gobierno del estado a gastar en 2020, bajo el rubro de “Gastos de comunicación social”, la cantidad de 131 millones 350 mil 276 pesos. No se sabe a cuánto asciende el gasto ejercido durante los primeros diez meses del año. Nada se ha informado al respecto.

Pero el gobierno sí está usando los recursos destinados a comunicación social. Por ejemplo, en dos días de la semana pasada, jueves 12 y viernes 13, en un diario convencional como el Diario de Yucatán, el gobierno le  pagó 15 anuncios varios, entre convocatorias a licitaciones públicas, vacunación contra la influenza, temporada de ciclones, y “chat de la salud”. Destacan, las dos planas de “Circuitos de acercamiento entre paraderos”, una plana de “reemplacamiento”, y dos planas de “plan de infraestructura de ciclovías”.

En 2019, a la dirección general de Comunicación Social del Ejecutivo se le destinó la cantidad de 158 millones 024 mil 603 pesos.

Juez. El destacado egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Modelo, José Ernesto Moguel Espejo, fue elegido como Juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo, en el primer concurso abierto de oposición para dicho cargo.

La Jornada (10 noviembre 2020) puntualizó: “Los nuevos juzgados en materia laboral suplirán a las juntas de conciliación, según se estableció en la reforma constitucional en materia laboral de 2017, la cual responde a los términos del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, donde señala que la impartición de justicia en temas de trabajo debe recaer en el Poder Judicial, y no en el Ejecutivo, como hasta ahora”.

Electoreros. Algunas notas recientes: a). Daniel Carrillo  Espinosa, conocido como “El Puma”, pretende la diputación por el IV Distrito, bajo el PT. b). La exgobernador Ivonne Ortega Pacheco, hoy afiliada al MC, fue entrevistada por La Jornada Maya y Diario de Yucatán.

c). El Iepac determinó nuevo periodo de precampaña en 2021: del viernes 8 de enero al viernes 12 de febrero. d). Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida, afirmó “sentirse motivado y aseguró tener la experiencia suficiente para repetir en el cargo, aunque indicó que por el momento no pedirá licencia”. e). Que el priista Jorge Rojas Gamboa quiere ser alcalde de Mérida.

Escuelas de Tiempo Completo. Las primeras noticias de la aprobación del presupuesto federal de egresos para 2021 apuntan que el programa Escuelas de Tiempo Completo desapareció como uno de los principales programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El diario Excélsior (14 noviembre 2020) así lo informó: “Desaparece la clave presupuestal del Programa Escuelas de Tiempo Completo y queda sujeto a la discrecionalidad de la SEP”.

Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”, por ejemplo:

-”En San Francisco, California, las prostitutas no están obligadas a tener cambio de billetes de más de 50 dólares”.

Continuar Leyendo

Bocadillos

Electoreros

Rolando Bello Paredes

Publicado

en

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) inició formalmente el proceso electoral estatal 2021 el pasado miércoles 4 de noviembre. Yucatán elegirá el próximo domingo 6 de junio, los siguientes cargos: 25 diputaciones (15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional), y 106 ayuntamientos.

Además, cinco diputaciones federales. Los actuales legisladores son: Jesús Carlos Vidal Peniche (PVEM), María Ester Alonzo Morales María Ester (PRI), Iván de Jesús Interián Gallegos Limbert (Morena), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), Juan José Canul Pérez (PRI), y de representación proporcional, Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN), y Dulce María Sauri Riancho (PRI).

De acuerdo con el recuento último, en las elecciones estatales participarían once partidos políticos. Diez tienen registro nacional: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza Social por México (FSM) y Redes Sociales Progresistas (RSP); y un partido político estatal: Nueva Alianza Yucatán.

En septiembre último, el Iepac “determinó improcedente” el registro como Partido Político Local de la organización denominada “Socialista del Sureste A.C.”, ya que “no cumplió con todos los requisitos y  procedimientos establecidos conforme a la normatividad”.

La autoridad electoral determinó el periodo de precampaña: del lunes 4 de enero al viernes 12 de febrero; y el de campaña: del viernes 9 de abril al miércoles 2 de junio. Ya avisó a los partidos políticos nacionales para que se inscriban en este mes de noviembre “para efecto de participar en las elecciones estatales y municipales y demás fines establecidos en las leyes”.

El Iepac ha solicitado recursos presupuestales para el ejercicio 2021 por la cantidad de “424 millones 385 mil 946.66 pesos”. Recientemente devolvió al Ejecutivo 1 millón 006 mil 494.30 pesos, de su presupuesto “operativo” 2020, para “contribuir a la situación que se enfrenta por la pandemia en Yucatán”.

En el proceso 2021 se incorporaron nuevos integrantes del consejo del Iepac: Alicia del Pilar Lugo Medina, Alberto Rivas Mendoza y Roberto Ruz Sahrur. Los otros son. María de Lourdes Rosas Moya, presidenta, y Delta Alejandra Pacheco Puente, Jorge Antonio Vallejo Buenfil, y María del Mar Trejo Pérez.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán informó que el “listado nominal” será de 1 millón 636 mil electores.

Durante el pasado proceso electoral, el PAN obtuvo la mayoría de sufragios en las elecciones de gobernador y alcalde de Mérida, capital del estado, derrotando al PRI, su principal competidor. Así despachan hoy en sus respectivos palacios, Mauricio Vila Dosal y Renán Barrera Concha. En el Congreso, el PRI logró 10 curules, el PAN 6, Morena 4, Movimiento Ciudadano 2, PRD 1, PVEM 1, y Panal 1.

En el caso de la gubernatura, se recuerda que en 2012, el PRI obtuvo el triunfo electoral con Rolando Zapata Bello. Logró 530,777 votos, seguido por el PAN con 429,046. El PRD apenas consiguió 56,238. Zapata Bello superó al panista Díaz Mena con más de 100 mil votos. En 2007, la priista Ivonne Ortega Pacheco aventajó en casi 60 mil votos al panista Xavier Abreu Sierra, y en 2001, el panista Patricio Patrón Laviada se impuso al priista Orlando Paredes Lara, por poco más de 20 mil votos.

Para la alcaldía de Mérida, se han apuntado, en el lenguaje críptico de los políticos, por el PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien declaró “estoy listo y preparado. Pienso en 2024, pero también pienso en una ciudad que necesita un proyecto de largo alcance”.

Por el PAN, se entiende que el actual presidente Renán Alberto Barrera Concha y la diputada federal Patrón Laviada. Hay otro, el senador Raúl Paz Alonzo, dijo en marzo último: “La ciudad necesita estar atendida”.

Renglón especial merece el PRD yucateco. Anunció a un candidato “perdedor”. Que postulará para el Ayuntamiento de Mérida al diputado Mario Alejandro Cuevas Mena. La comunicación perredista es inusual, su candidato sería para perder, no para triunfar,  ya que señala que su objetivo es “ganar dos regidurías en Mérida”.

En Progreso, la diputada estatal Lila Frías Castillo quiere ser alcalde de Progreso. Y por MC, “Naomi Arjona Rosas se perfila a convertirse en la primera candidata Transgénero por la alcaldía de Progreso”.

En Conkal, la primera regidora quiere repetir. Hiselle Díaz del Castillo Canché dice que “me gustaría concretar los proyectos en marcha”.

Otra que quiere algo es la exdelegada de la Profeco, Sisely Burgos Cano: “Aspira a la elección de la presidencia municipal o una curul en el Congreso del estado”.

También la morenista Jazmín Villanueva Moo, renunció a su cargo en los  programas sociales del gobierno de la4T, pues tiene “intenciones de participar en el proceso electoral 2021”.

La exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco se fue a Movimiento Ciudadano, luego de abandonar al PRI. Se le acusa ahora de haber sido promotora de “turismo electoral” en 2013, cuando ocupaba la Secretaría General del PRI.

El presidente estatal de Morena, Mario Mex Albornoz, reconoce que en Yucatán “el efecto AMLO no le va a favorecer y se va a enfrentar a un panorama duro para poder ocupar puestos públicos”.

Recuérdese que habrá vigilancia en el proceso electoral. En una “mañanera” del pasado junio, el presidente de la República anunció: “Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades”.

No encontré en ninguna de las disposiciones constitucionales en materia electoral la figura de “guardián” de las elecciones, mucho menos atribuida al titular del Poder Ejecutivo federal.

Espero que el asunto no contagie al Ejecutivo estatal y que el gobernador del estado pretenda ser una especie de “guardiancito” de las elecciones.

Conforme avance el proceso electoral estatal de 2021, se continuará con este registro “electorero”, cuya fuente serán medios de comunicación y autoridades en la materia.

“Hacer lana”. En el marco inicial del proceso electoral, una renuncia complica la operación gubernamental del estado. Se presentó una denuncia periodística, por la renuncia de Wilbert Cetina Arjona al cargo de Fiscal General del estado, por “motivos personales”, efectiva a partir del domingo 8.

El Diario de Yucatán (5, 6 y 7 noviembre 2020) publicó escandalosas “confesiones” de Cetina Arjona: “La Fiscalía es una dependencia con gran poder para hacer lana, maneja al Poder Judicial, a los jueces, a todo el mundo y el gobernador, si te tiene confianza, te lo da todo”.

Además de “conflictos” con el Secretario de Seguridad Pública, reveló “tráfico de influencias” en la Fiscalía: “Cetina Arjona intervino ante el vicefiscal Rafael Pinzón Miguel, quien lo  sustituirá provisionalmente a partir del lunes, para atender indicaciones del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés, esposo de la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, para acelerar asuntos de su despacho particular”.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pidió “se investiguen los hechos”, a fin de que las autoridades correspondientes “actúen para un deslinde o determinación de las responsabilidades que diera lugar” (Proceso, 6 noviembre 2020).

Ante la denuncia publicada, y hasta mediodía del sábado 7, el gobierno del estado y el Secretario de Seguridad Pública y la Secretaria General de Gobierno, guardan silencio.

Deuda pública. Según el informe de la Secretaría de Administración y Finanzas, al 30 de septiembre el total de la deuda pública yucateca, directa y con garantía, sumó la cantidad de 4 mil 819 millones 193 mil pesos (Diario oficial del estado, 15 octubre 2020).

Juicio a los “ex”. El Congreso de la Unión expidió la Convocatoria de Consulta Popular, que se realizará el domingo 1 de agosto de 2021, a cargo del INE (Diario Oficial de la Federación, 28 octubre 2020).

La pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Las dos posibles respuestas: “Sí estoy de acuerdo” y “No estoy de acuerdo”.

El INE “aprobó solicitar un presupuesto de mil 499 millones de pesos para organizar la consulta popular del próximo 1 de agosto” (Excélsior, 29 octubre 2020).

        Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”, por ejemplo:

– “En Washington, D.C. es ilegal cualquier posición sexual que no sea la del misionero”.

Continuar Leyendo

RECOMENDAMOS