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Comisión Local de Búsqueda

Rolando Bello Paredes

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La crisis sanitaria del Coronavirus-Covid 19 sigue en la preocupación social y gubernamental. El mensaje ejecutivo en las redes: “El Coronavirus es altamente contagioso, letal y sigue allá afuera, por lo que es fundamental continuar colaborando y practicando la responsabilidad individual, respetando dichas medidas de higiene y prevención, pues de hacerlo no solo nos protegemos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, sino que ayudaremos a salvar vidas“.

El exhorto es permanente, para seguir “cumpliendo con 3 las medidas indispensables, que son el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia y el continuo lavado de manos”.

Sin embargo, hay otros asuntos que merecen la atención de la autoridad estatal. Uno de ellos se refiere a la Comisión Local de Búsqueda. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Yucatán tardaron más de un año en cumplir con las disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La omisión legislativa concluyó cuando el Ejecutivo publicó el Decreto 177/2020 por el que se regula la Comisión de Búsqueda de Personas (ver Diario Oficial del estado de fecha 5 de febrero de 2020).

La Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Yucatán, señala el decreto, “es un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en el estado, de conformidad con lo dispuesto en la ley general”.

Ahora, el Ejecutivo publicó el Decreto 272/2020 por el que se modifica el Decreto 177/2020 por el que se  regula la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán, que entró en vigor el pasado miércoles 5 (ver Diario Oficial del estado de fecha 4 de agosto de 2020).

En éste se dispone que “el gobernador deberá nombrar al director de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán, conforme al procedimiento previsto en este decreto, en un plazo no mayor a trescientos sesenta días naturales, contados a partir de su entrada en vigor”.

Podría esperar casi un año después de su vigencia, es decir, es un asunto no prioritario para la administración pública 2018-2024.

La secretaría General de Gobierno aún no emite la convocatoria “dirigida a los colectivos de víctimas de desaparición forzada, a personas expertas y a organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia”, para obtener propuestas de candidatos a dirigir la comisión. 

Sin una persona que lidere al órgano desconcentrado, la Comisión seguirá sin funcionar efectivamente, contraviniendo las disposiciones legales de la materia.

La Federación ha dispuesto la entrega a las Comisiones Locales de Búsqueda de un subsidio para “implementar el Proyecto Ejecutivo que contribuya a las acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas” en las entidades federativas.

De estos recursos y su ejercicio también deberá rendir cuentas el gobierno yucateco.

Educación. Tres notas educativas relevantes:

a). “Impulso Escolar”. Que el gobierno del estado ya “entregó 269 mil 295 paquetes escolares para los estudiantes de las escuelas primarias en Mérida y en los municipios del interior del estado” (Novedades Yucatán, 20 septiembre 2020).

Recuérdese que el actual Ejecutivo estatal continuó con el programa “Bienestar Escolar”, iniciado en la administración del gobernador Rolando Zapata Bello, ahora con la denominación de “Impulso Escolar”.

Durante el gobierno del estado 2012-2018, de acuerdo al VI Informe de Gobierno, se entregaron más de 1 millón 105 mil paquete escolares. Y sólo en el ciclo escolar 2017-2018, se ejerció un total de 86 millones 723 mil 222 pesos para el beneficio de los estudiantes de escuelas públicas de educación primaria y secundaria de todos los municipios y sus comisarías, así como zonas urbanas de Mérida.

b). SNTE. El gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, según breve párrafo del boletín palaciego de prensa del pasado miércoles 23, reproducido por los medios de comunicación de la entidad. En 2019, hubo otra reunión de ambos dirigentes, esa vez en Palacio de Gobierno. En ambas, Vila Dosal y Cepeda Salas ofrecieron coordinarse en materia de educación.

El boletín de hoy señala que el Ejecutivo “abordó los retos que en materia educativa existen actualmente ante la pandemia del Coronavirus y refrendó la disposición de continuar trabajando en coordinación por el bien del magisterio yucateco”.

Los miles de maestros yucatecos esperarían más información de la reunión sindical, principalmente, los compromisos adquiridos por el gobierno del estado con el poderoso SNTE.

c). Comida chatarra. El diputado del PAN, Manuel Díaz Suárez, quiere que la leyes de educación y de salud “prohíban en las escuelas la venta, distribución o regalos de alimentos con alto contenido de sodio, azúcar y grasa (comida chatarra) a niños menores de 12 años” (La Jornada Maya, 25 septiembre 2020).

En agosto último, el diario La Verdad informó que “el cierre de cooperativas y tiendas escolares ocasionará una pérdida para directivos de escuelas y autoridades de la Segey de entre 8 y 10 millones de pesos diarios”, y denunció: “La Segey que encabeza Loreto Villanueva es la principal promotora de la comercialización de bebidas y comida chatarra en las escuelas de Mérida, en una abierta violación de los derechos de la infancia”.

Por lo visto, el diputado Díaz Suárez quiere acabar, con su iniciativa, con el negocio de la comida chatarra en las escuelas.

Recursos federales. El gobernador del estado pidió apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar el proyecto de presupuesto de egresos federal para 2021 “en lo referente a las participaciones y aportaciones a los estados” (Boletín palaciego, “El Gobernador Mauricio Vila Dosal solicita a la Secretaría de Hacienda federal revisar presupuesto de estados para el 2021”, 22 septiembre 2020).

Sin aportar elementos o datos específicos solicitó que las “participaciones y aportaciones de 2021 sean igual a 2020 en términos reales”.

La petición de ayuda económica acaso debió formularse a la Cámara de Diputados, ya que el proyecto de presupuesto ha sido presentado por el Ejecutivo federal, y será aquélla la que resolverá en definitiva en su oportunidad, no la SHCP.

Lo que sabe hasta hoy, según las cifras iniciales proporcionadas por la Secretaría de Administración y Finanzas, es que Yucatán recibiría en 2021 recursos presupuestales federales por la suma de 81,764.2 millones de pesos.

Partidos políticos. El presidente de la República pretende que los partidos políticos, vía la renuncia al 50 por ciento de su financiamiento público, financien la adquisición de la vacuna contra Covid-19 (La Razón, 5  septiembre 2020).

Por disposición constitucional y legal, “los partidos políticos son entidades de interés público, y tienen como fin “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”.

Es obligación del Estado mexicano, “atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud”. La Constitución le atribuye esta responsabilidad, de manera concurrente, a la Federación y a las entidades federativas.

Como se observa los partidos políticos tienen otros fines y obligaciones. No les corresponde garantizar a toda persona el derecho constitucional a la protección de la salud. Esto es de la competencia de los gobiernos de la Federación y de las entidades federativas.

Juicio a los “ex”. En el Facebook de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (24 septiembre 2020), aparece el “Proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular 1/2020, que será discutido en la sesión de 1 de octubre”.

El resolutivo único:

– “Es inconstitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere”.

– “Notifíquese al Senado de la República y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido”.

Ad litteram. En la revista española Historia y Vida, número 512, noviembre de 2010, “Lo que realmente molestaba a Cánovas”:

– Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros de España durante la mayor parte del siglo XIX, fue un auténtico galán. Un día, unas cortesanas le pidieron por enésima vez un favor al tiempo que se disculpaban por ello:

“¡Ay, don Antonio! Debe usted de estar harto de nosotras, porque no hacemos más que pedirle cosas”.

El político conservador les matizó:

– “Señoras, a mí las mujeres no me molestan por lo que me piden, sino por lo que me niegan”.

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Escuelas de Tiempo Completo: en peligro de extinción

Rolando Bello Paredes

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El gobierno federal desaparecería el programa educativo “Escuelas de Tiempo Completo” (PETC), en el ejercicio fiscal de 2021. Le asigna cero pesos en su proyección del presupuesto de egresos. En cambio, a ocho de sus dominantes programas sociales, le dedicaun total de 291 mil millones de pesos (ver “El presupuesto de la incertidumbre”, de Juan Carlos Cruz Vargas, en revista Proceso número 2289, 13 septiembre 2020).

La aprobación del presupuesto de egresos es competencia exclusiva de la Cámara de Diputados federales, y éstos podrían modificar la propuesta presidencial y asignarle recursos al PETC. Se han registrado numerosas voces que repudian la iniciativa presidencial y piden a los legisladores que no desaparezcan el programa educativo.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Auditoría Superior de la Federación, han confirmado que el PETC “mejoró el aprovechamiento escolar entre alumnos de educación básica” (ver “Dejan a niños sin clases extra y alimentos: SEP recorta 100% presupuesto a Escuelas de Tiempo Completo”, nota de Nayeli Roldán, en Animal Político, 17 septiembre 2020).

Ante el Senado de la República, el titular de la SEP ofreció, según reportes periodísticos del pasado jueves 15: a). El PETC “sí tendrá presupuesto para el próximo año” (Excélsior). b). “Tendrá alrededor de 5 mil millones de pesos que provendrán de La Escuela es Nuestra” (Animal Político). c). “No desaparecerá del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, como lo había planteado la Secretaría de Hacienda” (El Universal). d). “Sí habrá presupuesto para este plan, pero que se sigue negociando con la Secretaría de Hacienda para lograr incluirlo en la Ley de Egresos para el próximo año (Eje Central).

Habrá que esperar la decisión final de los legisladores federales, sobre todo los de Morena y sus aliados.

Situación en Yucatán

En Yucatán, el PETC presenta la siguiente situación, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Educación del estado (Segey), solicitado vía la Plataforma Nacional de Transparencia:

1. Alumnos en el PETC

En el curso escolar 2020-2021, “se prevé la participación de 86,984 alumnos, de los cuales 16,508 son susceptibles de recibir apoyos para el servicio de alimentación”.

A la fecha del informe (25 de septiembre), “aún no se cuenta con información oficial respecto a la ampliación del presupuesto asignado para el ejercicio 2020, que permitiría la operación del programa y la entrega de los apoyos durante el segundo semestre de este año”.

El ciclo 2019-2020, registró un total de 86,896 alumnos, de los cuales 15,588 estudiantes recibieron alimentos. Y en el ciclo escolar 2018-2019, de acuerdo con un reporte de la Coordinación Estatal del PETC, los alumnos incluidos en el programa fueron 86,776. 

En otra información, la Segey dijo que “hasta junio pasado”, el PETC benefició “a más de 87 mil estudiantes”.

Según la Segey, “en el ciclo 2019-2020, el Programa tuvo una cobertura en 600 Escuelas de Tiempo Completo: 457 de seis y siete horas que operan con la modalidad de jornada ampliada, y 143 con jornada de ocho horas, con servicio de alimentación” (Boletín oficial, “Alcances y lineamientos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo son compartidos en el Congreso local”, 20 junio 2020).

El primer Informe de Gobierno 2018-2024 proporcionó estos datos: Que participaron 86,984 alumnos, de los cuales, 15,718 recibieron alimentos, y la inversión total fue de 339 millones de pesos, sin especificar el ciclo escolar.

2. Recursos presupuestales

Para el próximo ejercicio presupuestal yucateco, la Dirección de Administración y Finanzas de la Segey comunicó que aún “no se ha asignado en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, recursos para el programa Escuelas de Tiempo Completo”.

En un boletín de prensa, la Segey informó que “dejaría de recibir, al menos, los 107 millones 426 mil 743.91 pesos, que recibió en el 2020, en caso de que el poder legislativo apruebe el PEF como lo plantea la Federación” (ver “Federación dejaría sin recursos al Programa de Escuelas de Tiempo Completo”, en Informe Fracto, 29 septiembre 2020).

En otro boletín, la Segey dijo que “en 2019, el PETC tuvo un recorte de más de 21 millones de pesos y, para 2020, se dejó de percibir 100 millones”.

3. Incompetencia de tres oficinas gubernamentales

Cuestionados sobre el tema, el Despacho del Gobernador, y las Secretarías General de Gobierno, y de Administración y Finanzas, se declararon incompetentes: 

El Despacho dijo que “no es competente para conocer sobre la información requerida”, y orientó a pedirla a la Segey y a la Secretaría de Administración y Finanzas”.

La Secretaría de Administración y Finanzas declaró lainexistencia de la información por encontrarse elaborando el proyecto de presupuesto de egresos 2021.

La Secretaría General de Gobierno también se declaró incompetente, y orientó a pedir la información a la Segey.

El estado de Quintana Roo “buscará rescatar el programa federal Escuelas de Tiempo Completo a través de recursos propios, ante los recortes en el proyecto de presupuesto enviado por el gobierno de AMLO, con el fin de evitar afectaciones a los más de 48 mil estudiantes que se encuentran inscritos en los 490 planteles de Quintana Roo” (Novedades Quintana Roo, 20 septiembre 2020).

En Yucatán, por el contrario y de acuerdo con los informes gubernamentales, el Programa Escuelas de Tiempo Completo se encuentra en peligro de extinción.

¿Antecedente remotísimo de PETC? En el ensayo de Stella María González Cicero, “Fundación y organización de la provincia franciscana en Yucatán 1537-1571”, en el tomo 2 de la Historia General de YucatánYucatán en el orden colonial 1517-1811, la autora apunta:

– “Una de las actividades que primero desarrollaban los franciscano era la enseñanza de los niños … En un principio, agrupaban a los niños en casas de paja, construidas para este propósito, al lado de la iglesia de igual condición material. Los niños eran asistidos por padres o personas destinadas a este fin. Los recogían en sus casas por la mañana, les llevaban sus alimentos y los devolvían a sus casas por la tarde”.

Discriminación. La Secretaría de Educación del estado (Segey) se encuentra en líos judiciales, cuando su ocupación debería ser el desarrollo educativo de la entidad. La Segey discriminó a una alumna de la escuela primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña”

La Juez Cuarto de Distrito en Yucatán emitió una sentencia en la cual “reconoció que Elvia, al ser persona de talla baja, pertenecía a un grupo históricamente discriminado. Ordenó a la escuela adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo de infraestructura, para que ni ella, ni ninguna otra persona con discapacidad en esa escuela vean obstaculizado su derecho a la educación por motivo de discapacidad” (Informe Fracto, nota de Lilia Balam, 14 octubre 2020).

La Segey “decidió acatar las órdenes de una Jueza Federal, quien concluyó que la menor fue discriminada por motivo de su discapacidad” (Informe Fracto, nota de Lilia Balam, 19 octubre 2020). 

La discriminación es considerada en Yucatán como un delito, sancionado de uno a tres años de prisión o de cincuenta a doscientos días-multa y de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad. Si se trata de servidor público, se le aumentará en una mitad la pena prevista, y se le suspenderá de su empleo, cargo o comisión por el período de un mes a un año. 

La Segey aún no señala a los responsables de la discriminación de que fue objeto la alumna de una primaria pública del estado.

Fonden en Yucatán. Otra declaratoria de emergencia en beneficio de 29 municipios yucatecos (Diario Oficial de la Federación, 21 octubre 2020): a). Por “lluvia severa”: Baca, Calotmul, Celestún, Dzidzantún, Espita, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Kaua, Mocochá, Progreso, Sanahcat, Sinanché, Sucilá, Telchac Puerto, Tepakán, Uayma, Ucú, Valladolid y Yobaín. b). Por “lluvia severa e inundación pluvial”: Chemax, Cuncunul, Mérida, Temozón y Tunkás. c). Por “inundación pluvial”: Buctzotz, Izamal, Tixkokob y Tixpéhual.

    * Se instaló en la entidad un “Comité de Evaluación de Daños”, en la que se presentó una “solicitud de Declaratoria de Desastre Natural para 38 municipios”, para la “reparación de la infraestructura pública dañada por los recientes eventos ciclónicos Gamma y Delta” (Boletín oficial, “Instalan Comité de Evaluación de Daños del Fonden”, 20 0ctubre 2020).

* Que el gobierno empezó a distribuir “primeros apoyos emergentes” de Fonden para 5 municipios:San Felipe, Río Lagartos, Tizimín, Dzilam de Bravo y Panabá. Son “despensas, láminas, cobertores, kits de limpieza y aseo personal, toallas sanitarias femeninas, pañales para niños y adultos, así como mascarillas y agua purificada” (El Cronista Yucatán, 21 octubre 2020). No se informó del monto de los recursos aportados por Fonden.

* El Secretario de Hacienda y Crédito Pública dijo que el Fonden, “al día de hoy, no cuenta con recursos netos, sólo con deudas” (La Razón, 21 octubre 2020).

* El diputado del PRI, Luis Borjas Romero, propone modificar la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, en materia de la integración del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán, y “presupuestar anualmente una cantidad que no sea inferior al .4 por ciento del total del gasto programable” (Boletín oficial del Congreso del estado, 21 octubre 2020). 

¡Vaya! Sesionó el denominado “Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del estado 2018-2024”, para enterarse, vía mensaje ejecutivo, que Yucatán se “sumó” a una denominada “Alianza para el Gobierno Abierto” (Diario de Yucatán, 21 octubre 2020).

Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”, por ejemplo:

– “En Virgina es ilegal tener sexo con las luces prendidas”.

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Proyectos estatales de egresos 2021

Rolando Bello Paredes

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De acuerdo al imperativo constitucional yucateco, el gobernador del estado debe presentar ante el Congreso del Estado, a más tardar el 25 de noviembre de cada año, las iniciativas relativas a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, que regirán durante el año inmediato siguiente. Y el Congreso deberá aprobar, a más tardar, el 15 de diciembre de cada año, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de Yucatán.

Los poderes Legislativo y Judicial y cuatro organismos autónomos yucatecos han presentado ya sus proyectos de presupuesto de egresos 2021.

El Congreso del estado pedirá, para el siguiente año, un presupuesto por la cantidad de 262 millones 342 mil 027 pesos, “el cual será enviado al Poder Ejecutivo estatal para su evaluación”, de acuerdo con el boletín legislativo del pasado miércoles 14.

El del Poder Judicial asciende a 812 millones 468 mil 731 pesos, e integra a los órganos constitucionales que conforman al Poder Judicial, que son el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y los órganos jurisdiccionales de primera instancia, que son administrados por el Consejo de la Judicatura del Estado (Boletín oficial, “Modernización tecnológica, prioridad presupuestal para el Poder Judicial”, 15 octubre 2020).

Aseguró que “dicho monto es menor al proyecto solicitado el año pasado, el cual finalmente fue autorizado  por poco más de 611 millones por el Congreso del Estado de Yucatán para el presente 2020.

La Constitución yucateca ordena que “el presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado no podrá ser     inferior al dos por ciento del total del gasto programable, el cual no será disminuido respecto al del año anterior”.

El año 2020, el Congreso autorizó los siguientes recursos: 219 millones 358 mil 234 pesos, para el Poder Legislativo, y 611 millones 036 mil 980 pesos, al Judicial.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) “solicita recursos presupuestales para el ejercicio 2021 por 424 millones 385 mil 946.66 pesos” (Boletín oficial, “Aprueban proyecto de presupuesto de egresos 2021”, 12 octubre 2020).

Recuérdese que el Iepac en junio último, “ajustó” a la baja su presupuesto “operativo” 2020, en 1 millón 006 mil 494.30 pesos, para “contribuir a la situación que se enfrenta por la pandemia en Yucatán” (Boletín oficial, “Aprueba Consejo General ajuste presupuestal con motivo de emergencia sanitaria generada por COVID-19”, 22 junio 2020).

El gobierno del estado había pedido al Iepac “hacer un acto solidario y ceder el 10% de su presupuesto”. Entonces, el consejero Jorge Valladares Sánchez hizo un señalamiento ante el ajuste presupuestal:

– “Parece más un diezmo” (Diario de Yucatán, 23 junio 2020).

La autoridad financiera y administrativa del estado aún no informa del ejercicio del recurso del Iepac.

Con base en reportes publicados por el diario Novedades Yucatán (16 octubre 2020):

– El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán declaró que para 2021 “solicitan el mismo presupuesto que ejercen este año, que es de 36 millones de pesos. “Ya van cuatro año que nos asignan 36 millones de pesos, con base en la normatividad y a la Constitución local nuestro presupuesto no puede ser inferior al del año inmediato anterior, nos han dado el mismo presupuesto”.

– El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  declaró que presenta un presupuesto 2021 por 33 millones 276 mil 851 pesos, explicando que “la petición es 20 por ciento más que en 2020, ya que en los últimos años el financiamiento del organismo ha sido a la baja”.

– El Tribunal Electoral del Estado solicita 41 millones 138 mil 387 pesos por “gastos del proceso electoral”.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) anticipó dificultades en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2021, ante un “panorama financiero complicado”, por “recortes por parte del Gobierno Federal”, y “reducciones en la participaciones” a los estados y los municipios (Boletín oficial, “Nuevos recortes para Yucatán en participaciones federales para 2021: Olga Rosas Moya”, 15  octubre 2020).

Proporcionó los siguientes datos:

a). Que el estado “dejará de contar para el próximo 2021 con 1,848 millones de pesos, en términos reales, respecto al ejercicio fiscal de 2020”.

b). Que habrá una reducción “muy sensible” de los recursos de “libre disposición, del gasto operativo de programas de apoyo y de la obra pública estatal, los cuales disminuyen 2,467 millones de pesos, es decir un 11.6% menos, comparado con lo autorizado en el 2020”.

SAF resumió el asunto: “Es momento que todos se aprieten el cinturón” y que “los recursos no caerán del cielo”

Durante la firma de un convenio entre el estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Ejecutivo dijo que “desde 2018 Yucatán ha tenido reducciones en sus ingresos de libre disposición que, comparando ese año con el proyecto de presupuesto para 2021, representa en términos reales una disminución de -24%, lo que significa alrededor de 5,995 millones de pesos” (Diario de Yucatán, 26 septiembre 2020).

Antes, el Ejecutivo comunicó que en el 2021 la entidad “ejercería 15,582.2 millones de pesos, cantidad menor a los 16,046 millones aprobados para el presente ejercicio fiscal” (ver “En el 2021, Yucatán contará con menos recursos”, en Informe Fracto, 9 septiembre 2020).

El mes pasado se informó que según las cuentas iniciales de SAF, Yucatán recibiría en 2021 recursos presupuestales federales por la suma de 81,764.2 millones de pesos (ver Bocadillos, “Informes digitales”, en Informe Fracto, 12 septiembre 2020).

SAF desglosó así esa cantidad: a). Por concepto de participaciones, 15,582.2 millones de pesos. b). Por “convenios de reasignación y descentralización”, 2,843 millones de pesos. c). Por “gasto federal programable”, 63,339 millones de pesos.

En una información periodística se afirmó que “Yucatán, y la Ciudad de México y Tabasco, fueron los ganadores en el Presupuesto 2021, pues gozarán de la mayor cantidad de dinero”. Yucatán recibiría la cantidad de 82 mil 507 millones 694 mil 956 pesos (ver nota de Elizabeth Velázquez, “Así gastarán los estados en 2021”, Eje Central, 10 septiembre 2020).

La suma de los seis proyectos de presupuesto de egresos 2021 que han sido presentados al Ejecutivo para elaborar el proyecto que enviará el Congreso, es de 1 mil 609 millones 611 mil 942 pesos.

El presupuesto de egresos 2020 ascendió a la suma de 44 mil 096 millones 239 mil 578 pesos, según la publicación respectiva del Diario Oficial del estado.

(En el pasado remoto: El presupuesto de egresos del gobierno del estado del año 1901 ascendió a la suma de 965 mil 154 pesos 43 centavos).

Preferencia. El presidente de la República estuvo en Yucatán la semana anterior. Dijo que “se seguirá apoyando al estado porque Yucatán tiene un trato especial, preferente del gobierno federal” (La Jornada Maya, 10 octubre 2020). Anunció también que regresará en diciembre, e informó que el tramo de Mérida a Tulum del Tren Maya “será de doble vía y electrificado” (Excélsior, 12 octubre 2020).

El gobernador del estado aseguró en Tinum, ante el presidente de la República:

– “Desde el inicio de la pandemia en la entidad se han entregado más de 2 millones de paquetes de apoyos alimentarios, un seguro de desempleo para apoyar a más de 47 mil personas, becas a 17 mil estudiantes y apoyos en el pago de agua y luz eléctrica, entre otras acciones de apoyo y salud donde se han invertido más de 1,900 millones de pesos” (Boletín oficial, “Convoca el Gobernador Mauricio Vila Dosal al Gobierno federal a trabajar juntos por la gente”, 11 octubre 2020).

Supónese que para ese efecto el Congreso aprobó al Ejecutivo a contratar un crédito por 1,500 millones de pesos, al que sumó 21 millones 095 mil 042 pesos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres, según reportes oficiales.

Si esto es así, entonces la autoridad estatal financiera y administrativa tendría que informar de qué partida presupuestal tomó la cantidad de 378 millones 904 mil 958 pesos, para llegar a la cifra de “más de 1,900 millones de pesos”.

Fonden en Yucatán. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la Declaratoria de Emergencia por la presencia de Huracán “Delta” el día 6 de octubre de 2020, para 5 municipios del estado de Yucatán: Dzilam de Bravo, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Tizimín. De esta manera, el estado podrá acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden (Diario Oficial de la Federación –DOF-, 14 octubre 2020).

Ahora, le corresponde al gobierno del estado informar el monto de los recursos que aportará el Fonden, así como el ejercicio de éstos para “atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada” en cada uno de los cinco municipios de referencia, conforme al acuerdo de la CNPC.

(En Quintana Roo, la declaratoria fue de “desastre natural” y comprendió a los municipios de Cozumel, Puerto Morelos, Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, de acuerdo con DOF, 16 octubre 2020).

“Pelotero a la bola”. En la nota informativa de la revista Proceso (número 2277, 21 junio 2020), “La 4T batea a Probeis”, de la periodista Beatriz Pereyra, el director del “Programa para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México”, se refiere al gobierno de Yucatán. Afirmó:

– “Otros estados como Yucatán y Tabasco recibieron recursos federales (11 millones de pesos cada uno), pero devolvieron el dinero a la Tesorería de la Federación…”.

No he leído ninguna declaración o información de la autoridad estatal financiera y administrativa que explique por qué no se ejercieron estos recursos federales en la entidad.

Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”, por ejemplo:

– “En Bakersfield (California) está prohibido tener relaciones sexuales con Satán, a menos que se use condón para tales efectos”.

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Fonden en Yucatán

Rolando Bello Paredes

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El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) tiene por objeto, señala el gobierno federal, “atender los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas”.

Como es de conocimiento público, los legisladores federales de Morena y sus aliados “desaparecieron” 109 fideicomisos, para recaudar 68 mil 400 millones de pesos, que se destinarían a la “pandemia, pero también para estabilizar balance fiscal”. Entre los “desaparecidos” se encuentra el Fonden, y en su lugar, “se determinó que en cada proyecto de presupuesto se incluyan previsiones para atender fenómenos naturales” (El Financiero, 9 octubre 2020).

La Cámara de Diputados federales aprobó que los recursos del Fonden –hoy por un monto de 6 mil 861 millones de pesos- “que no sean utilizados para la reconstrucción, al cierre del año, sean reintegrados a la Tesorería” (La Jornada, 7 octubre 2020).

Enseguida información periodística relativa al Fonden en Yucatán:

El gobierno de Yucatán solicitó a Fonden la Declaratoria de Emergencia para 19 municipios afectados, por los daños y perjuicios ocasionados por la tormenta tropical Gamma (Boletín oficial, “Gobernador Mauricio Vila Dosal solicita Declaratoria de Emergencia para 19 municipios de Yucatán afectados por fenómenos naturales”, 7 octubre 2020).

Según la Coordinación Estatal de Protección Civil, “Gamma impactó desde el pasado 2 de octubre a Yucatán, con lluvias continuas e inundaciones, dejando estragos severos en Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Chemax, Chichimilá, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Sucilá, Temax, Temozón, Tinum, Tizimín, Uayma y Valladolid, en perjuicio de cerca de 301 mil 146 habitantes”.

Por el paso de la tormenta Cristóbal, el Fonden aportó la cantidad de 200 millones de pesos para atender a 75 municipios yucatecos, no obstante que “dejó pérdidas económicas valuadas en cuatro mil 297 millones de pesos” (Excélsior, 24 julio 2020).

No encontré información pública del ejercicio de los 200 millones de pesos destinados por Fonden a Yucatán, por los daños ocasionados por Cristóbal.

Alcaldes de Yucatán se inconformaron entonces con el criterio de Fonden para otorgar recursos y apoyos: “Expresaron su rechazo ante las reglas de operación del Fonden, ya que afirmaron no se adecúan a lo que Yucatán necesita para atender las graves afectaciones que dejaron las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, particularmente para la reparación de decenas de viviendas dañadas por inundaciones” (El Universal, 14 julio 2020).

En ninguno de los dos casos, el gobierno del estado dio a conocer públicamente las solicitudes de las respectivas Declaratorias de Emergencia, conteniendo una información general de los daños reportados. Está a tiempo hoy de difundir el documento relativo a la tormenta Gamma, para instar la solidaridad social de los yucatecos.

Por adelantado, el Secretario de Marina del gobierno de la 4T ya bloqueó alguna posibilidad de obtener recursos de Fonden por el paso del huracán Delta. Expresó: “No será necesaria la declaratoria de emergencia, ya que el meteoro nos trató bastante bien, saldo blanco. En su mayoría las afectaciones fueron árboles y postes de energía caídos” (Diario de Yucatán, 8 octubre 2020).

El presidente de la República también se pronunció en el mismo sentido, en la “mañanera” del pasado jueves 8: “Afortunadamente no se registran víctimas, nos tuvo consideración el huracán. No hubo muchos daños; árboles que cayeron. Vamos a decir que nos fue bien”.

El gobernador respondió que “sí fueron mucho menos los daños que se esperaban en el oriente del estado, pero todavía se hace la evaluación correspondiente. La verdad es que en el oriente del estado hay daños mucho menores en infraestructura” (Por Esto! 10 octubre 2020).

Un fondo yucateco de desastres

En Yucatán, la Ley de Protección Civil del estado prevé el “Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán”, que tiene por objeto “proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes de la población.

El Fondo es complementario de los recursos que se canalicen al estado y a los municipios, a través de los instrumentos federales e internacionales para la atención de emergencias o desastres”. Es administrado por la Secretaría General de Gobierno. Para hacer uso de los recursos, el gobierno debe emitir una “declaración de desastre”, que se publicará en el Diario Oficial del estado.

En el primer Informe de Gobierno 2018-2024, el gobierno anunció que con recursos del Fondo “se adquirieron 8,100 colchonetas, 10,000 cobertores, 200 láminas de cartón y 245 láminas de triplay, los cuales forman parte de la reserva estratégica de recursos materiales a emplearse en caso de la amenaza e impacto de algún fenómeno hidrometeorológico. Lo anterior representó una inversión de 3 millones 94 mil 284 pesos”.

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2020 asignó a dicho Fondo la cantidad de 3 millones de pesos.

Según el “Informe Trimestral sobre las Finanzas Púbicas 2018-2024”, correspondiente a abril-junio 2020, elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), el Fondo de referencia contaba con la cantidad de 24 millones 766 mil 060 pesos (saldo al 30 de junio de 2020).

Antes, el gobierno yucateco había dicho que usaría los recursos del “Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán”, para atender la crisis sanitaria del Coronavirus-Covid 19.

El pasado mes de abril informó que “ya dispuso” de 21 millones 095 mil 042 pesos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres, en la “adquisición de equipo médico”.

Los 21 millones de pesos “usados” en abril se sumaron a los 500 millones de pesos, para la “prestación de servicios de salud”, que provinieron del crédito aprobado por el Congreso por la cantidad de 1 mil 500 millones de pesos, “adicionales a las asignaciones originalmente autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020”.

Es confusa la información gubernamental.

El saldo del Fondo al 31 de marzo último era de 21 millones 700 mil pesos 096 pesos, y en el pasado abril el gobierno dijo que usó más de 21 millones de pesos, pero resulta que el saldo a junio 2020, ascendió a 24 millones 766 mil 060 pesos.

No queda claro si el gobierno usó o no esos recursos.

         Otros Planes. A). Un “Plan de inversión en proyectos, con participación de los sectores privados y público” fue anunciado por el presidente de la República, el pasado lunes 5. “La inversión acumulada será de 297 mil 344 millones de pesos”, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público.

El plan federal incluye la siguiente obra, “promovida por el gobierno del estado de Yucatán”:

        – La concesión de la ampliación y modernización de Puerto Progreso, por 4 mil millones de pesos.

(El gobierno de Quintana Roo promueve una concesión del Puente Vehicular Nichupté, con una inversión de 4 mil 676 millones de pesos).

B). Que empresas yucatecas, afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, invertirán “casi” 16 mil millones de pesos, durante este año y el siguiente, “para la edificación de 18,418 viviendas” (Boletín oficial, “Continúan las inversiones privadas y la generación de empleos en Yucatán”, 5 octubre 2020).

El gobierno del estado formuló su “Plan Estatal de Infraestructura para la Creación de Empleos y Apoyo a la Reactivación Económica”, con inversión total de 3 mil 340 millones de pesos, aunque la suma de recursos de los nueve rubros señalados, solo alcanza la cifra de 3 mil 288.2 millones de pesos (ver Bocadillos, “Finanzas estatales a cuentagotas”, en Informe Fracto, 3 octubre 2020).

Bandera. De color azul (but of course). Una bandera, Blue Flag, fue izada en las playas de Progreso. La otorgó una organización privada denominada “Fundación para la Educación Ambiental”.

Costó 150 mil pesos.

Juicio a los “ex”. El presidente de la República opinó, en la “mañanera” del pasado jueves 8, sobre la pregunta formulada por la Corte:

– “Si se vota por el sí, pues es ya un sentimiento en contra de los expresidentes, ya sólo ese señalamiento es un juicio, es del tribunal popular enjuiciándolos, juzgándolos”.

– “Si dice: ‘No’, pues ya están exonerados, la gente está contenta y si no contenta ya no quiere que se abra esa página o que se regrese a esa página, hay que darle vuelta a la página”.

Ad litteram. En el portal del periódico español elDiario.es (17 septiembre 2020), respecto de Winston Churchill, primer ministro británico durante la II Guerra Mundial y aficionado al final de sus días al “whisky con soda desde la hora del desayuno”, una afirmación de Katherine Carter, directora del proyecto de restauración de la casa de campo de Churchill, llamada Chartwell:

– “El whisky solo cubría el culo del vaso. Es algo a lo que se acostumbró en India. Él lo llamaba enjuague bucal”

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