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Demandaron a la UADY por negarle a Osvaldo el derecho a la educación

Lilia Balam

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Foto: UADY

El juicio ya fue admitido en un Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación

Mérida, Yucatán, 16 de noviembre del 2020.- Por negarle su derecho a la educación, el joven José Osvaldo de Jesús Burgos Tzuc interpuso una demanda de amparo contra la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). El juicio ya fue admitido en un Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Como se recordará, el mes pasado se hizo viral el caso de Osvaldo, quien tras haber aprobado el examen de ingreso a la licenciatura en la mencionada Casa de Estudios, fue dado de baja, pese a haber cumplido con los requisitos señalados en la convocatoria de la Universidad para inscribirse.

El joven ya participaba en las clases de la Facultad de Veterinaria. Como parte del proceso de inscripción, debía subir documentos en una plataforma digital, siendo el 29 de septiembre la fecha límite para hacerlo.  De acuerdo con René Ramírez Benítez, uno de sus asesores legales, Osvaldo cumplió con la instrucción un día antes, pues intentaba anticiparse por si surgía algún contratiempo.

“El 28 accedió al sistema y le salió un error en su matrícula. El 29 le apareció un mensaje en el SICEI [Sistema de Información y Control Escolar Institucional], de que ya había subido sus documentos. Él estaba enfocado en sus estudios. Días después sus maestros le hicieron saber que no aparecía en ninguna lista de asistencia”, explicó Ramírez Benítez.

El alumno intentó comunicarse por teléfono con las autoridades de la escuela, pero no obtuvo respuesta. Finalmente su madre, María de los Ángeles Tzuc Macías, acudió al recinto para aclarar la situación, pero lejos de escucharla, le notificaron que Osvaldo fue dado de baja y le ofrecieron reembolsarle el dinero de su inscripción.

Ni ella ni el joven aceptaron, pues lo que les interesaba era el acceso a los estudios. Intentaron otros acercamientos con la Universidad, incluso con el acompañamiento de asesores jurídicos, pero no recibieron la atención necesaria.

“En una ocasión, incluso de manera muy grosera, lo dejaron esperando junto a nuestro equipo jurídico durante cuatro horas, para decirnos que la Secretaria Académica no podía atendernos por la enorme carga de trabajo”, contó el abogado.

Ante esta situación y dado que los reglamentos de la institución no contemplan mecanismos de defensa ante situaciones como la ocurrida, el joven decidió presentar la demanda, asesorado por Ramírez Benítez y Arturo Becerra Bazán. La semana pasada el amparo fue admitido en un Juzgado de Distrito, por lo cual los asesores de Osvaldo están a la espera del informe que debe rendir la UADY.

“Él está preocupado, no es una persona a la que le guste ser ‘problemática’ […]. Realmente fue el último recurso para evitar violaciones al derecho a la educación […]. Nos hubiera encantado, dentro de todos los mecanismos que existían y de todas las veces que nos acercamos, no haber tenido que llegar a esto. Es inconcebible que una de las universidades de mayor prestigio se haya manejado de esa manera, y ahora queda evitar alguna vulneración mucho más grande de la que se hizo a la educación”, concluyó el abogado. 

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Misión de observación de la autoconsulta sobre las mega granjas de cerdos en Yucatán llama a respetar derechos de pueblos indígenas

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Foto: https://latinta.com.ar/wp-content/uploads/2020/08/china-cerdos-chanchos-f%C3%A1brica-alimentaci%C3%B3n.jpg

Organizaciones de la sociedad civil presentaron el Informe de la Misión de Observación del proceso de autoconsulta sobre mega granjas de cerdos en Yucatán. Respaldaron el proceso de las comunidades mayas que luchan por su derecho a la autoconsulta indígena, la autonomía y libre determinación en esta entidad.

Mérida, Yucatán, 14 de septiembre del 2021.- El pasado 25 de julio de 2021, las comunidades mayas de Kinchil, San Fernando (Maxcanú), y Celestún en el estado de Yucatán, en su libre ejercicio de autonomía y libre determinación como pueblos indígenas, convocaron a la celebración de una autoconsulta para discutir, y decidir sobre la presencia y continuidad de labores de  las empresas porcícolas que trabajan en la zona.

El proceso de la organización de las tres autoconsultas y de las asambleas informativas previas que se llevaron a cabo, estuvieron a cargo de colectivos pertenecientes a las comunidades, como el Colectivo de atención comunitaria U Yutzil Kaj (Maxcanú), del Colectivo Maya del Poniente Chik’in Ja’ (Kinchil) y del Consejo maya del Poniente Chik’in Ja’ (Celestún), con el acompañamiento del Equipo Indignación Promoción y Defensa A.C. 

En los tres procesos existió amplia participación social con los siguientes resultados: en Celestún, el pueblo se pronunció contundentemente por la negativa a que continúen las granjas porcícolas (1101 «no» y 7 «sí»), en San Fernando, el resultado también fue por la negativa (59 «no» y 58 «sí»), mientras que en Kinchil, en dónde existe mayor presencia de la empresa, el resultado fue un «sí» para que las fábricas continúe en funcionamiento (con una votación de 576 «sí» y 423 «no»).

Asimismo, durante el desarrollo de la jornada, estuvieron presentes organizaciones observadoras como la Oficina en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como organizaciones de la sociedad civil, que suscribimos este informe, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Prodh) y la organización ARTICLE 19 México y Centroamérica. 

En un contexto marcado por grandes impactos sociales y ambientales acarreados por la contaminación de las mega granjas porcinas en la península, sin que se cuente con información completa y pertinente proporcionada por la empresa, las comunidades de la regiòn se organizaron para que las autoridades, así como la empresa respeten su derecho a la autonomía, libre determinación y consentimiento informado, lo que se vuelve especialmente relevante cuando la propia empresa ha generado un clima de tensión social, e incluso referido su desconocimiento por a la validez de los resultados de la consulta, indicaron las agrupaciones observadoras.

Las comunidades hicieron un llamado también a evitar la imposición de megaproyectos por parte del Estado en zonas no aptas o zonas de conservación de la biodiversidad, ya que degradan el ambiente en los territorios donde habitan comunidades indígenas. 

Las organizaciones observadoras consideraron fundamental visibilizar a través del “Informe de la Misión de observación del proceso de autoconsulta sobre mega granjas de cerdos en Yucatán”, el proceso de organización de las comunidades que convocaron a la autoconsulta, en un proceso ejemplar de organización, que debería guíar los procesos de consulta que el propio Estado debe realizar de manera previa, libre e informada respecto a las decisiones que impacten en la vida y territorio de los pueblos indígenas. 

“Consideramos que este proceso de consulta autogestionada por los pueblos mayas de Yucatán reflejó un verdadero ejercicio de participación y de autodeterminación de los pueblos, pese a un contexto adverso por la polarización social, así como la pandemia, misma que debe ser respetada tanto por el Estado como por las empresas”, puntualizaron. 

Al respecto, tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coincidieron en señalar que las empresas deben respetar la libre determinación de las comunidades en su derecho a organizarse para decidir sobre el modelo de desarrollo en su territorio y evitar realizar actos de hostigamiento contra las comunidades en donde realizan sus actividades.

Cabe señalar que, este Informe ha sido enviado a las Relatorías Especiales de la ONU y la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Libertad de Expresión así como al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU, con el llamado a pronunciarse por el respeto a los derechos de los pueblos mayas, incluyendo el respeto a su libre autodeterminación.

El informe se puede descargar en: https://bit.ly/3tCj9LI

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Personal de salud gozará de descuentos durante la campaña de “Septiembre Mes del Testamento”

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También los policías, bomberos y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública en funciones podrán realizar de manera gratuita los trámites de su testamento durante este mes

Mérida, Yucatán, 14 de septiembre del 2021.-  Personal de enfermería y paramédico, así como camilleras, camilleros, trabajadoras y trabajadores sociales de hospitales públicos y privados del estado, gozarán de descuentos durante la campaña de “Septiembre Mes del Testamento”, por lo que podrían pagar hasta mil 500 pesos por el trámite de este documento jurídico gracias al convenio de colaboración firmado este día entre el Gobierno del Estado y el Consejo de Notarios de Yucatán.

En el marco de “Septiembre Mes del Testamento”, el Gobernador Mauricio Vila Dosal y el presidente de dicho Consejo, Héctor José Victoria Maldonado, suscribieron dicho acuerdo, que incluye a los elementos en activo de la Secretaría de Seguridad de Pública (SSP), entre los que se  incluye a policías, bomberos y paramédicos en funciones, quienes podrán realizar de manera gratuita durante este mes los trámites de su testamento, con lo que otorgarán certeza jurídica a sus familias sobre su patrimonio.

Durante la firma del convenio, el gobernador anunció que el beneficio y descuentos de la campaña “Septiembre Mes del Testamento” se extenderá para toda la población hasta octubre próximo como parte del apoyo que el Gobierno del Estado impulsa para las familias yucatecas ante las afectaciones económicas derivadas de la emergencia sanitaria.

Ante ello, Vila Dosal agradeció el trabajo colaborativo por parte de los Notarios del estado para beneficio de la sociedad y para respaldar a los policías de la SSP, lo cual dijo es muy importante porque con ello se motiva y reconoce su trabajo al igual que el personal de enfermería y paramédicos que continúan también realizando una labor muy importante en beneficios del estado y de quienes los habitan.


“Es importante que los elementos de la SSP sepan de la importancia del testamento por lo que solicitaremos el apoyo del Consejo de Notarios para que otorguen la asesoría necesaria para los interesados de esta corporación, a fin de que puedan realizar el trámite de su testamento de la manera más ágil posible”, indicó el Gobernador.


Para realizar el trámite se requiere hacer una cita con el notario de su preferencia, quien en su momento le indicará los requisitos a cumplir o los interesados podrán también comunicarse al Archivo Notarial para recibir asesoría sobre cómo elaborar el citado documento ológrafo, es decir de puño y letra, y así, garantizar la protección de su patrimonio familiar.


Hay que recordar que, recientemente, el Gobierno del Estado informó que como parte de la campaña “Septiembre, mes del testamento″ del 1 al 30 del mismo mes, se condonará el 100 por ciento del costo del trámite y elaboración del testamento ológrafo, es decir, el escrito de puño y letra, mientras que en la modalidad de público abierto ante el Notario se podrá obtener con más del 50 por ciento de descuento.


Las 100 Notarías Públicas existentes en el estado reducen en más de un 50 por ciento el costo del testamento público abierto durante el mes de septiembre, por lo tanto, su trámite y elaboración ya con el descuento, es de $1,900 pesos cuando el testamento sea sencillo con herederos universales sin legados.

Por su parte, el presidente Consejo de Notarios del Estado destacó que no ha sido fácil decir que por tres años la capital yucateca ha sido la ciudad con mejor calidad de vida y el que el estado sea el más seguro de todo México, y resaltó que dichas circunstancias bajo las cuales se puede alcanzar esto, se dan bajo la sinergia del trabajo del Gobierno del Estado y la sociedad civil, lo cual ha sido clave para alcanzar las condiciones en las que se encuentra la entidad actualmente.


“Para nosotros es justo dar a los elementos de la SSP, la seguridad jurídica y patrimonial para ellos y sus familias para que en caso de que algo suceda, estarán protegidos. Reconocer también el trabajo del personal de enfermería y paramédicos que ha puesto todo de su parte para que Yucatán siga saliendo adelante en esta pandemia y con ello se mantengan los indicadores de salud en niveles aceptables por lo que les decimos que cuentan con el notariado como un aliado para orientar y trabajar de forma cercana”, aseguró el representante de los fedatarios.


En este sentido, Victoria Maldonado expresó ante el Gobernador que como Notarios es un gusto realizar este trabajo y reconoció el esfuerzo que se realiza desde el Gobierno del Estado para abrir la exención de pagos durante todo el mes de septiembre y ofrecer tarifas menores que las del año pasado, por lo reconoció que la extensión de estos beneficios para el mes de octubre, con lo cual dijo, se podrá llegar a más gente.


Al respecto, la titular de la SGG, destacó que desde el Gobierno del Estado se busca apoyar con reducciones en el costo de este trámite de testamento para el personal de salud, adultos mayores, así como para personas con discapacidad, y para el caso de los elementos de la SSP en funciones, se realiza la condonación total del pago, como apoyo por la labor que realizan día a día para mantener la paz y seguridad que caracteriza nuestro estado.


“Se trata de la suma de esfuerzos para dotar a quienes más lo necesitan, así como a los que cuidan de nuestra salud, seguridad y paz social, de una herramienta que dé certeza a sus familias en el inevitable momento de nuestra partida de este mundo.  Se trata de que, con sustanciales reducciones en su costo, las personas vulnerables, los trabajadores del sector salud y de manera totalmente gratuita los elementos de seguridad del Estado puedan otorgar sus testamentos y así proteger a sus familias, como señal de la importancia que este Gobierno da a quienes tanto nos han aportado”, resaltó Fritz Sierra.


En su turno, el titular de la SSP expuso que debido a que la función de los policías es salvaguardar la vida y patrimonio de las personas, es solo justo que sus familias también reciban el reconocimiento y protección del estado, por lo que agradeció al Gobernador y a los representantes del Consejo de Notarios del Estado por la suscripción en este convenio de colaboración en beneficio de los elementos de la corporación que representa.


Sin duda, externó Saidén Ojeda, el hecho de que las y los policías puedan realizar su testamento ante notario, otorga seguridad patrimonial a sus seres queridos que significa tranquilidad y sabemos muy bien lo que representa para Yucatán y para cada una de las personas beneficiadas. 


“Reconocemos y agradecemos todo el apoyo que nos ha otorgado para hacer nuestro trabajo con mayor eficiencia, lo cual ha sido extensivo para las familias de los policías con becas al 100% para los estudios de sus hijos, con oportunidades de financiamiento para la adquisición de vivienda y con la firma de este convenio. Estoy convencido de que usted señor Gobernador, al fortalecer las capacidades operativas de los elementos de la SSP y calidad de vida de los policías y sus familias, beneficia a toda la sociedad yucateca, lo cual nos mantiene con un inquebrantable servicio de servir y proteger. Le expreso un profundo agradecimiento en los programas que benefician a la corporación”, expuso el titular de la SSP.

Cabe resaltar que de 2019 a la fecha se han realizado en Yucatán más de 3 mil 500 testamentos derivados de estas campañas, de los cuales mil 830 fueron documentos ológrafos y mil 679 públicos abiertos. 


Para realizar el trámite se requiere hacer una cita con el Notario de su preferencia, quien en su momento le indicará los requisitos a cumplir o los interesados podrán también comunicarse al Archivo Notarial para recibir asesoría sobre cómo elaborar el citado documento ológrafo, es decir de puño y letra, y así, garantizar la protección de su patrimonio familiar.


Los interesados en acceder a este beneficio podrán consultar en la página web del Consejo de Notarios del Estado de Yucatán (http://www.notariadoyucateco.org.mx) los teléfonos y ubicación de la notaría de su preferencia ya que en cumplimiento de los protocolos de salubridad establecidos solo se atenderá bajo el esquema de citas. El costo durante el resto del año del testamento público abierto puede ascender a los casi 4 mil pesos.


Para la elaboración de esta modalidad de testamento se requiere de acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía y el acompañamiento de tres testigos, por lo cual es necesario acordar la hora y las condiciones de higiene para el trámite. El interesado también puede optar por la elaboración de un testamento ológrafo (escrito de puño y letra del testador) que por disposición del Ejecutivo estatal será gratuito. 


Para el testamento ológrafo, es necesario ser mayor de edad, saber leer y escribir y junto al escrito de su puño y letra, hecho dos veces de manera idéntica, se entregue una original y copia legible de la credencial de elector, de la CURP y de acta de nacimiento, así como la pluma (tinta negra o azul) con la que redactó su testamento.


Para estos fines, no se aceptarán documentos hechos a máquina, en computadora o plasmados por otra persona que no sea la o el testador. Si no sabe o no puede leer ni escribir, no puede otorgar testamento ológrafo, por lo que la persona interesada deberá acudir con un Notario Público a elaborar un testamento público abierto. Para más información o dudas, se puede enviar un mensaje al correo electrónico archivo.notarial@yucatan.gob.mx.

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Señalan mala atención en clínica del IMSS de Progreso, piden mejorar el servicio

Lilia Balam

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La estudiante Ana Laura Contreras Abad denunció públicamente que no recibió la atención adecuada en el recinto, y exigió la mejora del servicio en la Unidad de Medicina Familiar Número 2.

Mérida, Yucatán, 14 de septiembre del 2021.- La estudiante universitaria Ana Laura Contreras Abad denunció públicamente que no recibió la atención adecuada en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Progreso. Por ello, exhortó a que se mejoren los servicios para garantizar el respeto al derecho a la salud de la ciudadanía.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 12 de agosto hacia las 15 horas, cuando la joven se encontraba en un restaurante en la playa de Progreso: pisó una tabla de madera y se le clavó una astilla grande en la planta del pie. El personal del establecimiento intentó sacar el fragmento con un cortaúñas, pero Ana comenzó a sentir un fuerte dolor y le pareció que esa no era la manera de tratar la herida. Entonces le sugirieron buscar atención en la UMF del IMSS.

Acudió acompañada de su mamá. Conforme se aproximaba a la clínica, el malestar se intensificaba y se le dificultaba más caminar, pero confiaba en que le brindarían atención rápida. En cuanto llegaron, la madre de Ana entró al recinto para buscar una silla de ruedas. Tardó cerca de 15 minutos en lograr que le dieran una y no le ofrecieron apoyo para trasladar a la joven.

“Mi mamá tiene un problema de la espalda, así que no era la persona idónea para empujar la silla, pero nadie le ofreció ayuda. Con trabajo me intentó llevar a la rampa para subir al lugar, pero al llegar vimos que estaba bloqueada  porque era ‘zona de contagio’. Entonces tuve que subir los escalones y para eso, me tuve que colgar de mi mamá. Estaba la doctora enfrente de nosotras, yo prácticamente llegué gritando y en ningún momento hizo el intento por ayudarnos, solo nos observaba”, detalló la joven en entrevista.

FOTOGRAFÍAS DE ANA LAURA CONTRERAS ABAD

Ana le reclamó a la médica por no haberlas apoyado. La profesionista le contestó que “no podía tomar esa actitud”. “Prácticamente me insinuó que podía acudir a otro sitio. Me pareció horrible ese trato, porque era evidente que yo tenía mucho dolor y la doctora tenía una actitud muy indiferente”, dijo la estudiante.

Minutos después le hicieron el procedimiento a la joven. Al concluir, uno de los enfermeros le dijo que aparentemente, un pedazo de la astilla se había quedado adentro de su pie, pero “no lo habían querido sacar porque tenían que practicarle un corte y ahí no podían hacerlo”.

Posteriormente la médica le recetó un antibiótico y la vacuna antitetánica pero no mencionó nada del fragmento restante. Solamente cuando Ana le preguntó al respecto, comentó que “posiblemente” quedaba un pedazo más de madera incrustado, pero no le realizó estudios ni confirmó nada. Le recomendó esperar unos días y “si sentía algo raro”, debía checarse con un especialista.

Le indicaron que pasara a otra zona para que la inyectaran, pero luego el personal “la invitó a salir”. Ella permaneció afuera de la clínica mientras su madre averiguaba lo de la vacuna. Pasaron unos minutos y finalmente, le dijeron que no la tenían disponible y debía trasladarse a otra UMF.

Ana fue a la UMF número 59 del IMSS. Ahí tampoco contaban con la dosis, pero el personal gestionó que se le colocara una de las inyecciones para mujeres embarazadas.

Pasaron los días, pero las molestias en el pie de la estudiante no disminuyeron. El 20 de agosto acudió a la UMF número 59 y ahí, tras hacerle estudios con rayos X, le confirmaron que todavía tenía una parte de la astilla enterrada.

“La doctora también palpó mi pie y me dijo que era muy perceptible, pues se veía algo de color negro en mi pie. Me mandó a cirugía, pero la programaron hasta el 22 de septiembre, casi un mes después. Yo no podía esperar tanto, había riesgo de infección. Opté porque me retiraran la astilla en un hospital particular”, explicó.

Actualmente Ana está en recuperación y está evaluando la posibilidad de presentar una queja contra la UMF de Progreso por la mala atención y el desabasto de la vacuna, pues también supo que otros y otras derechohabientes han tenido problemas en ese recinto.

“Algunas personas que esperaban ingresar me comentaron que ese lugar ofrece mal servicio. En mi caso, me sentí revictimizada, y sí he considerado poner una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por esa mala actitud médica. Se quedó una parte de la pieza de madera adentro de mi pie y el procedimiento ni siquiera era complicado. Se me pudo haber infectado y tener otras complicaciones”, precisó la joven.

Ana hizo un llamado a que las autoridades tomen cartas en el asunto. Recalcó que actualmente hay un déficit en el sistema de salud pública y aún falta mucho por mejorar para tener un servicio óptimo.

Cabe mencionar que la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán (CODAMEDY), recibió 17 quejas contra el IMSS en el 2018; 22 en el 2019; y 12 en el 2020, es decir, dicha institución ha acumulado 51 quejas en los últimos tres años. 

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