Profesoras y profesores de la preparatoria “Eligio Ancona” se manifestaron contra la Secretaría de Educación local, pues sin justificación les retiró contratos. También han detectado otras irregularidades en las asignaciones de horas para dar clase.

Mérida, Yucatán, 19 de enero del 2021.- Docentes de la escuela preparatoria “Eligio Ancona”, protestaron en las instalaciones del recinto, localizado en la colonia San Nicolás, porque la Secretaría de Educación local (SEGEY), les retiró contratos de manera arbitraria. Además han detectado irregularidades en la asignación de horas para dar clase. Las y los profesores exigieron a las autoridades locales solucionar este asunto.

De acuerdo con quienes se manifestaron, desde hace 15 días la dirección escolar informó a cuatro docentes que les retirará los contratos de grupos en los cuales han laborado por más de cuatro años, sin brindar razón alguna. También harán lo propio con una profesora de nuevo ingreso, quien apenas el año pasado, tras el proceso de admisión docente, obtuvo 12 horas para dar clase: solamente se quedará con cuatro horas.

“Nosotros preguntamos cuáles son los argumentos para retirarnos estos grupos. Ellos argumentan que están entregando contratos por listas de ordenamiento de quienes participaron en el proceso de ingreso. Sin embargo el proceso es para entregar bases, no contratos. No entendemos por qué la Secretaría pretende entregar contratos a compañeras y compañeros que ganaron bases”, señaló la maestra Cindy Santos Ramayo, una de las afectadas.

Las y los profesores sospechan que la medida es para entregar contratos a profesores y profesoras que, aparentemente, estarían en la lista de prelación por motivos políticos. Explicaron que dos maestros de ese plantel se jubilaron el año pasado y dejaron libres 33 horas de clase, de las asignaturas Etimologías, Estructura Socioeconómica, Sociología y Administración.

Entonces la SEGEY aseguró que no contaba con docentes para esas materias en la lista de prelación, por lo cual pretendió enviar a personal del área de Inglés para cubrirlas. Sin embargo, como en la preparatoria no había vacantes para las clases del idioma, habrían optado por quitarles grupos a quienes se encuentran laborando ahí desde hace varios años.

“Se les hizo fácil retirarnos nuestros contratos a nosotros, que no tenemos base, para darle nuestros grupos a los nuevos maestros”, precisó Santos Ramayo.

Además de la arbitrariedad de la situación, la SEGEY estaría incumpliendo con la Ley del Servicio Profesional Docente, la cual establece que 60 por ciento de las horas disponibles de base se deben distribuir al personal de nuevo ingreso, y el porcentaje restante, a quienes ya trabajan en las escuelas, para permitirles crecer laboralmente y ganar mejores sueldos.

Por ello, las y los profesores exigieron a la Secretaría y a la Dirección de Educación Media Superior respetar la ley y no retirar los contratos. También solicitaron que cumplan con los procesos de asignación de horas de clase, y se les brinde estabilidad laboral, pues esta situación “no es nueva, ha ocurrido por muchos años”, y las autoridades estatales prometieron darle solución.

“El gobernador, Mauricio Vila Dosal, cuando estaba en campaña aseguró que durante su administración se iba a regularizar este proceso. Sabemos que a nivel nacional, en otros estados, ya se regularizó, no sabemos por qué aquí en Yucatán no”, sostuvo Santos Ramayo.

Cabe mencionar que quienes acudieron a la manifestación también criticaron que los puestos directivos en las escuelas preparatorias estatales son ocupados por personas no especializadas en educación. De hecho, el director de la “Eligio Ancona” es Ramiro Moisés Rodríguez Briceño, ex diputado panista y candidato perdedor del albiazul durante las elecciones del 2018 por la alcaldía de Izamal.

Precisaron que lo preocupante es que, en situaciones como la reportada, la directiva se comporta con “una apatía total” por resolver la problemática, y solamente precisa que “son órdenes de arriba”.

Esta semana las personas afectadas entregarán un oficio a las autoridades locales para solicitar una mesa de diálogo y solucionar el conflicto.

También te puede interesar: La Segey y la agonía de los docentes

El maratón Guadalupe-Reyes pareció disipar las preocupaciones por el COVID-19, pero enero está sacudiendo en Yucatán con una realidad muy diferente a la que pintan los discursos oficiales y que se agravará conforme pasen los meses…, pero será un tema tabú que difícilmente se tocará pues estamos en año de campañas.

Y no es solamente la cuesta de enero, 2021 será un año difícil, con muchísimos más millones de pobres en México, pero con un derroche de recursos en campañas de promoción de imagen, total, mientras menos de hable de un problema, menos gente se entera y viceversa.

Será una situación difícil; después del “Lupe-Reyes”, que es una válvula de escape, para cuando menos en ese lapso del 12 de diciembre al 6 de enero, se pueda festejar, aunque luego la pregunta que llega es: ¿festejar qué?

Pero esto no es un escrito fruto del pesimismo a flor de piel y pensando que el cielo se va a caer. El cierre de 2020 fue duro en el aspecto económico para muchos, matizado por el COVID 19, el desplome económico, fenómenos climatológicos y teorías conspiracionistas.

Ahora viene un 2021 más difícil. La cuesta de enero será prolongada, con un panorama gris y para algunos de plano negro, con desplome en el poder adquisitivo, desempleo y al ser año de las elecciones intermedias los actores políticos mostrarán su mejor cara para ganar la voluntad del electorado, total, de discursos y promesas está tapizado el sendero hacia el poder.

Económicamente  el panorama pinta a una baja en el movimiento comercial, pocos podrán comprar, porque no habrá  dinero para pagar, entonces las empresas al no poder desplazar sus productos, recurrirán a despidos o al cierre, con ello la situación se agravará más y más, en una espiral que parece no tendrá fin.

Lo curioso es que el anuncio de incrementos salariales también trae alzas en bienes y servicios, con lo que se termina con un poder adquisitivo menor, o sea recibes unos pesos más por tu trabajo (si se es de los afortunados que tienen empleo), pero puedes comprar menos cosas.

¿Parece absurdo?, lo es. La justificación radica en que, para pagar los aumentos salariales y los impuestos y aumentos por consumo de energía, es necesario tener más recursos y por ello hay que incrementar el precio de los productos, ese argumento es aceptado, pero no se escucha al trabajador quien se pregunta de qué le ha de servir que le aumenten si tendrá que pagar más por la comida y el transporte.

Mientras los políticos se preparan para iniciar la campaña de 2021, el ciudadano común se pregunta ¿cómo ha de hacerle para mantener la despensa de su familia y conservar el trabajo?, ¿cómo salir adelante si acaso se es desempleado? El ciudadano común, el pueblo, el electorado o como quieran llamarles, verá un desfile de políticos sonrientes, cambiando de camiseta, pretendiendo tener una gran sensibilidad social, pero en realidad sin proyecto social alguno, su único proyecto es llegar o mantenerse dentro de la nómina, cobrando en el erario.

Tenemos en 20’21, un año electoral, con partidos políticos desdibujados, candidatos sin ideología, afianzados a la nómina, frente a un pueblo cansado, golpeado por una epidemia global, con desempleo, aumento de pobres y programas asistenciales, mucho menos políticas públicas. ¿Qué falta? ¿Alguien, fuera de esa nueva casta divina (los políticos), tendrá algo qué festejar?

Hasta la próxima.

El funcionario y su tesorero disminuyeron de manera arbitraria el sueldo de la Síndica Municipal Teresita de Jesús May Tuz, como una represalia contra la servidora pública, quien los denunció por corrupción. 

Mérida, Yucatán, 19 de enero del 2021.- El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), sentenció al alcalde Chichimilá, Samuel Uc Poot, por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto porque el funcionario redujo el sueldo de la Síndica Teresita de Jesús May Tuz y ordenó a policías municipales prohibirle el acceso a su oficina. 

De acuerdo con un comunicado del TEEY, el pasado mes de julio, May Tuz percibió una reducción en su salario, sin que dicha decisión fuera aprobada en el cabildo. Además, los oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal impedían a la funcionaria el acceso a su oficina de la Sindicatura del Ayuntamiento de la mencionada comunidad.  

La servidora pública comprobó ante el Tribunal que esas medidas fueron ordenadas por el edil y en el caso del sueldo, ejecutadas por el tesorero Desert Iván Martín Barrera, como una represalia, pues ella los denunció por hechos de corrupción ante la Auditoría Superior del Estado (ASEY), y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Demostró que el presidente municipal se refería a ella diciéndole que “como mujer, se fuera a preparar café”, entre otros comentarios despectivos; y pudo probar que es víctima de intimidación y amenazas por parte del alcalde, pues elementos policíacos pasan frente a su casa cada 30 minutos. 

Tras analizar todos los elementos de prueba del expediente correspondiente al Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por la regidora, y con folio JDC.-007/2020, el Pleno del TEEY declaró fundado el agravio relativo a la omisión del pago completo y el referente a la violencia política en razón de género. 

Por ello, ordenó a las autoridades responsables y al Ayuntamiento de Chichimilá realizar de manera inmediata los trámites correspondientes para que May Tuz reciba los recursos faltantes e ingrese de manera libre a las instalaciones de la presidencia municipal, y así se garantice su derecho político electoral de acceso y desempeño de su cargo. 

También recomendó implementar medidas de atención para evitar cualquier peligro a la integridad física y emocional de la funcionaria y su familia: ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), garantizar la protección de la síndica de la comisión de actos de violencia política de los cuales pudiera ser objeto, ya sea de manera física, sexual, económica, patrimonial o psicológica. 

Por otro lado, el Tribunal estableció garantías de no repetición, por lo cual vinculó a la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), a implementar un Taller o Curso Integral de Capacitación y Sensibilización sobre el tema de violencia política en razón de género a regidores y personal administrativo del Ayuntamiento de Chichimilá, para evitar la continuidad de las conductas que generan vulneración de los derechos políticos de las mujeres integrantes de esa comuna.

Finalmente, se ordenó a las autoridades de ese municipio abstenerse de incurrir nuevamente en actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, y garantizar la participación sustantiva de May Tuz en las sesiones de Cabildo, así como el acceso a la información de la presidencia municipal para el buen desempeño de sus labores. 

Con este caso, ya son cuatro las demandas por violencia política de género que han procedido en Yucatán desde el 2018.

También te puede interesar: En dos años, sólo tres demandas han procedido por violencia política de género