Lo conocimos allá por allá de 1940. Vendía desde un pan francés chuchul hasta el traje más fino y de buena calidad. El turco Jacobo era un viejo flaco, de pelo blanco, vivía en Chicxulub Pueblo pero a cada rato estaba vendiendo cositas por abonos. Por su forma de vestir y su manera de ser la gente pensaba que estaba jodido o pobre.

Era relajista y se llevaba con la muchachada; vestía un flus que le quedaba grande, sombrero de ala grande  tenía una barba que parecía de chivo.

 Cuando venía a vender, sus mochilas estaban llenas de chucherías y al poco tiempo ya no le quedaba nada. A veces no había dinero pero Él aceptaba patos, gallinas, cochinos que a su vez vendía en otros lugares, en fin comerciaba con todo. Una vez le dije: ” Oye Jacobo tú no eres turco eres judío,” y respondió: “No sé que soy, lo que sé es que estamos revueltos“.

 Los domingos traía un sabroso pibi-chivo; mi papá Catin era su mejor cliente, ya que por estos rumbos no había costumbre consumirlo. Pasaron los años y Jacobo se fue a otros lugares pero su recuerdo permanece entre los que lo conocieron, que ahora somos pocos.

Durante el fin de semana, autoridades estatales clausuraron una fiesta en Kanasín, y 27 establecimientos en distintos municipios del estado.

Mérida, Yucatán, 25 de enero del 2021.- Durante el fin de semana, las autoridades estatales clausuraron una fiesta y 27 establecimientos en seis municipios yucatecos, por incumplir con las normas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.

A través de un comunicado, se informó que ayer, personal de las Secretarías de Salud (SSY), Seguridad Pública (SSP), y General de Gobierno (SGG), así como de la Coordinación estatal de Protección Civil, (Procivy), recibió reportes de una reunión de más de 50 personas, realizada en las instalaciones de una empresa del sector de la construcción en la colonia San Camilo, de Kanasín.

Tras corroborar la información, los elementos colocaron los sellos de clausura y se informó a las personas responsables que serían multadas por no cumplir con las disposiciones oficiales para evitar brotes de coronavirus.

Por otro lado, los elementos cerraron La Casita de Paja, ubicado en la zona centro de Mérida; Luca, en Prolongación Paseo de Montejo; El Macumba, al sur de la ciudad; el restaurante bar Chill Out; los bares La Perdida Bar y El Lagarto; y El Taco Loco.

Algunos de los motivos por los cuales se aplicó la sanción fueron por no contar con el folio de reactivación económica, no respetar la sana distancia entre los comensales, colocar mesas con más de cuatro personas, carecer del tapete sanitario con su respectivo desinfectante o no contar con aviso de funcionamiento ni de determinación sanitaria, constancias de salud, ni de buenas prácticas de higiene. En el caso de El Taco Loco, también se presentó una riña entre los asistentes.

De igual forma, en días pasados se colocaron 20 sellos de clausura en establecimientos comerciales: seis del municipio de Umán, cinco de Kanasín, cuatro de Progreso, dos de Valladolid, dos de Ticul y uno de la capital yucateca, como resultado del reforzamiento de los operativos de vigilancia sanitaria que se realizan en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN). En estos lugares se corroboró que no se cumplía con las normas sanitarias.

De acuerdo con boletines del Ejecutivo, las acciones implementadas tienen la finalidad de salvaguardar la salud de los yucatecos en atención al Acuerdo de Reactivación Económica Segura, conforme al semáforo epidemiológico a fin de verificar el cumplimiento de dichas medidas sanitarias emitidas por las autoridades federales y estatales.

Como se recordará, la semana pasada personal del Gobierno procedió a la clausura de cuatro establecimientos que infringieron los protocolos sanitarios al realizar un evento social con motivo de la inauguración de un establecimiento de modas.

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La decisión podría permitir la reapertura de la granja. Las y los habitantes manifiestaron su decisión de seguir con la lucha hasta lograr la reparación de los daños.

Hunucmá, Yucatán, 25 de enero del 2021.- El Juzgado Segundo de Distrito decidió no pronunciarse sobre el juicio de la comunidad maya de San Antonio Chel en contra de la megagranja que opera en esa comisaría. La comunidad lamentó la decisión, pues el recinto podría reiniciar sus actividades y contaminar los cenotes de la zona. Además, no se ha reparado el daño ambiental ocasionado en esos cuerpos de agua.

Como se recordará, en marzo del 2019, habitantes de la mencionada localidad presentaron un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS), el Municipio de Hunucmá y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por permitir las operaciones de la granja de la empresa Yuca Agroalimentos, la cual no tenía permisos y vertía desechos de ganado a los ríos subterráneos localizados bajo sus instalaciones. De hecho, durante el juicio, se acreditó que el complejo de mil vacas almacenaba clandestinamente cerros de excremento en los montes, comunicó la Unión de Pobladores y Avencidados de San Antonio Chel.

En octubre de aquél año, el Juzgado Segundo concluyó que existía “un alto riesgo de que el medio ambiente de la comunidad pueda verse afectado” por lo cual ordenó como medida cautelar la intervención de las autoridades, así como la realización de inspecciones en la granja. Como resultado de la orden judicial, la SDS ordenó el cierre del complejo. Por su parte, el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la CONAGUA no realizó la inspección y concedió en un solo acto todos los permisos de perforación de pozos y descargas a la empresa, a pesar de no cumplir con los requisitos.

A pesar de ello, el 15 de diciembre del año pasado, el Juzgado decidió sobreseer el caso, es decir, lo dio por concluido sin pronunciarse acerca de si las autoridades violaron o no los derechos humanos. Argumentó que las violaciones habían cesado porque la granja se encontraba cerrada.

La decisión generó inconformidad entre las y los pobladores, pues los permisos de la CONAGUA siguen vigentes y la granja podría intentar el reinicio de sus operaciones.

“Al sobreseer el juicio, el Juzgado no se pronuncia sobre las violaciones a derechos, ni considera los daños ya ocasionados que deben de repararse. Es absurda la decisión, porque si la granja está cerrada, es porque el Juzgado otorgó la suspensión como medida cautelar, pero sin el juicio esa medida se pierde”, indicó Kalycho Escoffié, quien asesora legalmente a la comunidad.

Guillermo Solís, también abogado de la población, indicó que presentaron un recurso de revisión para revertir la resolución, el cual sería resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Yucatán. “Los casos de violaciones al medio ambiente no se resuelven solo parando las actividades, sino también evaluando los daños ocasionados y ordenando a las autoridades que establezcan las sanciones que correspondan”, señaló.

Mientras tanto, los habitantes de San Antonio Chel temen que el agua de la zona siga contaminada, pues aunque la granja está cerrada, el olor a excremento en el agua regresa durante las lluvias. “Se han ido las vacas, pero el problema sigue. Seguiremos con la lucha hasta que se cancelen todos los permisos y se repare el daño que han hecho”, indicó Cecilio Bacab, habitante de la comunidad. 

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