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Editorial

El caso Isstey, un atentado contra los trabajadores yucatecos

Mario Alejandro Valdez

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Creado en 1976 por el gobernador Francisco Luna Kan –en tiempos del llamado “desarrollo estabilizador”, cuando el Estado aún  no renunciaba a sus obligaciones sociales-, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Estado de Yucatán (ISSTEY) continúa hoy en día siendo un modelo de institución en cuanto al tema por su eficiencia, cobertura y calidad. Pese a ello, las visiones neoliberales que hoy permean en el Gobierno del Estado de Yucatán, han decretado su extinción, para lo que se ha montado una amplia campaña mediática.

Se inició, desde hace meses, la paulatina interrupción de algunos de sus servicios y, recientemente, se afectó de manera significativa los pagos de cientos de jubilados y pensionados. Esto último, probablemente decidido por un burócrata de mediano escalafón, ha sido la gota que derramó el vaso, y que ha generado una serie de protestas que ya impactaron a nivel nacional, prendiendo un foco rojo en la gestión de Mauricio Vila Dosal.

Desde que inició la actual administración, algunos funcionarios, pero sobre todo algunos “escribidores” de esos de “a tanto la línea”, comenzaron a plantear el tema de la quiebra financiera del ISSTEY. De este modo, repitiendo las frases, sin gran sustento ni argumentación, empezó a informarse que el gobierno estaba diseñando un plan para la reestructuración del Instituto, sugiriendo que el modelo era “inviable”, y que ya “todo el país” había abandonado ese esquema de seguridad social. Los “jilgueros” repetían, sin datos, insistimos, que el quebranto del ISSTEY se debía al uso de sus fondos como “caja chica” por gobiernos anteriores, sin aportar la fuente de esta grave información.

Una primera “reestructuración” se pretendió en términos legales, intentando aminorar el monto de las pensiones al calcularlas en UMAS, pero la tentativa, que hubiera afectado a menos del 10 por ciento de las obligaciones del Instituto, en detrimento de los derechos de trabajadores que laboraron por más de 30 años, sobre todo en el ramo educativo, fue parada en seco cuando los “sesudos” asesores jurídicos del Ejecutivo se percataron que ello violaría disposiciones específicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Retirado el aberrante proyecto, la campaña mediática arreció, y a otro “brillante” se le ocurrió afectar las percepciones de los jubilados, ahora sí de todos los niveles, esferas y condiciones, lo que explotó en una serie de movilizaciones que ya llegaron a oídos del presidente Andrés López Obrador, y están presentes todos los días en el corazón de nuestra Ciudad de Mérida.

Ahora bien ¿qué hay sobre el tema del quebranto financiero? Debemos distinguir varios aspectos en este sentido: primero, efectivamente, sabemos que TODOS los gobiernos estatales han hecho uso discrecional de los recursos del ISSTEY precisamente porque es, en principio, una institución sana y equilibrada, sustentable a partir de las aportaciones de los derechohabientes y la comercialización de sus servicios (Centros Comerciales, guarderías, Centro Vacacional); segundo, este manejo irregular de las finanzas del ISSTEY ha sido aprobado por las distintas Juntas de Gobierno, que en reiteradas ocasiones han aceptado terrenos u otros bienes muy por encima del valor del mercado para el pago de las deudas que ha contraído la Secretaría de Hacienda –bajo cualquier denominación que haya tenido-, al retener las cuotas de los derechohabientes y no transferirlas a la institución; tercero, a pesar de que la estructura del ISSTEY se diseñó de manera sustentable –aún en tiempos en los que ese concepto no era común-, diversos gobiernos estatales han dispuesto de la misma como parte de su organigrama, creando puestos innecesarios, pagando salarios desproporcionados y colocando a parientes, amigos y paniaguados, en detrimento de las finanzas y de la calidad de los servicios de la institución.

Recientemente, y sólo después de que el caso ISSTEY ha cobrado dimensiones políticas, un grupo de diputados afines al Ejecutivo interpuso denuncias por los supuestos malos manejos, pero podemos adelantar que, si esas acusaciones tienen un curso legal adecuado, NO arrojarán mayores resultados, ya que obviamente los manejos se dieron en apego a la normativa y disposiciones administrativas, por lo que los fraudes, de haber existido, estarán perfectamente velados detrás de miles de documentos adecuadamente sustentados. El problema del ISSTEY no está en el robo de sus fondos, sino en la aceptación, como pago de deuda, de bienes ajenos a su interés y funciones, monstruosamente sobrevalorados, en perjuicio de los derechohabientes. Pero todo, seguramente, bajo impecables formas legales.

Entonces, las denuncias sobre malos manejos en el ISSTEY deberían dirigirse contra sus más altos directivos y, sobre todo, contra las Juntas de Gobierno que tomaron decisiones que afectaron y afectan el patrimonio de todos los derechohabientes. El curso de estas denuncias, y su desahogo favorable en algo resarcirá las finanzas de la institución, pero realmente ese no es el punto toral. El problema de fondo, es que el actual gobierno neoliberal de Yucatán pretende cancelar sus responsabilidades legales para con los más de 20 mil burócratas estatales y municipales, activos, pensionados y jubilados, que gozan de los derechos creados por la Ley del ISSTEY, y que aportaron y aportan cotidianamente cuotas más que suficientes para garantizar esos beneficios. Una política de austeridad real, y no la simulación que en la práctica vemos día a día, denuncias bien sustentadas y bien gestionadas, así como un rescate financiero en condiciones favorables, permitirán en el corto plazo al ISSTEY marchar a plenitud. Pero eso sería contrario al “librito” neoliberal que dirige los pasos de nuestro gobernador, pues, al parecer, lo social no es su fuerte. ¿Será que al menos su olfato político lo impulse a rectificar?

El pasado nos alcanzó

Salvar las instituciones públicas de salud

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Entre mis recuerdos más recurrentes de infancia está el acudir a consulta de la mano de mi madre, al hospital regional del ISSSTE ubicado en Mérida. Mientras esperaba a ser atendido, admiraba el elevador y el aire acondicionado, tecnologías que no formaban parte de mi cotidianidad. Desde muy pequeño supe qué era un carnet de consulta, una orden de laboratorios y un expediente clínico. En mi cabeza todas las personas tenían que hacer lo mismo para recibir atención médica. En ningún momento consideré que atenderme en el ISSSTE fuera un problema, por el contrario, comprendía perfectamente que, de esa manera, mi madre podía destinar su salario a otras necesidades de la casa.

Conforme crecía, aprendí que un amplio sector de la población prefiere no consultar en instituciones públicas de salud porque teme malgastar el tiempo en burocracia, empeorar su estado de salud durante la espera o, sencillamente, morir en el intento. Aprendí que en esas instituciones no existe personal médico, sino “matasanos”, o que programar una cirugía es una proeza. Y también comprendí, en carne propia, que esta percepción tiene su razón de ser en prácticas que niegan el derecho a la salud, así como las carencias materiales y humanas de clínicas y hospitales.

También he visto a familias perder gran parte de su patrimonio pagando servicios privados de salud que están fuera de su alcance. Las he visto endeudarse, empeñar y vender sus pertenencias, con tal de que sus seres queridos no caigan en el IMSS o el Hospital O’Horán. He escuchado su angustia por no poder pagar una noche más de hospital o el costoso tratamiento de una enfermedad terminal. El llamado gasto catastrófico en salud es una mal que empobrece todos los días a quienes menos tienen.

Pero esto no debería suceder en un país donde el derecho a la salud se procura a través de la seguridad social y la inversión pública, y con un enorme gremio de profesionales altamente preparados. Las instituciones públicas de salud deberían despertar confianza y ser motivo de orgullo para la población mexicana. Hoy que una pandemia nos amenaza, el Estado únicamente ha podido hacerle frente a través de dichas instituciones, que son el pilar del sistema nacional de salud. ¿Qué pasaría si las todas las personas enfermas de Covid-19 tuvieran que pagar las cuentas de un hospital privado? ¿Cuál sería el impacto de la contingencia sin los hospitales de la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA y PEMEX?

Ahora bien, las dramáticas escenas que hoy nos preocupan, las condiciones laborales que agobian al personal de salud, las limitaciones materiales y humanas para atender la demanda de pacientes, no se originaron con esta pandemia, más bien, se potenciaron y volvieron plática obligada. El abandono de la infraestructura hospitalaria y el racionamiento de los insumos es añejo y no ha cambiado con el gobierno actual. Es un abandono justificado con el desprestigio, con la propagación de la idea de que al hospital público sólo se va a morir. A la clase política no le ha interesado remediarlo, porque ni siquiera se atienden en las mencionadas instituciones, y contribuyen a su deshonra evitando que sus familias pongan un pie en clínicas públicas.

Es de dominio popular que el mayor problema de los servicios públicos de salud es el presupuesto, constantemente insuficiente, no pocas veces recortado. Pero ¿qué sería del IMSS si los legisladores tuvieran que atenderse en él u obtener una incapacidad como cualquier otro ciudadano? ¿Qué sería del Hospital O’Horán si la familia del gobernador tuviera que atenderse en él? ¿Qué sería del servicio de urgencias del ISSSTE si los funcionarios federales del alto rango ahí llevaran a sus hijos(as)? Son instituciones que nunca valorarán ni mejorarán si las elites políticas no corren la misma suerte que el resto de la clase trabajadora, si su salud, vida e integridad, no dependen de la calidad de la atención en el sector público, en vez de pagar por la atención del mismo médico en un consultorio privado. Yo aprendí que mi vida estaba atada a las instituciones públicas de salud cuando mi madre me llevaba a consultar al ISSSTE, cuando estuve hospitalizado en el IMSS, cuando me valoraron la vista en el O’Horán. Si no las fortalecemos, cualquier crisis sanitaria será incontrolable.

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Editorial

El capitalismo, la verdadera pandemia

Mario Alejandro Valdez

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Marcos es un joven de poco más de 20 años. Como muchos, al terminar la prepa y no poder ingresar a la universidad pública, se vio obligado a conseguir empleo. Lo obtuvo como promotor de productos de limpieza. Seis días a la semana, por unas diez horas, acude a los supermercados de la ciudad para actualizar los inventarios de sus mercancías. El domingo pasado le aparecieron los síntomas que todos ya conocemos y tememos: fiebre, dolor de garganta, sensación de ahogo y un enorme cansancio. Se lo comunicó a su jefe, quien le respondió: “no me salgas con pendejadas, pinche huevón… bueno, si sigues con fiebre, quédate en tu casa un par de días, pero el miércoles sin falta te espero en la oficina, de lo contrario te olvidas del empleo…”. Así, aún con síntomas, Marcos acudió a diversos supermercados de la ciudad, entrando en contacto con centenares de otros empleados y clientes. ¿Filtros? ¿Pruebas? ¿Cuarentena? Ni soñarlo. Con estudios únicamente de bachillerato y una familia que mantener, a Marcos únicamente le preocupa tener su semana completa, mientras su jefe también está enfocado en llegar a sus metas de venta para lograr los estímulos económicos. Para ellos, el coronavirus no es un tema esencial.

En la lógica del capitalismo, Marcos es una simple pieza en el engranaje, que puede ser repuesta sin el menor problema. El ejército de reserva–los cientos de miles de Marcos que hay tan sólo en Yucatán-convierte a Marcos en un elemento de escaso valor individual. Y si la salud y la vida de Marcos no le importa a su jefe directo, ¿Tendrá algún significado para el jefe de Recursos Humanos de su empresa? ¿Para su Gerente General? ¿Para el responsable nacional de la empresa global? ¿Para los dueños? Si Marcos falta al trabajo, será despedido sin miramientos: hay decenas, cientos de Marcos suspirando por ganar los escasos pesos que devenga.

No hay que llamarse a engaño. Los jefes de Marcos y los dueños de su empresa no son personas diabólicas ni crueles, son simples capitalistas promedio. Se formaron en universidades y tecnológicos en donde les enseñaron que el capital es lo más importante, que para lograr la calidad en una empresa hay que respetar una estricta jerarquía, que todo se supedita al objetivo de obtener las mayores ganancias con la menor inversión posible, que los trabajadores son desechables y, para abaratar costos, es preciso concederles los menores derechos y pagar los menores salarios posibles. Ellos aprendieron, por ejemplo, a obligar al trabajador a firmar su carta de renuncia junto con su primer contrato. Y aplican todo el peso de sus triquiñuelas para evitar que a ellos se las apliquen, porque finalmente jefes y gerentes también son desechables, y ponen en práctica la frasecita de “de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, mejor en la tuya”.

El gobernador Mauricio Vila no puede escapar a esta lógica. Sus estudios de posgrado son en Administración de Negocios, realizados en la Universidad de Phoenix. Y vaya que se convirtió en un gran administrador de negocios, al ser el hombre clave para la expansión en la región de la franquicia de comida rápida “Subway”, líder en el ramo en el Sureste de México. Pero, como todos estamos palpando, las habilidades para administrar una empresa gastronómica tienen muy poca relación con lo que se requiera para gestionar el gobierno de un Estado, especialmente en una de las coyunturas más dramáticas de su historia.

Como buen empresario, Mauricio Vila está privilegiando los intereses del capital por encima del de los ciudadanos y los trabajadores. Todas las medidas hasta ahora implementadas han pretendido proteger a las empresas, sin considerar los requerimientos de quienes realmente con su trabajo generan la riqueza. Desde la lógica capitalista, los empresarios son pocos, y hay que apoyarlos; los trabajadores son muchos, y son reemplazables. No hay maldad en este actuar: es simple visión de mercado

El problema es que la realidad no funciona así. Mientras Marcos, como otros miles de trabajadores en Yucatán, continúe siendo obligado a trabajar pese a la muy alta posibilidad de estar contagiado de COVID-19, los contagios no sólo continuarán, sino se expandirán sin control. Ulteriormente el contagio llegará hasta los jefes directos y gerentes, así como a muchos ciudadanos, incluso a aquellos que sólo van al supermercado para comprar alimentos y productos de limpieza. La expansión de los contagios colapsará–de hecho, ya ocurrió aquí en Yucatán-los hospitales, produciéndose cada día más fallecimientos. Ante lo imparable, decretar el cese de las actividades económicas se volverá inevitable, con los perjuicios para el capital y los empresarios. Tampoco es que sea culpa de Vila ni de los oligarcas, es la simple lógica del capitalismo, la verdadera “mano invisible del mercado”, que tanto daño ha hecho a la humanidad.

La verdadera pandemia es el capitalismo. Probablemente Marcos no lo sepa, como tampoco los cientos y quizás miles de ciudadanos con los que Marcos tendrá contacto en los próximos días, y que se verán expuestos al COVID-19 por las inequidades e iniquidades de nuestro sistema.

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A propósito de…

Alguna vez existieron los políticos honrados

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito de las numerosas evidencias del despilfarro y la deshonestidad que privaron en México durante los sexenios del llamado periodo neoliberal, no puedo evitar hacerme la pregunta ¿es posible que un político sea honrado?

Justamente, encuentro un ejemplar de la colección Cuadernos mexicanos que editaban la Secretaría de Educación Pública y la CONASUPO; su título “Políticos Honrados” incluye una serie de relatos cortos de diversos autores acerca de anécdotas protagonizadas por hombres del servicio público cuya integridad y honradez eran su principal bien.

Se trata sobre todo de personajes de la Reforma, aunque incluye a algunos anteriores. Es el caso del insurgente José María Morelos, de quien el historiador Julio Zárate escribió: “Inmensas sumas de dinero pasaron por sus manos en esos cinco años (1810-1815) y todas las aplicó a la causa que propugnaba, sin dejar nada para sí, al grado que tuvo que vender su ropa para emprender la marcha de Uruapan a Tehuacán

Esta lectura deja muy claro el insulto que representó para El Siervo de la Nación bautizar con su nombre el famosísimo avión presidencial adquirido por 218 millones de dólares por Felipe Calderón y utilizado sin recato por Enrique Peña Nieto.

Santos Degollado es uno de mis héroes favoritos de la historia de México por su honestidad y sencillez a prueba de todo. El escritor Victoriano Salado Álvarez relata cómo lo soldados del regimiento que comandaba Degollado, durante la guerra contra los invasores franceses, lo observaban cuando zurcía, por la noche,  su único pantalón negro, mientras custodiaba varios sacos de arpillera que contenían ¡un millón de pesos de entonces! de la hacienda pública. Uno de ellos exclamó ¡qué hombre, mientras custodia cientos de miles de pesos, remienda su ropa para no ser gravoso a nadie!

Federico Gamboa dedicó un texto a la honradez de Guillermo Prieto, también de la pléyade que acompañó a Juárez: “Es probado que pasaron por sus manos cerca de 300 millones de pesos, cuando la desamortización de los bienes eclesiásticos y que no sólo no conservó ni uno de ellos, sino que renunció a la suma de 200 mil pesos que de gratificación le correspondían como ministro de Hacienda

Acerca de Ignacio Ramírez, El Nigromante quien fue secretario de Justicia y de Fomento, también en tiempos juaristas, el periodista Francisco Sosa aseguró que manejó millones de pesos durante esos encargos, pero “ni sus más encarnizados enemigos podrían decir que se hubiese manchado apropiándose la parte más insignificante de los tesoros que por sus manos pasaron

José María Arteaga fue gobernador de Querétaro y de Jalisco y jefe de las tropas republicanas en Michoacán dijo en una ocasión “prefiero que mi familia muera en la miseria y no que digan que algún día, al verla con lujo, si está rica es porque su padre robó cuando fue gobernador del estado”. La víspera de su ejecución envió una carta a su madre expresándole: “Mamá, no dejo otra cosa que mi nombre sin mancha, respecto a que nada de lo ajeno he tomado”. Junto con la misiva le entregaron un reloj y un real.

El periodista liberal Guillermo Prieto describió así al general Vicente Guerrero: La tez morena, el cabello tosco, amontonado sobre la frente, sus ojos negros de una penetración y una dulzura incomparable, patilla pobladísima, boca recogida y sincera. Luego narra que Iturbide, en una ocasión, le dejó un cuantioso caudal a Guerrero y al encontrarse nuevamente, las tropas de este último se encontraban andrajosas y hambrientas, extrañado le preguntó por qué no había tomado algo del dinero para sus hombres, “porque me lo dejó en depósito”, respondió.

Hoy en que la honestidad y la ética parecen ser letra muerta y cada día nos enteramos de nuevas rapacerías en lo que fue la fiesta de los millones de los pasados 30 años, en que los políticos, líderes sindicales y funcionarios del gobierno  exhibían con total desparpajo la opulencia, frente a un país con la mitad de su población viviendo en pobreza y pobreza extrema, es como un bálsamo saber que alguna vez el gobierno no fue sólo un instrumento de enriquecimiento personal.

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