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Editorial

El caso Isstey, un atentado contra los trabajadores yucatecos

Mario Alejandro Valdez

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Creado en 1976 por el gobernador Francisco Luna Kan –en tiempos del llamado “desarrollo estabilizador”, cuando el Estado aún  no renunciaba a sus obligaciones sociales-, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Estado de Yucatán (ISSTEY) continúa hoy en día siendo un modelo de institución en cuanto al tema por su eficiencia, cobertura y calidad. Pese a ello, las visiones neoliberales que hoy permean en el Gobierno del Estado de Yucatán, han decretado su extinción, para lo que se ha montado una amplia campaña mediática.

Se inició, desde hace meses, la paulatina interrupción de algunos de sus servicios y, recientemente, se afectó de manera significativa los pagos de cientos de jubilados y pensionados. Esto último, probablemente decidido por un burócrata de mediano escalafón, ha sido la gota que derramó el vaso, y que ha generado una serie de protestas que ya impactaron a nivel nacional, prendiendo un foco rojo en la gestión de Mauricio Vila Dosal.

Desde que inició la actual administración, algunos funcionarios, pero sobre todo algunos “escribidores” de esos de “a tanto la línea”, comenzaron a plantear el tema de la quiebra financiera del ISSTEY. De este modo, repitiendo las frases, sin gran sustento ni argumentación, empezó a informarse que el gobierno estaba diseñando un plan para la reestructuración del Instituto, sugiriendo que el modelo era “inviable”, y que ya “todo el país” había abandonado ese esquema de seguridad social. Los “jilgueros” repetían, sin datos, insistimos, que el quebranto del ISSTEY se debía al uso de sus fondos como “caja chica” por gobiernos anteriores, sin aportar la fuente de esta grave información.

Una primera “reestructuración” se pretendió en términos legales, intentando aminorar el monto de las pensiones al calcularlas en UMAS, pero la tentativa, que hubiera afectado a menos del 10 por ciento de las obligaciones del Instituto, en detrimento de los derechos de trabajadores que laboraron por más de 30 años, sobre todo en el ramo educativo, fue parada en seco cuando los “sesudos” asesores jurídicos del Ejecutivo se percataron que ello violaría disposiciones específicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Retirado el aberrante proyecto, la campaña mediática arreció, y a otro “brillante” se le ocurrió afectar las percepciones de los jubilados, ahora sí de todos los niveles, esferas y condiciones, lo que explotó en una serie de movilizaciones que ya llegaron a oídos del presidente Andrés López Obrador, y están presentes todos los días en el corazón de nuestra Ciudad de Mérida.

Ahora bien ¿qué hay sobre el tema del quebranto financiero? Debemos distinguir varios aspectos en este sentido: primero, efectivamente, sabemos que TODOS los gobiernos estatales han hecho uso discrecional de los recursos del ISSTEY precisamente porque es, en principio, una institución sana y equilibrada, sustentable a partir de las aportaciones de los derechohabientes y la comercialización de sus servicios (Centros Comerciales, guarderías, Centro Vacacional); segundo, este manejo irregular de las finanzas del ISSTEY ha sido aprobado por las distintas Juntas de Gobierno, que en reiteradas ocasiones han aceptado terrenos u otros bienes muy por encima del valor del mercado para el pago de las deudas que ha contraído la Secretaría de Hacienda –bajo cualquier denominación que haya tenido-, al retener las cuotas de los derechohabientes y no transferirlas a la institución; tercero, a pesar de que la estructura del ISSTEY se diseñó de manera sustentable –aún en tiempos en los que ese concepto no era común-, diversos gobiernos estatales han dispuesto de la misma como parte de su organigrama, creando puestos innecesarios, pagando salarios desproporcionados y colocando a parientes, amigos y paniaguados, en detrimento de las finanzas y de la calidad de los servicios de la institución.

Recientemente, y sólo después de que el caso ISSTEY ha cobrado dimensiones políticas, un grupo de diputados afines al Ejecutivo interpuso denuncias por los supuestos malos manejos, pero podemos adelantar que, si esas acusaciones tienen un curso legal adecuado, NO arrojarán mayores resultados, ya que obviamente los manejos se dieron en apego a la normativa y disposiciones administrativas, por lo que los fraudes, de haber existido, estarán perfectamente velados detrás de miles de documentos adecuadamente sustentados. El problema del ISSTEY no está en el robo de sus fondos, sino en la aceptación, como pago de deuda, de bienes ajenos a su interés y funciones, monstruosamente sobrevalorados, en perjuicio de los derechohabientes. Pero todo, seguramente, bajo impecables formas legales.

Entonces, las denuncias sobre malos manejos en el ISSTEY deberían dirigirse contra sus más altos directivos y, sobre todo, contra las Juntas de Gobierno que tomaron decisiones que afectaron y afectan el patrimonio de todos los derechohabientes. El curso de estas denuncias, y su desahogo favorable en algo resarcirá las finanzas de la institución, pero realmente ese no es el punto toral. El problema de fondo, es que el actual gobierno neoliberal de Yucatán pretende cancelar sus responsabilidades legales para con los más de 20 mil burócratas estatales y municipales, activos, pensionados y jubilados, que gozan de los derechos creados por la Ley del ISSTEY, y que aportaron y aportan cotidianamente cuotas más que suficientes para garantizar esos beneficios. Una política de austeridad real, y no la simulación que en la práctica vemos día a día, denuncias bien sustentadas y bien gestionadas, así como un rescate financiero en condiciones favorables, permitirán en el corto plazo al ISSTEY marchar a plenitud. Pero eso sería contrario al “librito” neoliberal que dirige los pasos de nuestro gobernador, pues, al parecer, lo social no es su fuerte. ¿Será que al menos su olfato político lo impulse a rectificar?

Editorial

El impuesto de seguridad ¿una rectificación tardía?

Mario Alejandro Valdez

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Lo advertimos hace un par de semanas, pero la realidad se ha precipitado de un modo mucho más ágil de lo esperado. El alud de impuestos impulsado por el gobernador Mauricio Vila, en acuerdo con diputados de su partido y de la oposición, germinó en una masiva protesta mediática, sobre todo a través de la red social Facebook, que sigue liderando el mercado comunicativo. Ante la amenaza de vigorosas movilizaciones, y el dictamen jurídico contrario de varios constitucionalistas, que señalaron la improcedencia del impuesto al ser materia federal, Vila reculó hace apenas unas horas, por la mañana del miércoles 15, aunque de forma opaca e incompleta.

Aquella mañana, apenas amaneció, se comenzó a filtrar, ambiguamente que, ante la imposibilidad de cobrar el mentado impuesto por el recibo de la CFE, Vila había decidido anularlo. Como la justificación era improcedente y absurda, en rueda de prensa, el gobernador en persona anunció la medida, aunque nuevamente sin aclarar los mecanismos. Finalmente, el jueves se difundió que sería por decreto, por el cual, sin facultades para derogar la disposición del Congreso del Estado, el Jefe del Ejecutivo optó por eximir su pago, pero sin reconocer públicamente que se trató de  un error político y una burrada jurídica, que con casi toda seguridad le iba a reventar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera, Vila se quedó sin los miles de millones de pesos que pretendían recaudar, y, lo que es peor, sin la última oportunidad de recuperar al menos parcialmente su prestigio.

¿Qué habrá podido más para que nuestro joven gobernador cometiera este nuevo y doloroso yerro? ¿Su orgullo, que le impidió reconocer que se equivocó, o su terquedad, que le hace negar el fracaso de la visión neoliberal? De cualquier modo, pudo haber salvado la cara con una conferencia de prensa melancólica, en la que se enjugara las lágrimas y pidiera disculpas. No lo hizo, y ello le representará cargar con la penitencia.

Malos modos de rectificar y, pensamos, tardíos. Surgió ya la convocatoria a la primera mega-marcha de protesta en su contra, y dos importantes gremios –los profesores y los trabajadores de la salud- han confirmado su presencia. Para colmo -¿habrá sido casual? nos advierte el radar conspiranoico-justo minutos después de terminada la conferencia de Vila, estalló un nuevo escándalo, pues cientos, tal vez miles de profesores de educación básica no recibieron su pago quincenal, lo que fue arreglado en horas de la tarde, pero después de otro mar de protestas mediáticas y sin fin de mentadas para nuestro otrora popular gobernante. Otro escándalo más, que aún no ha llegado plenamente a los medios, se gesta, pues a muchos funcionarios que no pertenecen al PAN, pero que se mantienen en sus cargos, se les disminuyeron sensiblemente sus ingresos, sin que hasta ahora hayan recibido la menor explicación. Antes, en los últimos días de diciembre, la guillotina volvió a funcionar contra los NO panistas, cercenando muchas cabezas muy valiosas, sin la  menor consideración.

No dudamos, sin embargo, que los operadores panistas estén negociando a marchas forzadas, en un intento desesperado por desbarrancar la mega-marcha de protesta, convocada para este domingo. También es cierto que algunos de los líderes de los gremios que se han mostrado más activos, ya en otras ocasiones han pasado de las amenazas al silencio, sin que se sepa exactamente porque. Pero también es indudable que, al menos a nivel mediático, miles ya comprometieron su asistencia, en tanto que en las plataformas virtuales ya ha surgido el movimiento “renuncia Vila”, algo que nos parece desaforado, pero que da cuenta del sentir de un importante sector popular, que está, por cierto, fuera de los partidos políticos.

¿Logrará el anuncio de Vila y las negociaciones de sus partidarios minimizar el movimiento de protesta? ¿Será que la bola de nieve ya se puso en marcha, y no se detendrá tan fácilmente? Los signos son confusos, y las movilizaciones en los frágiles tiempos del internet, absolutamente impredecibles. Poco vivirá quien no lo vea; entre tanto, las expectativas se van cumpliendo, con mucho más vigor y dinamismo del previsto.

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A propósito de…

Vivir en el horror

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito de los hechos ocurridos en una escuela primaria de Torreón Coahuila el viernes pasado y que no es necesario volver a narrar, porque seguramente para este momento todo México los conoce y reproducir los detalles resulta morboso y dañino para la salud emocional, tengo tantas interrogantes, tantas inquietudes, tantos cuestionamientos, que esta columna será una larga lista de preguntas.

¿Hasta qué punto nuestra sociedad, nuestro país, están irremediablemente heridos, al punto de que un niño siente que su única salida es matar y morir, lastimar y lastimarse, aniquilar y aniquilarse?, ¿Por qué estamos reproduciendo lo peor de los Estados Unidos y prácticamente nada de sus virtudes, desde que inició la llamada integración económica de América del Norte en 1994?

Al parecer todos somos especialistas en cualquier materia. ¿Por qué nos sentimos capacitados para dar nuestro diagnóstico respecto a un asunto tan delicado, empezando por las autoridades como el gobernador de ese estado Miguel Ángel Riquelme, quien cometió la pifia de dar a conocer la identidad de los menores afectados y luego, desenfadadamente adjudicó los hechos a la práctica de un video juego?

Pero, no solamente él. Por todos lados hay comentarios, opiniones, señalamientos y hasta una suerte de juicios sumarios en contra del niño, a quien incluso se le calificó de “homicida” en algunas publicaciones, que podrían considerarse serias, culpando a los familiares de quienes desconocemos todo, señalando responsabilidades de la institución educativa. ¿Por qué los seres humanos somos tan rápidos para condenarnos unos a otros?

¿Con qué autoridad, con qué elementos sentenciamos? ¿Quién se considera  un padre o una madre perfectos que nunca han cometido un error en la crianza de sus hijos al punto de enjuiciar a otros que se encuentran en medio de una tragedia? ¿Qué familia es irreprochable, impoluta, como para señalar a los demás  con dedo flamígero?

Como sociedad, ¿no nos correspondería preguntarnos en qué clase de país vivimos donde un niño de primaria tiene posibilidad de obtener no una sino dos armas? ¿Quién se las proporcionó, de dónde obtuvo los conocimientos para utilizarlas? ¿Cómo le fue posible sacarlas de su casa y portarlas en la mochila, para luego introducirlas a la escuela?

Se recrimina a la escuela por no tener los controles necesarios y a los padres de familia de ese colegio, de quienes se asegura que se negaron al establecimiento del programa “mochila segura”, cuya aplicación es una violación a los derechos de los menores. ¿Qué clase de comunidades hemos construido en las que es necesario registrar las  pertenencias de  los alumnos de primaria? ¿Qué sigue, que cacheen a los alumnos, que se instalen detectores de metales en las puertas de los jardines de niños?

También se adjudica la responsabilidad al montaje de la “guerra” contra el narcotráfico que encubría  un turbio negocio organizado y manejado desde la cúpula del poder y que sumió a todos los mexicanos chicos y grandes en un ambiente de violencia cotidiana y permitió la entrada de miles de armas de todo tipo al país.

¿Y qué decir de los cárteles que pusieron a los  alumnos de un jardín de niños en situación de tener que resguardarse debajo de las mesas del salón de clases, mientras se escuchaban las balaceras a pocos metros o a observar cuerpos colgando de los puentes en las mañanas cuando se dirigían a la escuela o enterarse, continuamente, de secuestros en contra de familiares y amigos?

Todas las preguntas, críticas, teorías, recriminaciones, juicios, sentencias, que se han emitido, me hacen reflexionar que un niño a quien las circunstancias llevan a actuar violenta y destructivamente es una de las víctimas más visibles de la tragedia nacional que enfrentamos cotidianamente.

Continuarán los análisis de los especialistas, se sucederán los testimonios, se multiplicarán las teorías, se propagará todo tipo de especulaciones, tal vez se den a conocer los resultados de las investigaciones, ¿no obstante, hasta cuándo seguiremos condenados a vivir en el horror?

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Editorial

La política en Yucatán

Mario Alejandro Valdez

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Introspección histórica: los orígenes mayas

Igual que los hombres de Francisco de Montejo hace casi 500 años, en la actualidad nos asombramos y maravillamos ante la espectacular y artística arquitectura de los mayas. Ciudades como Chichén-Itzá, Uxmal, Ek Balam y otras muchas, nos siguen provocando enorme admiración y muchas preguntas, lo mismo que la precisión calendárica, la numerología o la complejidad de la escritura. Pero, como aquellos españoles de hace cinco siglos, el influjo de la cultura occidental nos lleva a disociar estas magníficas realizaciones materiales de la gente de carne y hueso que las creó y utilizó, y cuando pensamos en política creemos encontrar sus orígenes en aquellos europeos conquistadores y el sistema que construyeron antaño, casi considerando que lo trasplantaron desde su país de origen. En el imaginario que la Historia Oficial nos ha creado ordinariamente, los españoles llegaron para gobernar y enriquecerse, y los mayas sobrevivientes a la conquista sólo languidecieron en la más ruin miseria y la más salvaje opresión. Incluso científicos actuales, de origen maya, reivindican dicho pensamiento, pensando así hacer justicia a sus antepasados.

Pero la realidad profunda, procedente de múltiples y serias investigaciones durante los últimos 50 años, nos refleja cosas muy diferentes. Es cierto que los españoles llegaron a Yucatán, como al resto de América –las Indias le llamaban- para gobernar y enriquecerse, pero aquello no fue coser y cantar. La conquista de Yucatán fue una de las más penosas y difíciles de todo el continente, y aún así, quedó inconclusa durante los tiempos coloniales. De hecho, hasta los inicios del siglo XX, prácticamente un tercio del territorio peninsular –la célebre “montaña”, primero, la región cruzo’ob posteriormente- se mantuvo ajeno al dominio español. Y aún en los espacios conquistados, los invasores europeos fueron obligados a negociar, a transigir, a pactar, para poder hacer viable su empresa de conquista.

Caracterizada por tierras infértiles para sus cultivos, en ausencia de minas y otros recursos, los españoles sólo podían obtener riquezas del trabajo indígena. ¿Hubo entonces explotación? Por supuesto. ¿Muchos españoles se enriquecieron? Claro que sí. ¿Despojaron a los mayas totalmente de sus recursos y su autonomía? Ahí es donde entra la discusión, y las mayores evidencias indican que, siendo la mano de obra indígena la única fuente de riqueza en la provincia, los españoles, una ínfima minoría de la población hasta principios del siglo XIX, se cuidaron mucho de sobrepasar los límites, e incluso castigaron a quienes se “pasaban de la raya”. No lo hacían, generalmente, por sentimientos humanitarios; evitaban, podría decirse, “matar a la gallina de los huevos de oro”. Sólo cuando, poco antes de la Independencia, comenzaron a florecer el comercio, la ganadería y los cultivos comerciales, como el azúcar, el conflicto entre mayas y españoles se agudizó, las negociaciones se rompieron, y nuestro pueblo originario vio amenazada su sobrevivencia. Y entonces fue que llegó la Guerra de Castas, pero esa es otra historia.

Es cierto que Yucatán surge como una entidad político-geográfica al establecerse la Colonia, pero también es cierto que la Colonia yucateca tuvo características muy singulares, permeadas en gran medida por ese pacto fáctico que surgió en el siglo XVI: para obtener riquezas y poder gobernar, los españoles tuvieron que ceder a los mayas una parte del poder y de los recursos. No fue, por supuesto, una negociación justa: los europeos cedían, pero se quedaban  con la mayor parte del pastel. Del otro lado, tampoco había mucha equidad: el pacto lo negociaron las élites mayas, los líderes, descendientes a su vez de la antigua nobleza prehispánica. El centro de la negociación fue, precisamente, el batab, traducido por los hispanos al término caribeño de cacique, pero que en realidad era un personaje de gran historia y raigambre en estas tierras.

Aún es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos de ese gran pasado maya, pero de las pocas cosas que tenemos muy claras es que el batab, el líder de una comunidad de decenas de familias, fue el personaje clave, la columna vertebral de la política en los tiempos antiguos. El poder del Halach Uinic –comparable al de un gobernador español- se fundaba en la legitimidad del batab, el dirigente que era el responsable de la cotidianidad de las familias y de las personas. Un batab despótico o desobligado era inmediatamente destituido y reemplazado por su comunidad; un Halach Uinic que no respetase a sus batabo’ob (plural de batab) tenía también los días contados. Si bien los mayas no conocieron ni practicaron el concepto de democracia, sin duda que su ejercicio político era, y con mucho, más participativo, justo y equitativo que el que caracterizaba a los europeos, que en tiempos coloniales vivían bajo la monarquía absoluta y el poder de los nobles y los clérigos.

Al asentarse la Colonia en nuestras tierras, los españoles, como ya se dijo, tuvieron que negociar, y precisamente fue el batab protagonista esencial de dicha negociación. Los criollos que aquí nacieron así lo comprendieron y practicaron, siendo relativamente pocos los conflictos surgidos sobre todo después del siglo XVI. Los problemas mayores se presentaron cuando algún gobernador demasiado ambicioso o demasiado estúpido, como, por ejemplo, Rodrigo Flores de Aldana, forzaba las cosas y rompía el pacto, pero eso orillaba de inmediato el surgimiento de un alud de críticas y actos violentos de resistencia. Pero dejemos los episodios coloniales para nuestra próxima introspección histórica.  

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