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El pasado nos alcanzó

Cuando Mérida se convirtió en Fuenteovejuna

Ricardo Maldonado Arroyo-

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– ¿Quién pintó el monumento a la madre? -preguntó el alcalde de Mérida, -¡fuimos todas!- contestaron las mujeres en protesta. Ante el interés de Renán Barrera, alcalde de Mérida, por sancionar a quienes hayan pintado el mencionado monumento durante la reciente protesta para despenalizar el aborto, organizaciones no gubernamentales y ciudadanas independientes se han hecho responsables, y defienden su derecho a manifestarse, en el marco internacional de derechos humanos que contempla este tipo de acciones.

El comunicado #FuimosTodasRenán trata de frenar la campaña de criminalización de la protesta que ha avivado la flama del odio contra las movilizaciones feministas. ¿Suena exagerado? Tal vez desde la pantalla del celular o de la computadora, lo único que salta a la vista es que se dañó un monumento histórico. Pero, ¿se han percatado cuántos medios lo han fotografiado en estos días, la formulación de los encabezados, el inusitado interés por publicar todos los detalles? Nunca importó tanto el monumento a la madre. Son decenas los que han aprovechado cada nota para retratar a mujeres violentas, irracionales, cuyo único propósito es afectar a la ciudanía. ¿En serio en esto consiste una protesta feminista? ¿Ha estado presente en una? ¿No se le hace sospechosa tanta cobertura mediática?

Compárelo ahora con la cantidad de notas dedicadas estos días al rescate en Yucatán de una mujer de 26 años desaparecida en Chihuahua. ¿Nos ha importado saber que es sintomático de las redes de trata que operan en el estado? ¿Ha interesado a estos medios indagar al respecto? ¿Tenía usted conocimiento del caso? Bueno, en la protesta feminista se exigía justicia por situaciones como esta. También se ha aprovechado para contrastar la actitud aparentemente violenta de esas mujeres, con la “pacífica” y edulcorada manifestación del Frente Nacional por la Familia, efectuada el mismo día. Nadie habla de que las acciones del Frente tienen, entre otros propósitos, que se siga encarcelando a mujeres por abortar, sin importar sus condiciones socioeconómicas o si fueron violadas. ¿Considera que ese es un propósito pacífico? En esa manifestación nadie habló de Evelia, mujer indígena de Tixmehuac que está a punto de terminar su condena de 12 años por haber sufrido un aborto espontáneo, después de haber sido violada y sin contar con las garantías jurídicas para un debido proceso, pues es mayahablante. ¿Es esto lo que queremos para las mujeres de Yucatán? ¿No le parece que estamos centrando nuestra atención en un incidente para descuidar lo realmente importante?

Desde otro ámbito, hay quienes defienden a rajatabla el patrimonio histórico. El susodicho monumento está inspirado en la obra de André Lenoir, y se le regaló a la ciudad a principios de siglo XX para ensalzar la maternidad, como se hizo en todas las ciudades que aspiraban a ser modernas. Ideal de maternidad que, cabe mencionar, se promovía en contraposición a los derechos que exigían por esos mismos años, mujeres como Elvia Carrillo Puerto, incluyendo el acceso a anticonceptivos y a la interrupción del embarazo. No extrañe, por tanto, que haya sido objeto de las pintas. Lo que para unas personas es símbolo de modernidad y candor, para otras, es símbolo de opresión.

Pero en los medios virtuales es donde ha brotado lo peor de nuestra sociedad. La campaña que criminaliza la protesta feminista, orquestada por miembros de iglesias, gobiernos, empresas y medios de comunicación, ha consentido que hombres expresen con total libertad y plena impunidad su llamado a matar, violar, torturar y desaparecer mujeres. ¿No lo considera alarmante? ¿No le parece absolutamente desproporcionado? ¿No acaso es un delito? A lo largo de mi vida, he visto grafitis y daños irreparables en el Centro Histórico, pero nunca que pidieran muerte y sufrimiento para los responsables. Todavía en 2017 el INAH denunciaba la alteración o semidestrucción de 63 casas del Centro Histórico a manos de sus dueños. Estas casas podrían tener hasta 300 años más de antigüedad que el monumento a la madre. ¿Cuántos insultos y amenazas han merecido estos daños al patrimonio? ¿Cuántos videos tendría que hacer Renán Barrera para expresar su indignación?

Lo más mezquino del contexto descrito, es que nadie se hará responsable si surge la tragedia. Miles de mujeres feministas en México han sido asesinadas, la mayoría de manera brutal, en medio de una atmósfera de odio en la que han participado autoridades y medios de comunicación. Fotografías y nombres de mujeres activistas de Yucatán están circulando ahora mismo invitando a agredirlas, a perseguirlas, a acosarlas, a maldecirlas. Si son violentadas, ¿admitiremos que fuimos todos?, ¿que nuestra sociedad alimentó el odio contra ellas?, ¿nos haremos responsables de sus lesiones o de su vida, como ellas se han hecho responsables de las pintas? ¿Merecerá el interés del Ayuntamiento? En la magnífica obra dramática de Lope de Vega, Fuenteovejuna, los habitantes del pueblo, hartos de los abusos del comendador, deciden asesinarlo. Conscientes de que era una causa justa, todo el pueblo se responsabiliza. Así lo han hecho las mujeres que protestaron para despenalizar el aborto. Pero, si la causa es injusta, ¿quién se hará responsable? ¿Quién dirá “yo incité a violentarlas”?

El pasado nos alcanzó

Los incómodos feminicidios

Ricardo Maldonado Arroyo-

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El pasado 4 de febrero la Fiscalía General de la República dio a conocer, mediante comunicado oficial, una propuesta para modificar la tipificación del delito de feminicidio a fin de facilitar su judialización y que, por ende, se hagan efectivas las penas de los victimarios. Debido a la exigua información del comunicado, y la improvisada estrategia de comunicación de la Fiscalía, la propuesta causó polémica y malos entendidos. No es para menos, la tipificación del delito de feminicidio es resultado de una lucha de años de los colectivos feministas que ha costado, no sólo capital humano y recursos materiales, sino también vidas. Por tanto, el gobierno federal debió considerar, desde un principio, la participación insoslayable de los colectivos feministas, primeros interesados en revisar con lupa todo aquello que repercuta en el acceso a la justicia de las mujeres.

En este tenor, durante la conferencia matutina del 10 de febrero, periodistas increparon al fiscal Alejandro Gertz Manero, solicitando aclaraciones acerca de la mencionada propuesta. El Fiscal no estaba presente para responder dudas en torno a los feminicidios, sino para entregar un cheque por 2,000 millones de pesos, dinero asegurado durante un juicio del que no reveló mayor información. Pero las ineludibles interrogantes en torno a los feminicidios brindaron una valiosa oportunidad para mostrar empatía por la causa de las mujeres y hacer las aclaraciones pertinentes.

Lamentablemente, la respuesta fue desastrosa. Las aclaraciones a regañadientes y cargadas de ironía, sonaron a reproche. Tratando de guiar la atención a lo que el Presidente y el Fiscal consideran importante, acusaron a medios “convencionales” de emprender una “campaña de difamación”, distorsionando la propuesta relativa al feminicidio y con el ánimo de propinarles una “golpiza mediática”. Para rematar, López Obrador se mostró incómodo pronosticando que los periodistas, a quienes llamó “mirones profesionales”, desestimarían el “hecho histórico” de haber incautado dinero fruto de la corrupción, para dar prioridad a la nota sobre feminicidios. En efecto, es necesario subrayar al Presidente que los feminicidios han sido, son y serán una nota primordial porque todos los días asesinan mujeres en México, es una realidad que no podemos desenfocar para aplaudir la entrega de un cheque.

Ni siquiera el brutal asesinato de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue desollado y desmembrado por su pareja, dio pistas suficientes a las autoridades para comprender la necesidad de hablar de la violencia de género y, concretamente, de los feminicidios, en un tono serio y conciliador. Porque, además, Ingrid no fue la única víctima en esos días. El 8 de febrero hallaron el cuerpo de Rosa María Díaz, asesinada a golpes en su domicilio de la ciudad de Puebla; el 9 de febrero, de María Manterola, en unos cañales de Coatepec, Veracruz; el 10 de febrero, de Marbella Valdez, en Tijuana, atada de manos dentro de una bolsa negra, y el de María Teresa Duarte, en Ciudad Juárez, ultimada a golpes y asfixiada en su vivienda.

Si bien voces expertas han recomendado no retirar del Código Penal Federal el delito de feminicidio, es probable que Gertz Manero no estuviera del todo errado en cuanto a la revisión de los tipos penales para mejorar su operatividad en los ministerios públicos. La propuesta causó revuelo porque, en lugar de sentarse a dialogar con organizaciones feministas y legisladores, la comunicación se redujo a un alegato contra supuestos adversarios del Presidente. Este último, apurado por marcar la agenda pública, hizo caso omiso del interés de la ciudadanía por los feminicidios, para tomarse la foto con el cheque que tanto deseaba presumir. Absolutamente contraproducente. Mientras escribo estas líneas, organizaciones feministas están convocando a protestar por el asesinato de Ingrid y el susodicho cheque se ha ido diluyendo en el olvido.

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Turismo y racismo latente

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Una mujer morena, vestida con huipil yucateco y sandalias, se hinca a masajear con granos de cebada los pies de una huésped del hotel. Esta permanece sentada, envuelta con una bata de baño y sosteniendo una cerveza en la mano izquierda. Posteriormente, se remoja en una tina de madera, acompañada de un hombre. La mujer vestida de huipil se acerca a la tina para verter cerveza sobre la huésped, mientras masajea su cabello. Las imágenes descritas corresponden a la publicidad de un hotel de Yucatán que ofrece, literalmente, baños de cerveza. Las imágenes desataron polémica por la manera en que representa a las mujeres mayas. Unas personas expresan preocupación por su posible trasfondo racial y clasista, otras las califican de inocuas y, unas más, se han entusiasmado con la idea del baño de cerveza, desestimando cualquier lectura que signifique afrenta a las mujeres mayas.

¿En verdad es inocua o deseable este tipo de publicidad? Me atrevo a afirmar que no, porque está relacionada con lo que el antropólogo Eduardo Restrepo define como ‘racismo latente’, es decir, un tipo de racismo tan sutil y naturalizado, que aparenta no serlo. El racismo es un sistema de clasificación en las que las cualidades físicas y/o culturales de las personas se jerarquizan, justificando estereotipos, así como su posición en la sociedad. Frases como “trabajar como negro para vivir como blanco”, “los indígenas son muy flojos, todo lo quieren regalado” o la lapidaria: “la culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre”, reflejan el racismo con que hemos sido educados y que es difícil percibir porque no suelen tomarse como ofensivas o denigrantes.

Una particularidad del racismo en México es que su principal blanco no ha sido la población negra, los “amarillos” o los “pieles rojas”, sino la población indígena, que históricamente ha ocupado una posición subalterna. Esta historia de conquista y subordinación, muchas veces, de explotación, es de todos conocida. Las empresas turísticas en Yucatán venden nuestra historia sin negar lo anterior, pero exaltando la herencia arquitectónica, lingüística, gastronómica, musical y artesanal que capta la atención del visitante, particularmente, todo aquello relacionado con la cultura maya. El objetivo es causar placer a los sentidos, generar una experiencia memorable. El sector turístico está consciente de que la mayoría de los visitantes buscan conocer, recrearse y disfrutar, no apropiarse de los problemas de la localidad.

Sin embargo, cuando el producto turístico romantiza la desigualdad y el racismo, recreando la subordinación para causar placer, hay un dilema ético. Todavía más, si representa a la población maya racializando ciertas labores de servicio. El hotel que representa a una mujer maya dando masajes con cebada y baños de cerveza no inventó el hilo negro. En las haciendas turísticas he visto a hombres vestidos a la usanza de los campesinos, representando la manera en que se trabajaba el henequén o jalando caballos montados por turistas para que se tomen fotos. En restaurantes he visto mujeres con huipil sentadas sobre banquillos haciendo tortillas a la vista de los comensales.

Estas labores no son problemáticas por sí mismas, pero deben ser cuestionadas cuando son racializadas, es decir, cuando refuerzan el imaginario de que son propias de la población maya, representada con ciertas cualidades físicas y elementos diacríticos como la vestimenta. ¿Exagero? Imagine que la mujer haciendo tortillas en el restaurante fuera rubia, alta, vestida con blusa de tirantes, sombrero de ala ancha, pantalón de mezclilla y tenis (una posible turista extranjera). ¿Tendría el mismo “encanto” y “autenticidad” que el estereotipo de mujer maya? ¿Corresponde a la imagen de quien se esperaría esté preparando tortillas? Piénselo.

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La salud en las mañaneras

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Existe una notable discrepancia entre la forma en que el Presidente de la República presenta los servicios públicos de salud durante sus conferencias matutinas y las experiencias de los usuarios. Esto es preocupante porque los problemas de salud se han diluido con la estrategia de comunicación del gobierno federal, consistente en sacar a colación el avión presidencial para recordar los excesos de administraciones pasadas. Por ejemplo, la mayor parte de la conferencia matutina del 28 de enero versó sobre el sistema de salud, pero la atención se centró nuevamente en la rifa de la infausta nave.

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sostuvo durante dos horas el discurso presidencialista del combate a la corrupción, resaltando que han frenado el desvío de recursos y logrado importantes ahorros. A decir del Subsecretario, las acciones en materia de salud están dirigidas a ampliar la capacidad instalada para lograr la cobertura universal y adquirir los mejores medicamentos al menor precio. ¿Quién podría estar contra tan loables objetivos o contra el programa estrella para lograr dicha cobertura: el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)? El problema es que los mismos periodistas que cubrían la mencionada conferencia exhibieron diversas situaciones que afectan a pacientes de clínicas y hospitales públicos. Asimismo, señalaron que el número ofrecido para reportar irregularidades en el INSABI, no funciona adecuadamente.

A partir de este año, el INSABI sustituyó al Seguro Popular. Inicialmente, el gobierno federal pretendía unificar todo el sistema de salud y desarticular el Seguro Popular por sus malos manejos. Este planteamiento no es nuevo, desde el sexenio foxista el Sistema de Protección Social en Salud se instituyó con miras a contar con un sistema unificado y universal. Sin embargo, la complejidad del proyecto sólo permitió dar el primer paso: la creación del Seguro Popular, que cubriría a toda la población que no contara con seguridad social. Así se segmentó el sistema de salud entre los servicios proporcionados a quienes cuentan con un trabajo formal y las prestaciones de ley, y quienes carecen de estos beneficios, atendidos a través del Seguro Popular. Este segmento de la población, que suele tener mayores necesidades y resentir más el gasto catastrófico en salud, ha sido transferido al INSABI.

Pero el INSABI es una quimera, una presencia fantasmagórica entre las instituciones públicas. En su apuro por desterrar el Seguro Popular y extirparlo de la memoria de la población mexicana, el actual gobierno federal decidió que el INSABI comenzara a funcionar sin reglas de operación. Esto ha causado una de las más desastrosas puestas en marcha de un programa de gobierno. ¿Por qué son importantes las reglas de operación? Porque determinan en qué consiste el servicio, quiénes lo operan y de qué manera, cuáles son sus atribuciones y límites. En función de ello, igual se calcula el presupuesto para su funcionamiento. La falta de reglas suscita malos entendidos como el de hace unos días, cuando periodistas cuestionaron al Presidente por los cobros en tercer nivel de atención, después de que este anunciara la total gratuidad del INSABI. Como no existe normatividad al respecto, el Presidente tuvo que aclarar que el INSABI sólo abarca primer y segundo nivel y, posteriormente, entabló diálogo con el tercer nivel para eliminar los mencionados cobros.

Sin normas que regulen el servicio, lo que se puede esperar es confusión. Nadie tiene respuestas ciertas, salvo, al parecer, López-Gatell. La solución de problemas se atiene a la voluntad y disposición de tomadores de decisiones, en vez de obedecer a obligaciones establecidas. Para eliminar el Seguro Popular, primero debió construirse el INSABI. Para transformar el sistema de salud, la prioridad debió ser cubrir las necesidades de usuarios y personal de salud, antes que el férreo control del presupuesto. Pero la mejor opinión no es de quien esto escribe, sino de las personas directamente involucradas. ¿Usted está inscrito en el INSABI? ¿Sabe dónde y con quién atenderse, a qué tiene derecho y a qué no? ¿Usted es derechohabiente de otro sistema público, como el IMSS o el ISSSTE? ¿Han mejorado los tiempos y calidad de las consultas o de la atención hospitalaria? ¿Recibió oportunamente todos sus medicamentos e hicieron sus laboratorios a tiempo? ¿Usted es personal de salud? ¿Cuenta con los insumos necesarios para trabajar? ¿Nota una mejoría en la infraestructura y en sus condiciones de trabajo? ¿Está de acuerdo con el panorama optimista expuesto por López-Gatell o cuenta con otros datos?

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