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El pasado nos alcanzó

Medicamentos para VIH: la lucha sin fin

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Otra vez está en riesgo el suministro de medicamentos para personas con VIH en México. De acuerdo con la minuta del 9 de abril del año en curso, correspondiente a la reunión del CENSIDA con vocales de sociedad civil del CONASIDA, el gobierno federal puede garantizar el abasto hasta el 30 de junio. ¿Por qué resulta preocupante? Porque no se ha efectuado con oportunidad la compra consolidada que garantice el abasto de medicamentos todo el año. Asimismo, porque el tratamiento para VIH no debe interrumpirse. La continuidad y el apego son factores clave para que el tratamiento logre su objetivo: incrementar la expectativa y calidad de vida de los pacientes.

El gobierno federal determinó que, en lo que resta del sexenio, las compras consolidadas de medicamentos deberá realizarlas el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) junto con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). A decir del Presidente, el convenio con la UNOPS pretende erradicar prácticas comerciales que favorecían monopolios. De tal suerte que el resto de las instituciones (IMSS, ISSSTE, Sedena y Pemex), dependen ahora de los procesos de compra del INSABI. Su titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar, señaló que “el Gobierno de México promueve una gestión justa y equitativa, enfocada en la eficiencia donde se cuente con todos los medicamentos para todas las personas”.

Sin embargo, este objetivo no se ha cumplido a cabalidad. Debido a que el INSABI inició tarde el proceso y lo rebasaron los tiempos, se autorizó al IMSS, el ISSSTE y el CENSIDA hacer compras hasta por el 20% adicional del contrato de 2020, para contar con abasto hasta el 31 de marzo y, posteriormente, para cubrir hasta el 30 de junio. El 9 de abril los vocales de sociedad civil del CONASIDA organizaron un conversatorio para dar a conocer cuál es el avance en compra de medicamentos antirretrovirales. Respecto a la cadena de suministros, Luis Adrián Quiroz Castillo, representante de Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS (DVVIMSS), señaló que el problema no sólo es la compra: “si no se tiene una logística [de distribución] con tiempos definidos, con acciones claras, puede ser el talón de Aquiles para garantizar los suministros en tiempo y forma”. El 23 marzo el INSABI informó que había vencido el contrato de los operadores logísticos. ¿Cómo organizará, entonces, la distribución de medicamentos que están comprando las instituciones de salud pública mexicanas y los que provengan de la compra de UNOPS?

Las exigencias de los vocales son claras. En primer lugar, conocer el proceso de compra que, en términos legales, debió iniciar en octubre del año pasado. Información que, en un principio, el INSABI negó a los representantes de la sociedad civil. Esto es indicio de retrocesos en transparencia y rendición de cuentas. En segundo lugar, implementar una compra consolidada anual que permita obtener precios favorables y, sobre todo, garantizar el suministro de medicamentos de enero a diciembre. En tercer lugar, acelerar la licitación, adquisición y distribución de antirretrovirales, antes de que los atrasos impacten en la salud de las personas con VIH. Esto en un marco en el que el gobierno federal muestra recelo hacia miembros de la sociedad civil, como si se tratara de opositores.

El problema, por supuesto, no es nuevo. Desde 2003, año en que se implementó una política de acceso universal a este tipo de medicamentos, todas las entidades de la República han presentado desabasto en más de una ocasión, debido a irregularidades y un manejo ineficiente de los recursos. Con el nuevo gobierno, hubo la expectativa de que el panorama cambiara, pero el efecto ha sido similar. En su cruzada contra la corrupción, las más altas autoridades del gobierno federal han mostrado desconfianza a todos los servidores públicos, desestimando su experiencia. En 2019 el Ejecutivo confirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de decidir las compras en el sector salud. Esta Secretaría aplazó la adquisición del 80% fármacos hasta el mes de mayo, generando faltantes en varios estados. La situación se solucionó gracias, en buena medida, a la incidencia de organizaciones que denunciaron la amenaza de desabasto.

Ahora que el INSABI y la UNOPS son responsables de la compra, ¿lograrán salvar tiempos tan comprometidos? ¿Qué otros padecimientos podrían quedarse sin atención debido a los atrasos? ¿Comprenderá el INSABI que el papel de la sociedad civil es cuestionar las acciones de gobierno y participar en acciones conjuntas? “Solicitamos al Presidente de la República que tome cartas en el asunto y le reiteramos que…no estamos respondiendo a intereses externos, estamos respondiendo a nuestro propio interés de garantizar nuestro derecho a la salud”, declaró Quiroz Castillo, tratando de expresar el sentir de las personas con VIH.

El pasado nos alcanzó

Informe Fracto: un camino labrado con ideas

Ricardo Maldonado Arroyo-

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El 8 de marzo de 2019 Informe Fracto dio a conocer la presente columna con una primera publicación que llevó por título “De popularidad y mafias”. Tengo que reconocer el entusiasmo que me causó contar con un espacio virtual para la expresión de ideas. Antes colaboré con La Verdad, medio impreso al que le guardo gratitud, pero mi experiencia redactando artículos de opinión era, más bien, breve. Entonces recibí la invitación del Dr. Carlos Bojórquez Urzaiz, profesor, amigo, distinguido hombre de letras a quien confiaron la edición de Informe Fracto. Aparte de detallar las características de la revista, el Dr. Bojórquez me brindó respaldo, fue un magnífico guía para afinar opiniones inteligentes, fundamentadas y expresadas con elegancia y claridad.

La gran virtud de Informe Fracto ha sido dotar a las personas que colaboramos en ella, de una amplia libertad para ejercer la crítica. Durante estos dos años y medio he compartido análisis acerca de diversidad sexual, derechos humanos, VIH/Sida y política, analizando el proceder de numerosos actores sociales y los diferentes órdenes de gobierno. Esta revista virtual ha servido de escaparate para recordar nuestro pasado, debatir nuestro presente y avizorar nuestro futuro, ha constituido el punto de reunión de múltiples miradas formadas en Latinoamérica y con un sentido libertario que apunta a la transformación social. Un medio de esta naturaleza es el resultado de la suma de voluntades. Me siento halagado de haber compartido créditos con mujeres y hombres de reconocida trayectoria y plumas jóvenes y vigorosas que prometen trazar nuevos caminos.

Extraordinario, además, ha sido que la vida de Informe Fracto haya transcurrido, en su mayor parte, durante la gestación e impacto de una pandemia de proporciones inéditas, generando una recesión económica a escala global que invita a todo, menos a emprender proyectos. A lo anterior se añade la crisis en los medios de comunicación, que inició años antes de la pandemia, debido al incremento de la comunicación digital, la reducción de las utilidades y la fragmentación de las audiencias. Vivimos un periodo de cambios acelerados. En este contexto, Informe Fracto ha germinado y crecido abonada por las ideas de quienes escribimos y quienes nos leen y emiten su crítica. Este círculo virtuoso ha sido posible gracias a la acertada decisión de que fuera una revista virtual, lo que también permitió una difusión más amplia y su supervivencia.

Pronta a extinguirse, permanecerá como un archivo de los sucesos e inquietudes de nuestro tiempo. Escribir es un acto con el que los seres humanos buscan la inmortalidad, pero las ideas que empiezan siendo de quien escribe, se vuelven testimonio de un pasado que es compartido. Las ideas dejan de pertenecer a un individuo para pertenecer a la sociedad. Semana a semana, de manera ininterrumpida, Informe Fracto me permitió publicar una opinión y ser leído, algo que agradezco profundamente. Labrar el camino con ideas ha valido la pena.

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El pasado nos alcanzó

Una genuina manifestación por la vida

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Aglomeradas en el acceso principal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, varias personas agitaban globos azules y gritaban consignas a favor de la vida. Unas mujeres rezaban a las orillas del andador, mientras un sacerdote rociaba agua bendita al edificio. Me acerqué a una de las más activas para abrir la conversación:

– ¿Cuál es el motivo de la manifestación?

Exigimos que las autoridades protejan la vida de niñas, niños y adolescentes.

– ¿De qué manera? ¿Cuáles son sus peticiones?

En primer lugar, que se hagan efectivas las leyes que castigan la violencia sexual infantil. El mismo gobierno reconoce la cifra de 5.4 millones de casos al año en México, publicada en un estudio de la OCDE. Apenas en abril de este año el Senado aprobó la no prescripción de los delitos sexuales contra menores, es un avance significativo, pero hay que hacerlo efectivo. La impunidad es altísima, ni el 1% de los casos se castiga. Es frecuente que el agresor sea un familiar, un hombre cercano a la familia o una figura de autoridad en quien depositan confianza, como el profesor o el párroco, por lo que es importantísimo que exista educación sexual integral desde la infancia, seguir los protocolos para identificar casos de agresión y aplicar políticas que favorezcan una vida libre de violencia, comenzando por el hogar. Hemos gestionado con donantes altruistas, recursos para contar con un equipo de defensoría legal que permita atender casos de violencia sexual infantil, combatir la revictimización y llegar a las instancias que sean necesarias. Protestamos porque las autoridades, comenzando por la Fiscalía, tienen que asumir su responsabilidad ante esta impunidad vergonzosa.

– ¿Por qué el pañuelo azul celeste y los globos del mismo color?

El azul representa nuestra convicción por defender la vida, en el sentido de salvaguardar la integridad de las personas y procurarles condiciones dignas. Nuestra defensa de la vida consiste en exigir que los menores nazcan en condiciones idóneas, evitar la mortalidad infantil y materna, que gocen plenamente del derecho a la salud, la educación y la vivienda. Celebramos que el Congreso de Yucatán aprobara recientemente una reforma que agiliza el trámite de adopción, lo que brinda mayores probabilidades a niñas, niños y adolescentes de desarrollarse en el seno de una familia. Desde 2018, más de 400 menores han sido adoptados en el estado, pero hay quienes siguen en espera. Así que nos acercaremos al Congreso para que realice las modificaciones legales que permitan la adopción a familias homoparentales. Mientras más hogares cobijen a menores, obtendrán una mejor calidad de vida. Nos preocupan igual los abusos sexuales por los que sentenciaron a dos custodios del CAIMEDE. Estaremos vigilantes de que el DIF estatal garantice que nunca más vuelva a suceder algo así.

– ¿Qué otras circunstancias impiden a niña y niños gozar de una vida digna?

La violación al derecho a la salud, sin duda. Las familias de infantes con cáncer, enfermedades congénitas, enfermedades raras, discapacidades físicas y cognitivas o trastornos de neurodesarrollo tienen que enfrentar un sistema de salud que no les proporciona todos los estudios, la atención médica ni los medicamentos para sobrellevar su condición. Familias que empobrecen por la desesperación de darle a sus hijas e hijos una vida digna. Varias de las personas presentes aportamos a fundaciones que apoyan estas causas. Pero no es suficiente, el gobierno tiene que comprometerse a hacer su parte. El equipo de defensoría legal está promoviendo la atención de varios de estos casos.

– ¿Y qué opina de las recientes resoluciones de la Suprema Corte que despenalizan el aborto y declaran inconstitucionales las leyes locales que protegen la vida desde la concepción?

Nos gustaría que ninguna mujer abortara, pero también entendemos que cada una debe tomar sus decisiones y no nos concierne juzgarlas. Sabemos que detrás de muchos abortos hay situaciones de violencia que obligan a las mujeres a ser madres porque no pueden decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, así que lo primordial es que el gobierno emprenda acciones para erradicar esa violencia, antes que perseguir y encarcelar mujeres. Además, ¿qué ganas encarcelándolas? Las sometes a más violencia, empobreces más a la familia y hay mujeres que han abortado y son madres. ¿Por qué separarlas de sus hijos? La vida de las mujeres nos importa tanto como la de los infantes.

La manifestante se retiró del lugar para acudir al DIF, le agradecí el tiempo y me quedé pensando que sería fantástico que esta entrevista fuera real.

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México frente al 11 de septiembre

Ricardo Maldonado Arroyo-

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La historia se relata desde la perspectiva de quien la escribe. Para quienes vivimos en México, los hechos del 11 de septiembre de 2001 cobran significado a partir de nuestra posición en el mundo y la relación que guardamos con Estados Unidos. Sin perder de vista que la caída de las Torres Gemelas es un hecho trágico, las subsecuentes políticas de seguridad, basadas en la amenaza del terrorismo, han recrudecido los dispositivos de vigilancia y control en la frontera México-Estados Unidos, potenciando el problema de origen en vez de solucionarlo.

¿Por qué un grupo de terroristas atacó Nueva York y Washington? La respuesta no es sencilla, pero mucho tienen que ver las mismas políticas intervencionistas de Estados Unidos que siembran y escalan conflictos en numerosos puntos del globo terráqueo. Esta descomposición de escenarios de por sí complejos, ha alimentado la existencia de grupos extremistas que, en una suerte de estrategia perversa, son armados, precisamente, por agentes de Estados Unidos y Europa. Estas políticas, finalmente, les han pasado factura a los países intervencionistas.

México no ha escapado a la injerencia del vecino del norte. Durante la Guerra Fría, por la persecución del fantasma del comunismo, desde el gobierno de Reagan, por una estrategia continental de “seguridad” dirigida a combatir el tráfico de drogas. El narcotráfico se convirtió en tópico prioritario para Estados Unidos y la política ha sido clara: prohibición, criminalización, militarización. Nuestro país ha sido escenario de una batalla sangrienta e interminable por proteger los intereses del país que más consume drogas. Al igual que con los grupos extremistas, las armas de las bandas criminales provienen, principalmente, de Estados Unidos. La frontera-gulag, como la denomina el antropólogo Guillermo Alonso Meneses, comenzó a tomar forma con las operaciones “Blockade” y “Hold the Line” (1993), durante el gobierno de William Clinton.

En este mismo sentido, el 11 de septiembre de 2001 fue justificación y detonante del aparato de vigilancia que hoy se ciñe sobre la frontera. Los migrantes indocumentados que la han cruzado narran que, antes de los ataques a las Torres Gemelas, era mayor la probabilidad de llegar a su destino. Hoy en día es una travesía en la que se juegan la vida. ¿Qué relación tienen estos migrantes con el terrorismo del que pretende protegerse Estados Unidos? En el discurso de la seguridad, las amenazas externas y la defensa del territorio, un migrantes indocumentado se mete en el mismo saco que un terrorista. Ambos representan riesgos potenciales. El discurso tampoco establece diferencia respecto a un narcotraficante sin escrúpulos. Cuando Trump calificaba a los mexicanos de criminales y violadores, no hizo sino externar lo que sus gobernantes han materializado en la frontera: una barrera infranqueable para el grueso de la población mexicana. Todos somos criminales en potencia.

La caída de las Torres Gemelas desató el miedo y la ira contra los musulmanes y se acompañó de discursos que rechazan a otros grupos sociales. El discurso antiinmigrante, particularmente, contra la “invasión” de mexicanos y centroamericanos, se incorporó a los argumentos para incrementar la vigilancia. Según Alonso Meneses, en 2000 existían 9,212 agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, mientras que en 2011 ya eran 21,444. A partir de 2009, cuando inició la administración de Obama, las medidas antiinmigrantes se reflejaron en un marcado descenso de las deportaciones y detenciones de mexicanos. ¿Quién se atrevería ahora a cruzar la frontera?

A partir del 11 de septiembre, la migración se convirtió en un asunto de seguridad nacional, lo que se tradujo en un impresionante despliegue de recursos financieros y humanos. La frontera-gulag se erigió con sus vallas, alambrado, patrullas, cámaras, drones y toda clase de tecnologías de vigilancia que, aparte de contribuir a la detención de migrantes, ha propiciado que pierdan la vida y sean víctimas de bandas criminales. Una gran crisis de derechos humanos. Sin importar quién esté gobernando Estados Unidos, la política es la misma.

En años recientes, la estrategia contra la migración se ha desplazado hasta los límites entre México y Guatemala. Las imágenes recientes de agentes mexicanos cazando a centroamericanos y haitianos, dejan clara la participación de nuestro gobierno en el endurecimiento de la frontera. Toda esta locura de perseguir migrantes indocumentados se ha normalizado hasta perder la raíz del problema. Habiendo fincado su estrategia continental en la inestabilidad política y económica de los países del Sur, Estados Unidos erigió una valla para aislarse de problemas que él mismo ha fomentado. El miedo que sienten no es únicamente a terroristas que pudieran alterar su vida apacible, sino al mundo que está ahí afuera, devastado por la pobreza, las bandas criminales y la guerra, y del que ha sido no sólo partícipe, sino gestor y gendarme.

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