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El pasado nos alcanzó

Mireles: misoginia y servicio público

Ricardo Maldonado Arroyo-

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José Manuel Mireles lo volvió a hacer. Esta semana, durante la visita a un hospital de Uruapan, el subdelegado del ISSSTE en Michoacán comentó desenfadadamente que un líder sindical lo estaba presionando para que le asignara base a una “nalguita”, en referencia a su pareja sentimental. Para no dejar lugar a dudas de que estaba haciendo uso de la jerga “folklórica” de los mexicanos, remató señalando que él las llama de formas más feas. Le creo plenamente, pues en días previos hubo constancia audiovisual de que también llama “pirujas” a las mujeres. Por “pirujas” se refería a las concubinas de los derechohabientes del ISSSTE.

Son numerosas las personas que han desaprobado las declaraciones misóginas de Mireles, incluso el Senado lo exhortó a renunciar a su cargo, por lo que está clara la gravedad del asunto. Me gustaría destacar un par de razones por las que este caso merece atención. La primera, es la disculpa implícita del presidente de la República al proceder de Mireles, a cuya buena voluntad apela para ofrecer una disculpa y adquirir el compromiso de educarse, pues es importante que “todos nos perdonemos y que todos estemos dispuestos a rectificar”. Además, si reincide, “ya sería otra cosa”.

El equívoco es pensar que las palabras “nalguita” y “piruja”, en boca de un servidor público de alto rango, son una simple ofensa o una anécdota incómoda. En realidad, son muestra de la impunidad que reina en los distintos órdenes gobierno cuando se incurre en expresiones y actos misóginos. La Ley general de responsabilidades administrativas, incluye entre las directrices del servicio público promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, dado que la misma Constitución Política es garante de la igualdad, la no discriminación y está redactada con base en los mencionados derechos. Además, el Código de ética de los servidores públicos del gobierno federal, menciona entre sus principios los de igualdad y no discriminación, así como la equidad de género; y la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, hace mención particular de la violencia institucional.

Con estos y otros fundamentos, la Secretaría de la Función Pública ya inició una investigación a Mireles. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de las Mujeres igual se han pronunciado al respecto. Pero no basta con investigar, la ciudadanía está en espera de una sanción. Recientemente, en Yucatán y Quintana Roo se despidió a dos servidores públicos que hicieron declaraciones de odio contra las mujeres, en el contexto de las protestas en el Ángel de la Independencia. ¿Cuál será el destino del subdelegado de ISSSTE?

La segunda razón que deseo destacar es la disculpa pública del propio Mireles: “Siempre he tenido un gran respeto por la mujer, no nada más porque yo salí de una mujer sino porque la mujer es la fuerza de nuestras vidas, la mujer es la alegría de nuestra nación, y también porque fue una mujer la que nos enseñó nuestros primeros pasos, fue una mujer la que nos enseñó nuestras primeras palabras, también fue una mujer la que nos dio amor, fue una mujer la que nos enseñó a amar y, en pocas palabras, fue una mujer la que nos hizo hombres”.

Al exponer los motivos por los que las mujeres merecen respeto, lo hace por las razones equivocadas. Mireles sintetiza los principios generales con los que el machismo ha definido a las mujeres. Estas son dignas de respeto porque son madres, porque crían, por sus virtudes femeninas, como la alegría y el amor, no por su calidad de personas y ciudadanas. El machismo tiene un esquema perverso para dividir a las mujeres que merecen respeto de las que no (¿pirujas?). Esta disculpa pública solo reafirma la desastrosa exhibición de ignorancia acerca de la perspectiva de género y unas cuantas dosis de soberbia pues, mínimo, el señor debió aceptar que alguien le pasara el dictado para no caer nuevamente en declaraciones misóginas.

Si siguiéramos el proyecto de buenas intenciones del presidente de México, tendríamos que preguntarnos ¿cuántas expresiones misóginas se necesitan para recibir una sanción?, ¿cuántas y cuáles ameritan la renuncia de quien ocupa un alto cargo público?, ¿cuántas capacitaciones se necesitan para erradicar la misoginia de las instituciones que deberían prevenirla?, ¿qué es lo que no vemos fuera de las cámaras?, ¿cuántos “mireles” hay por ahí usando sus cargos para decirle “pirujas” a las mujeres, mientras el personal tiene que aplaudir?, ¿qué tanto es tantito? La respuesta nos la dará el gobierno federal en los próximos días, con las medidas que aplique para corregir esta situación.

El pasado nos alcanzó

La irresponsabilidad mata

Ricardo Maldonado Arroyo-

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La frase que sirve de título al presente texto es lema de una campaña del Gobierno del Estado de Yucatán relacionada con el Covid-19. Apareció en espectaculares de varios puntos de la ciudad, acompañada de imágenes de personas hospitalizadas con mensajes como “¿ya no aguantabas el encierro?”, “¿tantas ganas tenías de ir a la playa?”, “¿disfrutaste esa fiesta con amigos?”. En un principio consideré desafortunado que gastaran nuestros impuestos en una estrategia de comunicación cuyo objetivo es echar más leña al fuego en una sociedad polarizada, temerosa y en duelo, y que tampoco proporciona información valiosa para prevenir el Covid-19.

Sin embargo, tras reflexionar con detenimiento, me inclino a pensar que quizá el lema describe muy bien las decisiones tomadas por el Gobierno del Estado en los últimos meses de confinamiento. Esta es mi lectura:

La irresponsabilidad mata porque ciega ante las condicionantes socioeconómicas que impiden protegerse de los contagios. Para diseñar estrategias contra la pandemia, no bastaba con reunir a secretarias y secretarios de gobierno, encumbrados líderes de cámaras empresariales o la crema y nata de la política local. Era necesario que aquellas reflejaran la voz de obreros, amas de casa, pequeños comerciantes, albañiles, carniceros, trabajadoras domésticas, secretarias, entre otros miembros de una clase trabajadora cuya realidad es sensiblemente diferente a la de quienes están tomando decisiones. Hay consecuencias prácticas de tales decisiones que cualquier usuario(a) de transporte público con jornada completa de trabajo pudo prever. Es ahora, no sólo durante las campañas políticas, que es preciso recoger sus inquietudes.

La irresponsabilidad mata porque antepone intereses empresariales y políticos a la salud de la clase trabajadora. La insistencia en reportar disponibilidad en hospitales donde el personal de salud llevaba semanas clamando auxilio, sacó a flote los intereses que prevalecen en Palacio. El Gobierno del Estado montó un teatro mediático para anunciar la habilitación del Centro de Convenciones Siglo XXI como hospital temporal, pero omitiendo que no contaba con personal de salud. ¿De qué sirven las camillas y los ventiladores sin profesionales que atiendan? La escenografía se cayó con las contradicciones entre los semáforos del gobierno federal y local, hasta que el Gobernador admitió que los hospitales estaban saturados. En medio de la polémica, grandes empresarios aprovecharon el semáforo naranja para reactivar la producción y los servicios que les generan ganancias, sin garantizar condiciones óptimas para los trabajadores.

La irresponsabilidad mata cuando fomenta la perversa clasificación de personas en responsables e irresponsables, buenas y malas, conscientes e inconscientes. Esta visión reduccionista del Covid-19 ignora deliberadamente que nadie desea “matar” a sus seres queridos ni hay forma de saber la circunstancia exacta en que se dio el contagio. La sociedad yucateca está herida y los próximos años seguirá llorando a sus muertos. ¿Qué pensarán los familiares de las personas fallecidas cuando vean esos espectaculares? ¿Cómo se sentirán quienes visitaron a familiares o amistades, por razones que no podemos juzgar sin conocer sus motivaciones? ¿Qué sentirá la persona que estuvo encerrada a piedra y lodo y, sin embargo, fue hospitalizada de gravedad? ¿Desea el Gobierno del Estado añadir encono y remordimiento a un proceso de enfermedad que de por sí es confuso y trágico? ¿Se le habrá olvidado su otro lema: “unidos como uno solo”?

Ni sociedad civil ni gobierno causaron esta pandemia; además, nuestra respuesta es un complejo entramado de acciones individuales y colectivas. Por tanto, al Gobierno del Estado no le corresponde erigirse en juez de las primeras, sino en líder de las segundas. Es honesto admitir que ha tomado decisiones sensatas, como suspender clases o entregar despensas y apoyos económicos a personas desempleadas, pero se opacan con su displicencia ante las condiciones en que vive la mayor parte de la sociedad yucateca que, definitivamente, no se encuentra en playas ni fiestas con amigos. Estoy de acuerdo, sembrar discordia en medio de una crisis sanitaria global es irresponsable.

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La antigua desigualdad

Ricardo Maldonado Arroyo-

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– ¿Qué sucederá ahora? -, me preguntó un amigo, mientras charlábamos respecto a la “nueva normalidad” y las luces del semáforo que nos tiene en vilo. Él es obrero y teme perder su trabajo, de por sí mal remunerado, pero, a la vez, es consciente del riesgo de enfermar de Covid-19. Mi incapacidad para ofrecer una respuesta mínimamente estructurada, me obligó a reflexionar cuál es la posición de cada persona ante un panorama donde la esfera de la salud y la económica entran en una relación excluyente. Desarrollar las actividades económicas implica exponer la salud y viceversa.

La “nueva normalidad” se basa en al menos tres principios repetidos hasta el cansancio: evitar el contacto físico con otras personas, reducir la movilidad y maximizar la higiene. La solución parece sencilla, hasta que se inserta en la realidad social. Recientemente se dio a conocer el estudio de Héctor Hernández Bringas, de la UNAM, denominado “Mortalidad por Covid-19: notas preliminares para un perfil sociodemográfico”, en el que destaca que el 71.2% de las personas fallecidas tenía apenas educación básica, arriba del 60% desempeñaba trabajos manuales, del sector informal o no remunerados y el 51.6% fue atendido en hospitales de la Secretaría de Salud. Los datos arrojan un perfil de mayor vulnerabilidad en los estratos socioeconómicos de menores ingresos. Pero es importante no caer en la falacia estigmatizante de que esto es causa de ignorancia, irresponsabilidad o hábitos poco saludables.

En primer lugar, es necesario reconocer que no hay personas quietas en casa sin contacto con el exterior. Hay quienes están más tiempo en casa, pero no es posible proveerse de todos los insumos y servicios necesarios para sobrevivir sin personas en el exterior. De qué lado están unos y otros, es el primer síntoma de desigualdad. Además, es frecuente que quienes trabajan fuera de casa tengan contacto con muchas personas. ¿Cómo exigirles sana distancia a cajeros(as) de supermercado, repartidores de comida, taxistas o trabajadoras de maquila?

En segundo lugar, reducir la movilidad también tiene efectos dispares según las condiciones socioeconómicas. No es lo mismo acudir en vehículo propio a una oficina donde una, dos o tres personas ocupan la misma pieza, que abordar cuatro autobuses para llegar a una nave donde laboran 30 obreros. Las personas con mayor ingreso podrían recorrer 300 km. durante la semana, visitar su casa en la playa, incluso tener reuniones virtuales con decenas de personas y su riesgo de contagio sería menor que el del trabajador que tiene que utilizar el anquilosado e ineficiente sistema de transporte urbano. El problema no es sólo la cantidad de gente moviéndose sino qué condiciones tienen para hacerlo.

En tercer lugar, pensar en higiene es fácil frente a la computadora. Pero ¿de qué manera se protegen recolectores de basura, albañiles, operadores de transporte, trabajadores de limpieza y cargadores? Pensaba estas líneas mientras observaba a una docena de trabajadores de mantenimiento de parques y jardines abordar la caja de una camioneta de redilas, usando playeras a modo de cubrebocas. Si profundizamos en los factores estructurales de la desigualdad, la brecha se abre aún más: ¿cómo pedir higiene a quienes carecen de agua potable, electricidad y una vivienda digna?, ¿con qué autoridad se demanda a las personas que habitan minúsculas viviendas de interés social que permanezcan en ellas, mientras las personas que las aprobaron y se las vendieron habitan otras de mil metros cuadrados?, ¿cómo exigirles que cuiden su alimentación a trabajadores que salen de casa y lo que tienen a mano es un refresco de cola y una torta de asado?

Ciertamente la “nueva normalidad” no generó esta desigualdad, pero pretende funcionar teniéndola como base. Si se sigue pensando que los contagios de Sars-Cov2 se dan únicamente por decisiones individuales, como sociedad caeremos en la tentación del linchar sujetos aislados. Hace años que se descubrió que muchas enfermedades gastrointestinales se previenen procurando que las personas cuenten con agua potable para lavarse las manos, limpiar los alimentos y hervirla para su consumo. Y, sin embargo, años después, el 10% de la población mexicana no tienen acceso al agua potable. Cambiar el panorama para frenar el Covid-19 es aún más complejo, porque implica combatir la desigualdad en casi todos sus aspectos. Nuestros hospitales no están llenos de gente irresponsable, sino del fruto de una antigua desigualdad que está cobrando factura.

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Diplomacia de frontera

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Merecedor de elogios, atinado, conciliador, así fue el mensaje del presidente de México en Washington el pasado 8 de julio. Se ha destacado su entereza, la forma en que rescató la dignidad nacional, inclusive, la inusual soltura de sus palabras que contrasta con las soporíferas homilías matutinas. De principio, me permitiré coincidir con esas apreciaciones y aplaudirle. “Ciertamente en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia”- señaló López Obrador. Su interlocutor, Donald Trump, correspondió con una sonrisa.

El encuentro bilateral ofrece abundante material de análisis. Hay quienes hacen énfasis en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), otros, en los intereses electorales de Trump, pero yo me centraré en la relación fronteriza entre ambos países. Está ampliamente documentado que la globalización y el capitalismo han acelerado el intercambio comercial. López Obrador habló de “integración económica” y mejoras en el “funcionamiento de las cadenas productivas” de América del Norte, de una “política de cooperación para el desarrollo”. El T-MEC es una extensión de la dinámica comercial que ya conocíamos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ajustada a los intereses de Trump.

Sin embargo, el problema no son los bienes que cruzan la frontera, sino las personas. Las políticas de “integración” facilitan el paso de una pantalla plana, pero impiden el de migrantes, si es necesario, a costa de su vida. No es sorpresa que Trump desee lavarse las manos después de acusar a migrantes mexicanos de llevar “drogas”, “crimen” a Estados Unidos, de calificarlos de “violadores”, durante su campaña de 2015. Pero sería injusto reprochar que el mandatario mexicano se someta al juego del vecino del norte. Todos han tenido que hacerlo, ser confrontativo equivaldría a ponerse con Sansón a las patadas, como reza sabio refrán.

López Obrador no calló, hay que admitirlo. Su descripción de los migrantes mexicanos es una respuesta velada ante pasadas ofensas: “Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación”. Tal vez hasta la excesiva demostración de cortesía a Trump, que ha causado perplejidad, podría interpretarse como una bofetada con guante blanco: “Durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona o, lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto”.

Pero después de aplaudir el impecable mensaje presidencial, cabe preguntarse si la forma en que Estados Unidos demuestra comprensión y respeto a México, es deportando a 57,475 connacionales entre enero y marzo de 2020, según reporte del Instituto Nacional de Migración (INM), en el que también admite que se trata de una cifra superior a los 49,490 mexicanos deportados en el mismo periodo durante 2019. O que, apenas dos días después de recibir al mandatario mexicano, Trump asegurara que Estados Unidos estaría “inundado” de Covid-19 si no fuera por el muro que los divide de México.

Si miramos al Sur el panorama no mejora. En 2019 el INM deportó 133,174 migrantes centroamericanos, quienes siguen sufriendo abusos, secuestros y toda clase de violencias. El doble discurso del Estado mexicano le permite adquirir compromisos internacionales en materia migratoria, pero ser omiso en la práctica. En junio de 2019, en medio de un conflicto arancelario con Estados Unidos, México se comprometió a desplegar seis mil elementos de la Guardia Nacional para vigilar la frontera sur, lo que derivó en enero de 2020 en polémicos operativos exhibidos en medios de comunicación. Actualmente, a la crisis migratoria se añadió el temor de la diseminación del Sars-Cov2 debido a que no se han detenido los cruces de centroamericanos. En este sentido, ahora se percibe al Estado mexicano como franco colaborador de la política antiinmigrante.

Luego entonces, el dilema es quedarse con la histórica imagen de las declaraciones conjuntas en el Rose Garden y el Cross Hall, las frases bien intencionadas y hasta los pormenores del menú de la cena de gala, o con la realidad brutal de las fronteras que se edulcora con eufemismos como “integración económica”, tratados que reafirman que el lugar de los migrantes mexicanos y centroamericanos en las “cadenas productivas” seguirá siendo el del trabajo infravalorado al margen de las leyes.

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