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Editorial

Las comunidades frente a los retos del VIH/Sida

Luis Adrian Quiroz Castillo

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Agradezco a los organizadores de la conferencia IAS 2019 la oportunidad de estar esta tarde aquí, aprovecho para saludar calurosamente y dar la bienvenida a quienes participarán en ella. Los días que siguen seguramente serán de trabajo intenso y fructífero; nos permitirán conocer los avances científicos que, como ha pasado en los últimos 30 años, contribuirán de manera fundamental en el avance para la erradicación de la pandemia del VIH en un futuro no lejano.

Ese avance también ha tenido sustento en la voluntad y en las acciones políticas, así como en la participación de las comunidades, especialmente la conformada por quienes vivimos con VIH. Lo anterior pudo constatarse el año pasado en el marco de la Conferencia Internacional de Sida, celebrada en Amsterdam, cuando se logró garantizar el acceso a medicamentos innovadores para inicio de tratamiento, reduciendo la brecha de acceso a la salud que excluía a amplias regiones del planeta, particularmente en África Subsahariana.

Hoy en día, vivir con VIH y tener una vida común, es posible cuando en nuestros países se establecen políticas adecuadas de acceso a tratamiento. Por otra parte, las noticias sobre la inclusión de PrEP como una política pública en distintos países y sobre varios ensayos de posibles vacunas, entre otros temas, nos hablan de un avance en el control del VIH en el mundo y alientan nuestros esfuerzos.

Actualmente, Naciones Unidas ha establecido varias medidas de evaluación en el control de esta pandemia. Uno de los que tienen mayor consenso es el 90 90 90, en el que se pretende que el 90% de las personas conozcan su estatus, el 90% de estas estén en tratamiento y el 90% de ellas estén en control virológico.  Pero, desde la experiencia de quienes vivimos con VIH y conocemos lo que ocurre en nuestro cuerpo y las limitaciones en los servicios de salud, hacemos un llamado para reconceptualizar el tercer 90. Además de la supresión viral, se requiere incluir la atención de comorbilidades y efectos adversos asociadas a la ingesta prolongada de medicamentos (más de 30 años que hoy nos cobran factura), y de las coinfecciones: sífilis, TB y VHC, entre otras.

Esa reconceptualización requiere del esfuerzo redoblado de los activistas; para nosotros el llamado es a no bajar la guardia e intensificar nuestra participación en la creación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas desde las personas que vivimos con VIH, y así honrar el cumplimiento del Principio Mipa (GIPA).

En ese escenario, son causa de profunda preocupación las políticas de retroceso que se han gestado en años recientes en América Latina. Algunos gobiernos de la región, además de mostrar escaso interés en el tema, han generado cambios en sus políticas que debilitan los programas nacionales para el control del VIH y el Sida, incrementan el estigma y la discriminación, y menoscaban el trabajo de la sociedad civil; entre otros efectos de esos cambios puede señalarse el desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales. Argentina, Brasil e incluso México nos ofrecen ejemplos. Peor es la situación en países como Venezuela y Nicaragua, las muertes que ahí se están produciendo por un total abandono de las políticas de control del VIH y la violación a los derechos humanos son una afrenta para todos, no podemos seguir en complicidad al guardar silencio.

No puedo dejar de hablar del caso mexicano, en el que compartimos el compromiso del combate a la corrupción emprendido por el nuevo gobierno federal; pero, en el que la mejora de los servicios de salud, debe acompañarse urgentemente de acciones para proveer de atención y tratamiento de comorbilidades y coinfecciones para las personas con VIH que reciben servicios del llamado Seguro Popular. No hacerlo implica mantener una condición de discriminación para estas personas, insisto, debemos reconceptualizar el tercer 90.

Las organizaciones de la sociedad civil mexicanas extendemos la mano al gobierno de México para reemprender el trabajo conjunto, mismo que se interrumpió hace seis meses y que ha significado seis meses sin acciones de prevención, ni diagnóstico comunitario. Hago un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que construyamos una política modelo de VIH para México en conjunto con todas las poblaciones: mujeres, hombres, adolescentes, mujeres y hombres trans, personas usuarias de drogas inyectables, personas privadas de la libertad, niñas y niños que vivimos con VIH y/o están afectados por esta epidemia.

Esa es la única vía posible, el trabajo conjunto entre gobierno y comunidades, para que México, América Latina, el conjunto de las naciones podamos responder efectiva y éticamente al desafío histórico de contener la epidemia.

Mensaje en nombre de las comunidades afectadas por el VIH/Sida, leído durante la inauguración de la X Conferencia de International Aids Society (IAS) sobre Ciencia y VIH (IAS 2019). Ciudad de México, 21 de julio de 2019.

Editorial

Elecciones internas en MORENA: desgastante camino de volver al mismo sitio

Inti Torres Villegas

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Después de varias semanas de incertidumbre, el Instituto Nacional Electoral (INE) redefinió nuevamente el mecanismo para la renovación dirigencial de Morena, alcanzando lo que parece ser-ahora si-su versión definitiva. Este proceso ha resultado tan agotador como rocambolesco y se ha dilatado por más de dos años, producto de distintas pugnas al interior del partido. La contienda, desarrollada a través de una serie de encuestas, permitirá definir a quienes ocuparan la presidencia y la secretaria general del partido respectivamente. Cabe destacar, como detalle anecdótico, que son al menos 120 personas quienes se han interesado o inscrito para participar en la elección.

A pesar de esto, son apenas un puñado los nombres que parecieran tener posibilidad de ocupar los cargos en disputa. Para la presidencia suenan: Mario Delgado, Gibran Ramírez y Porfirio Muñoz Ledo. Mientras que, para la secretaria general: Antonio Attolini, Citlalli Hernández y Yeidckol Polevnsky. Todas y todos coincidentes en la urgencia de dinamizar y fortalecer las bases de un partido al que califican-atinadamente-como caótico. Todas y todos, enfrentados (radicalmente) en la visión del cómo hacerlo.

Quizá con excepción de Muñoz Ledo-quien se asume al mismo nivel histórico del presidente-las y los aspirantes se han envuelto narrativamente en la defensa del Obradorismo, como han definido en su conjunto a la serie de principios discursivos que acompañaron durante tres campañas presidenciales al ahora titular del ejecutivo. Lo anterior, se explica en la intención de dejarse arrastrar por la popularidad de la que aún goza el presidente entre su núcleo de votantes. El problema es que en el largo plazo, las palabras no pueden sostenerse exclusivamente en su simbolismo, requiriendo de propuestas coherentes de concreción. En ese sentido, el Obradorismo, no tiene en sí todos los elementos de una corriente política y por momentos pareciera más una estrategia politiquera plagada de slogans y lugares comunes. Planteamientos como “primero los pobres”, “que el pueblo decida” y “hay que desterrar la corrupción”, han palidecido progresivamente convertidas ya en premisas de la administración del estado, no sólo por la natural complejidad que la tarea de su cumplimiento implica, sino también porque nunca existió una estrategia clara que los sostuviera, dando paso a las sistemáticas y pragmáticas decisiones políticas de centralizar el poder y las atribuciones del mismo. Más o menos lo que pasaba en Morena cuando López Obrador lo dirigía.

Poco contribuye a la democracia en el país que quienes aspiran a ocupar un puesto directivo en el partido que ostenta el poder, se plieguen de forma ortodoxa a los dichos y-peor aún-a las acciones del presidente, sin el menor ápice de crítica. Particularmente, cuando estas han contradicho algunas de sus propuestas de campaña, lo que ha significado en lo práctico la mantención de posiciones cuestionables en el ejercicio de la autoridad. Mas que un partido de voces e ideas verdaderamente renovadoras, MORENA parece estar destinado a convertirse en un santuario monosemico de culto político para López Obrador. Al menos, mientras este sea sinónimo de redito electoral.

Si bien, es imposible negar la trascendencia que el jefe del ejecutivo ha tenido en la historia política del país, resulta un error de cálculo atribuirle la entera responsabilidad de la aplastante victoria electoral de 2018 y en las cifras de aprobación que aún mantiene. Estas, se sostienen más en el hartazgo que las y los ciudadanos tenían y tienen por las elites políticas y los partidos que hasta hace unos años ocupaban el poder. El triunfo de López Obrador no se posibilito por lo que propuso, sino gracias a lo se oponía. Quienes aspiran a dirigir MORENA, deberían asumir que el partido, en todo caso, le pertenece más a las y los ciudadanos inconformes que al propio presidente y que, en estricta coherencia, el mismo tendría que darle cabida a las autenticas inconformidades que el titular del ejecutivo ha ido sembrando a su paso. Nadie de las y los que hoy aspiran a cargos al interior del partido parece representarlas.

Por otro lado, es importante señalar que el éxito del voto duro de MORENA no es -tal y como se presume- el resultado exclusivo de un trabajo territorial sistemático, sino de haber heredado nichos y estructuras de votación clientelar principalmente del PRD y del PRI, con todo y sus cuestionables estructuras operativas. Lo anterior, evidencia que por sí mismos no son suficientes los fundamentos valóricos, ideológicos y políticos del que se dice ser un partido de izquierda, cuando en la práctica, electoral y de administración pública, se mantienen los vicios de la clase política en México. MORENA, hay que decirlo, se queda corto como la alternativa aglutinadora de la verdadera izquierda en el país, en parte porque opera (admitámoslo) bajo la lógica del sistema vertical y autoritario que dice estar cambiando.

El partido en el poder, contrario a una de sus premisas fundamentales, hoy pareciera existir únicamente para ejercer el poder mismo.

Quizá -cada uno a su muy particular estilo y desde su muy distinta posición- han sido Gibran Ramírez y Muñoz Ledo, quienes se han permitido ser críticos del presidente y sus decisiones. El primero, a lo mejor con más timidez, aprovechando su rol como intelectual mediático y el segundo, envalentonado por la fama (un tanto fundamentada) de ser el político en activo con mayor experiencia en el país. Ambos -por cierto- enfrentados en una guerra irreconciliable de descalificaciones. Según las encuestas preliminares, ninguno de ellos encabeza las preferencias para ser el próximo presidente de MORENA. Es el diputado Mario Delgado quien hasta ahora se perfila como el futuro titular de ese cargo.

Esto, pareciera ser una buena noticia para López Obrador, quien valora y aprovecha las lealtades incondicionales y acríticas, mucho más que a las figuras divergentes que pudieran hacerle frente al interior de su propio movimiento. No obstante, el titular del ejecutivo quizá tenga sobrecalentada la calculadora política, evaluando las consecuencias de una eventual ruptura con una figura del (cuestionable) peso político de Muñoz Ledo, si este llegase a perder la presidencia.

Mientas tanto, tomando en cuenta que seguramente la presidencia la ocupara un hombre y considerando los lineamientos de paridad de genero que obligan a que un hombre y una mujer ocupen simultáneamente los cargos de la presidencia y secretaria general del partido, Citlalli Hernández, que va en formula de facto con Muñoz Ledo, ocuparía este último. Este panorama, plantea a una presidencia y a una secretaria general no del todo armonizadas entre sí. Básicamente, lo que ocurre ahora mismo.

A reserva de los resultados, lo único de lo que los morenistas pueden tener certeza es que el resultado de esta elección poco abonara a la unidad y organización del partido, ni tampoco lo dotara de pluralidad y de verdadera representación popular. Lo mas seguro, termine exacerbando una lucha intestina que poco tiene que ver con esa entelequia a la que llaman Obradorismo, y si mucho con el ejercicio del poder.

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El pasado nos alcanzó

Torta de lechón con refresco de cola

Ricardo Maldonado Arroyo-

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El nuevo etiquetado a alimentos y bebidas no alcohólicas entrará en vigor el 1 de octubre próximo, derivado de la reforma a la NOM-051. Sin embargo, algunas empresas se han anticipado y ya colocaron etiquetas en sus productos que indican exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Al margen de que existen razones de peso para aplicar esta medida, es importante reflexionar por qué a la población mexicana y, particularmente, a la yucateca, nos representa un reto mayúsculo modificar nuestros hábitos alimenticios.

Desde el punto de vista nutricional, es impostergable la necesidad de orientar el cambio hacia el consumo de alimentos sanos. Esto no es novedad. El grueso de la población sabe que la ingesta de frutas, verduras, granos y carne, en las debidas proporciones, contribuye a mantener el cuerpo funcionando óptimamente. Niñas y niños aprenden en las escuelas públicas el “plato del buen comer”. También hay bastante claridad acerca de cuál es la llamada “comida chatarra”. Por si fuera poco, también, hay conciencia de que la nutrición debe complementarse con ejercicio.

¿Entonces qué hace falta para que ese conocimiento se traduzca en hábitos? El Subsecretario Hugo López-Gatell expuso con claridad, el pasado mes de julio, las razones económicas detrás de los elevados índices de sobrepeso y obesidad en el país. La falta de regulación del mercado favoreció el posicionamiento de productos industrializados y ultraprocesados en todos los rincones de México, en detrimento de los productos que sí aportan valor nutricional, muchos de ellos provenientes de un campo abandonado por el modelo económico. Para ejemplificarlo: es más fácil conseguir un refresco azucarado, o botanas con exceso de sodio, que un elote hervido o una bebida de fruta no industrializada.

El escritor David Kamp relata que, a principios de siglo XX, grandes empresas de alimentos emprendieron campañas en Estados Unidos resaltando las supuestas propiedades nutricionales de sus productos. Pese a que pronto las desenmascararon, la producción masiva y estandarizada de alimentos triunfó porque ofrecía formas prácticas de satisfacer la necesidad cotidiana de comer. La batalla entre salud y comida industrializada es añeja. Ahora bien, deseo añadir a las razones económicas, las culturales. Cabe preguntarnos si los hábitos de consumo que hoy nos afectan son resultado tanto de una lógica de mercado como de su incorporación a la vida cotidiana, como elementos simbólicos que se han vuelto imprescindibles en nuestras relaciones sociales. Preguntar en qué medida nuestro gusto está condicionado por la llamada “comida chatarra”.

A la practicidad de los cereales de caja o el pan blanco rebanado y empaquetado, se le han agregado atributos y significados asociados con el gusto. ¿Qué cosa suena más refrescante en un día de intenso calor que un conocido refresco de cola bien frío y, de ser posible, en botella de vidrio? ¿Cuántas veces se le ha visto como el acompañante perfecto de una torta de lechón? ¿Quién no ha departido con familiares y amistades en torno a una mesa con botanas y galletas industrializadas, eligiendo la de su mayor agrado? ¿O quién no ha refrigerado uno de los “pastelitos” que venden en las tiendas porque a baja temperatura saben mejor? ¿Qué sería del sandwichón sin todos los ingredientes industrializados que lo componen?

Consumir estos productos trasciende el mero acto mecánico de ingesta, los sitúa en contextos culturales donde socializamos su sabor hasta el grado de normalizarlo y exaltarlo. A veces, llegan a despertar nostalgia, como el recuerdo de infancia viendo televisión con un plato de cereal o las golosinas que las personas consumían en la escuela. Por tanto, es importante regular su venta, empezando por el etiquetado, pero deben considerarse otras medidas, cuyo impacto se verá a mediano plazo.

Aunque tenga exceso de sodio o azúcar, lo seguiré comiendo-, alegarán algunas personas. Antes de entrar a una polémica sin fin, hay que comprender que esta decisión, aparentemente individual, no es el acto de resistencia de un consumidor, está enmarcado en un entorno que obliga a pensar, sí, en un cambio en el mercado, pero también en uno cultural.

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Editorial

Ayotzinapa a seis años, atisbos de una verdad aterradora

Mario Alejandro Valdez

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A seis años de aquella noche inaudita del 26 de septiembre de 2014, cuando más de cien estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y otros tantos ciudadanos de Iguala fueron atacados por fuerzas de seguridad del Estado mexicano, parece que por fin empezamos a ver algo de luz. De acuerdo con las últimas informaciones conocidas, el presidente se ha reservado las principales primicias para presentarlas en Informe a la Nación el último sábado, cuando se cumpla un aniversario más de los ataques, pero algo se ha filtrado ya, confirmando en términos generales lo que anteriormente se había dado a conocer por los representantes de los padres de familia, por el grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por algunos periodistas independientes.

Hoy sabemos que aquella fatídica noche del 26 de septiembre, los estudiantes de Ayotzinapa, que buscaban obtener transportes para trasladarse a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre, entraron inadvertidamente en el corazón de uno de los negocios más peligrosos y lucrativos que existen: el tráfico de heroína hacia Los Estados Unidos. En aquel septiembre de 2014, Iguala era la principal ciudad de embarque del enervante, que era enviado en autobuses de pasaje a diversas ciudades norteamericanas para su distribución y venta. El redituable negocio, que se estima deja ganancias por unos 30 mil millones de dólares anuales-el escándalo provocado por el ataque y desaparición de los normalistas ha motivado ajustes, pero sigue realizándose con gran éxito-involucraba en aquel tiempo a gente del entorno cercano del entonces presidente Enrique Peña Nieto. La toma de uno o tal vez dos autobuses con droga por parte de los estudiantes es lo que habría detonado el ataque a los estudiantes, en una de las operaciones más aparatosas y sangrientas que se hayan realizado nunca en una ciudad mexicana.

Las cosas se complicaron tanto, que los jefes ordenaron no sólo la recuperación de los autobuses a cualquier costo, sino la desaparición de toda la evidencia. Una vez logrado este objetivo, la PGR se dio a la tarea de construir “la verdad histórica”: una increíble fábula en la que un pequeño y mal armado grupo de policías municipales, dirigido por un caciquito de ínfima categoría, detuvo y entregó a los 43 a otro pequeño grupo de delincuentes, también mal armados, que a su vez los desaparecieron incinerándolos con unas cuantas llantas y unos pocos litros de gasolina, tarea para la cual comisionaron a un trio de harapientos. La evidencia estelar para probar el cuento fue un hueso, en perfecto estado de conservación, efectivamente de uno de los muchachos de Ayotzinapa. Por supuesto, “la verdad histórica” fue rechazada por los padres de familia y por todas las personas y medios serios de nuestro país. Pocos meses después, incluso la propia PGR reconoció que en su mayoría eran embustes, aunque los atribuyó a confesiones equívocas que, ahora se sabe, fueron arrancadas por medio de tortura a personas sin la menor relación con los hechos. A partir de la develación de estas maquinaciones, de las que aún queda muchísimo por conocer, ya se han producido varias detenciones y está por iniciarse el trámite de extradición de Tomás Zerón, quien como Director de la Agencia de Investigación Criminal lideró esta parte del criminal operativo.

Colapsada “la verdad histórica”, van cobrando auge ciertas hipótesis de enorme gravedad. La participación en los hechos, señalada por las investigaciones independientes PERO SIEMPRE NEGADA OFICIALMENTE, del Ejército y la Policía Federal, va tomando forma con creciente fuerza. Al caso, los representantes de los padres han comentado que el presidente les adelantó que se han retomado dichas líneas de investigación. Está claro ya, más allá de toda duda razonable, que tanto el Ejército como la Policía Federal estuvieron al tanto, segundo a segundo, de lo que ocurrió en Iguala durante aquella terrible noche. Pero ¿se limitaron a “mirar morir”, como plantea el valiente documental de Témoris Grecko? ¿O tuvieron las fuerzas federales una actuación más protagónica, como han señalado otras investigaciones? Cabe recordar, a este respecto, que la importancia de Iguala en el tráfico de heroína era en aquel momento de alcances nacionales, que funcionarios muy cercanos a Peña Nieto fueron informados y-se afirma-dirigieron las operaciones desde la Ciudad de México, y que la actuación del Ejército Federal en Guerrero ha sido señalada, desde hace más de 50 años, como responsable de multitud de violaciones a los derechos humanos. Con “la verdad histórica” demolida, nos queda una verdad que, aunque sospechada, no deja de ser aterradora: Fue el Estado, a través de sus cuerpos de mayor poder, los responsables de esta terrible tragedia, como seguramente de muchas otras más. ¿Tendrá AMLO el poder y la voluntad política de llevar su compromiso de justicia hasta las últimas instancias? El próximo sábado 26 lo comenzaremos a saber. 

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