El
anhelo de verdad y justicia tras décadas de corrupción, impunidad y opacidad
gubernamental, seguramente fue uno de los elementos centrales que motivaron a
casi 30 millones de personas a votar por Andrés Manuel López Obrador en julio
de 2018. No cabe duda que, en menor o mayor medida, las anteriores
administraciones federales son responsables de las múltiples crisis atravesadas
en el país. En ese sentido, la investigación del desempeño, discrecional y
administrativo, de los expresidentes es un imperativo no sólo para el
esclarecimiento, sino también para la reflexión, la justiciabilidad y la
reparación de los hechos que han lesionado a México en su historia reciente.
Bajo
esta premisa, desde el oficialismo-incluso antes de asumir la administración del
Estado-se ha buscado impulsar un mecanismo institucional para llevar a juicio a
los expresidentes, adicionándole el componente de la participación de la
ciudadanía en el proceso, a través de una consulta previa, a fin de dar
legitimidad política a las eventuales diligencias de investigación, sentencia y
condena. Esto se concretó la semana pasada cuando, después de un entreverado
proceso que involucró a parte de la ciudadanía y a los tres poderes, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró constitucional la posibilidad de
emprender procesos de esclarecimiento de las decisiones políticas del pasado
tomadas por actores políticos, tal y como versa textualmente la redacción modificada
de la pregunta que definió la SCJN para que la ciudadanía se pronuncie al
respecto durante el proceso electoral del próximo año.
La
decisión, como era de esperarse, dividió opiniones, instalando un encarnizado
pero necesario debate en el país que, si bien se plantea a partir de la
coyuntura actual, resultará fundamental para la vida nacional venidera.
¿Es
la justicia un elemento supeditable a la voluntad de popular?
Desde
una perspectiva abstracta podría concluirse que sí. La noción misma de
justicia, los marcos que la contienen y las instituciones encargadas de
procurarla, debieran ser-idealmente-producto de pactos sociales que analogen y
operativicen la complejidad y diversidad de necesidades e intereses de la vida
en colectivo. Atendiendo a este precepto, la justicia, como concepto y como práctica,
requiere, en su reformulación constante, de la participación sistemática y
efectiva de la totalidad los sectores que componen una sociedad, a fin de
garantizar el bienestar y la dignidad de todos ellos.
En
lo concreto, la disyuntiva reviste mayor complejidad, particularmente en un
contexto tan volátil como el mexicano, donde la impartición de la justicia ha
respondido históricamente a los intereses de las elites políticas y económicas,
convirtiéndose en una entelequia para la mayoría de las y los ciudadanos. La
posibilidad de invertir esta lógica, explica en gran parte el entusiasmo ante
la posibilidad de que estos participen en la decisión de investigar y
eventualmente juzgar a los actores políticos que han (mal) administrado el país
en el pasado.
Sin
embargo, sería importante tomar algunos resguardos al respecto. Inicialmente,
es necesario asumir que la ciudadanía en su conjunto no es una entidad
homogénea con necesidades compartidas, sino una diversidad inclasificable de
intereses enfrentados. De hecho, la polarización nacional de la que tanto se ha
hablado en los últimos años, es en realidad un rasgo cuasi fundacional del
país, mismo que en la práctica ha funcionado más como escenario de batallas
económicas, sociales y culturales, que como espacio de consenso. La impartición
de justicia no ha sido, ni será la excepción en este aspecto, por lo que el
planteamiento de poner su ejercicio en disputa a través de ejercicios de
consulta en donde las mayorías decidan sobre ella, pondría a las minorías en el
riesgoso escenario de la impunidad, experiencial o percibida. Por poner un
ejemplo de lo anterior, puede mencionarse que, en 2009, las y los uruguayos, dentro
de una de las sociedades mas progresistas del continente, votaron
mayoritariamente por mantener vigente la Ley de Caducidad a los crímenes de
lesa humanidad cometidos por la dictadura militar en ese país, negándole a
miles de victimas la posibilidad de acceso a la justicia.
Por
otro lado, hay que tomar en cuenta las decisiones a definirse en los ejercicios
de consulta, no necesariamente se gestan estrictamente en escenarios que
ponderen los preceptos éticos, ideológicos o valóricos, sino que más bien son
influidos por coyunturas pragmáticas particulares. Muchos de estos ejercicios a
nivel mundial, se han celebrado después de la implementación de campañas de
miedo o de chantaje directo. Bastara recordar, para ilustrar lo anterior, la
maquinaria propagandística que la derecha colombiana puso en marcha en 2016 y
que termino por inclinar hacia el rechazo, la consulta sobre la firma
del acuerdo de paz con las FARC para terminar con una guerra intestina de más
de 60 años en aquel país.
Por
último, conviene recordar que los derechos no pueden ponerse a consulta, tal y
como lo establecen diversos marcos jurídicos nacionales e internacionales. La
justicia, como derecho humano inalienable, se vería vulnerada en el caso de un
eventual (y lejano) revés en la consulta del próximo año. Además, al hacerlo,
se abre la puerta para consultar sobre la legislación y el ejercicio otros
derechos que actualmente-admitámoslo- no gozan de tanta popularidad en nuestro
país, como lo son el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo
y la adopción homoparental, entre otros. El principio universal de los derechos
humanos individuales y colectivos, debe privar más ahí de las leyes actuales
-mismas que ahora avalan esta consulta- y por sobre la voluntad de las
mayorías, sea cual sea el resultado.
Hay
que reconocer que México es un país bastante rezagado en materia de participación
no representativa y que, por supuesto, se hace necesario el impulso y
fortalecimiento de mecanismos como la consulta y el plebiscito en temas
relevantes para la vida publica del país. Sin embargo, por un principio mínimo
de dignidad hacia la ciudadanía, estos ejercicios requieren de claridad en sus
estructuras jurídicas, y atenerse a los principios rectores internacionales en
la materia. En otras palabras, no repetir los adefesios jurídicos que
implicaron las consultas sobre la cancelación del NAIM y sobre la construcción
del tren maya, respectivamente.
Es
imposible negar que las mexicanas y los mexicanos merecen justicia, y que los
responsables de las múltiples calamidades que atravesó y atraviesa el país
deben enfrentarla. Tampoco hay lugar a duda que la ciudadanía debe participar
activamente de este proceso, considerando que, en última instancia, es la parte
agraviada. Además de los elementos judiciales con los que cuenta el estado para
investigar y juzgar a las y los funcionarios del pasado, no sería descabellado
pensar en el establecimiento de comisiones multisectoriales de la verdad para
esclarecer y castigar su actuar.
La
validación y la realización de la consulta para investigar a los ex presidentes
dejan muchas dudas prácticas. ¿Se hará caso omiso a las pruebas que llegasen a
inculparlos dentro procesos que se le siguen a Emilio Lozoya y a Genaro García
Luna en caso de que la gente diga no a los juicios?, ¿De verdad se plantea
darle todo este tiempo a las y los presuntos responsables para que desvanezcan
pruebas si la consulta obliga al Estado a iniciar la investigación hasta el
próximo año?, ¿Qué argumentos tenemos para erigirnos como dadores o negadores
de justicia ante a las víctimas y los deudos de Ayotzinapa, ABC, Acteal, Aguas
Blancas, o ante las y los millones de personas empobrecidas y vulneradas durante
décadas de decisiones administrativas erradas?
Hay,
ciertamente, que reformar el sistema de justicia en el país y de esta forma
canalizar la sed nacional de justicia, sin torcer sus mecanismos para
orientarla hacia la revancha. A los actores políticos del pasado, del presente
y del futuro que dañan al país y a sus habitantes, hay que investigarlos y
juzgarlos bajo el paradigma irrestricto de la ley y no en una suerte de
linchamiento institucional a pesar -si- de que lo merezcan. Hay que demostrarles
que no somos como ellos. Que no como venganza nos vamos a comer a los caníbales.
