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La Nación y el Mundo

A un año del estallido social en Chile

Inti Torres Villegas

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Fotos de Carlos González Aburto

La tarde del 18 de octubre de 2018 Chile comenzó a arder. Y mientras el presidente del país, Sebastián Piñera, cenaba indiferente en una pizzería en el lujoso barrio de Vitacura, las protestas que desde hacía semanas venían ocurriendo a raíz del alza en la tarifa del metro de Santiago, se multiplicaron e intensificaron en diferentes puntos de la capital. La circulación de calles y avenidas se cortó por el levantamiento de barricadas e incendios que afectaron no sólo una decena de estaciones del metro, sino también a diversos comercios y oficinas.

El fuego, según testigos, fue el principal protagonista de la primera jornada de lo que ahora se conoce como el Estallido Social en Chile. Al día siguiente, las autoridades declararon estado de excepción que fue progresivamente aplicándose en casi todas las capitales del país. Por primera vez desde el fin de la dictadura militar, los soldados salieron a las calles a realizar tareas de vigilancia y control en gran parte del territorio nacional. Lejos de disminuir las movilizaciones, la reacción del gobierno encendió más los ánimos de la población descontenta. Durante los días y las semanas siguientes se organizaron infinidad de concentraciones, muchas de ellas terminaron con supermercados, centros comerciales y oficinas públicas saqueadas e incendiadas.

El estado de excepción duró hasta el 26 de octubre, aunque la represión a las movilizaciones se ha prolongado hasta la fecha. Según estimaciones de organismos de derechos humanos, el saldo de las revueltas fue de más de una treintena de muertos, aproximadamente 3,500 heridos, muchas y muchos de ellos con daño ocular permanente, a causa de lesiones provocadas por balines disparados por carabineros a esa parte del cuerpo. Adicionalmente, casi 30 mil personas fueron detenidas y algunas de ellas aún permanecen en prisión.

Las imágenes del estallido social en Chile dieron la vuelta al mundo, que fue fue testigo no solamente de las multitudinarias y creativas movilizaciones, sino también de la represión por parte de carabineros y el ejército. Pero más allá del amarillismo de las noticias, poco se supo y se reflexionó globalmente sobre las causas e implicaciones posteriores a revuelta chilena.

Foto de Carlos González Aburto

Considerando esto, le pedí a un grupo de chilenas y chilenos que participaron y atestiguaron las distintas etapas del estallido social que nos compartieran sus testimonios, su percepción, sus críticas y sus anhelos dentro de lo que quizás esté siendo, entre octubre del 2019 y el de 2020, el año más importante para su país en las últimas tres décadas.

Santiago: Sacudiendo el corazón de Chile

En octubre de 2019, Loreto Valenzuela vivía en el piso 17 de un edificio de localizado al frente de Plaza Italia, centro neurálgico del país y sede de incontables concentraciones populares de diversa naturaleza. Este punto fue rebautizado como Plaza de la Dignidad,  y fue el epicentro nacional de las movilizaciones del estallido.

Loreto trabajando de casa, tuvo una vista privilegiada de todo lo que aconteció en la Plaza de la Dignidad. Unas semanas antes, señala, grupos de estudiantes comenzaron a concentrarse en el lugar, mientras simultáneamente en otros puntos de la capital desarrollaban acciones coordinadas de evasión en el pago del metro, consideradas como la antesala del estallido social.

A las dos de la tarde del 18 de octubre, la gente comenzó a llegar a Plaza de la Dignidad, en lo que parecía ser una manifestación similar a las que se venían dando días antes. Sin embargo, al paso de las horas comenzó a notarse una asistencia mayor que a las anteriores, la que se caracterizó por celebrarse de forma pacífica, hasta el arribo del grupo de fuerzas especiales de Carabineros, que intentaron, sin éxito, dispersar a la multitud.

A la noche siguiente, el gobierno anunció el estado de excepción constitucional para la Región Metropolitana, la de Valparaíso y para la Provincia de Concepción, que en su conjunto albergan a más de la mitad de la población del país. Loreto, revela que en consideración de la historia del país, lo primero que sintió fue miedo. Sin embargo, después de juntarse con algunas amistades y familiares que vivían en el departamento contiguo, decidieron salir al balcón a manifestar su descontento por la presencia del ejército. Junto a miles de personas que a lo largo del Chile rechazaron enérgicamente la presencia de los soldados en las calles.

Durante las semanas venideras las movilizaciones en la de Plaza de la Dignidad no decayeron y agrupaban casi al mismo nivel de gente que desde el primer día. El espacio de la Plaza se fue turnando sectorialmente, por llamarlo de alguna forma. Por ejemplo, algunos días eran mayoritariamente profesores quienes lideraban el espacio, al día siguiente los trabajadores de la salud, otro día las y los opositores al sistema de pensiones. Lo anterior permitió unificar diversas causas y liberar mucha presión acumulada en los últimos años.

Para Loreto, el momento cumbre del estallido social lo implicó la llamada Marcha más grande de Chile celebrada el 25 de octubre, la que ha sido la concentración popular más grande de la que se tenga registro, convocando a más de un millón doscientas mil personas en Santiago y al menos a tres millones en todo el país. Esta tarde, Loreto con sus familiares y amigos, participaron activamente de la movilización. Los muchos registros de la multitud en la Alameda entonando “El baile de los que sobran” le dieron la vuelta al mundo. Además, esa tarde se tomó la ya célebre fotografía de una manifestante montada en la estatua del general Baquedano -ubicada en la Plaza de la Dignidad– con una bandera mapuche.

Concepción: la ciudad en rebelión permanente

Carlos y Lissette -Lichi- viven y trabajan en el centro de Concepción, la segunda metrópoli más habitada del país. Además de esto, la importancia de la ciudad, radica en que gran parte de su población está compuesta por estudiantes y principalmente por su largo historial de movilización política.

Las manifestaciones públicas de estas movilizaciones, cuenta Carlos, se circunscribieron a los sectores universitarios, siendo estos el escenario de infinidad de protestas. En ese sentido, destacan Carlos y Lichi, una de las primeras cosas que llamó la atención de las movilizaciones, fue que se desplazaron a lugares más céntricos de la ciudad.

Una de las sensaciones iniciales de los asistentes a las protestas en Concepción, fue que carabineros no tenían la capacidad de hacerles frente. Primero, por número de manifestantes que congregaban y segundo, por lo que las manifestaciones ocurrían a la vez en varios puntos de la ciudad. Esto, envalentono a las y los manifestantes, algunos de los cuales aprovecharon la oportunidad para saquear y destruir las sedes de las grandes cadenas comerciales que prácticamente han invadido en centro de Concepción.

Foto de Carlos González Aburto

Sin embargo, el cuerpo de carabineros hizo gala de toda clase de tropelías y abusos durante las acciones de represión. Desde su ventana, Carlos y Lichi observaron la acción discrecional y desproporcionada de los elementos antidisturbios. La mayoría de las veces, los carabineros parecían más empeñados en lastimar a las y los manifestantes, que en restablecer el orden o evitar los saqueos.

Tomando en cuenta lo anterior, a lo largo del país fue formándose en todas las marchas a la figura de la primera línea, integrada por las y los asistentes más aguerridos -la gran mayoría integrantes de sectores económicos menos favorecidos-, armados con escudos hechizos, guantes, pasamontañas, lentes de protección industrial, cubetas de agua para desactivar las bombas lacrimógenas y en muchos casos elementos de primeros auxilios.  Su labor fue reconocida y celebrada, otorgándoles un estatus de validación popular, que por años les fue negada en espacios institucionales.

Otro elemento de autorregulación de las marchas se generó a partir de la tensión permanente entre las y los manifestantes más politizados y aquellos que encontraron en las movilizaciones una oportunidad para, destrozar y saquear sin una agenda ideológica en particular. Esta divergencia, cuenta Carlos, se puso de manifiesto durante algunos saqueos en Concepción, en los que la multitud no les permitió a algunos asistentes llevarse los productos de las tiendas y los aparadores vandalizados.

Por otro lado, Muchell, educadora popular y activista de 29 años residente en Concepción, cuenta que muchas mujeres que participaron en las movilizaciones durante el estallido de Concepción, se encontraban en éstas a hombres que habían ejercido diversos tipos de violencia sobre ellas. Lejos de mantenerse en silencio, a partir de acciones de sororidad, señalaron, y en muchos casos expulsaron a sus agresores. Adicionalmente, Muchell destaca que incluso durante las manifestaciones se presentaron diversas situaciones de acoso hacia ellas. Es decir, no sólo tenían que preocuparse por defenderse de las agresiones de parte de carabineros, sino también de las ejercidas por hombres que integraban las movilizaciones.

Siendo Concepción una ciudad con una prominente vida nocturna, cultural y bohemia, resultaba imposible que este espíritu no permeara las movilizaciones que durante el estallido se dieron en la ciudad, a través de la creatividad de quienes asistían. Fue tal el espíritu artístico de las movilizaciones que incluso el local de una cadena de pizzas saqueado y quemado desde el primer día de la revuelta, se acondiciono como espacio cultural autogestionado.

Cañete: El despertar del otro Chile

Fernanda y Pablo señalan que el ser oriundos de Cañete es parte inseparable de sus respectivas identidades. Ambos declaran sentir un vínculo especial con su ciudad y con el territorio de la provincia de Arauco.

La importancia de la provincia, se relaciona con el histórico saqueo sufrido por el pueblo Mapuche desde el mal llamado proceso de Pacificación de la Araucanía hasta nuestros días. La configuración de la zona no puede separarse de la tensión que existe entre las comunidades Mapuche, la población más urbanizada y las elites políticas y económicas que controlan al estado chileno.

De hecho, Pablo y Fernanda, señalan que, abstraídos en la actualidad del conflicto territorial de la provincia, la ciudad de Cañete pareciera ausentarse de las grandes causas nacionales. Esto ha dado a Cañete la fama de ser una ciudad apática en temas políticos. El estallido social provocó que comenzaran a visibilizarse y a surgir diversas expresiones de participación social en la ciudad.

Unos días después de haber comenzado el estallido, Fernanda y Pablo se enteraron a través de las redes sociales de la organización de la primera marcha celebrada en Cañete en el marco de la revuelta. Asistieron para encontrarse con la sorpresa de que los asistentes superaban a los de cualquier movilización previa en la ciudad. De ahí en adelante, narra Fernanda, las marchas no pararon hasta varias semanas después, manteniendo siempre un número importante de asistentes

Las acciones impulsadas en Cañete carecieron inicialmente de liderazgos visibles, privilegiando las decisiones colectivas tomadas al calor del momento. Era tanta la desorganización que Pablo recuerda que una de las primeras marchas ni siquiera tenía una ruta definida y terminó atravesando la misma calle unas dos o tres veces.

Explicando que parte del rezago socioeconómico de la provincia tiene que ver con la poca pertinencia de las políticas públicas aplicadas en la zona, que son decididas desde fuera. Fernanda concluye que parte del júbilo generado a partir de la coyuntura nacional, se orientaron en Cañete a la organización de distintos espacios de coordinación política, a cuyos integrantes más que conjuntarlos un faro ideológico, lo hace una identidad territorial compartida.

La idea, es canalizar y conjuntar el inédito interés social y político despertado a partir del estallido para que sea la gente, sin la intermediación del estado, quienes comiencen a resolver, bajo paradigmas de solidaridad, respeto y empatía, los históricos conflictos de la provincia, señalan Fernanda y Pablo.

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Madre América

La traición de Cochrane

Sergio Guerra Vilaboy

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El 6 de octubre de 1821 el almirante inglés Lord Thomas Alexander Cochrane (1775-1860), jefe de la flota que había traslado el año anterior al Virreinato del Perú al Ejército Expedicionario del general José de San Martín, sublevó la escuadra, que tenía bandera de Chile, argumentando el atraso en el pago de sus servicios, y se la llevó rumbo norte. La traición de Cochrane fue un severo golpe a la causa de la independencia y debilitó al gobierno de San Martín como Protector de la Libertad del Perú.

Después de merodear con su flota por las costas de México y otros territorios hispanoamericanos del Pacifico, atacando barcos y guarniciones españolas, Cochrane volvió a Chile en junio de 1822, donde trató de indisponer a su gobierno con San Martín. Fracasado en sus propósitos, se puso a las órdenes de Pedro I de Brasil, que contrataba oficiales y soldados desmovilizados de las guerras napoleónicas. Además de dirigir la escuadra imperial brasileña en operaciones contra los portugueses, el almirante británico también reprimió a los republicanos de la Confederación del Ecuador, formada en Pernambuco en 1824, sublevados contra el absolutismo de los Braganza, por lo que fue gratificado con el título de marqués de Maranhao. Luego estuvo en Grecia entre 1827 y 1828, con los independentistas que luchaban contra el imperio otomano, para después dejar sus aventuras, al servicio del mejor postor, para regresar a su tierra natal.

Nacido en Escocia en 1775 en una familia arruinada de la nobleza, a los doce años se había enrolado como tripulante en la marina de guerra británica, donde tuvo una carrera meteórica y ganó cierta notoriedad. Se distinguió en las guerras napoleónicas y llegó a capitán de la armada real y a tener un escaño en la cámara de los lores. Acusado de un mega fraude en la bolsa de valores de Londres, fue expulsado en 1817 de la marina y el parlamento, despojado de condecoraciones, títulos e incluso condenado a prisión. Liberado, puso un aviso en un periódico para conseguir trabajo, anuncio que leyó un representante de San Martín, que lo contrató junto a otros oficiales y marineros británicos.

Al año siguiente, fue recibido por el Director Supremo de Chile, Bernardo O´Higgins, quien organizaba junto con San Martín la campaña para la liberación del Perú, recibiendo el grado de vicealmirante de la naciente flota nacional y la ciudadanía chilena. Además de contribuir a la ocupación de la base naval española más poderosa del Pacífico en Valdivia, el 3 de febrero de 1820, la escuadra de Cochrane transportó unos meses después al ejército de San Martín al Perú. En El Callao encerró a la flota enemiga y en sorpresivo combate naval se apoderó de la fragata Esmeralda, buque insignia de la marina española.

Pero Cochrane no era un patriota desinteresado, sino un mercenario obsesionado por recuperar su fortuna, por lo que cada vez que se apoderaba de una embarcación exigía su botín como si fuera un simple corsario, lo que San Martín no admitió. El tema fue enturbiando la relación entre los dos jefes militares, sobre todo desde agosto de 1821, cuando la situación hizo crisis al apoderarse sin autorización de recursos públicos del gobierno que estaban en una goleta anclada en Ancón. Indignado por el robo, San Martín le ordenó el 15 de septiembre que “restituya, a bordo de los respectivos buques, las propiedades que han sido tomadas de ellos por pertenecer, las más, al gobierno y las otras a los particulares que se hallan bajo mi protección.” Distanciados por el grave incidente, el almirante inglés, declarado en rebeldía, zarpó con la escuadra bajo su mando integrada por dos fragatas, una de ellas la propia Esmeralda, una corbeta, un bergantín y una goleta, lo que mereció el lapidario comentario de San Martín: “Este Lord metálico, cuya conducta puede compararse al más famoso filibustero”.

En 1828, enriquecido y de regreso en Londres, recibió cuatro años después el perdón de la reina Victoria por el fraude cometido y se le permitió heredar el título de conde de Dundonald y recibir el rango honorífico de contraalmirante de la marina real. Al morir con 85 años de edad fue enterrado con honores en la Abadía de Westminster y sobre su tumba se puso la inscripción “Libertador de Chile y Perú”. Quizás, como anota el historiador argentino Norberto Galasso en su biografía de San Martín Seamos Libres y lo demás no importa nada (2009), en reconocimiento al mercenario inescrupuloso que contribuyó a la expansión del imperio británico.

Adenda

Sirvan estas líneas para despedirme de los queridos lectores de la revista digital Informe Fracto y, en particular, de su sección Madre América, que invoca el nombre de un texto paradigmático de José Martí. Quiero agradecer en especial al doctor Carlos E. Bojórquez Urzaiz por la oportunidad brindada, desde abril de 2019, para colaborar en esta aventura del periodismo mediático, que me ha abierto nuevos horizontes. La publicación de más de doscientas cincuenta notas cortas, dos semanales, sobre temas desconocidos, insólitos o mal contados de la historia de América Latina, fue un verdadero desafío. No sólo para mantener una entrega regular y puntual, sino también conseguir que atrajeran a un público amplio y exigente, que de una ojeada pudiera leerlas en sus celulares. Gracias a Informe Fracto, y su excelente equipo editorial, algunas de esas notas aparecen en sendos libros publicados en Chile, lo que reconoceré siempre.

Sergio Guerra Vilaboy

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La Nación y el Mundo

Difícil que prospere demanda por armas en EU: especialistas

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Ciudad de México, 1° de octubre del 2021.- El Gobierno de México busca que se establezcan protocolos para la venta de armas, pues en la actualidad no existe control ni información fidedigna sobre a quién se le están comercializando armas, explicó Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP),

“Resulta que cuando se comete un delito de alto impacto, como lo es el homicidio, al llegar la fiscalía a realizar el aseguramiento al lugar de los hechos, estas armas se tienen identificadas que provienen desafortunadamente del vecino país del Norte”, detalló.

Un juez federal en EU aceptó que las empresas acusadas vayan en bloque, en un juicio civil con el que México pretende obtener una indemnización por las prácticas negligentes.

En agosto pasado, el Gobierno de México recurrió a una Corte de Estados Unidos para demandar a fabricantes de armas a los que acusa de negligencia y propiciar un tráfico ilegal; entre las empresas están Smith & Wesson, Colt’s Manufacturing y Barrett Firearms Manufacturing, cuyo rifle de francotirador calibre .50 es un arma de guerra utilizada por los cárteles de la droga en México.

En EU existe la Ley Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), la cual impide que haya demandas frente a ese tipo de empresas por daños que hagan sus productos.

Carlos A. Pérez Ricart, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) indicó que la demanda contra fabricantes de armas será difícil que prospere, porque en Estados Unidos la industria armamentista está protegida y los delitos que se cometen con armas en México son ejecutados por mexicanos.

“A ver cómo va a poder sortear el Estado, México va a tener que acreditar, como Gobierno, que es víctima de todo esto y eso tampoco es claro si lo vaya a poder hacer”, indicó.

Sin embargo, Pérez Ricart consideró que la demanda podría generar que las empresas modifiquen la forma en que distribuyen sus armas, lo que ayudaría a alinear incentivos entre los grupos de activistas en México.

“Grupos que pugnan un control de armas más estricto en Estados Unidos. La demanda es evidencia de que hay una buena estrategia del Gobierno federal a mediano y largo plazo para terminar con este tema; y es un indicio de que es un área prioritaria para el gobierno mexicano”.

En tanto, la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López, refirió que serán los jueces quienes definan conforme al marco legal, la demanda interpuesta.

“Habremos de ver cuáles son, cuál es el proceso jurídico, lo que tendrá que prevalecer son dos cosas: es la ley en términos nacionales y, por supuesto, que haya un entendimiento de cuáles son las prioridades para ambos países”.

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La Nación y el Mundo

En agosto se rompió el récord histórico de cifras de feminicidio en México

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De acuerdo con el semáforo delictivo, también aumentó considerablemente el índice de violación y violencia familiar.

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2021.- En agosto, el Semáforo Delictivo reportó cinco delitos en rojo: violación, violencia familiar y feminicidio, así como extorsión y narcomenudeo. Todos ellos están arriba de su media histórica mensual; mientras que la cifra de asesinatos de mujeres por razones de género rompió el récord histórico, con 107 víctimas durante ese mes. 

Incrementan delitos de violencia familiar y violación en casa


La violación y violencia familiar se ubican en rojo desde el mes de febrero y tienen incrementos importantes en el año de 31% y 20%, respectivamente. Los estados con las tasas más altas en violación son Chihuahua, Quintana Roo, Durango, Baja California Sur y Querétaro. Los estados con tasas más elevadas en violencia familiar son Chihuahua, Durango, Colima, Coahuila y CDMX. 

“La mayor parte de las violaciones se dan en casa por parientes cercanos y las víctimas son menores de edad”, comentó Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo. 

 
Al cierre de agosto, el feminicidio rompió récord con 104 casos y 107 víctimas, la cifra histórica más alta y un incremento de 8% en el año. 

“El feminicidio suele ser un caso extremo de violencia familiar, por lo que no es de extrañarse su incremento, ya que la violencia familiar ha subido en todo el país de manera significativa. Por ello, es fundamental la atención oportuna de la violencia en casa y la protección de la familia en caso de riesgo extremo”, reiteró el directivo.
 
Los estados con tasas más altas de feminicidio en el año 2021 son Chihuahua, Morelos, Sonora, Quintana Roo y Sinaloa.
 

La extorsión suma varios meses en rojo con un incremento de 5% en el año. Los estados con tasas más altas son Zacatecas, Estado de México, Colima, Querétaro y Baja California Sur. En tanto, el narcomenudeo se ha mantenido en rojo todos los meses con un incremento de 9% en el año. Los estados con las tasas más altas son Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Baja California y Colima.  

 
El homicidio se ubica en amarillo con un informe de 2,394 carpetas en el mes, ligeramente por debajo de su media histórica mensual. Los estados con tasas más altas son Chihuahua, Baja California, Colima, Zacatecas y Sonora. Santiago Roel afirmó que “seguimos teniendo una de las tasas más altas del mundo por no querer resolver el tema de fondo a nivel nacional, mediante la regulación de las drogas”.
 
Por su parte, el secuestro se mantiene en verde y tiene una reducción de 28% en el año. Los estados con las tasas más altas son Chihuahua, Colima, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo.
 
Robo de vehículo, a casa y negocio se mantiene en amarillo y presentan reducciones entre el 5 y el 10%.
 
Las lesiones dolosas (riñas) se ubican en amarillo en el mes; sin embargo, presentan un incremento de 10% en el año.
 

Calificación por estados
 
Los peores estados calificados en el mes de agosto, con 8 rojos, son Chihuahua, Nayarit, Nuevo León y Sonora. Por el contrario, el mejor calificado es Jalisco con un sólo rojo en su Semáforo Delictivo, seguido de Yucatán y Chiapas, con dos rojos.  
  
“Sigue sin resolverse la violencia del crimen organizado, en especial de narco-ejecuciones, es un tema federal y tampoco hemos sido capaces de hacer campañas efectivas contra la violencia en casa, que reduzcan los índices de violencia familiar, violación y feminicidio. Las familias mexicanas, y en especial las mujeres, siguen atrapadas entre la violencia extrema dentro y fuera de casa”, concluyó Santiago Roel.

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