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La Nación y el Mundo

A un año del estallido social en Chile

Inti Torres Villegas

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Fotos de Carlos González Aburto

La tarde del 18 de octubre de 2018 Chile comenzó a arder. Y mientras el presidente del país, Sebastián Piñera, cenaba indiferente en una pizzería en el lujoso barrio de Vitacura, las protestas que desde hacía semanas venían ocurriendo a raíz del alza en la tarifa del metro de Santiago, se multiplicaron e intensificaron en diferentes puntos de la capital. La circulación de calles y avenidas se cortó por el levantamiento de barricadas e incendios que afectaron no sólo una decena de estaciones del metro, sino también a diversos comercios y oficinas.

El fuego, según testigos, fue el principal protagonista de la primera jornada de lo que ahora se conoce como el Estallido Social en Chile. Al día siguiente, las autoridades declararon estado de excepción que fue progresivamente aplicándose en casi todas las capitales del país. Por primera vez desde el fin de la dictadura militar, los soldados salieron a las calles a realizar tareas de vigilancia y control en gran parte del territorio nacional. Lejos de disminuir las movilizaciones, la reacción del gobierno encendió más los ánimos de la población descontenta. Durante los días y las semanas siguientes se organizaron infinidad de concentraciones, muchas de ellas terminaron con supermercados, centros comerciales y oficinas públicas saqueadas e incendiadas.

El estado de excepción duró hasta el 26 de octubre, aunque la represión a las movilizaciones se ha prolongado hasta la fecha. Según estimaciones de organismos de derechos humanos, el saldo de las revueltas fue de más de una treintena de muertos, aproximadamente 3,500 heridos, muchas y muchos de ellos con daño ocular permanente, a causa de lesiones provocadas por balines disparados por carabineros a esa parte del cuerpo. Adicionalmente, casi 30 mil personas fueron detenidas y algunas de ellas aún permanecen en prisión.

Las imágenes del estallido social en Chile dieron la vuelta al mundo, que fue fue testigo no solamente de las multitudinarias y creativas movilizaciones, sino también de la represión por parte de carabineros y el ejército. Pero más allá del amarillismo de las noticias, poco se supo y se reflexionó globalmente sobre las causas e implicaciones posteriores a revuelta chilena.

Foto de Carlos González Aburto

Considerando esto, le pedí a un grupo de chilenas y chilenos que participaron y atestiguaron las distintas etapas del estallido social que nos compartieran sus testimonios, su percepción, sus críticas y sus anhelos dentro de lo que quizás esté siendo, entre octubre del 2019 y el de 2020, el año más importante para su país en las últimas tres décadas.

Santiago: Sacudiendo el corazón de Chile

En octubre de 2019, Loreto Valenzuela vivía en el piso 17 de un edificio de localizado al frente de Plaza Italia, centro neurálgico del país y sede de incontables concentraciones populares de diversa naturaleza. Este punto fue rebautizado como Plaza de la Dignidad,  y fue el epicentro nacional de las movilizaciones del estallido.

Loreto trabajando de casa, tuvo una vista privilegiada de todo lo que aconteció en la Plaza de la Dignidad. Unas semanas antes, señala, grupos de estudiantes comenzaron a concentrarse en el lugar, mientras simultáneamente en otros puntos de la capital desarrollaban acciones coordinadas de evasión en el pago del metro, consideradas como la antesala del estallido social.

A las dos de la tarde del 18 de octubre, la gente comenzó a llegar a Plaza de la Dignidad, en lo que parecía ser una manifestación similar a las que se venían dando días antes. Sin embargo, al paso de las horas comenzó a notarse una asistencia mayor que a las anteriores, la que se caracterizó por celebrarse de forma pacífica, hasta el arribo del grupo de fuerzas especiales de Carabineros, que intentaron, sin éxito, dispersar a la multitud.

A la noche siguiente, el gobierno anunció el estado de excepción constitucional para la Región Metropolitana, la de Valparaíso y para la Provincia de Concepción, que en su conjunto albergan a más de la mitad de la población del país. Loreto, revela que en consideración de la historia del país, lo primero que sintió fue miedo. Sin embargo, después de juntarse con algunas amistades y familiares que vivían en el departamento contiguo, decidieron salir al balcón a manifestar su descontento por la presencia del ejército. Junto a miles de personas que a lo largo del Chile rechazaron enérgicamente la presencia de los soldados en las calles.

Durante las semanas venideras las movilizaciones en la de Plaza de la Dignidad no decayeron y agrupaban casi al mismo nivel de gente que desde el primer día. El espacio de la Plaza se fue turnando sectorialmente, por llamarlo de alguna forma. Por ejemplo, algunos días eran mayoritariamente profesores quienes lideraban el espacio, al día siguiente los trabajadores de la salud, otro día las y los opositores al sistema de pensiones. Lo anterior permitió unificar diversas causas y liberar mucha presión acumulada en los últimos años.

Para Loreto, el momento cumbre del estallido social lo implicó la llamada Marcha más grande de Chile celebrada el 25 de octubre, la que ha sido la concentración popular más grande de la que se tenga registro, convocando a más de un millón doscientas mil personas en Santiago y al menos a tres millones en todo el país. Esta tarde, Loreto con sus familiares y amigos, participaron activamente de la movilización. Los muchos registros de la multitud en la Alameda entonando “El baile de los que sobran” le dieron la vuelta al mundo. Además, esa tarde se tomó la ya célebre fotografía de una manifestante montada en la estatua del general Baquedano -ubicada en la Plaza de la Dignidad– con una bandera mapuche.

Concepción: la ciudad en rebelión permanente

Carlos y Lissette -Lichi- viven y trabajan en el centro de Concepción, la segunda metrópoli más habitada del país. Además de esto, la importancia de la ciudad, radica en que gran parte de su población está compuesta por estudiantes y principalmente por su largo historial de movilización política.

Las manifestaciones públicas de estas movilizaciones, cuenta Carlos, se circunscribieron a los sectores universitarios, siendo estos el escenario de infinidad de protestas. En ese sentido, destacan Carlos y Lichi, una de las primeras cosas que llamó la atención de las movilizaciones, fue que se desplazaron a lugares más céntricos de la ciudad.

Una de las sensaciones iniciales de los asistentes a las protestas en Concepción, fue que carabineros no tenían la capacidad de hacerles frente. Primero, por número de manifestantes que congregaban y segundo, por lo que las manifestaciones ocurrían a la vez en varios puntos de la ciudad. Esto, envalentono a las y los manifestantes, algunos de los cuales aprovecharon la oportunidad para saquear y destruir las sedes de las grandes cadenas comerciales que prácticamente han invadido en centro de Concepción.

Foto de Carlos González Aburto

Sin embargo, el cuerpo de carabineros hizo gala de toda clase de tropelías y abusos durante las acciones de represión. Desde su ventana, Carlos y Lichi observaron la acción discrecional y desproporcionada de los elementos antidisturbios. La mayoría de las veces, los carabineros parecían más empeñados en lastimar a las y los manifestantes, que en restablecer el orden o evitar los saqueos.

Tomando en cuenta lo anterior, a lo largo del país fue formándose en todas las marchas a la figura de la primera línea, integrada por las y los asistentes más aguerridos -la gran mayoría integrantes de sectores económicos menos favorecidos-, armados con escudos hechizos, guantes, pasamontañas, lentes de protección industrial, cubetas de agua para desactivar las bombas lacrimógenas y en muchos casos elementos de primeros auxilios.  Su labor fue reconocida y celebrada, otorgándoles un estatus de validación popular, que por años les fue negada en espacios institucionales.

Otro elemento de autorregulación de las marchas se generó a partir de la tensión permanente entre las y los manifestantes más politizados y aquellos que encontraron en las movilizaciones una oportunidad para, destrozar y saquear sin una agenda ideológica en particular. Esta divergencia, cuenta Carlos, se puso de manifiesto durante algunos saqueos en Concepción, en los que la multitud no les permitió a algunos asistentes llevarse los productos de las tiendas y los aparadores vandalizados.

Por otro lado, Muchell, educadora popular y activista de 29 años residente en Concepción, cuenta que muchas mujeres que participaron en las movilizaciones durante el estallido de Concepción, se encontraban en éstas a hombres que habían ejercido diversos tipos de violencia sobre ellas. Lejos de mantenerse en silencio, a partir de acciones de sororidad, señalaron, y en muchos casos expulsaron a sus agresores. Adicionalmente, Muchell destaca que incluso durante las manifestaciones se presentaron diversas situaciones de acoso hacia ellas. Es decir, no sólo tenían que preocuparse por defenderse de las agresiones de parte de carabineros, sino también de las ejercidas por hombres que integraban las movilizaciones.

Siendo Concepción una ciudad con una prominente vida nocturna, cultural y bohemia, resultaba imposible que este espíritu no permeara las movilizaciones que durante el estallido se dieron en la ciudad, a través de la creatividad de quienes asistían. Fue tal el espíritu artístico de las movilizaciones que incluso el local de una cadena de pizzas saqueado y quemado desde el primer día de la revuelta, se acondiciono como espacio cultural autogestionado.

Cañete: El despertar del otro Chile

Fernanda y Pablo señalan que el ser oriundos de Cañete es parte inseparable de sus respectivas identidades. Ambos declaran sentir un vínculo especial con su ciudad y con el territorio de la provincia de Arauco.

La importancia de la provincia, se relaciona con el histórico saqueo sufrido por el pueblo Mapuche desde el mal llamado proceso de Pacificación de la Araucanía hasta nuestros días. La configuración de la zona no puede separarse de la tensión que existe entre las comunidades Mapuche, la población más urbanizada y las elites políticas y económicas que controlan al estado chileno.

De hecho, Pablo y Fernanda, señalan que, abstraídos en la actualidad del conflicto territorial de la provincia, la ciudad de Cañete pareciera ausentarse de las grandes causas nacionales. Esto ha dado a Cañete la fama de ser una ciudad apática en temas políticos. El estallido social provocó que comenzaran a visibilizarse y a surgir diversas expresiones de participación social en la ciudad.

Unos días después de haber comenzado el estallido, Fernanda y Pablo se enteraron a través de las redes sociales de la organización de la primera marcha celebrada en Cañete en el marco de la revuelta. Asistieron para encontrarse con la sorpresa de que los asistentes superaban a los de cualquier movilización previa en la ciudad. De ahí en adelante, narra Fernanda, las marchas no pararon hasta varias semanas después, manteniendo siempre un número importante de asistentes

Las acciones impulsadas en Cañete carecieron inicialmente de liderazgos visibles, privilegiando las decisiones colectivas tomadas al calor del momento. Era tanta la desorganización que Pablo recuerda que una de las primeras marchas ni siquiera tenía una ruta definida y terminó atravesando la misma calle unas dos o tres veces.

Explicando que parte del rezago socioeconómico de la provincia tiene que ver con la poca pertinencia de las políticas públicas aplicadas en la zona, que son decididas desde fuera. Fernanda concluye que parte del júbilo generado a partir de la coyuntura nacional, se orientaron en Cañete a la organización de distintos espacios de coordinación política, a cuyos integrantes más que conjuntarlos un faro ideológico, lo hace una identidad territorial compartida.

La idea, es canalizar y conjuntar el inédito interés social y político despertado a partir del estallido para que sea la gente, sin la intermediación del estado, quienes comiencen a resolver, bajo paradigmas de solidaridad, respeto y empatía, los históricos conflictos de la provincia, señalan Fernanda y Pablo.

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Voz desde Guatemala

USAC: 1989: la última ola represiva contra AEU (Asociación de Estudiantes Universitarios)

Rafael Gutiérrez

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Imagen: Transeúntes se detienen a observar fotografías de desaparecidos durante el conflicto armado en ciudad de Guatemala. Fotografía de Fernando Chuy. https://barrancopolis.com/la-ultima-oleada-de-terror-usac-1989/

Recién salíamos por esos meses del Festival Olof Palme, un festival que convocó a lo más representativo de la canción latinoamericana. Eran tiempos agitados, ciertamente, pero en medio ya de cierto desaliento que signaba el clima social, algunas esporas de optimismo gravitaban todavía sobre nuestras cabezas. Y fue así como entre el mes de agosto y septiembre, en realidad en menos de dos meses, comenzó lo que sin duda fue el último ramalazo represivo contra el movimiento estudiantil universitario de la Universidad de San Carlos, en su mayor parte organizado alrededor de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). Uno a uno, de manera selectiva y sistemática, fueron secuestrados, en diversos puntos de la ciudad, 10 compañeros universitarios. Dio inicio la carnicería humana una mañana con el secuestro de Silvia Azurdia y Víctor Hugo Jaramillo, estudiantes de la Escuela de Ciencia Política. Luego seguirían Iván González Fuentes y Carlos Contreras Conde, de la Escuela de Psicología, y Aarón Ochoa y Hugo Gramajo, de Ciencia Política y miembros asimismo de la Coordinadora Estudiantil Ejecutiva de AEU.

Días después, el 23 de agosto, fue secuestrado Arturo de León, dirigente de AEU y responsable ante el proceso de Reforma Universitaria. El mes siguiente, en septiembre, en una lógica desarticuladora y tenebrosa, continuó la máquina de engullir seres humanos su tarea minuciosa: ahora serían Carlos Cabrera, de la Facultad de Humanidades, Carlos Chutá Camey y Eduardo López Palencia.

 La jornada alcanzaría su máximo nivel de impunidad e insania cuando, según testigos oculares, de un vehículo azul, como si fueran devueltos simbólicamente de donde fueron extraídos, fueron arrojados en la Colonia Villasol, colindante con la ciudad universitaria, los cadáveres brutalmente torturados de Silvia Azurdia, Víctor Hugo Jaramillo, Carlos Cabrera y Carlos Chutá Camey.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico, en su informe, involucra a  Inteligencia Militar del Estado de tales secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Incluso, según documentación desclasificada por el gobierno de Estados Unidos “existía una cárcel clandestina en la zona 6. Un informante, ex miembro de Inteligencia militar, observó que los estudiantes desaparecidos estuvieron en ese lugar, denominado La Isla, que era administrado por el Estado Mayor de la Defensa”. Aunque la estrategia central estaba destinada a desarticular el movimiento estudiantil organizado y sus bases de apoyo a través de AEU como eslabón último dentro de la lógica contrainsurgente, factores específicos como la implementación de la Reforma Universitaria, el apoyo a la huelga magisterial, así como su apoyo activo y manifiesto a demandas sindicales, populares y campesinas pudieron asimismo formar parte del dilatado plan represivo. Mientras, frente a tales niveles de terror y secuencia criminal desembozada, la Universidad quedó suspensa en un hilo. Tensa, desolada, enmudecida, apenas si logró mantener precariamente un nivel de desarrollo académico normal. Llegó a un punto, donde, afuera, el paisaje se minaba eventualmente de jeeps polarizados. No obstante, AEU  y el movimiento estudiantil aglutinado alrededor de diversas asociaciones respondió con una valentía, organización y persistencia excepcionales. Pronto la Coordinadora Estudiantil Ejecutiva de AEU convocó a marchas casi diarias, marchas donde la indignación, el asco y la solidaridad detonaron una unidad estudiantil pocas veces vista, se dispararon las pintas y los aerosoles apenas si alcanzaban para nombrar los nombres de los desaparecidos, los manifiestos, los pronunciamientos escritos al fragor de las acciones, los mítines con líderes relevantes, cualquier manifestación, un abrazo, una lágrima, una barricada, una mentada de madre, todo valía y se esgrimía, pero todo fue igualmente infructuoso pues el Terror de Estado hizo lo que sabía hacer con extrema eficacia, imponer la aniquilación física masiva o selectiva a fin de mantener el sistema de dominación imperante. Curioso, y hoy se sabe: uno de los líderes estudiantiles  más activos y carismáticos —dio prueba fehaciente con su flamígero discurso oratorio en un mitin junto al Padre Girón—jugó el papel de infiltrado y fue, en buena medida, el responsable del desmantelamiento de AEU: Edgar Ligorría Hernández. (Se sabe, ahora, por investigaciones más recientes, de otros infiltrados). Se escribe aquí, luego de 27 años, porque, acaso, los muertos no mueren enteramente, ni las derrotas son definitivas mientras haya una expresión que las historice, reivindique y exhume del olvido.

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Voz desde la Paz

Apuntes para explicar el triunfo popular del MAS en Bolivia

Carla Espósito Guevara

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El 18 de octubre pasado, después de 11 dolorosos meses de un gobierno nefasto, el pueblo boliviano acudió nuevamente a las urnas para elegir un presidente legítimo y un nuevo órgano legislativo. Los resultados sorprendieron a propios y extraños. El binomio Arce-Choquehuanca del Movimiento al Socialismo (MAS) sacó la aplastante mayoría de 55,10% frente a 28,83% de Comunidad Ciudadana (CC), es decir, una diferencia de más de veinte puntos respecto al segundo, que dejó fuera de juego a los analistas electorales liberales que no previeron una diferencia de tal magnitud. ¿Cómo explicar semejante triunfo después del derrocamiento de Evo Morales un año atrás por fuerzas conservadoras que creyeron haber sepultado al MAS?

En efecto, el Movimiento al Socialismo emergió de las cenizas como el ave fénix, después de haber sido aparentemente derrotado en octubre pasado, tanto por el golpe de estado, como por un inédito movimiento social de corte conservador que acompaño ese golpe, autodenominado “la revolución de las pititas”, que fue un movimiento urbano que aglutinó sectores medios empresariales, iglesias, movimientos cívicos, militares y policías en torno al rechazo a la re postulación de Morales por cuarta vez a la presidencia y a la consigna burguesa de la alternancia.

Varias respuestas pueden ofrecerse para explicar el sorprendente triunfo del MAS. La primera, tiene que ver con el carácter de lo derrotado. Un gobierno de transición que llegó con la Biblia en una mano y las armas en la otra. Su acto inaugural fue la perpetración de dos masacres (Sacaba y Senkata), en las que el Ejército asesinó a mansalva a 37 personas, apresó a más de mil y torturó a decenas. Este acto criminal fue eufemísticamente calificado por el gobierno transitorio como “pacificación” del país.

A partir de este momento Bolivia entró en un estado de excepción caracterizado por la suspensión del estado de derecho, la violación a derechos humanos básicos y la libertad de prensa. Este gobierno convirtió la cuarentena en un estado de sitio a cuya sombra se ejecutaron los más viles actos de corrupción en plena pandemia. Los recursos del estado, en lugar de ser utilizados en salud, dadas las condiciones de la crisis sanitaria mundial, fueron invertidos en potenciar las fuerzas armadas, en las que se gastó dieciocho veces más que en gestiones anteriores, con esos recursos el gobierno también financió grupos para militares cuya función era atacar cualquier movilización de corte popular, mientras los hospitales carecían de material de respiradores, bioseguridad y pruebas médicas para enfrentar la pandemia.

Parte del estado de excepción fue el uso de un lenguaje de guerra por parte del gobierno para dirigirse a las organizaciones sociales populares convertidas en el nuevo enemigo interno. Calificadas como “terroristas” y “narcotraficantes” fueron criminalizadas y perseguidas, sobre este lenguaje el gobierno instaló una dicotomía basada en la oposición “salvajes–civilizados” que organizó una narrativa profundamente racista contra los indígenas y campesinos, cuyo fin era “poner a la indiada en su lugar”.

A estos elementos debe sumarse el pésimo desempeño económico del gobierno de transición. Las empresas estratégicas del Estado como Boliviana de Aviación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Empresa de Telecomunicaciones, la empresa del Urea de Bulo Bulo, fueron llevadas a la crisis por actos de corrupción o cierres intempestivos inexplicables que produjeron una paralización económica, al cierre de cientos de fuentes de empleo y, consecuentemente, el debilitamiento del mercado interno y una caída del 11% del PIB que contrasta drásticamente con el crecimiento promedio de 4,5% del periodo anterior .

Con esta actuación el gobierno transitorio dilapidó el capital político que las fuerzas de derecha pudieron acumular durante la llamada “revolución de las pititas”, así como la posibilidad de convertirse en una alternativa política al Movimiento al Socialismo, provocando más bien un enorme rechazo popular al giro conservador. El descontento popular, aunado a la incertidumbre generada por la crisis sanitaria y económica, se volcó masivamente en las urnas explicando parte del triunfo del MAS.

La segunda razón que explica el triunfo del binomio Arce-Choquehuanca, se relaciona tanto con la campaña como con el contenido de lo democrático de los frentes en pugna. Los dos mayores contrincantes al MAS, (Comunidad Ciudadana y Creemos), organizaron sus binomios sobre la contradicción regional oriente y occidente, mientas el Movimiento al Socialismo lo hizo sobre la contradicción étnico-social. Esto determinó el tipo de campaña que enfrentaron. La ultra derecha encaró una campaña que resaltaba el conflicto regional, que fracasó, y en general toda la derecha realizó campaña desde las ciudades y barrios de clase media. Nunca se dirigieron al pueblo, jamás se reunieron con las organizaciones sociales y populares vivas del país, ni visitaron un mercado o un sindicato, a diferencia de Arce y Choquehuanca, quienes realizaron su campaña de cara a los sectores populares, en los barrios, mercados, distritos mineros, ciudades intermedias organizaciones campesinas e indígenas demostrando conocer mejor el país que sus contrincantes de derecha, así como mejores habilidades para comunicarse con los ciudadanos de a pie.

De ahí se desprende el tercer elemento que explica el triunfo popular del MAS,  su carácter popular, que lo convierte en una fuerza democratizante, en oposición a los partidos conservadores que continuaron empecinadamente en el ejercicio de lo que en Bolivia se conoce como la democracia Huayraleva (leva al viento), criollismo utilizado para calificar la democracia restringida a la órbita de los caballeros. Si hay una lección que deja esta última contienda electoral es que resalta el carácter popular de la democracia en Bolivia, su carácter autodeterminativo, que no obedece a la lógica de las élites, y que estas, encerradas en su señorialismo, parecen no poder comprender.

El triunfo del MAS ratifica el hecho de que la democracia en Bolivia sigue siendo la democracia de las masas. Esto explica el rechazo al resultado de las elecciones por los grupos radicalizados de la derecha, fundamentalmente oriental, que se niegan a reconocer el triunfo de lo popular. Como dijo en gran pensador Zavaleta Mercado, “El descreimiento de la burguesía en la democracia proviene de su fracaso en ella. Sin duda alguna prefiere, con un instinto obstinado, la vía más céntrica del golpe de Estado.

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La Nación y el Mundo

Ideas viejas: los nuevos partidos en la boleta electoral 2021

Gabriel Zapata González

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Las elecciones intermedias están a la vuelta de la esquina y como en cada proceso electoral, aparecen nuevos jugadores con el objetivo de incidir en la agenda de los asuntos públicos a debate. La justa electoral de 2021, será una de las más importantes en la vida política de nuestro país, al renovarse 15 gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales en los estados.  En total son 21,368 cargos que estarán sujeto a elección, pero sin duda, unos serán de más relevancia e importancia que otros para el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

 A raíz de las decisiones del Tribunal Electoral, que otorgó registro nacional a nuevos partidos políticos, pensará el electorado que en las elecciones intermedias surgirán opciones frescas que otorgarán una alternativa a los partidos políticos tradicionales. La realidad no es así, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México representan burbujas de drenaje de la vieja política mexicana. Ligados desde su nacimiento a sindicatos influyentes que pertenecieron al PRI durante sus años de máximo esplendor y que hoy han cambiado de bando por mera conveniencia.

Redes Sociales Progresistas, liderado por Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo Morales, la recia exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).Por el otro lado, en Fuerza Social por México, el cabecilla es Pedro Haces Barba quien es Secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y actual senador suplente de Morena. En ambas casos, los partidos recién registrados utilizaron la vasta estructura sindical que los rodea para recolectar firmas y organizar asambleas, lo que les permitió obtener el registro y recibir 19 millones 972 mil pesos, cada uno, para la campaña electoral de 2021

Ambos partidos son considerados partidos satélites o apéndices de Morena, una estrategia electoral para poder retener la mayoría en la Cámara de Diputados. Bajo este entorno nacen instituciones políticas, carentes de ideología, estructura y soluciones para resolver los problemas de la sociedad. Sobreviven para obtener puestos representativos en la Cámara (por la vía plurinominal) y por las prerrogativas económicas instauradas en la ley. Los partidos políticos, deben alcanzar el 3% de la votación válida emitida para ratificar su registro ante el INE. La gran mayoría de ellos lo pierden en su primera y única elección. Aves de paso.

Los resultados electorales en el ámbito local de Hidalgo y Coahuila, no demuestran la situación real de los partidos de oposición. El PRI arrasó debido a su situación histórica en esas entidades, a la maquinaria gobierno-electoral y a la baja participación ciudadana (del 39% y 48%). Sin embargo, la no intervención de AMLO en los asuntos de partido y la nula eficacia para resolución de conflictos entre líderes y afiliados de Morena, representan el mayor riesgo para la permanencia hegemónica del partido hoy en el poder.

Para la elección del primer domingo de junio de 2021, serán 10 los logotipos presentes a escoger, de los cuales 6 serán aliados del Presidente y Morena en la discusión de temas legislativos en San Lázaro. Los ciudadanos elegirán según les convenga, la instalación de un contrapeso en el legislativo o el apoyo total e incondicional a la presidencia de AMLO. Será la última llamada ciudadana.

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