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La Nación y el Mundo

La búsqueda de justicia y la tentación del castigo

Inti Torres Villegas

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La semana pasada, mientras Emilio Lozoya inscribía su nombre en la larga lista de quienes atraviesan el proceso judicial en libertad, gracias a la investidura del privilegio, el Senado aprobó la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Simultáneamente, muchas y muchos mexicanos seguramente fueron detenidos a lo largo del país por no acatar a cabalidad las medidas sanitarias preventivas ante la pandemia de COVID-19. Aunque estos hechos no están directamente relacionados entre sí, plantean en su análisis una interesante reflexión sobre el cómo entendemos y aplicamos la justicia y el castigo en México.

Si bien en términos prácticos Emilio Lozoya no ha sido exonerado de ninguno de los delitos que se le imputan, el trato especial que ha recibido durante su proceso nos deja como sociedad un inicial sabor a impunidad, al cual -hay que admitir- desafortunadamente estamos acostumbrados. Ante la natural impotencia que éste y cientos de casos similares nos han generado, como país hemos desarrollado una vocación punitiva, sostenida en la lógica coloquial de que alguien tiene que pagar por los platos rotos. En otras palabras, la imposibilidad para acceder a la justicia nos ha generado una fascinación por el castigo, que poco repara en sus formas y en sus consecuencias.

Considerando esto, no es de extrañar que medidas como la mencionada ampliación de la prisión preventiva oficiosa no sólo no sean cuestionadas más allá de los círculos preocupados y ocupados en la defensa de los DD HH, si no que, en muchos casos, se celebren como paliativo a los inconmensurables problemas de seguridad de nuestro país. Tampoco resulta sorpresivo que amplios sectores sociales y gubernamentales planteen con orgullo que una contingencia sanitaria del tamaño de la que atravesamos actualmente se resuelve a través del castigo y la restricción autoritaria.

Por cierto, ni la incidencia delictiva ha disminuido a lo largo del tiempo con el endurecimiento de las herramientas judiciales, ni el embate del COVID-19 ha amainado en las entidades donde se han impuesto medidas punitivas para afrontarlo. Por el contrario, lo que ha aumentado de forma drástica en los últimos meses a propósito de la pandemia, es la violación a los DD HH.

Sin embargo, habrá que asumir que el ejercicio punitivo no es exclusivo de las instituciones. Como ciudadanía, lo ejercemos y promovemos cotidianamente, toda vez que nos asumimos como jueces y brazos ejecutores en la defensa de nuestros intereses, mismos que han sido desestimados y descuidados históricamente por las instancias que tendrían que velar por ellos. La impunidad en México nos ha desconectado tanto de las instituciones, que nos ha obligado como ciudadanos a reformular el paradigma de justicia, transitando del que lo entiende como producto y sostén de los pactos sociales, a uno que lo materializa exclusivamente en el ejercicio revanchistico y aleccionador.

Castigamos cuando abusamos de la legitima denuncia ciudadana para exponer conductas que no se corresponden a nuestra subjetivísima moral o al pedir penas desproporcionadas en los foros noticiosos y en las redes sociales. Al celebrar las ejecuciones extrajudiciales bajo la hipotesis de que la víctima se lo merecía. Lo hacemos cuando nos oponemos a la inclusión de derechos fundamentales en los marcos jurídicos. Castigamos incluso cuando votamos sin ningún otro argumento más que el de darle un escarmiento al partido político que en ese momento ostente el poder.

El costo de incorporar el castigo a nuestra vida cotidiana como resolutor universal de las problemáticas y conflictos es alto, y lo implica la seductora vía del autoritarismo.

Como ciudadanos estamos en absoluto derecho de participar en la impartición de justicia en el país. De pugnar por revertir la impunidad y de reestructurar los sistemas de judiciales en México desde sus cimientos. El dialogo, la empatía, el escrutinio a las instituciones y la exigencia colectiva para el cumplimiento equitativo de sus tareas, parecieran ser -aunque largos y empedrados- los caminos para lograrlo. A la par, convendría comenzar a cuestionar y a deconstruir nuestra raíz punitiva y a entender que lejos de armonizar las relaciones que como sociedad construirnos, el castigo las pulveriza. Y que, en última instancia, distrae también el señalamiento de los verdaderos responsables de los problemas en el país. El castigo, al menos como se aplica en el día a día en México, constituye, de hecho, un importante escollo para alcanzar justicia.

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Madre América

¿Un cubano en la independencia de Cartagena?

Sergio Guerra Vilaboy

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En los albores del proceso emancipador neogranadino se destacó en Cartagena de Indias el artesano mulato Pedro Romero Porras (1756-1816), a quien se atribuye origen cubano. A este hombre correspondió un papel protagónico para que Nueva Granada fuera el primero territorio de ese Virreinato en proclamar su separación de España, el 11 de noviembre de 1811, y el segundo de toda Hispanoamérica, después de Venezuela.

Para algunos historiadores, Pedro Romero era natural de la ciudad portuaria cubana de Matanzas y, según esa versión, fue uno de los artesanos que el ingeniero Antonio Arévalo llevó desde Cuba para los trabajos de fortificación de Cartagena. Otros, en cambio, cuestionan su nacimiento en la Mayor de las Antillas, pues no se ha encontrado su inscripción, ni otra información suya en la isla. La documentación confirma que Pedro Romero era desde 1778 dueño de su propia herrería en el barrio de Santa Catalina en Cartagena, que mudó más tarde al de Getsemaní, para acercarse al Arsenal del Apostadero de la Marina, donde estaban la mayoría de los talleres de metales duros. Desde 1786 obtuvo un contrato de asentista de herrería, cerrajería, armería y fundición, que hizo de su taller uno de los más grandes de Cartagena hasta que se produjo la invasión napoleónica a España.

El movimiento juntista en el Virreinato de Nueva Granada se inició por el puerto de Cartagena, el 22 de mayo de 1810, cuando fue depuesto el gobernador real Francisco Montes. Casi a la par, surgieron nuevos gobiernos en otras villas, Cali, Pamplona y Socorro, hasta alcanzar a Bogotá, donde después de un día agitado por reyertas entre criollos y españoles, se formó el 20 de julio una junta que depuso al Virrey Amar y Borbón, aunque mantuvo el reconocimiento a Fernando VII como soberano.

De ahí en adelante la vida de Pedro Romero cambió radicalmente, pues devino uno de los principales líderes de las milicias de pardos y morenos libres del barrio de Getsemaní, que le imprimieron al proceso revolucionario en Cartagena un carácter igualitarista, anti español y anti aristocrático. La actuación de sus hombres fue decisiva para aplastar, el 4 de febrero de 1811, el intento sedicioso de los comerciantes españoles aliados al regimiento Fijo acantonado en ese puerto. Nueve meses después, las tropas de mulatos y negros libres impusieron a la moderada junta aristocrática criolla, presidida por el abogado José María García de Toledo, el Acta de Independencia, que declaraba “solemnemente a la faz de todo el mundo que la provincia de Cartagena de Indias es desde hoy y por derecho Estado Libre, Soberano, e Independiente”. El 15 de junio del año siguiente, se aprobó la constitución igualitarista del Estado de Cartagena de Indias, por la primera asamblea legislativa de esa provincia, de la que Pedro Romero era diputado.

Hasta el propio Antonio Nariño mencionó a este patriota, costeño o cubano, en su periódico La Bagatela de Bogotá, al reseñar las últimas noticias recibidas en la capital sobre lo sucedido e Cartagena. Allí el conocido revolucionario neogranadino anotó: “resulta que el cuerpo de patriotas Lanceros de Getsemaní fue el que dio impulso y sostuvo la revolución para que se desconociera definitivamente la Regencia de Cádiz, proclamando una absoluta independencia…entre los patriotas que más se han distinguido se notan a los dos hermanos Piñeres, y al célebre matancero,  jefe de los pardos, siempre amantes de la libertad”.

Con posterioridad, Romero, ascendido a teniente coronel, fue encargado de la defensa en la puerta de la media luna en la amurallada Cartagena, donde resistió seis meses al sitio impuesto por las fuerzas de Pablo Morillo en 1815. La rendición de la plaza, el 6 de diciembre de ese año, lo obligó a escapar en el balandro La Estrella, que sesenta días después arribó al puerto haitiano de Los Cayos, refugió de patriotas neogranadinos y venezolanos. Según algunos autores, murió a comienzos de 1816 por las penalidades de la travesía, aunque para Francisco Pividal, el antiguo artesano acompañó a Bolívar en la expedición que salió de Haití a liberar Venezuela el 31 de marzo de 1816. Acorde al desaparecido historiador cubano: “En la relación de 272 expedicionarios, figura don Pedro Romero con el grado de teniente y de nacionalidad neogranadina (colombiana)”, lo que reafirma el misterio que envuelve el nacimiento y la muerte de este poco conocido prócer de la independencia de Nuestra América.

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Madre América

Cuba, su perpetua resistencia

Raciel Guanche Ledesma

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Pareciera inaudito que en pleno siglo XXI y en una era de globalización, de coexistencia pacífica y respeto a la pluralidad política, aún existan países que intenten someter bajo estricta arrogancia a naciones independientes. En eso de imponer sanciones o “castigar” para obtener ganancias, casi siempre en el marco económico y político, Estados Unidos tienen el número uno en el mundo desde hace un buen tiempo.

Y es que precisamente en los últimos 60 años uno de los países que más agresiones ha recibido del poderoso estado norteño ha sido Cuba. Desde que el primero de enero de 1959 triunfara la Revolución Socialista liderada por el Comandante Fidel Castro, el hostigamiento hacia esta pequeña pero valerosa Isla ha sido una constante que fluctúa con un mismo objetivo entre Demócratas y Republicanos.

Quizás en los años del 2014 al 2017 los intercambios bilaterales experimentaron las mejores relaciones en el período revolucionario. Claro que aquel acercamiento no fue más que un cambio de táctica en la política norteamericana hacia Cuba, pero a fin de cuentas demostró que las dos naciones podían trabajar juntas por el beneficio mutuo de los pueblos.

Así llegaron a Cuba, por ejemplo, Cruceros estadounidense, se abrieron las puertas a convenios en la agricultura, el deporte y la cultura. También la Isla Caribeña tuvo la oportunidad de exportar algunos de sus productos estrellas hacia Estados Unidos y se colaboró en importantes proyectos científicos con capital humano de ambos países.

Pero el Bloqueo Económico Comercial y Financiero impuesto por Estados Unidos, que es en definitiva el principal obstáculo para una completa normalización de las relaciones bilaterales, siempre se mantuvo de por medio en este tiempo e incluso, en algunos aspectos se fortificó durante el mandato de Barack Obama.

El panorama hoy es bien distinto al de hace cinco años. En menos de un quinquenio el cambio ha sido radical bajo la administración del multimillonario Donald Trump, el cual acudió nuevamente a la retórica más cruda de asfixia económica. Las recetas utilizadas respecto a Cuba por el gabinete y los secuaces miamenses del magnate, van desde la mentira hasta las más injustas sanciones a dirigentes e instituciones del estado.

Para que se tenga una idea de lo que hablamos, a sólo unos meses de haber llegado al Despacho Oval, Trump y su grupo de asesores comenzaron a intimidar a la Isla porque supuestamente los diplomáticos estadounidenses en La Habana se quejaban de unos “ataques sónicos“. Esta fue la primera gran mentira generada desde la Casa Blanca y digo esto, porque ni siquiera existe una sola prueba que incrimine a Cuba y mucho menos que demuestre tales ataques.

Luego se supo con claridad cuál era el verdadero objetivo de estas graves acusaciones. Lo que siempre pretendieron fue reducir considerablemente el personal diplomático acreditado en La Habana para comenzar a minar cualquier esfuerzo anterior de acercamiento a la Isla. Sin embargo, esto no sería suficiente, por lo que las conspiraciones fantasmales de la administración 45 de los Estados Unidos han continuado.

El obcecado intento o delirio por destruir la Revolución Cubana también los ha llevado a reactivar viejos mecanismos de finales del siglo pasado que afectan la extraterritorialidad y la inversión extranjera en Cuba. Así llegó en mayo de 2019 la puesta en vigor del título tercero de la Ley Helms-Burton, algo que las anteriores administraciones estadounidenses jamás habían osado hacer.

Este sería uno de los mecanismos para crear la incertidumbre entre los nuevos inversionistas y los que pretendían abrir negocios en la Isla. Pese a todo el andamiaje mediático y la intimidación, la respuesta de Cuba ha sido mesurada y las cadenas hoteleras y varias empresas de capital mixto aún se mantienen en la Isla, a pesar de los vientos contarios que llegan desde norte.

Pero el descredito es otra de las prácticas a la que recurrentemente acude el gobierno de Donald Trump. En tiempos de pandemia los médicos cubanos, los mismos que detuvieron el Ébola en África y hoy hacen frente en más de una treintena de países a la Covid-19, han sido tildados en varias ocasiones como ¨mercancías¨ por el Secretario de Estado, Mike Pompeo. Y yo pregunto: ¿podrán ser mercancías quienes llevan amor, esperanza y salven vidas gratuitamente por todo el mundo?                       

Claro que no, simplemente que algunos políticos jamás comprenderán que la vida de los ser humano está por encima de cualquier faja millonaria. No existe mejor forma de rebatir estas difamaciones mezquinas que como expresara el propio Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, cuando dijo: ¨lo que hacen nuestros médicos es por un deber internacionalista sincero y no para hacer campañas políticas“.

Sin embargo de campañas infames contra Cuba o algo similar a una guerra digital feroz, sí viven varios personeros asalariados por instituciones gubernamentales de Estados Unidos. En las redes sociales se dirimen hoy fuertes batallas entre la mentira envenenada y divisoria que viene del norte y la verdad que rebate cualquier argumento de falsedad.

Lo cierto es que cada vez son más las agresiones que siguen concertándose desde los Estados Unidos. Quizás los próximos meses sean definitorios para el beneficio de las futuras relaciones bilaterales, pero habrá que aguardar y por supuesto que nada de lo que pase luego de las elecciones presidenciales de noviembre sorprenderá a nadie. Cuba sabe muy bien lo que es resistir, lo ha hecho por más de 60 años y, quien duda que no seguirá haciéndolo.

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La Nación y el Mundo

De Lincon a Trump, retrospectiva republicana

Gabriel Zapata González

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Las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y el país vecino se encuentra sumergido en un contexto político donde prevalecen discursos de racismo, xenofobia y resentimiento entre el electorado. Las diferencias en la contienda electoral se caracterizan no por propuestas políticas, económicas o fiscales, sino por una desemejanza en la narrativa y la visión del país al que aspiran ser.

El Partido Republicano, que hoy lidera la fórmula Trump-Pence rumbo a la presidencia, nació como resultado de la oposición del Presidente Abraham Lincon y los políticos norteños a la permanencia del sistema esclavista predominante en los estados sureños-demócratas, durante los años previos a la Guerra de Secesión (1861-1865)

La doctrina y pensamiento político del Partido Republicano se basa en la oposición a un mayor involucramiento del Estado, prevaleciendo la visión económica donde el mercado se rige por el sector privado y sus libertades. Hoy en día, el apoyo demográfico es más fuerte entre los votantes blancos, con el dominio de las elecciones en los estados del sur.

En los primeros años de su existencia, el partido fue mayoritariamente apoyado por liberales que comulgaban con la idea de la abolición de la esclavitud para permitir la liberación de los afroamericanos en el ámbito social, económico y político, mientras sus rivales, el Partido Demócrata, contaba con el apoyo del electorado blanco en el sur con características religiosas y conservadoras.

Los años de la guerra civil y el gasto del gobierno federal en ella, trajeron como resultado el que muchos empresarios en el norte se hicieran de un poder económico y se involucraran en la participación política, mediante aportaciones económicas a candidatos que favorezcan al libre mercado. Posteriormente, la comunidad republicana que salió beneficiada de los años de la guerra, consideraban que la lucha por los derechos de los afroamericanos, era suficiente, al ser un país mayoritariamente blanco.

Para 1920, el Partido Republicano se había convertido en el partido de las grandes empresas. Después de la Gran Depresión de 1929, Roosevelt (candidato demócrata), pregonó un mayor gasto público en programas sociales y resultó electo como presidente e implementó una política económica donde el tamaño y el rol del estado en la economía se incrementaron sustancialmente.

Durante la década de los 60 el tema del racismo regresa a la agenda política nacional, gracias al nacimiento del Civil Rights Movement, liderado por Martin Luther King. En 1964, Lyndon B. Johnson firma el Civil Rights Act, que dotaba de mayores derechos políticos e inclusión social a los afroamericanos. El candidato presidencial republicano, Barry Goldwater se opuso a esta decisión, argumentando que el aumento del papel y rol del gobierno aumentaba de manera exponencial.

Debido al contexto de la época, ocurre el gran cambio de simpatizantes en ambos partidos. Los afroamericanos y la izquierda transitaron a comulgar con el Partido Demócrata debido al apoyo puntual y notorio de los presidentes en el ámbito social hacia los afroamericanos. Los blancos en el sur, resintieron la mayor intervención del Estado en las decisiones político-económicas y se inclinaron hacia el Partido Republicano. En 1980, Ronald Reagan ofreció en su agenda luchar por los intereses de los empresarios, por los valores familiares tradicionales y la disminución de los impuestos.

Para el nuevo milenio, Estados Unidos se enfrentó a un inmenso cambio demográfico debido a la inmigración latina. Los demócratas se situaron a favor de una nueva reforma inmigratoria que permitiese a los latinos ilegales una ruta hacia un estatus legal que pudiese llegar a la obtención de la ciudadanía americana. En contraparte los republicanos se opusieron a una reforma inmigratoria, ya que percibieron la inmigración ilegal como un atentado a su cultura e idiosincrasia americana.

En las elecciones presidenciales de 2012, Mitt Romney, candidato republicano, forjó una postura fuerte y rígida en contra de la inmigración y su posible reforma, como consecuencia, 71% del voto latino se encaminó a la propuesta de Barack Obama, que terminó por llevarse la carrera rumbo al Salón Oval.

Donald Trump, aprovechándose de la desconfianza, el resentimiento y la frustración del electorado blanco, impulsó su carrera presidencial con una retórica de odio y otredad que legitimó el racismo sistemático hacia las personas no blancas de Estados Unidos.

El partido Republicano ha dado bandazos ideológicos y actualmente, su discurso conservador y a veces xenófobo, carece de interés en el electorado, ya que se percibe como un partido de blancos en un país donde las minorías raciales, tales como, los asiáticos, latinos y afroamericanos amenazan con convertirse en la mayoría étnica que prevalezca en la comunidad americana.

La elección del primer martes de noviembre marcará el rumbo político y social de los Estados Unidos, el electorado estadounidense decidirá entre la permanencia del sentimiento proteccionista, antiinmigrante y nacionalista o bien, el retorno a una agenda de mayor apertura e inclusión social y económica.

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