La sangrienta represión desatada en Colombia durante los últimos días hunde sus raíces en la atribulada historia de este hermano país. Uno de esos trágicos antecedentes fue el asesinato por el ejército colombiano de miles de niños, mujeres y hombres en Ciénaga (Magdalena), entre el 5 y 6 de diciembre de 1928, para proteger los intereses de la United Fruit Company, conocida como la masacre de las bananeras

Este monopolio frutero de Estados Unidos tenía desde inicios del siglo XX un imponente enclave agrícola en la costa atlántica de Colombia. Las más de cuarenta extensas plantaciones de la fruta seguían la línea de los 120 kilómetros del ferrocarril de la propia United Fruit, desde el puerto de la Ciénega, pasando por Aracataca –el pueblo natal de Gabriel García Márquez, que inspiró su icónico Macondo-, hasta culminar en Fundación. A fines de la década de 1920, la región era el tercer abastecedor mundial de bananos que cultivaban mestizos e indígenas de la propia región y de otros lugares de Colombia, reclutados por contratistas de la compañía norteamericana. Con ellos se conformó un expoliado proletariado rural sin tierra, que al igual que los estibadores del puerto, sólo tenían trabajo eventual, pues la fruta no se cortaba todos los días.

El conflicto con el monopolio bananero se desencadeno a fines de 1928 cuando la recién creada Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena reclamó el cumplimiento de las leyes laborales colombianas. En su petitorio, exigían a la United Fruit, entre otras reivindicaciones, un contrato colectivo de trabajo, jornada de ocho horas, descanso dominical, aumento de los salarios y erradicación del pago en vales. Ante el tajante rechazo de la empresa extranjera estalló la huelga de sus más de veinte mil trabajadores, respondida por el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez con el estado de sitio.

La intransigencia de la compañía norteamericana y la incapacidad gubernamental para quebrar la resistencia de los huelguistas, provocó que el general Carlos Cortés Vargas, al frente de tropas enviadas a Santa Marta, se decidiera por la violencia para resolver el conflicto. En la noche del 5 de diciembre de 1928, el despiadado oficial concentró un numeroso contingente militar en la estación del ferrocarril en Ciénaga y dio un ultimátum a los cientos de obreros acampados con sus familias para que desalojaran el lugar. Al tercer toque de corneta, el grito unánime de “¡Viva la huelga!” fue ahogado en sangre por el tableteo de las ametralladoras y los fusiles del ejército

No se conoce el número de muertos de esa fatídica noche, ni tampoco en los días siguientes, cuando los huelguistas eran cazados como conejos en las plantaciones y pueblos de la localidad. Según el propio general Cortés Vargas sólo hubo nueve muertos, el embajador norteamericano en Bogotá admitió que pasaban de mil personas, aunque muchos estiman que superó cinco veces esa cifra. Según la leyenda popular, recreada en Cien Años de Soledad (1967), cientos de personas muertas o heridas fueron trasladadas en vagones del tren frutero y arrojadas al mar para alimento de los tiburones.

La brutalidad de la represión militar desencadenó espontáneas protestas que alcanzaron grandes proporciones en Líbano, Santander, Tolima, San Vicente, Valle y otras partes de Colombia, en las que se destacaron los trabajadores ferroviarios. Alarmado, el gobierno llegó incluso a contratar en la Italia fascista una misión para asesorar a la policía y el ejército.

El líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, quien veinte años después fuera asesinado en las calles de Bogotá en una nueva ola de violencia iniciada con el bogotazo, que ya contamos en Informe Fracto, denunció en el parlamento los crímenes del ejército colombiano. El principal autor material de la horrenda matanza, el general Cortés Vargas, que fue exonerado de estas graves acusaciones, alegó en su defensa que había sido necesaria para impedir que los barcos de guerra norteamericanos, que merodeaban por la costa de Colombia, desembarcaran sus marines en el territorio nacional para salvaguardar a la Company United Fruit.

El miércoles 28 de abril de 2021 comenzó en Colombia una  protesta social contra el gobierno neoconservador del presidente Iván Duque. Hasta nuestros días la intensidad de la resistencia  popular ha ido en constante aumento. La fuerza represiva de la administración del régimen autoritario del mandatario colombiano no ha podido contener a la rebelión, por el contrario, parecería darle cada vez más insumos al estallido. En diversos países del mundo ciudadanos colombianos y organizaciones sociales han manifestado su total apoyo a las distintas expresiones de esa protesta social colombiana que ha emergido en diversas partes urbanas y rurales del país sudamericano. Incluso el Papa Francisco ha manifestado: “Quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia, que han provocado muertos y heridos”. Puede pensarse que desde 1948 cuando aconteció el llamado Bogotazo no se había gestado una enorme movilización social de la magnitud de aquellos tiempos. Traigamos a la memoria aquel 9 de abril de 1948, momento en que el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, era asesinado de tres disparos por un sicario de aquella época. El presidente colombiano en turno era el conservador Mariano Ospina Pérez. Las revueltas populares en aquellos tiempos se orientaron contra las instituciones del Estado y mostraban de manera muy semejante el descontento y el estallido social de nuestros tiempos.   

El asesinato Gaitán acontecía en el mismo momento en que se reunían en Bogotá dirigentes estudiantiles procedentes de Cuba, Costa Rica, México, Panamá y Venezuela (entre ellos figuraba el joven Fidel Castro). El Congreso Latinoamericano de Estudiantes entre otros temas tenía como agenda protestar contra el intervencionismo estadounidense. Pero paralelamente también en la capital colombiana se llevaba a cabo la Conferencia Panamericana que alentada por Washington, buscaba  un acuerdo en contra de los comunistas y declararlos fuera de la ley. Era el antecedente inmediato de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que nacía al calor de la Guerra Fría.

Setenta y un años después del “Bogotazo”, Colombia vive uno de los momentos más álgidos de la protesta social, y el detonante del estallido fue la reforma tributaria que impuso el presidente conservador Iván Duque. Sin embargo, se puede pensar que esa reforma fiscal únicamente derramó el vaso de agua  que se encontraba a punto de rebosar. Si bien por su carácter neoliberal, la reforma afectaba a amplios sectores de las clases medias y afectaba con una mayor carga impositiva a los sectores populares. Los más beneficiados resultaban los grupos económicos y políticos dominantes en la sociedad. Esa disparidad fue finalmente la chispa que detonó las revueltas populares en toda Colombia que han durado más de medio mes. Las palabras del padre Camilo Torres (que ante la injusticia social se incorporó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en enero de 1966, cayendo en su primer combate), parecen proféticas cuando afirmaba: “El gobierno actual es tiránico porque no lo respalda sino el 20 por ciento de los electores y porque sus decisiones salen de las minorías privilegiadas” (“La lucha es larga, comencemos ya…”, Bogotá, 26 de agosto de 1965).

Recordemos que en la selecciones de 2018, Iván Duque, era el candidato de la ultraderecha colombiana. Detrás de él, estaba y sigue estando el ex presidente  Álvaro Uribe, dirigente de facto del Partido Centro Democrático e ideólogo y estratega de las derechas latinoamericanas. Pensamos que la ultraderecha colombiana, se inserta en la lógica de la política más abyecta y sumisa a lo que era el presidente estadounidense Donald Trump. Duque junto con Jair Bolsonaro (Brasil), Juan Orlando Hernández (Honduras) y Lenin Moreno (Ecuador), Sebastián Piñera (Chile) entre otros mandatarios latinoamericanos, son los mayores defensores del neoliberalismo en la región. La política de Duque, comandado por Álvaro Uribe Vélez, ha sido obstaculizar el avance del proceso de paz en un país desangrado por una guerra que lleva más de medio siglo.  Sin duda la guerra en Colombia es conflicto militar más largo de la historia latinoamericana, incluso superó en su prolongación a la llamada Guerra de Castas que se gestó en la segunda mitad del siglo XIX en la península de Yucatán y que culminó en 1901. Hemos afirmado que estos escenarios de violencia son los que la ultraderecha colombiana y latinoamericana no quieren erradicar.

La represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) adscrito al Ministerio de Defensa, en la coyuntura actual colombiana, es el principal responsable directo de la represión contra los jóvenes, estudiantes, trabajadores, indígenas y otros sectores sociales que toman las calles en Colombia. En el momento actual de la protesta social, la Defensoría del Pueblo ha señalado que el número de manifestantes  desaparecidos llega a 548 desde el mismo 28 de abril. En tanto que la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ),  han afirmado que el número de asesinados suma a más de 47 personas durante los primeros 10 días de las protestas. 

Sin duda, puede pensarse que el escenario político y social colombiano se orienta por el rumbo de la guerras atizadas por el neoconservadurismo y la represión de las fuerzas uribistas. La alternativa del Comité Nacional del Paro ha sido  tomar el camino de una política incluyente, por la vía del diálogo y del respeto a los grandes sectores sociales del pueblo colombiano.  La derecha y  la  ultraderecha latinoamericana, por otro lado cierran filas con Duque. No quieren dar un respiro a los sectores más vulnerables. Colombia según el censo de 2018, cuenta con una población de más de 48  millones de personas, de los cuales más del 34% viven en la pobreza (más de 21 millones), según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En el contexto de la pandemia, la pobreza extrema ascendió del 10,9% en 2019 al 14,3% en 2020 (más de 7 millones). Frente a ese panorama y los miles de asesinados por los grupos paramilitares desde la firma de los acuerdos de paz, el escenario se hace cada vez más intolerable. A eso se suma el crecimiento de las organizaciones del narcotráfico y del sicariato organizado, que es  alentado por los grupos enquistados en el poder económico y político colombiano. Todo esta acumulación de contradicciones,  muestra una mayor espiral de protestas que puede pensarse no cederán en el corto plazo. Complejo escenario que parece irreversible si la oligarquía colombiana no cede por primera vez. Ella  tiene que aceptar la reducción de sus enormes ganancias económicas y hacer una distribución más incluyente de los ingresos a los más amplios sectores de las capas medias y populares de Colombia.

Las causas de la espontánea sublevación popular ocurrida el 9 de abril de 1948, conocida como el bogotazo, tienen que ver con la derechización que vivía Colombia bajo el gobierno conservador de Mariano Ospina. Presionado por los sectores más intolerantes de la oligarquía y Estados Unidos, este mandatario enrareció desde fines de los años cuarenta el ya tenso ambiente político con persecuciones macartistas, una mayor represión en las zonas rurales y la liquidación de las organizaciones obreras, catalogadas de comunistas y anticristianas.

La mayoría liberal en el parlamento, guiada por Jorge Eliécer Gaitán, un líder carismático comprometido con la defensa de las causas populares, rompió desde junio de 1947 con el gobierno y convocó a la movilización nacional contra la espiral de violencia. Gaitán se venía radicalizando después de las elecciones de mayo de 1946, de lo que era prueba su lenguaje antimperialista y los llamados a la lucha de los trabajadores. En la multitudinaria marcha del silencio, el 7 de febrero de 1948, llegó a desafiar al régimen conservador cuando advirtió que “un partido que logra esto, muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa”.

El auge de la lucha popular, y las consignas revolucionarias agitadas por Gaitán, alarmaban a las elites, que sólo buscaba un incidente para aumentar la represión. Este pretexto fue el bogotazo. El 9 de abril de 1948, cuando en Bogotá sesionaba la IX Conferencia Panamericana, partera de la Organización de Estados Americanos (OEA), Gaitán fue asesinado en las calles de la capital colombiana por un oscuro fanático conservador nombrado Juan Roa Sierra. El airado pueblo de la ciudad, volcado automáticamente a las calles, ajustició de inmediato al criminal y se lanzó al asalto del Palacio Presidencial, pues por instinto responsabilizó al gobierno con lo ocurrido. Ante la frustración de las ansias renovadoras de la población, que se canalizaban en torno a Gaitán, se desató entonces una anárquica insurrección urbana (el bogotazo), con apoyo de la principal central sindical e incluso de la policía, que puso al gobierno al borde del colapso. Entre los que se unieron al levantamiento popular estaba un joven universitario cubano, Fidel Castro, que se encontraba en Bogotá para una reunión estudiantil continental en contra de la creación de la OEA.

En algunos sitios, como en Barrancabermeja, se formaron juntas revolucionarias que por varias semanas desafiaron a las autoridades, mientras por todas partes brotaban bandas armadas para vengar a las víctimas y defenderse de la represión. Para intentar acallar al pueblo, el presidente Ospina, luego de reunirse con la directiva liberal en el virtualmente sitiado Palacio Presidencial, nombró algunos ministros del partido opositor en su gabinete, que hicieron llamados a la calma.

El bogotazo abre el periodo de la historia de Colombia conocido como “la violencia”, que dejó un saldo de miles de muertos. También el bogotazo facilitó los planes de la ultraderecha, pues el presidente Ospina, rompió relaciones con la Unión Soviética y tras la retirada de los ministros liberales del gabinete (mayo de 1949), clausuró el congreso (noviembre), suspendió las garantías constitucionales y traspasó el poder (7 de agosto de 1950), en unos comicios sin oposición, a un correligionario de ideología fascista: Laureano Gómez, quien regresó de la España de Franco.

Bajo un estado de sitio perpetuo se implantó una verdadera dictadura, que sirvió para aplastar, mediante la intimidación y otros métodos brutales -hubo secuestros y asesinatos masivos-, al liberalismo radical y las organizaciones de izquierda, mientras el gobierno establecía un estado corporativo de partido único, calcado del falangismo español, mediante una impuesta reforma constitucional.

El gobierno fascista de Gómez subordinó totalmente los intereses nacionales a la política de Estados Unidos, una de cuyas peores expresiones fue el envío de tropas a la Guerra de Corea, convirtiendo a Colombia en el único país latinoamericano que lo hizo. Los perseguidos por la reacción, liberales, socialistas, comunistas y otros sectores, respondieron con huelgas y paros, mientras las zonas rurales se inundaban de guerrillas que combatían la represión gubernamental, situación que se prolonga hasta hoy.