Madre América: Puerto Rico
Diversidad sexual en Puerto Rico desde el coloniaje: desencuentros entre la metrópolis y la colonia en el siglo XXI
Hablar de la sexualidad en Puerto Rico es un asunto que, aun en pleno siglo XXI levanta alertas e intensos debates respecto a su manejo en asuntos públicos y educativos, o incluso como el Estado debe gestionarlos. La moralidad con la que se alzan ciertos grupos cívicos, religiosos y políticos se exacerba sobre manera cuando se plantea de la sexualidad una diversidad. Diversidad que muchos se niegan a reconocer apuntando a un binario religioso ya establecido y que biológicamente la ciencia, en parte secunda, basado en un principio de reproducción. Desde que el choque cultural con Europa trastocó las bases matriarcales de la sociedad taína nativa, el patriarcado ha campeado por establecer unos modelos que ha costado cuestionar en el lento cambio generacional. En este punto, las primeras dos décadas del siglo XXI han sido el escenario de una batalla social por romper con paradigmas y estigmas desde el centro del arraigo puertorriqueño, pero el fundamentalismo aliado con los partidos políticos de mayoría, han actuado en contubernio para limitar esos avances.
A pesar de este contexto, tan complicado y desfavorecedor, hay un elemento político que ha trastocado profundamente el escenario jurídico-sexual puertorriqueño: su realidad de sometimiento e inferioridad colonial respecto a los Estados Unidos. Esta realidad, que algunos políticos se niegan a reconocer, aunque ha sido deplorable y negativa en el desarrollo político, económico y social del país, en el caso de las jurisprudencias respecto a la diversidad sexual y los derechos que le protegen ha resultado beneficioso, no sin antes escenificar contraposiciones entre el poder colonial y el poder de la metrópoli. Si bien no es correcto decir que no ha habido intentos por manejar las injusticias presentes en el sistema, normalmente defendidos por colectivos civiles y partidos políticos minoritarios, es necesario señalar que la consecución de tales objetivos ha sido en parte por las imposiciones del Tribunal Supremo de Estado Unidos, el cual está, jurídica y legalmente, sobre el puertorriqueño.
Según una investigación realizada por el Dr. José Toro-Alfonso, del Departamento de Psicología del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, publicada en 2007 por la Comisión de Derechos Civiles, se señala que “el Tribunal Supremo de Puerto Rico aporta muy poco para detener la desencadenada homofobia en la sociedad… los elementos homofóbicos y discriminatorios pernean todos y cada una de las decisiones que hemos estudiado”. Esta situación no es de extrañar cuando estos puestos vitalicios hasta los 70 años, son asignados por los partidos de poder que se han alternado continuamente. El estudio, que se realizó en agencias públicas, arrojó datos sorprendentes que reflejan la mirada del país. Mientras un 47% porciento entiende que Puerto Rico no es un lugar seguro para demostrar la diversidad sexual existente, un 67% señala que las políticas públicas no son claras y un 63.5% entiende que las diversidades sexuales no tienen el mismo espacio social y aceptación dentro de las agencias públicas. Esta última premisa cobra especial relevancia cuando servidores públicos entrevistados sostienen que casos de violencia conyugal en parejas homosexuales son desestimadas porque jueces han llegado a argumentar que “las víctimas se lo buscaron al ser homosexuales”. Incluso, en 2003, el tribunal había suprimido la protección a parejas homosexuales, entonces parejas de convivencia, a la luz de la Ley Contra Violencia Doméstica. De igual forma, en un caso de abandono de menores, trabajadores sociales sostuvieron que “menores eran dejados a cargo de un tío homosexual”, recargando la orientación como un riesgo y evidencia de que el menor era abandonado. Es desde estas perspectivas, que se construye un marco legal discriminatorio desde el poder, aunque algunos sostienen que no existe la necesidad de legislar protecciones en particular pues las personas sexualmente diversas “tienen la misma protección de la constitución”.
En el aspecto legal, las diferencias con Estados Unidos han estado presentes hasta que dictámenes del Tribunal Federal obliga a la jurisprudencia colonial a adecuarse al estatuto aprobado. Por ejemplo, mientras Estados Unidos ya permitía la reasignación del sexo en los documentos oficiales, Puerto Rico se limitaba a un simple cambio de nombre, por lo que se tenía que recurrir a una sentencia del tribunal para autorizarla. Siendo esto así, requería que la información sustancial pudiese ser vista, a pesar del cambio, por lo que en un certificado podía constar que una mujer había nacido biológicamente varón, planteando asuntos de violación a la intimidad, entre otros. La contrariedad llegó con determinaciones totalmente opuestas del Tribunal Supremo de Puerto Rico con cinco años de diferencia. Mientras en 2000, en el caso Torres Andino se autorizó el cambio de género, en 2005, en el caso Delgado Hernández, el Tribunal cambió su parecer, arguyendo que la ley no proveía para esos aspectos, pues no estaba expresamente establecido. Esto constituyó un vuelta atrás jurídico que el juez asociado Rivera Pérez sostuvo en el hecho de que “serían múltiples las consecuencias en el sistema jurídico vigente como por ejemplo, la autorización indirecta del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parejas del mismo sexo, entre otras”, lo que en este momento estaba prohibido, a tal punto que en 1999, mediante la Ley 94, el Código Civil había sido enmendado para dictar y aclarar que “cualquier matrimonio entre personas del mismo sexo o transexuales contraído en otras jurisdicciones, no será válido ni reconocido en derecho en Puerto Rico”.
En 2008, bajo la presidencia demócrata de Obama, los asuntos de diversidad sexual y el Colectivo LGBTTQ adquirieron mayor notoriedad mediante Órdenes Ejecutivas, que brindaron mayores derechos al colectivo dentro del ejército y a los estudiantes transgéneros. En una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 2013, éste dictaminó que el gobierno federal no podía definir el matrimonio sólo como la unión entre un hombre y una mujer, sin embargo, dejó en cada Estado de la Unión y territorio el poder de decidir aceptar el matrimonio igualitario, por lo que Puerto Rico se negó, a pesar de que varios casos se veían en los tribunales. Más adelante, en 2015, el Tribunal Supremo de EE.UU. decidió aplicar en derecho el matrimonio igualitario entre personas, uniformando así la ley para todos los ciudadanos. Aunque en principio el propio gobierno puertorriqueño fue contra la ley, el Poder Ejecutivo se vio obligado a aceptar la determinación federal y a aplicarla, aun cuando el Código Civil de Puerto Rico establecía lo contrario. El Poder Legislativo y Ejecutivo se enfrentaron a causa de esta nueva normativa, pero el dictamen federal fue avasallador: no era una elección, era una orden. Cabe destacar que aún cuando se ordenó el cambio en 2015, en Código Civil vio una nueva versión en 2020, aprobada por el gobierno conservador y que no ha entrado en vigor, pero que se estima traerá un sinnúmero de batallas legales por su falta de precisión, lenguaje ambiguo e incluso, según algunos, discriminatorios. Especialmente, porque entra a limitar derechos como la adopción, los hijos fuera del matrimonio, las terapias reparativas, entre otros asuntos que en su momento se verán.
La debilidad del gobierno respecto a grupos fundamentalistas y otros, quedó manifiesto en 2013, cuando en pleno proceso legislativo para aprobar una ley contra el discrimen por orientación sexual e identidad de género, el gobierno eliminó y limitó las instancias de su aplicación en último momento antes de su votación final para que sólo aplicara en cuestiones de empleabilidad. Para contrarrestarlo, en 2014, nominó como Juez Asociada al Tribunal Supremo de Puerto Rico a la Lcda. Maite Oronoz, una abogada abiertamente lesbiana, lo que levantó serios debates y reacciones, pues se entendía que la designación estaba enfocada en el hecho de congraciarse con los derechos de minorías sexualmente diversas, pero sin alterar la jurisprudencia vigente necesaria respecto a sus derechos en otros espacios mucho más urgentes no trabajados. Aún así, su designación fue celebrada por los colectivos de diversidad sexual.
Aunque en algunos aspectos se avanzó, el cambio de gobierno en 2017 volvía a poner en peligro ciertos avances. El Poder Legislativo, en vista de que no podía deshacer los dictámenes federales estadounidenses, buscaba aprobar una “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, lo que resultaba absurdo pues la misma Constitución protege la libertad religiosa y de culto en el País. Lo que buscaba el proyecto en sí, era blindar a sectores del país, con la posibilidad de negarse a atender, servir o recibir a personas de diversidad sexual amparándose en que su doctrina o base de fe se lo prohibía porque esa persona no vivía según sus parámetros. Aunque el proyecto fue aprobado en la Cámara y el Senado, fue vetado por el Poder Ejecutivo y la Legislatura no ha conseguido los votos para ir sobre él como dictamina la Constitución Colonial. A pesar de la resistencia y los pequeños avances que pudieron surgir desde la jurisprudencia puertorriqueña, los grandes cambios respecto al ordenamiento jurídico y la diversidad sexual, han venido y siguen llegando por dictamen del Tribunal Federal. Aunque se puede reconocer que bajo la Gobernación de Alejandro García Padilla el tema fue ampliamente debatido y atendido, el Poder Legislativo y Ejecutivo parecen tener posturas encontradas que no se alinean hasta no verse supeditados a un dictamen del Tribunal Supremo de EE.UU.
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Jasmine Camacho Quinn y los múltiples rostros de la nacionalidad puertorriqueña
Cuando García Márquez creó Macondo, ese espacio del nítido realismo mágico latinoamericano, parece haberse equivocado de lugar. Las noticias que saltan en la prensa colonial puertorriqueña, en ocasiones parten del aparato represor mediante cesura, y parecen un listado de ficción. El gobierno, en lugar de hacer un trabajo que amerite el estruendoso “honorable”, nos muestra las paupérrimas y cuestionables decisiones de quienes dirigen. Si su labor es servir al País, ¿por qué nos encontramos constantemente con una vorágine de despropósitos? Primero, el fatulo contrato para privatizar el servicio de energía eléctrica; luego la privatización de los servicios de transporte marítimo para las islas-municipio de Culebra y Vieques y, finalmente, la hipócrita enmienda laboral del Partido Popular que en el mandato 2016-2020, se desgarraba las vestiduras por los trabajadores. Quitar derechos para que más abracen la pobreza, mientras otros se enriquecen, a costa de un ideal y la ilusión de quienes les votan, no es servir, es servirse. Que miles de compatriotas tengan que emigrar por no encontrar una plaza de trabajo digna gracias a los despropósitos coloniales, es inaceptable. No todos tenemos la suerte, o privilegio, de que se nos creen puestos de trabajo o tener una genealogía de estirpe envidiable para ser acomodados e puestos de trabajo. El cuento neoliberal de que la privatización es la solución a los males lo venimos escuchado desde la época de Roselló padre (1993-2000) y los servicios en nada han mejorado, pero si ha encarecido, esa es la verdadera cara del gobierno privativo, para quien pueda pagarlo.
Como si la ola privatizadora todopoderosa fuese poco, salen nuevos ataques de la Junta de Control Fiscal extranjera, que hinca sus colmillos sobre la Universidad de Puerto Rico y la educación pública en general. Más recortes y aumentos, millones a la deriva en un país que se hunde en la ignorancia y que prueba de ello es la manera en la que votan. En 2017, antes del huracán María, que destrozó el país y de cuyos estragos aún nos estamos recuperando, salieron artículos periodísticos sobre el costo de estudios en el sistema público universitario y su repercusión más allá de las “ayudas” que proporciona el sistema. En momentos en que se pretende trastocar fuertemente la UPR otra vez, es importante que pongamos conciencia respecto a lo que está sucediendo. Históricamente, se ha repetido hasta la saciedad el bajo costo de los estudios en la Universidad de Puerto Rico en comparación con otros sistemas públicos estadounidenses, lo que es un hecho. Sin embargo, las declaraciones del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico deben poner en perspectiva estas aseveraciones que de tanto repetirse, las personas las toman por absolutas. El organismo rector ha señalado lo costoso del sistema público cuando se toma en cuenta el ingreso familiar: mientras una familia estadounidense debe destinar entre 30 a 40 por ciento del ingreso para la educación universitaria, las familias puertorriqueñas deben invertir casi 65% por ciento del mismo, o sea, el doble. En la actualidad debe ser más. Igual es nuestra brecha salarial. Muchas voces se rasgarán las vestiduras arguyendo que las “ayudas” cubren ese coste, pero no podemos perder de perspectiva que el costo de vida ha aumentado estrepitosamente, en comparación con los salarios y que la vida estudiantil conlleva más que una matrícula y el tope de la “ayuda” varía por año. Para el año fiscal que ha de cerrar este próximo 30 de junio, el tope estipulado fue de $6,345.00, mientras que en 2017 era de $5,818.00 dólares, un tope que no le aplica a todo el mundo. Según datos provistos por la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la UPR y el Censo de EE.UU., sólo el 50% recibe ese tope y un 20% algún apoyo económico, mientras que el 30% se costea sus estudios. El 50% que la recibe en su totalidad es porque su condición es precaria y no pueden aportar nada. Mientras tanto, el otro 50% de nuestra población de grado pública no tiene asegurada su matrícula de estudios y esto es peligroso, sumamente peligroso, dado los recortes propuestos por Junta de Control y aumentos en el costo de vida proyectados por nuevos impuestos. ¿Qué precios estamos dispuestos a pagar ante la posible desarticulación de la universidad pública? Y no es sólo una cuestión económica, pues el país se vacía con los profesionales que se van. Entonces, ¿Quienes han de sustituirlos si le cortamos las alas a un 50% de nuestra población estudiantil? Esto no es cuestión de ser dramático, es ser realista. Olvidémonos de EE.UU. un segundo. Si desde allá no hay dinero para la deuda, tampoco vendrán los futuros profesionales que nuestra sociedad necesita. Entre los que se van y los que no puedan seguir estudiando, la combinación es alarmante. Hoy son los médicos, ¿Y mañana? El Consejo de Educación advierte que y cito: “un aumento en el costo de estudio, sin considerar las subvenciones, podría significar una enorme reducción de la población que pueda tener acceso a la educación superior”. Nuestro país se empobrece cada vez más y a la Junta Invasora y a “nuestros “líderes” no parece importarles. Los ahorros que querramos hacer ahora en áreas sensibles, quizás, nos salgan más caros en el mañana. Reflexionemos.
Sin duda, el Estado se vuelve un tropiezo constante en todo sentido. Entorpece en lugar de facilitar, todo en pos de mantener un estatus quo perpetuo en su beneficio. Siembran la tragedia, para salvarnos luego. La histórica agonía de israelitas en el desierto, solo que nosotros, hace mucho que ya pasamos los cuarenta años. Debemos despertar
Las ciudades, como producto de la interacción humana, tienen su historia, un proceso viviente y continuo que no se detiene y se cimenta en el cúmulo de hechos y experiencias que sus habitantes y el espacio que ocupan recibe. San Juan de Puerto Rico, antes llamada Ciudad de Puerto Rico, pues San Juan era la isla en sí, es la segunda ciudad más antigua de América y en 500 años de refundada en la Isleta que hoy ocupa, perdura en sus calles la semilla de una sociedad que no se detiene y se reafirma. San Juan de Puerto Rico se encuentra entre las urbes coloniales más antiguas y mejores preservadas del hemisferio occidental. La ciudad, que tiene sus orígenes en la antigua Villa de Caparra, fundada en 1509 al sur de la bahía por Juan Ponce de León, se vio obligada a trasladarse a su localización actual entre 1519 y 1521, dado que se arguía el peligro que representaba el pantanoso lugar previo para la salud de los niños, razón por la peticionaban el cambio desde 1514. La Cédula Real que concedía tal cambio, fue firmada por el emperador Carlos V, el 20 de julio de 1521. Esta histórica ciudad, además de ser la segunda más fortificada del continente después de Cartagena, Colombia, tiene el honor de resguardar entre sus murallas, auténticos Patrimonios Nacionales y de la humanidad como sus sistemas defensivos, encabezados por los Castillos de San Felipe del Morro (1589) y Castillo de San Cristóbal (1634-1783) y el Palacio de Santa Catalina, también conocido como La Fortaleza, el cual es la Residencia de Estado más antigua en uso ininterrumpido en América desde su edificación entre 1533 y 1540.
La historia de está ciudad antillana y caribeña está irremediablemente ligada a la faceta militar que primó todo movimiento y acción, especialmente desde que la isla fue declarada una Capitanía General en 1582. Todo su sistema y desarrollo se veía subeditado en su totalidad a este menester bélico que le costó particulares capítulos de enfrentamiento con otras potencias coloniales que buscaban hacerse de ella. Los ataques ingleses de 1595 y 1598, así como el ataque holandés, que incendió la ciudad en 1625, apocaron a desallorar en la ciudad durante el siglo XVIII todo un sistema defensivo que hizo de ella un alcazar impenetrable, una de las diez ciudadades completamente amuralladas de la Monarquía Hispánica en América. El proyecto fue todo un éxito defensivo, siendo prueba de ello la derrota inglesa durante el ataque de 1797. Las murallas, con una altura que sobrepasaba los siete metros de altura y cinco metros de espesor, fueron el marco perfecto para la joya arquitectónica que hoy, entre antiguo y moderno, se yergue sobre la isleta.
A pesar de los siglos y el cambio del tiempo, desde que San Juan comenzó su andadura política el 31 de diciembre de 1521, la primacía de los asuntos militares en la ciudad, dominó los primeros cuatro siglos de su existencia, por lo que la sobriedad de sus edificios es un testigo irrefutable de su función. Aun cuando San Juan tiene exquisitos ejemplos arquitectónicos de estilos medievales como el gótico tardío, presente en la restaurada Iglesia del Antiguo Convento de Santo Tomás de Aquino (Iglesia San José, desde 1863), la realidad es que la ciudad se consuma como un gran conjunto monumental neoclásico que la arropa y embellece durante el siglo XIX. Muchas de sus estructuras sufrieron reformas y modificaciones sustanciales que le brindaron el aspecto que hoy les engalana. Ejemplo de ello lo es el Palacio (Nacional) La Fortaleza, Patrimonio de la Humanidad desde 1983, que a pesar de edificarse en el siglo XVI, conservamos la profunda reforma palaciega que le realizara en 1846, el gobernador, Don Rafael Arístegui y Vélez, Conde de Mirasol. Su importancia histórica, según la UNESCO, radica en el hecho de que “ilustra de manera sobresaliente la adaptación al contexto caribeño de los desarrollos europeos en la arquitectura militar de los siglos XVI al XX“. Así pues, no sólo el palacio, sino San Juan toda, es la caribeñización de la mentalidad europea.
El adoquinado de las calles, que comenzó a finales del siglo XVIII, alcanzaba su belleza estética con la construcción del Teatro (Nacional) Alejandro Tapia y Rivera, comenzado en 1824 con su estilo toscano, pero inaugurado en 1832 con su sobrio estilo, propio del momento. Esta piedra angular de la cultura sanjuanera y puertorriqueña, tiene el honor de ser el segundo teatro más antiguo en Latinoamérica y en forma de herradura, aun en funciones initerrumpidas, superado sólo por el Teatro Principal de Puebla, México, edificado en 1760. Fue salvado de ser demolido en la década de los 40 del siglo XX, por la entonces alcaldesa Felisa Rincón de Gautier, emergiendo frente la Plaza de Colón, como concatedral cultural del país junto a la sede del Ateneo Puertorriqueño, de construcción más reciente.
Para las festividades por los 500 años de San Juan, el mejor regalo que podríamos hacer a esta joya caribeña y de América es preservarla como se merece. Que futuras generaciones puedan disfrutarla y no tengan que decir, que aquí alguna vez ubicó la zona antigua de la capital de Puerto Rico, justo lo que nosotros hacemos ahora con las ruinas de Caparra. No permitamos que se repita la historia.
