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Madre América: Puerto Rico

Diversidad sexual en Puerto Rico desde el coloniaje: desencuentros entre la metrópolis y la colonia en el siglo XXI

Edwin Sierra González

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Hablar de la sexualidad en Puerto Rico es un asunto que, aun en pleno siglo XXI levanta alertas e intensos debates respecto a su manejo en asuntos públicos y educativos, o incluso como el Estado debe gestionarlos. La moralidad con la que se alzan ciertos grupos cívicos, religiosos y políticos se exacerba sobre manera cuando se plantea de la sexualidad una diversidad. Diversidad que muchos se niegan a reconocer apuntando a un binario religioso ya establecido y que biológicamente la ciencia, en parte secunda, basado en un principio de reproducción. Desde que el choque cultural con Europa trastocó las bases matriarcales de la sociedad taína nativa, el patriarcado ha campeado por establecer unos modelos que ha costado cuestionar en el lento cambio generacional. En este punto, las primeras dos décadas del siglo XXI han sido el escenario de una batalla social por romper con paradigmas y estigmas desde el centro del arraigo puertorriqueño, pero el fundamentalismo aliado con los partidos políticos de mayoría, han actuado en contubernio para limitar esos avances.

A pesar de este contexto, tan complicado y desfavorecedor, hay un elemento político que ha trastocado profundamente el escenario jurídico-sexual puertorriqueño: su realidad de sometimiento e inferioridad colonial respecto a los Estados Unidos. Esta realidad, que algunos políticos se niegan a reconocer, aunque ha sido deplorable y negativa en el desarrollo político, económico y social del país, en el caso de las jurisprudencias respecto a la diversidad sexual y los derechos que le protegen ha resultado beneficioso, no sin antes escenificar contraposiciones entre el poder colonial y el poder de la metrópoli. Si bien no es correcto decir que no ha habido intentos por manejar las injusticias presentes en el sistema, normalmente defendidos por colectivos civiles y partidos políticos minoritarios, es necesario señalar que la consecución de tales objetivos ha sido en parte por las imposiciones del Tribunal Supremo de Estado Unidos, el cual está, jurídica y legalmente, sobre el puertorriqueño.

Según una investigación realizada por el Dr. José Toro-Alfonso, del Departamento de Psicología del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, publicada en 2007 por la Comisión de Derechos Civiles, se señala que “el Tribunal Supremo de Puerto Rico aporta muy poco para detener la desencadenada homofobia en la sociedad… los elementos homofóbicos y discriminatorios pernean todos y cada una de las decisiones que hemos estudiado”. Esta situación no es de extrañar cuando estos puestos vitalicios hasta los 70 años, son asignados por los partidos de poder que se han alternado continuamente. El estudio, que se realizó en agencias públicas, arrojó datos sorprendentes que reflejan la mirada del país. Mientras un 47% porciento entiende que Puerto Rico no es un lugar seguro para demostrar la diversidad sexual existente, un 67% señala que las políticas públicas no son claras y un 63.5% entiende que las diversidades sexuales no tienen el mismo espacio social y aceptación dentro de las agencias públicas. Esta última premisa cobra especial relevancia cuando servidores públicos entrevistados sostienen que casos de violencia conyugal en parejas homosexuales son desestimadas porque jueces han llegado a argumentar que “las víctimas se lo buscaron al ser homosexuales”. Incluso, en 2003, el tribunal había suprimido la protección a parejas homosexuales, entonces parejas de convivencia, a la luz de la Ley Contra Violencia Doméstica. De igual forma, en un caso de abandono de menores, trabajadores sociales sostuvieron que “menores eran dejados a cargo de un tío homosexual”, recargando la orientación como un riesgo y evidencia de que el menor era abandonado. Es desde estas perspectivas, que se construye un marco legal discriminatorio desde el poder, aunque algunos sostienen que  no existe la necesidad de legislar protecciones en particular pues las personas sexualmente diversas “tienen la misma protección de la constitución”.

En el aspecto legal, las diferencias con Estados Unidos han estado presentes hasta que dictámenes del Tribunal Federal obliga a la jurisprudencia colonial a adecuarse al estatuto aprobado. Por ejemplo, mientras Estados Unidos ya permitía la reasignación del sexo en los documentos oficiales, Puerto Rico se limitaba a un simple cambio de nombre, por lo que se tenía que recurrir a una sentencia del tribunal para autorizarla. Siendo esto así, requería que la información sustancial pudiese ser vista, a pesar del cambio, por lo que en un certificado podía constar que una mujer había nacido biológicamente varón, planteando asuntos de violación a la intimidad, entre otros. La contrariedad llegó con determinaciones totalmente opuestas del Tribunal Supremo de Puerto Rico con cinco años de diferencia. Mientras en 2000, en el caso Torres Andino se autorizó el cambio de género, en 2005, en el caso Delgado Hernández, el Tribunal cambió su parecer, arguyendo que la ley no proveía para esos aspectos, pues no estaba expresamente establecido. Esto constituyó un vuelta atrás jurídico que el juez asociado Rivera Pérez sostuvo en el hecho de que “serían múltiples las consecuencias en el sistema jurídico vigente como por ejemplo, la autorización indirecta del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parejas del mismo sexo, entre otras”, lo que en este momento estaba prohibido, a tal punto que en 1999, mediante la Ley 94, el Código Civil había sido enmendado para dictar y aclarar que “cualquier matrimonio entre personas del mismo sexo o transexuales contraído en otras jurisdicciones, no será válido ni reconocido en derecho en Puerto Rico”.

En 2008, bajo la presidencia demócrata de Obama, los asuntos de diversidad sexual y el Colectivo LGBTTQ adquirieron mayor notoriedad mediante Órdenes Ejecutivas, que brindaron mayores derechos al colectivo dentro del ejército y a los estudiantes transgéneros. En una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 2013, éste dictaminó que el gobierno federal no podía definir el matrimonio sólo como la unión entre un hombre y una mujer, sin embargo, dejó en cada Estado de la Unión y territorio el poder de decidir aceptar el matrimonio igualitario, por lo que Puerto Rico se negó, a pesar de que varios casos se veían en los tribunales. Más adelante, en 2015, el Tribunal Supremo de EE.UU. decidió aplicar en derecho el matrimonio igualitario entre personas, uniformando así la ley para todos los ciudadanos. Aunque en principio el propio gobierno puertorriqueño fue contra la ley, el Poder Ejecutivo se vio obligado a aceptar la determinación federal y a aplicarla, aun cuando el Código Civil de Puerto Rico establecía lo contrario. El Poder Legislativo y Ejecutivo se enfrentaron a causa de esta nueva normativa, pero el dictamen federal fue avasallador: no era una elección, era una orden. Cabe destacar que aún cuando se ordenó el cambio en 2015, en Código Civil vio una nueva versión en 2020, aprobada por el gobierno conservador y que no ha entrado en vigor, pero que se estima traerá un sinnúmero de batallas legales por su falta de precisión, lenguaje ambiguo e incluso, según algunos, discriminatorios. Especialmente, porque entra a limitar derechos como la adopción, los hijos fuera del matrimonio, las terapias reparativas, entre otros asuntos que en su momento se verán.

La debilidad del gobierno respecto a grupos fundamentalistas y otros, quedó manifiesto en 2013, cuando en pleno proceso legislativo para aprobar una ley contra el discrimen por orientación sexual e identidad de género, el gobierno eliminó y limitó las instancias de su aplicación en último momento antes de su votación final para que sólo aplicara en cuestiones de empleabilidad. Para contrarrestarlo, en 2014, nominó como Juez Asociada al Tribunal Supremo de Puerto Rico a la Lcda. Maite Oronoz, una abogada abiertamente lesbiana, lo que levantó serios debates y reacciones, pues se entendía que la designación estaba enfocada en el hecho de congraciarse con los derechos de minorías sexualmente diversas, pero sin alterar la jurisprudencia vigente necesaria respecto a sus derechos en otros espacios mucho más urgentes no trabajados. Aún así, su designación fue celebrada por los colectivos de diversidad sexual.

Aunque en algunos aspectos se avanzó, el cambio de gobierno en 2017 volvía a poner en peligro ciertos avances. El Poder Legislativo, en vista de que no podía deshacer los dictámenes federales estadounidenses, buscaba aprobar una “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, lo que resultaba absurdo pues la misma Constitución protege la libertad religiosa y de culto en el País. Lo que buscaba el proyecto en sí, era blindar a sectores del país,  con la posibilidad de negarse a atender, servir o recibir a personas de diversidad sexual amparándose en que su doctrina o base de fe se lo prohibía porque esa persona no vivía según sus parámetros. Aunque el proyecto fue aprobado en la Cámara y el Senado, fue vetado por el Poder Ejecutivo y la Legislatura no ha conseguido los votos para ir sobre él como dictamina la Constitución Colonial. A pesar de la resistencia y los pequeños avances que pudieron surgir desde la jurisprudencia puertorriqueña, los grandes cambios respecto al ordenamiento jurídico y la diversidad sexual, han venido y siguen llegando por dictamen del Tribunal Federal. Aunque se puede reconocer que bajo la Gobernación de Alejandro García Padilla el tema fue ampliamente debatido y atendido, el Poder Legislativo y Ejecutivo parecen tener posturas encontradas que no se alinean hasta no verse supeditados a un dictamen del Tribunal Supremo de EE.UU.

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Cautivos: La vitrina rota del Caribe

Edwin Sierra González

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El año 2020, de los más terribles para el país ha concluido. A casi dos meses de las elecciones coloniales todavía no existe la convicción de un proceso justo y limpio. Aún así, entra en funciones el nuevo gobierno, si es que se le puede llamar así a la continuación que veremos, y seguiremos contando votos, porque no todo está aclarado. Lo que un día se le llamó la vitrina de la democracia, en antítesis a las dictaduras que dominaban en Latinoamérica con el beneplácito de Estados Unidos, tampoco lo ha sido, porque, en principio, somos una colonia y; segundo, tenemos un gobierno representativo, que no es lo mismo que democracia en sí. Es hoy un entuerto que nadie entiende y cuya desconfianza ha llegado a niveles inimaginables e insostenibles. Nuestra “gloriosa” colonia representativa está hoy más descompuesta que nunca.

Desde que en este país, bochornosamente, las opiniones de los jueces del máximo foro judicial van acompañadas de estribillos y enlaces de “youtubers” y los ciudadanos se lanzan como almas rabiosas contra los que defienden su derecho a un proceso inmaculado y justo, sólo nos queda reconocer que estamos cautivos, como en la caverna de Platón, esclavizados por nuestra mente y nuestros reflejos delirantes de una libertad que no existe, porque es una nota musical tan alta en el himno, que se toca al son de quien mejor pague. La vergüenza encarnada de un país cuya institución judicial más importante, su Tribunal Supremo, se presta para la bravuconería y la burla, es el acabose donde de los jueces hacen coro con las irregularidades y la chabacanería que lidera el país.

De seguro muchos diferirán, es normal. Es de lo poco que nos queda de una verdadera democracia: la posibilidad de ser escuchados. Sí, porque la oportunidad es sólo para unos cuantos, sobre todo, para aquellos quienes son producto de las corrompidas estructuras partidistas que gobiernan. Nos hemos vuelto judíos en el Caribe: dando vueltas por más de cuarenta años en el mismo sitio y salvando a Barrabás cada cuatrienio electoral, para luego culpar al destino. Eso hace la cueva que hemos preferido. Hacernos en ocasiones los ciegos tiene su premio, sino ya habríamos comenzado a actuar diferente.

Pero esa diferencia de acción parece asomarse, lentamente, como un letargo del que se despierta, con dolor y desesperación. Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo ha caído en las manos de un hombre conservador e ideas neoliberales peligrosas que en 2019 el Tribunal Supremo destituyó al considerar su primera jura inconstitucional, Pedro Pierluisi Urritia, lo cierto es que se presta a gobernar con un Poder Legislativo diverso donde no posee mayoría ni en Cámara ni Senado. Los nuevos Cuerpos serán los más diversos en la historia del país con cinco delegaciones legislativas distintas, de los cinco partidos presentados a estas elecciones. Además, Pierluisi Urritia gobernará con el “honor”, para el Partido Nuevo Progresista, de ser el mandatario electo con menos apoyo en las urnas, con apenas un 33%, o sea, dos terceras partes del país en contra. La debilidad parlamentaria del nuevo mandatario es tal que, solo cuenta con 10 Senadores y 21 Representantes, lejos de los 14 y 26 que necesita en cada cámara legislativa para controlarlas, respectivamente.  Eso ha llevado a que el Partido Popular Democrático, de oposición, controle la Cámara de Representantes, al tener una mayoría simple de 26 miembros, recordado el cuatrienio de 2004-2008, cuando los populares controlaban el Ejecutivo, pero no el Legislativo.

Sin embargo, el verdadero escenario político recae este cuatrienio en el Alto Cuerpo o Senado, donde ningún partido tiene mayoría para controlar este cuerpo legislativo de 27 miembros. Para ser mayoría, esta cámara requiere 14 delegados de un mismo partido y el Popular Democrático es quien mas se acerca, con apenas 12. Esto platea un difícil escenario e inédito en el país, pues será posiblemente este cuerpo, el muro de contención contra las políticas avasalladoras y draconianas de la derecha neoliberal del país. El Senado presenta cinco delegaciones y un senador independiente, lo que platea u pulso de constante negociación, sobre todo en las nominaciones del Ejecutivo que requieren el consentimiento del Cuerpo.

No hay duda de que el sueño de vitrina democrática se ha roto. Ahora es cuestión de saber si con la diversidad parlamentaria se puede comenzar a restaurar lo que queda de ella, para que, como país, dejemos de dar vueltas en el desierto, condenemos de una vez a Barrabás y salgamos de esa cueva que os tiene arrastrados y sumidos en el más profundo oscurantismo.  

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El pecado de cuestionar en una colonia

Edwin Sierra González

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Las últimas tres semanas en Puerto Rico, desde la celebración de las Elecciones Generales, han sido días que no sorprenden. Lo que ha ocurrido respecto al proceso electoral, sin duda es crónica de un desastre anunciado, tras el horror que se vivió en el proceso primarista donde, tras una desorganización sin precedentes en la gestión electoral, se obligó a suspender el proceso y a continuarlo una semana después, algo nunca antes visto. Muchos dijeron, por activo o pasivo, del posible desastre electoral, pero las ansias de poder y falta de escrúpulos, disfrazada de ley y orden, llevaron a la Comisión Estatal de Elecciones al desastre que es hoy. Sobre todo, tras la ebriedad de poder que llevó a la gobernadora no electa, Wanda Vázquez Garced, a firmar una nueva Ley Electoral que trastocaría el sistema y los balances que siempre se han mantenido con el acuerdo de todos los partidos políticos. Peor aún, por el hecho de que esta ley se firmó meses ates de las elecciones y cambió incluso hasta las definiciones e interpretaciones de las maneras de votar, limitado la intención del elector, que es en quien debe residir la voluntad. Con todo ello, eso, en este momento, por grave que parezca, es lo menos preocupante y sorprendente de este proceso.

Lo más pasmante es la cantidad de ciudadanos ardidos con que se cuestionen los resultados y las maneras en que reaccionan otros partidos, en especial el Movimiento Victoria Ciudadana, secundado en algunos aspectos por el Partido Independentista Puertorriqueño y el Partido Popular Democrático por como se ha realizado todo este proceso. En un país donde apenas vota poco más de un millón de personas, los resultados se hacen de rogar y a tres semanas, aún no hay candidatos certificados para ejercer a partir del 2 de enero de 2021, que es cuando debe ocurrir el cambio de gobierno. Las irregularidades son la orden del día y lo que alguna vez llamaron la vitrina de la democracia en el Caribe, hoy se desmorona a toda prisa.

Pero, si no se cuestionan las maneras, ¿para qué la libertad y la democracia? Si no se cuestionan las decisiones, ¿no es acaso una dictadura? Las cuentas de la Comisión Estatal de Elecciones no cuadran a u nivel más que preocupante, es un hecho. Los votos que depositaron cientos de miles de puertorriqueños no están en orden e incumplen con los protocolos. ¿Eso es tan difícil entender? ¿O es que 500 años de saqueo colonial nos hace dejar que nos roben hasta el aliento? Estamos hablando de un proceso electoral en el que después de la noche de las elecciones, han aparecido casi 200 maletines con miles de votos que no han sido contabilizados, a pesar de que la comisión certificó haber contabilizado el 100%. Como si eso ya no fuese inaceptable, han aparecido papeletas fuera de sus respectivos colegios e incluso municipios. Peor aún, se ha encontrado ya evidencia de votos dobles, o sea, ciudadanos que votaron en uno de los mecanismos de voto adelantado provistos por ley y luego, como si nada, se presentaron el día de la elección a ejercer el voto nuevamente. Estas son cuestiones serias que no sólo ponen en duda el sistema, sino la validez misma del proceso. ¿Cuántos ciudadanos emitieron el voto doble por error o de manera intencional? Ya hay maletines que no cuadran por números peligrosos. Un ejemplo ocurre, según se informa, en el pueblo de San Sebastián, donde en el proceso de voto adelantado, se aprobaron apenas 955 votos bajo ese mecanismo, sin embargo, en el maletín en cuestión, se registran más de 1,400 votos. ¿Cómo es esto posible? ¿Ha sido esto una simple negligencia?

Por esto y otras situaciones es que se levanta una duda tan vehemente. ¿Cuál es el problema con cuestionarlo todo? No es ser mal perdedor, es perder con las cuentas claras. Claridad que o está ocurriendo y que la institución electoral está alimentando y protegiendo. Si no le place el cuestionar, tiene usted un problema con la libertad y la democracia que dice anhelar. Resulta hipócrita que se defienda el resultado, pero que no se defienda y se exija que se aclaren las dudas que se ciernen sobre el proceso. Ya lo dice el gran escritor nacional, Luis Rafael Sánchez, en su aclamada pieza teatral La pasión según Antígona Pérez: “En América, la milicia es la carrera que encumbra”. Parecemos volvernos exactamente eso, una masa obediente, que no piensa, pero que acata. Y tiene sentido, pues es así como se hace riqueza política en este país colonizado: obedeciendo a ciegas, sin cuestionar, haciendo arrullos a los cantos de sirena y verdades sin pruebas, como Creón y su comparsa. Parecemos arquitectos de nuestra propia destrucción, antítesis total de la Antígona nuestra que América y el mundo aclama.

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3 de noviembre en Puerto Rico: Un panorama político

Edwin Sierra González

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Mientras el mundo vivía desbocado a la espera de los resultados de lo que podría pasar en los Estados Unidos, en Puerto Rico se miraba con igual intensidad el proceso electoral que ocurría en el país. Aunque los puertorriqueños no tienen derecho a votar por el presidente o congresistas, iban  a las urnas a elegir a los líderes que administrarían la colonia por los próximos cuatro años. En un sólo día se renovaría la gobernación, la comisaría federal, las cámaras legislativas y las 78 municipalidades de la isla. Más de dos millones de ciudadanos eran llamados a las urnas para renovar dos de los poderes constitucionales en uno de los climas políticos más tensos, marcados por el desgaste económico, el aumento de la pobreza, los estragos de los desastres naturales del huracán María en 2017 y los terremotos de enero del 2020. A ello se añade, el deterioro institucional de los partidos tradicionales cuya base se ha desgastado elección tras elección, al igual que la tasa participativa de ciudadanos que se involucran en el proceso. Los resultados son toda una paleta de análisis como nunca antes.

El primer punto imposible de ignorar es el desgaste participativo que ha venido sufriendo el país. Mientras el proceso electoral llegó a registrar una participación de hasta 88%, desde las elecciones del 2000, que dieron comienzo al nuevo siglo, la participación ha ido registrado una continua baja que bien puede deberse a dos factores fundamentales: la fuerte migración a los Estados Unidos y la apatía hacia los políticos y sus instituciones. En cada cuatrienio la participación es menor, acabando de registrar un histórico 52%, lo que llevó a la isla de sobre dos millones de votantes a apenas un millón doscientos mil. Como si ese dato no fuera revelador, el bipartidismo tradicional, ejercicio por el Popular Democrático y Nuevo Progresista, se desploma a niveles históricos otra vez. Mientras los populares supieron por décadas sostenerse en el monopolio del poder, en este último ejercicio electoral apenas sobrepasaron los 385,000 votos, cuando supieron ganar elecciones por sobre 975,00 votos. Por su parte, el Nuevo Progresista, que revalida ya en el gobierno colonial con un primer caso de corrupción sin haber juramentado el cargo todavía, llega a un desplome histórico de votantes tras rebasar el techo de los 400,000 votos, lo que significa un gran desinfle a un partido que supo ganar elecciones con más de un millón de votos.

Este varapalo electoral, se cimenta en las nuevas alterativas electorales que se presentaron al país: Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, además de un histórico apoyo al Partido Independentista Puertorriqueño, el cual obtuvo casi u 14% de los votos emitidos, una gesta magnífica respecto a una institución que se encontraba rezagada en los últimos 20 años. La irrupción de estos proyectos políticos no sólo contribuyó a un mayor desarraigo y desafección hacia los partidos tradicionales, sino que alteró la composición habitual del gobierno, en especial las Cámaras Legislativas. En esa línea, el Poder Ejecutivo y  Legislativo no son del mismo partido y este último presenta las Cámaras políticamente más diversas en la historia del país. La amalgama representativa es tal que, por ejemplo, el Senado, compuesto por 27 miembros, con mayoría en 14, se compone de la siguiente manera: Popular Democrático 13, Nuevo Progresista 9, Victoria Ciudadana 2, Partido Independentista 1, Proyecto Dignidad 1 y un senador independiente, o sea, si partido político. Su contraparte, la Cámara de Representantes, compuesta por 51 miembros, habrá de constituirse de la siguiente forma: Popular Democrático 26, Nuevo Progresista 21, Victoria Ciudadana 2, Partido Independentista 1 y Proyecto Dignidad 1. Por primera vez en más de 60 años, los partidos se tendrán que sentar a negociar, escucharse y dialogar, sin la posibilidad de imponerse sobre las minorías., pues estas juegan ahora un papel importante en la toma de decisiones.

Aún así, el panorama político del país no está del todo definido ante las irregularidades que se presentan en el proceso. Ha sido sumamente sospechoso que la Comisión Estatal de Elecciones haya presentado los resultados del 95% de los Colegios Electorales la misma noche del evento. Sin embargo, ha demorado cinco días para presentar al país el restante de los colegios. La situación es especialmente pasmosa en el Distrito Senatorial de San Juan, donde los votos a la alcaldía y la plaza legislativa del Distrito Representativo 3 no han podido ser determinados y sus candidatos por Victoria Ciudadana aún se encuentran en contienda esperando el escrutinio general. Sobre todo porque se ha reportado cientos de incidencias donde no aparecen votos dados a candidatos que los ciudadanos han juramentado que le votaron y su voto no aparece registrado en el colegio correspondiente.

Queda por verse lo que sucederá y aunque el bipartidismo ganó de manera débil y paupérrima, lo cierto es que el país se abrió a una nueva pluralidad de voces que confrontan los poderosos discursos tradicionales que se habían sostenido por décadas. El electorado está trasformando la manera de construir el país, falta ver si los líderes electos se hacen eco de ello.

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