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México registra un estancamiento en materia de Estado de Derecho: WJP

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Los 32 estados del país tienen retos importantes en su adherencia al Estado de Derecho, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2020-2021.

Ciudad de México, 30 de abril del 2021.- El World Justice Project (WJP) presentó por tercera ocasión los resultados en materia de Estado de Derecho de las 32 entidades federativas.

El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 fue presentado por Alejandro González, Director de Proyectos de Estado de Derecho en el WJP, y Leslie Solís, Investigadora del WJP. En el evento virtual participaron Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta del INAI, Jesús Moya, Auditor Mayor del ISAF de Sonora, Elizabeth Andersen, Directora Ejecutiva del WJP; así como las y los titulares del Poder Ejecutivo de Guanajuato, Sonora, y Yucatán; y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de SEGOB.

De acuerdo con Alejandro González, “el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 brinda datos robustos y hallazgos accionables para informar los diagnósticos y estrategias para el fortalecimiento del Estado de Derecho en planes y programas de las 32 entidades federativas”.

En su tercera edición, que clasifica a las 32 entidades del país, el Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25,600 personas, de encuestas a más de 2,300 especialistas en todo el país y de datos fiables de terceras fuentes. Los ocho factores representan manifestaciones clave del Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Para Leslie Solís, “los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades desde la versión pasada”. Agregó que “la brecha entre los puntajes de los 32 estados y el puntaje idóneo sigue siendo extensa. Todos los estados del país tienen aún retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho robusto”.

Los estados con los puntajes más altos en este Índice son Yucatán (0.47), Coahuila (0.45), y Campeche (0.44). Yucatán ha ocupado la primera posición por tres años consecutivos. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36).

Asimismo, desde la versión pasada, los puntajes aumentaron marginalmente en 17 estados, descendieron en 5, y permanecieron sin cambios en 10. También, cuatro entidades federativas destacan por mostrar un progreso significativo en sus puntajes generales desde la primera edición del Índice en 2018: Baja California Sur (de 0.35 en 2018 a 0.43 en 2020-2021), Guerrero (de 0.29 a 0.36), Sonora (de 0.36 a 0.40), y Nayarit (de 0.37 a 0.42).

La justicia penal fue el factor más afectado por la pandemia

Se registraron descensos en 16 estados en el puntaje del Factor 8, que evalúa la efectividad de los sistemas de justicia penal. Los indicadores con caídas más marcadas fueron la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia (sub-factor 8.2) y el debido proceso (sub-factor 8.4).

Los datos sugieren que la falta de medidas oportunidas y propicias de Justicia Abierta y Digital tuvo un impacto en los sistemas de justicia penal, al verse limitado el acceso a servicios de justicia por medios remotos y colaborativos, los cuales eran necesarios durante el confinamiento derivado de la contingencia sanitaria. La mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias. En este contexto, las entidades con sistemas de justicia que ofrecieron menos servicios de justicia por medios digitales durante la pandemia de COVID-19, sufrieron las mayores caídas en este factor.

Asimismo, por tercer año consecutivo, el mayor desafío del sistema de justicia penal en México es la efectividad en las investigaciones de la policía y el ministerio público (medido en el indicador 8.1). Esto se debe en gran medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian o para los que no se inicia una carpeta de investigación (que se estimó en un promedio de 92.4% en los 32 estados, según la ENVIPE 2020).

Los contrapesos más efectivos se vieron debilitados

Los datos muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico, reflejado en las caídas de los puntajes de 16 entidades en el sub-factor 1.5, desde la última publicación del Índice. A pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el poder ejecutivo estatal por tercera ocasión, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales. 

Lorenzo Córdova resaltó la importancia de los contrapesos al declarar que “en una democracia, en la que se aspira contar con un Estado de Derecho vigente y vigoroso, resultan fundamentales los contrapesos; por ello, los organismos constitucionales autónomos somos también reguladores del poder y a ellos contribuye la vigilancia ciudadana sobre las instituciones.” 

Blanca Lilia Ibarra agregó que “las instituciones autónomas responden a una exigencia ciudadana de contar con órganos técnicos, especializados e independientes como factores de equilibrio del poder.”

Jesús Ramón Moya resaltó la importancia de contar con datos en la toma de decisiones: “todos conocemos la frase que: lo que no se mide, no se puede evaluar. En ese sentido, con las disposiciones normativas actuales, existe una gran cantidad de información que se pone a disposición de la sociedad. Y esa información es la que nos permite poder abonar a la rendición de cuentas.”

La seguridad sigue siendo un reto

La seguridad continúa como uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país, de acuerdo con la experiencia de las y los especialistas consultados durante 2020. 

No obstante, se registraron mejoras en los indicadores de incidencia y prevalencia delictiva en la mayoría de los estados. La medición de ausencia de delitos (medido en el indicador 5.2) mejoró en 26 estados del país, debido a caídas en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas de la ENVIPE 2020, que mide delitos ocurridos en 2019.

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Madre América

La traición de Cochrane

Sergio Guerra Vilaboy

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El 6 de octubre de 1821 el almirante inglés Lord Thomas Alexander Cochrane (1775-1860), jefe de la flota que había traslado el año anterior al Virreinato del Perú al Ejército Expedicionario del general José de San Martín, sublevó la escuadra, que tenía bandera de Chile, argumentando el atraso en el pago de sus servicios, y se la llevó rumbo norte. La traición de Cochrane fue un severo golpe a la causa de la independencia y debilitó al gobierno de San Martín como Protector de la Libertad del Perú.

Después de merodear con su flota por las costas de México y otros territorios hispanoamericanos del Pacifico, atacando barcos y guarniciones españolas, Cochrane volvió a Chile en junio de 1822, donde trató de indisponer a su gobierno con San Martín. Fracasado en sus propósitos, se puso a las órdenes de Pedro I de Brasil, que contrataba oficiales y soldados desmovilizados de las guerras napoleónicas. Además de dirigir la escuadra imperial brasileña en operaciones contra los portugueses, el almirante británico también reprimió a los republicanos de la Confederación del Ecuador, formada en Pernambuco en 1824, sublevados contra el absolutismo de los Braganza, por lo que fue gratificado con el título de marqués de Maranhao. Luego estuvo en Grecia entre 1827 y 1828, con los independentistas que luchaban contra el imperio otomano, para después dejar sus aventuras, al servicio del mejor postor, para regresar a su tierra natal.

Nacido en Escocia en 1775 en una familia arruinada de la nobleza, a los doce años se había enrolado como tripulante en la marina de guerra británica, donde tuvo una carrera meteórica y ganó cierta notoriedad. Se distinguió en las guerras napoleónicas y llegó a capitán de la armada real y a tener un escaño en la cámara de los lores. Acusado de un mega fraude en la bolsa de valores de Londres, fue expulsado en 1817 de la marina y el parlamento, despojado de condecoraciones, títulos e incluso condenado a prisión. Liberado, puso un aviso en un periódico para conseguir trabajo, anuncio que leyó un representante de San Martín, que lo contrató junto a otros oficiales y marineros británicos.

Al año siguiente, fue recibido por el Director Supremo de Chile, Bernardo O´Higgins, quien organizaba junto con San Martín la campaña para la liberación del Perú, recibiendo el grado de vicealmirante de la naciente flota nacional y la ciudadanía chilena. Además de contribuir a la ocupación de la base naval española más poderosa del Pacífico en Valdivia, el 3 de febrero de 1820, la escuadra de Cochrane transportó unos meses después al ejército de San Martín al Perú. En El Callao encerró a la flota enemiga y en sorpresivo combate naval se apoderó de la fragata Esmeralda, buque insignia de la marina española.

Pero Cochrane no era un patriota desinteresado, sino un mercenario obsesionado por recuperar su fortuna, por lo que cada vez que se apoderaba de una embarcación exigía su botín como si fuera un simple corsario, lo que San Martín no admitió. El tema fue enturbiando la relación entre los dos jefes militares, sobre todo desde agosto de 1821, cuando la situación hizo crisis al apoderarse sin autorización de recursos públicos del gobierno que estaban en una goleta anclada en Ancón. Indignado por el robo, San Martín le ordenó el 15 de septiembre que “restituya, a bordo de los respectivos buques, las propiedades que han sido tomadas de ellos por pertenecer, las más, al gobierno y las otras a los particulares que se hallan bajo mi protección.” Distanciados por el grave incidente, el almirante inglés, declarado en rebeldía, zarpó con la escuadra bajo su mando integrada por dos fragatas, una de ellas la propia Esmeralda, una corbeta, un bergantín y una goleta, lo que mereció el lapidario comentario de San Martín: “Este Lord metálico, cuya conducta puede compararse al más famoso filibustero”.

En 1828, enriquecido y de regreso en Londres, recibió cuatro años después el perdón de la reina Victoria por el fraude cometido y se le permitió heredar el título de conde de Dundonald y recibir el rango honorífico de contraalmirante de la marina real. Al morir con 85 años de edad fue enterrado con honores en la Abadía de Westminster y sobre su tumba se puso la inscripción “Libertador de Chile y Perú”. Quizás, como anota el historiador argentino Norberto Galasso en su biografía de San Martín Seamos Libres y lo demás no importa nada (2009), en reconocimiento al mercenario inescrupuloso que contribuyó a la expansión del imperio británico.

Adenda

Sirvan estas líneas para despedirme de los queridos lectores de la revista digital Informe Fracto y, en particular, de su sección Madre América, que invoca el nombre de un texto paradigmático de José Martí. Quiero agradecer en especial al doctor Carlos E. Bojórquez Urzaiz por la oportunidad brindada, desde abril de 2019, para colaborar en esta aventura del periodismo mediático, que me ha abierto nuevos horizontes. La publicación de más de doscientas cincuenta notas cortas, dos semanales, sobre temas desconocidos, insólitos o mal contados de la historia de América Latina, fue un verdadero desafío. No sólo para mantener una entrega regular y puntual, sino también conseguir que atrajeran a un público amplio y exigente, que de una ojeada pudiera leerlas en sus celulares. Gracias a Informe Fracto, y su excelente equipo editorial, algunas de esas notas aparecen en sendos libros publicados en Chile, lo que reconoceré siempre.

Sergio Guerra Vilaboy

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La Nación y el Mundo

Difícil que prospere demanda por armas en EU: especialistas

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Ciudad de México, 1° de octubre del 2021.- El Gobierno de México busca que se establezcan protocolos para la venta de armas, pues en la actualidad no existe control ni información fidedigna sobre a quién se le están comercializando armas, explicó Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP),

“Resulta que cuando se comete un delito de alto impacto, como lo es el homicidio, al llegar la fiscalía a realizar el aseguramiento al lugar de los hechos, estas armas se tienen identificadas que provienen desafortunadamente del vecino país del Norte”, detalló.

Un juez federal en EU aceptó que las empresas acusadas vayan en bloque, en un juicio civil con el que México pretende obtener una indemnización por las prácticas negligentes.

En agosto pasado, el Gobierno de México recurrió a una Corte de Estados Unidos para demandar a fabricantes de armas a los que acusa de negligencia y propiciar un tráfico ilegal; entre las empresas están Smith & Wesson, Colt’s Manufacturing y Barrett Firearms Manufacturing, cuyo rifle de francotirador calibre .50 es un arma de guerra utilizada por los cárteles de la droga en México.

En EU existe la Ley Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), la cual impide que haya demandas frente a ese tipo de empresas por daños que hagan sus productos.

Carlos A. Pérez Ricart, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) indicó que la demanda contra fabricantes de armas será difícil que prospere, porque en Estados Unidos la industria armamentista está protegida y los delitos que se cometen con armas en México son ejecutados por mexicanos.

“A ver cómo va a poder sortear el Estado, México va a tener que acreditar, como Gobierno, que es víctima de todo esto y eso tampoco es claro si lo vaya a poder hacer”, indicó.

Sin embargo, Pérez Ricart consideró que la demanda podría generar que las empresas modifiquen la forma en que distribuyen sus armas, lo que ayudaría a alinear incentivos entre los grupos de activistas en México.

“Grupos que pugnan un control de armas más estricto en Estados Unidos. La demanda es evidencia de que hay una buena estrategia del Gobierno federal a mediano y largo plazo para terminar con este tema; y es un indicio de que es un área prioritaria para el gobierno mexicano”.

En tanto, la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López, refirió que serán los jueces quienes definan conforme al marco legal, la demanda interpuesta.

“Habremos de ver cuáles son, cuál es el proceso jurídico, lo que tendrá que prevalecer son dos cosas: es la ley en términos nacionales y, por supuesto, que haya un entendimiento de cuáles son las prioridades para ambos países”.

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En agosto se rompió el récord histórico de cifras de feminicidio en México

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De acuerdo con el semáforo delictivo, también aumentó considerablemente el índice de violación y violencia familiar.

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2021.- En agosto, el Semáforo Delictivo reportó cinco delitos en rojo: violación, violencia familiar y feminicidio, así como extorsión y narcomenudeo. Todos ellos están arriba de su media histórica mensual; mientras que la cifra de asesinatos de mujeres por razones de género rompió el récord histórico, con 107 víctimas durante ese mes. 

Incrementan delitos de violencia familiar y violación en casa


La violación y violencia familiar se ubican en rojo desde el mes de febrero y tienen incrementos importantes en el año de 31% y 20%, respectivamente. Los estados con las tasas más altas en violación son Chihuahua, Quintana Roo, Durango, Baja California Sur y Querétaro. Los estados con tasas más elevadas en violencia familiar son Chihuahua, Durango, Colima, Coahuila y CDMX. 

“La mayor parte de las violaciones se dan en casa por parientes cercanos y las víctimas son menores de edad”, comentó Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo. 

 
Al cierre de agosto, el feminicidio rompió récord con 104 casos y 107 víctimas, la cifra histórica más alta y un incremento de 8% en el año. 

“El feminicidio suele ser un caso extremo de violencia familiar, por lo que no es de extrañarse su incremento, ya que la violencia familiar ha subido en todo el país de manera significativa. Por ello, es fundamental la atención oportuna de la violencia en casa y la protección de la familia en caso de riesgo extremo”, reiteró el directivo.
 
Los estados con tasas más altas de feminicidio en el año 2021 son Chihuahua, Morelos, Sonora, Quintana Roo y Sinaloa.
 

La extorsión suma varios meses en rojo con un incremento de 5% en el año. Los estados con tasas más altas son Zacatecas, Estado de México, Colima, Querétaro y Baja California Sur. En tanto, el narcomenudeo se ha mantenido en rojo todos los meses con un incremento de 9% en el año. Los estados con las tasas más altas son Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Baja California y Colima.  

 
El homicidio se ubica en amarillo con un informe de 2,394 carpetas en el mes, ligeramente por debajo de su media histórica mensual. Los estados con tasas más altas son Chihuahua, Baja California, Colima, Zacatecas y Sonora. Santiago Roel afirmó que “seguimos teniendo una de las tasas más altas del mundo por no querer resolver el tema de fondo a nivel nacional, mediante la regulación de las drogas”.
 
Por su parte, el secuestro se mantiene en verde y tiene una reducción de 28% en el año. Los estados con las tasas más altas son Chihuahua, Colima, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo.
 
Robo de vehículo, a casa y negocio se mantiene en amarillo y presentan reducciones entre el 5 y el 10%.
 
Las lesiones dolosas (riñas) se ubican en amarillo en el mes; sin embargo, presentan un incremento de 10% en el año.
 

Calificación por estados
 
Los peores estados calificados en el mes de agosto, con 8 rojos, son Chihuahua, Nayarit, Nuevo León y Sonora. Por el contrario, el mejor calificado es Jalisco con un sólo rojo en su Semáforo Delictivo, seguido de Yucatán y Chiapas, con dos rojos.  
  
“Sigue sin resolverse la violencia del crimen organizado, en especial de narco-ejecuciones, es un tema federal y tampoco hemos sido capaces de hacer campañas efectivas contra la violencia en casa, que reduzcan los índices de violencia familiar, violación y feminicidio. Las familias mexicanas, y en especial las mujeres, siguen atrapadas entre la violencia extrema dentro y fuera de casa”, concluyó Santiago Roel.

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