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La Nación y el Mundo

Vinculan a proceso por motín a presunto porro de la UNAM

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Fuente: Publímetro

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de Control vinculó esta tarde a proceso a Marco Antonio “N” de 29 años por el delito de motín, en los hechos ocurridos el pasado 3 de septiembre en las inmediaciones de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión, el impartidor de justicia impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por dos meses para la conclusión de la investigación complementaria, que el detenido deberá cumplir en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El Ministerio Público lo acusa de participar en los hechos de violencia ocurridos en la movilización que realizaban estudiantes exigiendo sus derechos y de estar dentro del grupo que agredió a diversas personas.

El presunto porro cuenta con antecedentes penales, con dos ingresos al reclusorio por robo a transeúnte y robo calificado, respectivamente.

Madre América

Rebelión de los encomenderos

Sergio Guerra Vilaboy

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La conquista de América propició el surgimiento de una privilegiada casta de encomenderos, enriquecidos con el sometimiento de los pueblos originarios. Ante la política de la monarquía española de limitar sus insaciables ambiciones y creciente poderío, muchos de ellos se rebelaron e incluso algunos llegaron a acariciar la idea de fundar reinos independientes, como intentaron en México los hijos de Hernán Cortés.

El origen de este episodio está en la implantación de la autoridad de Carlos V en todas sus posesiones americanas, después de someter a los comuneros y a los señoríos feudales en la propia metrópoli, para impedir la desobediencia de los conquistadores y sus descendientes. La propia Corona concedía con mucho cuidado los títulos nobiliarios y las tierras, que se entregaban desvinculadas de las encomiendas.

Para limitar las prerrogativas de los encomenderos, el monarca aprovechó las protestas de algunos sacerdotes, entre ellos el dominico Bartolomé de Las Casas, que denunciaban la terrible situación de los indígenas y los excesos de la conquista. El propio Las Casas fue protagonista en Valladolid (España) de una controversia doctrinal con Ginés de Sepúlveda, quien legitimaba la explotación aborigen siguiendo una vieja tesis aristotélica. En esa oportunidad, Las Casas no sólo ofreció una visión idílica del mundo indígena, sino que también, sin proponérselo, inauguró la leyenda negra de la conquista española de América en su conocido alegato Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552). 

Para reafirmar su autoridad, Carlos V promulgó en 1542 las llamadas Leyes Nuevas, un conjunto de 40 normas que, prohibían la esclavitud y los trabajos forzados de los aborígenes y limitaban las encomiendas, suprimiendo su herencia. Las comunidades indígenas quedaban protegidas en resguardos, con la obligación de pagar tributos. La imposición de esta legislación por los funcionarios reales produjo levantamientos armados de los encomenderos. Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú, se sublevó contra el virrey Blasco Núñez de Vela. Los dos ejércitos se enfrentaron en una llanura al norte de Quito, donde el representante real fue vencido y ejecutado (1546). Su sucesor, el clérigo Pedro de la Gasca, hizo concesiones a los rebeldes hasta acumular importantes efectivos, con los que derrotó a los pizarristas en Jaquijaguana, cerca del Cuzco, a inicios de 1548. Los principales implicados fueron ajusticiados, entre ellos Gonzalo Pizarro.

En el propio territorio peruano hubo otro levantamiento en 1553 liderado por Francisco Hernández Girón que también terminó con la ejecución del caudillo. El enviado de la Corona, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, llegado a Paraguay en 1544, fue expulsado por los conquistadores españoles al intentar frenar las encomiendas y poner fin a la poligamia. Algo parecido sucedió en Nicaragua, donde los hermanos Hernando y Pedro Contreras, nietos del famoso conquistador Pedrarias Dávila, se alzaron en 1550, alentados por su madre y encomenderos rebeldes que huían de Perú. Tras ejecutar al obispo, los sublevados se trasladaron a Panamá, donde fueron finalmente derrotados, empresa que costó la vida a los propios Contreras.

Por último, en el Virreinato de Nueva España, el cumplimiento de las Leyes Nuevas provocó una conspiración liderada por el marqués del Valle, Martín Cortés Zúñiga, hijo del conquistador de Tenochtitlan, nombrado capitán general después de su regreso de España, pues el segundo virrey de México, Luís de Velasco, había muerto. Enfrentado a los oidores de la capital, cobró fuerza la idea de coronarlo como rey de Nueva España, movimiento reprimido en ciernes por el visitador Alonso Muñoz. Martín Cortes fue detenido en 1566–su medio hermano mestizo, hijo de su padre con la Malintzin, incluso fue torturado- y decapitados Alonso y Gil González de Ávila. La llegada del nuevo virrey, Gastón de Peralta, tranquilizó la situación y evitó se les aplicara la pena de muerte. Al año siguiente, el marqués del Valle fue enviado a España, sancionado al destierro en Orán y confiscados sus bienes.

Las extendidas protestas de los conquistadores y sus descendientes obligaron a la Corona a una aplicación parcial de las Leyes Nuevas, aunque no impidió que las encomiendas de “servicios” fueran desapareciendo ante las de tributos. De este modo, la explotación de los indígenas mediante el sistema de encomiendas fue perdiendo su importancia en la sociedad colonial, a pesar de que muchos beneficiarios pudieron conservarlas por más de una generación.

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La Nación y el Mundo

Sin precedentes la intervención del alto mando militar ante tensa situación en Estados Unidos

Héctor Hernández Pardo

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El peligro de la violencia en torno al acto de investidura del nuevo presidente Joe Biden,  ganador en las elecciones de noviembre último, sigue dominando el ambiente social y político norteamericano, al mismo tiempo golpeado por las divisiones internas, la elevación del clímax racista y el ascenso de las cifras de contagiados y muertos por la pandemia del COVID-19.

Por primera vez en años, el mando militar del ejército de ese país se ha visto obligado a hacer una declaración pública, que es claramente una advertencia a los grupos violentos, en la que expresa que cualquier acción que vaya contra el proceso constitucional no sólo atenta contra las tradiciones de ese país, sino que “también va en contra de la Ley”.

La declaración que está firmada por los siete generales y el almirante que integran el Estado Mayor Conjunto del ejército de Estados Unidos, es considerada por la mayoría de los analistas como un hecho trascendental y casi sin precedentes, porque ese cuerpo armado siempre ha actuado sin inmiscuirse en la política interna. Y precisamente por eso da una idea de la tensión que vive la sociedad norteamericana.

Para diferentes observadores internacionales y locales, la Declaración de los jefes militares expresa el carácter excepcional de este momento, dada la necesidad de recordar algo que forma parte de la Constitución de Estados Unidos. “El derecho a la libertad de expresión y de reunión no dan a nadie el derecho de recurrir a la violencia, la sedición y la insurrección“, dice tajantemente la circular.

Según esos medios, el documento va dirigido no sólo a la tropa y al público en general, sino a advertir a los grupos violentos simpatizantes de Donad Trump, y al propio presidente saliente que ahora enfrente un juicio político en el Congreso por “incitación a la insurrección”.

La posición del Estado Mayor Conjunto en nombre del ejército concuerda con quienes, como Informe Fracto, han venido señalando que los grupos de poder tradicionales en los Estados Unidos van a tratar de impedir a toda costa nuevos hechos que sigan deteriorando el sistema norteamericano, más de lo que está ya. Y ratifica que el magnate inmobiliario claramente no calculó debidamente sus acciones, lo que, como hemos dicho antes, le puede costar muy caro para sus aspiraciones futuras en política.

De acuerdo con la BBC News, cadena británica que viene siguiendo al detalle estos sucesos, el Pentágono está trabajando junto al FBI para ver si hay miembros en activo del Ejército entre los asaltantes del Capitolio, y también para saber si alguno de los miles de efectivos de la Guardia Nacional que reforzarán la toma de posesión de Biden el día 20 requiere una mayor investigación. “Hay que asegurarse de que no haya gente ahí fuera que quiera derrocar a nuestro gobierno“, dice el mayor general retirado Dana Pittard.

Por otro lado nuevas noticias relacionadas con el asalto al Capitolio el pasado día 6 de enero, donde murieron 5 personas y se registraron varios heridos, además de actos vandálicos en las oficinas del Congreso, dan cuenta que en las investigaciones relacionadas con ese hecho (que han provocado ya muchas detenciones), es probable que indiquen que algunos congresistas republicanos estaban vinculados a esos sucesos y también, quizás, algunos miembros de la seguridad interna.

Figuras de la política norteamericana, como la analista de inteligencia Fiona Hill, quien ha trabajado para tres administraciones norteamericanas, incluyendo la de Trump, ha asegurado que lo que ha sucedido en el Capitolio es el resultado “de un golpe en cámara lenta”.

Dijo que el asalto a la sede del Congreso, técnicamente hablando, fue parte de un autogolpe, para que Trump se mantuviera en el poder. Y para argumentar ese planteamiento la Sra. Hill, señaló que si se revisan todos los elementos que se requieren para un autogolpe de Estado, que se han manifestado a lo largo del proceso de impugnación por parte del Jefe de la Casa Blanca a los resultados electorales, incluyendo el levantamiento popular de los simpatizantes del mandatario, se pueden ir encontrando esos elementos.

Concluyó que Donald Trump desarrolló, socializó y fomentó una “gran mentira” y con su manipulación fabricó una crisis institucional y enemigos como el movimiento antifa, el Black Lives Matter  y hasta a los medios de comunicación y sectores liberales  y que el propósito de generar un autogolpe, estaba a la vista.

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Adeudan gobiernos estatales al ISSSTE más de 64 mil millones de pesos

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Foto: mexico.as.com

Para que el Instituto fortalezca sus finanzas, es necesario implementar convenios con las entidades que le deben el pago de cuotas y aportaciones, dijo Ramírez Pineda.

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cumpla el propósito de sanear sus finanzas, es necesario implementar convenios con las entidades que le deben el pago de cuotas y aportaciones al organismo. Actualmente, se tienen una deuda de más de 64 mil millones de pesos, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Durante un video mensaje para la derechohabiencia, el titular del Instituto explicó que desde el inicio de la actual Administración Federal, el ISSSTE garantiza el otorgamiento de los 21 seguros, servicios y prestaciones, así como el mejorar la atención de cada uno de ellos con el apoyo del pago de cuotas y aportaciones que realizan las y los trabajadores.
A pesar del enorme esfuerzo que hemos realizado en los últimos años, dijo, tenemos el enorme reto y desafío para que se cumpla con la deuda del pago de cuotas y aportaciones, ya que hasta el momento sólo se han firmado convenios con los gobiernos de Baja California Sur, Chiapas, Colima y San Luis Potosí.


Ramírez Pineda detalló que del total de la deuda, 7 mil millones de pesos corresponde al pago de los servicios que garantiza el ISSSTE; dos mil 300 millones de pesos a FOVISSSTE y 55 mil millones de pesos a las Cuentas Individuales.

“Hasta el día de hoy, nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo para tratar de garantizar que esas cuotas y aportaciones ingresen a las arcas del Instituto, sin embargo, como lo he estado diciendo en diferentes foros y también presentándolo en el Congreso de la Unión, tenemos enormes desafíos y enormes retos para lograr que este pago, que retienen las dependencias, lleguen al ISSSTE, sin embargo esto no se ha logrado”, puntualizó.

La Cámara de Diputados, señaló, ha estado aprobando en la Ley de Ingresos la posibilidad de que el ISSSTE y las dependencias firmen convenios de pago, con el propósito de tener la certeza de entregar permanentemente y regular el descuento correspondiente.
Jesús García Corona 140, Col. Buenavista, CP. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
Tel: (55) 5140 9617. www.gob.mx/ISSSTE
Añadió que esto representa una preocupación, porque las entidades federativas que retienen este concepto no están siendo ágiles, ni solidarias con el propio Instituto para entregar las cuotas y aportaciones quincenalmente. Principalmente, porque esta deuda se podría utilizar para incrementar el mejoramiento de la infraestructura, mantenimiento y atención hospitalaria.

La ley del ISSSTE se modificó en 2007, en la cual queda perfectamente establecido cuáles son las cuotas y aportaciones que al trabajador se le tienen que retener para que el Instituto pueda invertirlos y garantizar esos servicios, agregó.

No obstante esta situación, el ISSSTE continúa trabajado para lograr una mayor regularización y agilidad en el pago de esta deuda y con ello enfrentar los retos y desafíos a corto plazo, finalizó Ramírez Pineda.

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