La nueva Legislatura Colonial ha comenzado sus funciones, y con ello, el beneplácito, sin duda alguna, de que la composición mayoritaria del Senado, compuesto por 27 miembros, es de catorce mujeres puertorriqueñas. Un paso valiente e histórico que ha dado lugar a otro hecho igualmente celebrado: la Comisión de Asuntos de la Mujer en este cuerpo legislativo estará compuesta exclusivamente por mujeres, aunque esta decisión es debatible. Se avanza, sin embargo, habrá que ver si será suficiente.

Aunque la alegría arrope a ciertos movimientos sociales del país y otros se sientan amenazados, el verdadero impacto de esta victoria electoral de las mujeres está por verse. El hecho de que las mujeres dominen la Cámara Alta, no es, lamentablemente, una garantía, y mucho menos un indicio, de que Puerto Rico avanzará en las causas y derechos de igualdad para la mujer. Hemos sido gobernados por mujeres y grandes lideresas le han dado la batalla a un sistema desigual, pero igualmente por otras que han sido cómplices del patriarcado enfermizo e intolerable que ciega vidas y sueños. De las primeras, tenemos hoy en la Asamblea damas de la talla de Mariana Nogales, María de Lourdes Santiago y Ana Irma Rivera Lassén. Mujeres de academia y calle, mujeres que no se limitan en su deber, sino que lanzan a favor de los desprotegidos y los oprimidos del sistema. Mujeres cuya sabiduría y academia van en pos del país y sus intereses, aún en el fragor de la lucha, como las protestas del Verano del 19. Del otro, damas de interpretación cerrada, fundamentalismos severos y alineados con el poder, como la ex mandataria Wanda Vázquez, quien en su momento fue Procuradora de la Mujer, pero cuya gestión fue de dudoso alcance y eficacia. O la ex senadora Nayda Venegas, derrotada en los pasados comicios, quien se caracterizó por defender y apoyar las posturas del ex presidente estadounidense, Donald Trump, a pesar de los desplantes y humillaciones de este hacia la isla y ser ella una mujer negra.

A pesar de lo que mujeres como las primeras puedan aportar en beneficio del país y la lucha femenina, no es sólo en el elemento femenino donde debe residir la esperanza, sino en la capacidad de liberar sus mentes de las ataduras sociales que siglos de colonialismo y eurocentrismo nos han impuesto. De nada vale ser una mujer empoderada que ocupa posiciones de Estado, cuando su mente es presa del sistema y solo reproduce los males de la inequidad, la desigualdad y el patriarcado tóxico. Como profesor en múltiples escenarios educativos y contextos, he sido testigo de la lucha por romper las cadenas sociales de la mediocridad e inferioridad, que son fuertísimas, porque en ocasiones, quienes las sufren, las justifican e incluso romantizan. Es por ello el ideario novelesco de los culebrones donde la protagonista sufre capítulos interminables y todo “vale la pena”, haciendo del dolor un elemento indispensable para el triunfo, no así con el esfuerzo. Es así como las mujeres, desde su inconsciente, reproducen patrones peligrosos e incluso, ante la ausencia de una figura masculina en el hogar.

Requerimos mujeres que se paren en la brecha y que se atrevan a romper los estereotipos y no a sostenerlos. No hacen falta mujeres que se vuelvan verdugos de sus congéneres, sino ilustradoras de un camino de posibilidades, progreso, igualdad y triunfos. Las senadoras que ahora comienzan a andar en ese hemiciclo, desde las conservadoras, hasta las progresistas, tienen la oportunidad única de forjar un país más justo, pero solo el tiempo dirá cual es el verdadero valor de esta Cámara de Mujer. El género no garantiza el cambio, el diálogo, el conocimiento y una mente abierta, sí. El país y las mujeres puertorriqueñas les estarán mirando fijamente para evaluar su proceder. No se admite nada por debajo de lo que se aspira en el siglo XXI. Es momento de hacer sentir orgullosas a todas aquellas mujeres que han luchado y dieron hasta la vida para que a ustedes, mujeres, se les pueda llamar Honorables Senadoras. 

La conquista de América propició el surgimiento de una privilegiada casta de encomenderos, enriquecidos con el sometimiento de los pueblos originarios. Ante la política de la monarquía española de limitar sus insaciables ambiciones y creciente poderío, muchos de ellos se rebelaron e incluso algunos llegaron a acariciar la idea de fundar reinos independientes, como intentaron en México los hijos de Hernán Cortés.

El origen de este episodio está en la implantación de la autoridad de Carlos V en todas sus posesiones americanas, después de someter a los comuneros y a los señoríos feudales en la propia metrópoli, para impedir la desobediencia de los conquistadores y sus descendientes. La propia Corona concedía con mucho cuidado los títulos nobiliarios y las tierras, que se entregaban desvinculadas de las encomiendas.

Para limitar las prerrogativas de los encomenderos, el monarca aprovechó las protestas de algunos sacerdotes, entre ellos el dominico Bartolomé de Las Casas, que denunciaban la terrible situación de los indígenas y los excesos de la conquista. El propio Las Casas fue protagonista en Valladolid (España) de una controversia doctrinal con Ginés de Sepúlveda, quien legitimaba la explotación aborigen siguiendo una vieja tesis aristotélica. En esa oportunidad, Las Casas no sólo ofreció una visión idílica del mundo indígena, sino que también, sin proponérselo, inauguró la leyenda negra de la conquista española de América en su conocido alegato Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552). 

Para reafirmar su autoridad, Carlos V promulgó en 1542 las llamadas Leyes Nuevas, un conjunto de 40 normas que, prohibían la esclavitud y los trabajos forzados de los aborígenes y limitaban las encomiendas, suprimiendo su herencia. Las comunidades indígenas quedaban protegidas en resguardos, con la obligación de pagar tributos. La imposición de esta legislación por los funcionarios reales produjo levantamientos armados de los encomenderos. Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú, se sublevó contra el virrey Blasco Núñez de Vela. Los dos ejércitos se enfrentaron en una llanura al norte de Quito, donde el representante real fue vencido y ejecutado (1546). Su sucesor, el clérigo Pedro de la Gasca, hizo concesiones a los rebeldes hasta acumular importantes efectivos, con los que derrotó a los pizarristas en Jaquijaguana, cerca del Cuzco, a inicios de 1548. Los principales implicados fueron ajusticiados, entre ellos Gonzalo Pizarro.

En el propio territorio peruano hubo otro levantamiento en 1553 liderado por Francisco Hernández Girón que también terminó con la ejecución del caudillo. El enviado de la Corona, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, llegado a Paraguay en 1544, fue expulsado por los conquistadores españoles al intentar frenar las encomiendas y poner fin a la poligamia. Algo parecido sucedió en Nicaragua, donde los hermanos Hernando y Pedro Contreras, nietos del famoso conquistador Pedrarias Dávila, se alzaron en 1550, alentados por su madre y encomenderos rebeldes que huían de Perú. Tras ejecutar al obispo, los sublevados se trasladaron a Panamá, donde fueron finalmente derrotados, empresa que costó la vida a los propios Contreras.

Por último, en el Virreinato de Nueva España, el cumplimiento de las Leyes Nuevas provocó una conspiración liderada por el marqués del Valle, Martín Cortés Zúñiga, hijo del conquistador de Tenochtitlan, nombrado capitán general después de su regreso de España, pues el segundo virrey de México, Luís de Velasco, había muerto. Enfrentado a los oidores de la capital, cobró fuerza la idea de coronarlo como rey de Nueva España, movimiento reprimido en ciernes por el visitador Alonso Muñoz. Martín Cortes fue detenido en 1566–su medio hermano mestizo, hijo de su padre con la Malintzin, incluso fue torturado- y decapitados Alonso y Gil González de Ávila. La llegada del nuevo virrey, Gastón de Peralta, tranquilizó la situación y evitó se les aplicara la pena de muerte. Al año siguiente, el marqués del Valle fue enviado a España, sancionado al destierro en Orán y confiscados sus bienes.

Las extendidas protestas de los conquistadores y sus descendientes obligaron a la Corona a una aplicación parcial de las Leyes Nuevas, aunque no impidió que las encomiendas de “servicios” fueran desapareciendo ante las de tributos. De este modo, la explotación de los indígenas mediante el sistema de encomiendas fue perdiendo su importancia en la sociedad colonial, a pesar de que muchos beneficiarios pudieron conservarlas por más de una generación.

El peligro de la violencia en torno al acto de investidura del nuevo presidente Joe Biden,  ganador en las elecciones de noviembre último, sigue dominando el ambiente social y político norteamericano, al mismo tiempo golpeado por las divisiones internas, la elevación del clímax racista y el ascenso de las cifras de contagiados y muertos por la pandemia del COVID-19.

Por primera vez en años, el mando militar del ejército de ese país se ha visto obligado a hacer una declaración pública, que es claramente una advertencia a los grupos violentos, en la que expresa que cualquier acción que vaya contra el proceso constitucional no sólo atenta contra las tradiciones de ese país, sino que “también va en contra de la Ley”.

La declaración que está firmada por los siete generales y el almirante que integran el Estado Mayor Conjunto del ejército de Estados Unidos, es considerada por la mayoría de los analistas como un hecho trascendental y casi sin precedentes, porque ese cuerpo armado siempre ha actuado sin inmiscuirse en la política interna. Y precisamente por eso da una idea de la tensión que vive la sociedad norteamericana.

Para diferentes observadores internacionales y locales, la Declaración de los jefes militares expresa el carácter excepcional de este momento, dada la necesidad de recordar algo que forma parte de la Constitución de Estados Unidos. “El derecho a la libertad de expresión y de reunión no dan a nadie el derecho de recurrir a la violencia, la sedición y la insurrección“, dice tajantemente la circular.

Según esos medios, el documento va dirigido no sólo a la tropa y al público en general, sino a advertir a los grupos violentos simpatizantes de Donad Trump, y al propio presidente saliente que ahora enfrente un juicio político en el Congreso por “incitación a la insurrección”.

La posición del Estado Mayor Conjunto en nombre del ejército concuerda con quienes, como Informe Fracto, han venido señalando que los grupos de poder tradicionales en los Estados Unidos van a tratar de impedir a toda costa nuevos hechos que sigan deteriorando el sistema norteamericano, más de lo que está ya. Y ratifica que el magnate inmobiliario claramente no calculó debidamente sus acciones, lo que, como hemos dicho antes, le puede costar muy caro para sus aspiraciones futuras en política.

De acuerdo con la BBC News, cadena británica que viene siguiendo al detalle estos sucesos, el Pentágono está trabajando junto al FBI para ver si hay miembros en activo del Ejército entre los asaltantes del Capitolio, y también para saber si alguno de los miles de efectivos de la Guardia Nacional que reforzarán la toma de posesión de Biden el día 20 requiere una mayor investigación. “Hay que asegurarse de que no haya gente ahí fuera que quiera derrocar a nuestro gobierno“, dice el mayor general retirado Dana Pittard.

Por otro lado nuevas noticias relacionadas con el asalto al Capitolio el pasado día 6 de enero, donde murieron 5 personas y se registraron varios heridos, además de actos vandálicos en las oficinas del Congreso, dan cuenta que en las investigaciones relacionadas con ese hecho (que han provocado ya muchas detenciones), es probable que indiquen que algunos congresistas republicanos estaban vinculados a esos sucesos y también, quizás, algunos miembros de la seguridad interna.

Figuras de la política norteamericana, como la analista de inteligencia Fiona Hill, quien ha trabajado para tres administraciones norteamericanas, incluyendo la de Trump, ha asegurado que lo que ha sucedido en el Capitolio es el resultado “de un golpe en cámara lenta”.

Dijo que el asalto a la sede del Congreso, técnicamente hablando, fue parte de un autogolpe, para que Trump se mantuviera en el poder. Y para argumentar ese planteamiento la Sra. Hill, señaló que si se revisan todos los elementos que se requieren para un autogolpe de Estado, que se han manifestado a lo largo del proceso de impugnación por parte del Jefe de la Casa Blanca a los resultados electorales, incluyendo el levantamiento popular de los simpatizantes del mandatario, se pueden ir encontrando esos elementos.

Concluyó que Donald Trump desarrolló, socializó y fomentó una “gran mentira” y con su manipulación fabricó una crisis institucional y enemigos como el movimiento antifa, el Black Lives Matter  y hasta a los medios de comunicación y sectores liberales  y que el propósito de generar un autogolpe, estaba a la vista.