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Activistas piden que acusado de intento de feminicidio no sea liberado

Lilia Balam

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Gracias a un amparo con el cual se reclasificaría el delito del que se le acusa, el agresor podría ser liberado mañana. Activistas en defensa de los derechos de la mujer exigieron que quien acate el amparo mantenga al sujeto en prisión preventiva oficiosa.

Activistas e integrantes de la agrupación Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), exigieron que el joven C.J.C.D., acusado y encarcelado por intento de feminicidio tras golpear brutalmente a su pareja, no sea liberado cuando se reclasifique el delito que se le señala en cumplimiento a un amparo interpuesto por el sujeto. Criticaron que hace falta capacitar al personal del Poder Judicial en materia de género e informaron que interpondrán una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal contra los magistrados que otorgaron el mencionado amparo.

Como se recordará, el 7 de noviembre del 2018, C. golpeó de manera salvaje a su entonces pareja en una vivienda de la colonia Benito Juárez Norte. La joven logró huir y solicitar ayuda. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser hospitalizada. Incluso en redes sociales circularon fotos de las heridas de la mujer, lo que despertó la indignación de la sociedad.

Días después la jueza de control del Primer Distrito Judicial en Yucatán, Blanca Bonilla González vinculó a proceso al sujeto bajo el cargo de feminicidio agravado en grado de tentativa e impuso como medida cautelar que permaneciera  en prisión en tanto se resolviera el caso.

Sin embargo, el acusado interpuso un amparo, que finalmente fue otorgado por unanimidad por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 14° Distrito con sede en Yucatán, integrado por los magistrados Jorge Edén Wynter, Pablo Hernández Moreno y Diddier Ramírez Canto.

La resolución de dicho recurso ordena al Juzgado Segundo del Primer Distrito Judicial que deje insubsistente su resolución, es decir, el auto de vinculación a proceso, y que prescinda del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

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Esto significa que en la próxima audiencia del caso, a celebrarse mañana, se deberá reclasificar el ilícito (probablemente al delito de lesiones), y el sujeto podría recuperar la libertad ante el cambio en las medidas cautelares. De acuerdo con las activistas, el argumento de los jueces para modificar los cargos fue que “si hubiera tenido la intención de matar a la joven, lo hubiera hecho y no la hubiera golpeado durante una hora”.

En este sentido, las integrantes de AMISY, criticaron que los magistrados del Tribunal Colegiado hayan otorgado el amparo, ya que no están realizando su trabajo con perspectiva de género y “sus intereses no están en preservar la vida de la mujer”.

A su vez, solicitaron a quien acate el amparo en la audiencia de mañana que mantenga al acusado en prisión preventiva oficiosa, ya que hay peligro de que escape debido a que tiene familiares en otros estados del país, además que las lesiones que le ocasionó a la afectada fueron graves.

“Ella sigue recuperándose psicológicamente del daño, está poniéndole muchas ganas y trata de encontrarle sentido a su dolor, a las heridas que sintió. No hay razón para que dejen libre a C., hay fundamentos para que permanezca en prisión”, declaró María Eugenia Núñez Zapata, miembro de AMISY. A su vez, recordó que la carpeta de investigación aún no está cerrada, por lo que en un futuro se podría cambiar de nuevo el delito del que se le acusa a C.

Por otro lado, las activistas comunicaron que interpondrán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de los tres magistrados del Tribunal Colegiado que emitieron el amparo, ya que reclasificar el delito podría poner en peligro la vida de la joven agredida.

Incluso compararon este caso con el de Abril, asesinada en días pasados en la Ciudad de México, luego de haber acusado de intento de feminicidio a su ex pareja, quien recuperó su libertad gracias a que un juez reclasificó el mencionado delito.

Finalmente, las integrantes de AMISY solicitaron que se implementen instancias que revisen la actuación de los jueces y la Fiscalía General del Estado (FGE), pues en algunos casos las fallas en los procesos se atribuyen a una incorrecta integración de las carpetas de investigación. También exigieron capacitación en materia de género para el personal de acceso e impartición de justicia.

“¿Qué pasa con la capacitación que hasta ahora sigue sin rendir frutos? ¿Qué pasa con juzgar sin perspectiva de género? ¿No les están dando la capacitación, están contratando instituciones patito? Algo está pasando y nuestro papel es que se aplique la ley, que se juzgue con perspectiva de género”, concluyó Núñez Zapata.

QUIEREN PRESENTAR LA INICIATIVA “ANDREA”

Las activistas también informaron que junto con la joven agredida, están trabajando en una iniciativa de ley para que se tipifique como delito en el Código Penal local el feminicidio en grado de tentativa, con el objetivo de que no se repitan casos como el descrito anteriormente.

“Algunos abogados dicen que no tiene caso porque está implícito en el delito de feminicidio, pero este tipo de argucias se dan porque no se ha puntualizado cuáles son los requisitos que reuniría un intento de feminicidio”, apuntó Núñez Zapata.

Añadió que algunas diputadas, entre ellas Milagros Romero Bastarrachea y Kathia Bolio Pinelo ya están laborando en el documento en mesas de trabajo del Congreso local. La expectativa es que la propuesta sea presentada al Pleno del Legislativo en breve.

Cabe recordar que en Yucatán ya se presentaron dos casos en los que se impuso una sentencia por el mencionado delito: en mayo del 2019 el Tribunal Segundo de Juicio Oral del Poder Judicial del Estado encontró a C.R.T.P., penalmente responsable de feminicidio en grado de tentativa tras atacar con un arma blanca a su entonces pareja, D.G.S.C. Lo sentenciaron a 27 años de prisión.

El pasado mes de octubre, el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial dictó fallo condenatorio por el mismo ilícito contra V.C.A.M., quien atacó a su ex pareja en la colonia Nueva San José Tecoh III. Le impusieron una pena de 20 años de prisión, 415 días de multa y tres años de no acercarse a la víctima.

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VAMOS A CONVERSAR CON CANCÚN

Jorge González Durán

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Tenemos que conversar con Cancún. Tenemos que conversar con la ciudad. Tenemos que saber sus sentimientos, sus querencias y sus sueños.

Cancún, como todas las ciudades, tiene su propio lenguaje para comunicarse. Por eso no sólo hay que prestar oídos a lo que piensa y siente sino dialogar con ella. Cancún necesita conversar con sus hijos.

Conversar es el supremo arte de la comunicación humana.

Cancún ha estado en silencio durante muchos años. Nosotros hemos hablado mucho y ella nos ha escuchado paciente. Ahora necesitamos escuchar su voz. Poner el oído en sus muros, no sólo ver sino escuchar el mensaje de sus calles, de sus piedras, de sus árboles.

Tiene muchos secretos que contarnos. No sólo somos sus habitantes, necesitamos ser más que eso. Necesitamos ser sus confidentes. Y no debemos traicionar su confianza.

Tenemos que confiarle también nuestros sentimientos reprimidos por años; decirle en voz baja nuestros pesares; y sobre todo decirle que no la hemos dejado de querer así hayan pasado los años. Juntos, ella y nosotros, resistimos y sobrevivimos a los huracanes, y juntos, ella y nosotros, vamos a vencer a los desalmados que la ofenden y día a día y que nos acechan embozados a la vuelta de la esquina.

Ya va a cumplir 50 años y todavía luce esbelta, galana y señorial. Nuestro amor la podría sanar de sus quebrantos y quizá aliviar del desasosiego de los días turbios.

No la dejemos sola. Vamos a conversar con ella. Vamos a decirle que nos sentimos orgullosos de su historia y de las voces que la cuentan. Pero necesitamos saber su versión de los hechos. Que nos diga si somos lo que esperaba. Que nos reclame si es necesario.

Vamos a conversar con ella en cualquier sitio, a cualquier hora. Vamos a presentársela a nuestros hijos y nietos, que no la conocieron de niña mimada, la niña de nuestros ojos.

No la dejemos sola. Vamos a darle un momento o varios momentos de nuestro tiempo. Escuchemos su palabra radiante.

Nuestro amor deberá decantarse en la añoranza del fuego de los primeros tiempos y en la emoción de los años por venir.

Quisiera decirle que los que se fueron antes de tiempo, nunca es tiempo para irse, aquí siguen.

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CODHEY abre queja por el ataque con gas. Autoridades culpan a fuereños

Lilia Balam

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El Secretario Ejecutivo de la CODHEY, Gustavo Arjona Canto insistió en que nada justificaba el uso de gas lacrimógeno contra los manifestantes.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), abrió una queja de oficio para investigar los hechos violentos ocurridos el día de ayer durante una protesta contra el reemplacamiento, en la cual un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lanzó una granada de gas lacrimógeno contra los manifestantes,  informó el Secretario Ejecutivo de ese organismo, Gustavo Arjona Canto.

El funcionario calificó como lamentable el episodio de violencia registrado minutos antes de que el gobernador Mauricio Vila Dosal emitiera su primer informe como titular de la administración estatal. Recalcó que nada justifica el uso de gas lacrimógeno contra ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse.

“La libertad de expresión es un derecho fundamental, inalienable y constituye una lucha que en México ha costado sangre y lágrimas. Se han dado luchas en México para que se garanticen los derechos. No justificamos la implementación de gas lacrimógeno para esta protesta”, señaló.

Agregó que en cuanto supieron del altercado, fueron enviados visitadores de la CODHEY al lugar de los hechos. Sin embargo cuando llegaron el conflicto había concluido. Eso sí, se abrió una queja de oficio para investigar lo ocurrido, pues el organismo no requiere que una persona denuncie para iniciar las pesquisas.

Posteriormente cinco personas acudieron a la Comisión para ratificar la queja u ofrecer testimonios de lo acontecido, pues se sintieron agraviados por el suceso. Arjona Canto detalló que se están recabando vídeos, fotos y demás material para acreditar las violaciones a los derechos humanos, además que se solicitará un informe de los hechos a la SSP. Invitó a quienes fueron afectados o presenciaron el altercado a acercarse a la CODHEY para ratificar la queja o complementar la investigación.

AUTORIDADES CULPAN A FUEREÑOS

Esta mañana durante un acto protocolario, el gobernador Mauricio Vila Dosal expresó que los hechos se debieron a las provocaciones de “agitadores profesionales” oriundos de otras entidades del país, quienes -según explicó-, agredieron a los policías y los despojaron de su equipo de seguridad durante  la manifestación.

“Un grupo de manifestantes, alrededor de 50, no todos, gente que  muy poco tenían que ver con estas causas, agitadores profesionales, algunos aquí de Yucatán, otros que vinieron de otros estados de la República, empezaron a empujar a los policías. Después que  no surtió efecto la provocación, quitaron las vallas de seguridad y jalaron a elementos, los despojaron de sus escudos y equipos de protección, y jalaron a otro que fue golpeado por esos agitadores”, dijo.

Reiteró que al ver que agredían a sus compañeros y sin autorización de sus superiores, un policía estatal lanzó la granada de gas lacrimógeno, con lo que “la gente se dispersó y se acabó el conflicto”. Eso sí, mencionó que el elemento fue suspendido en tanto se investiga lo ocurrido.

Vila Dosal insistió en que los yucatecos no son violentos “y no pueden empezar hoy, agitados por la gente que viene de otros lugares de la República, a tener ese tipo de comportamientos”  e hizo un llamado a quienes tienen alguna inconformidad para dialogar con las autoridades estatales.

El mismo mensaje fue enviado horas más tarde por la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra. “En Yucatán el derecho de todas las personas a manifestarse será respetado. Los apoyamos y exhortamos a que lo sigan haciendo. Lo que no podemos permitir es que comience a pasar lo que sucede en otros estados, donde la gente cree que por su derecho a manifestarse puede cometer actos de violencia y agresiones hacia los cuerpos de seguridad”, externó.

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Marcha contra de los impuestos y del reemplacamiento

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El domingo 19 de enero, en punto de las 9 de la mañana en el remate del Paseo de Montejo se dieron cita cientos de ciudadanos para protestar contra la imposición de nuevos impuestos y el reemplacamiento vehicular que se propone cobrar el gobierno de Yucatán este 2020.

Acompañados de carteles y pancartas con consignas en contra del gobernador Mauricio Vila Dosal, pasadas las 9 de la mañana dio inicio la llamada Mega Marcha en Contra de los Impuestos Abusivos y del Reemplacamiento, que logró congregar a varios cientos de personas. La primera parada de los manifestantes fue en las oficinas del Partido Acción Nacional, situada en la calle 58 entre 51 y 53, donde los participantes señalaron el incumplimiento de las promesas de campaña del gobernador por lo que hubo voces que exigieron su renuncia.

Posteriormente, los manifestantes se dirigieron al Centro Internacional de Congresos, para mostrar su inconformidad ante el primer informe de gobierno del señor Vila. Al llegar a la calle 60 con 37, unas cuadras antes del recinto donde tuvo lugar la comparecencia del gobernador, la Policía Estatal recibió a los manifestantes con una valla y decenas de granaderos en formación. Los participantes en la marcha intentaron dialogar con los agentes de la policía, pero no tuvieron respuesta alguna y se detuvo la caminata durante varios minutos, de modo que pasadas las 10:40, los uniformados detonaron una bomba de gas lacrimógeno que impacto entre los inconformes, la cual causó estragos en la seguridad y salud de varias personas, donde se encontraban mujeres, adultos mayores y niños.

La marcha concluyó con una respuesta negativa por parte de las autoridades y con incluso tres civiles detenidos, por lo que muchos de los presentes pusieron en duda la posibilidad de que siga existiendo libertad de expresión y libre manifestación en el estado de Yucatán.

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