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Autoridades estatales se niegan a cumplir sentencia por discriminación

Lilia Balam

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El Gobierno del Estado presentó un recurso de revisión para modificar la sentencia del amparo otorgado a una menor de diez años con talla baja.

Aunque el Juzgado Cuarto de Distrito sentenció al Gobierno del Estado por discriminación contra una menor con discapacidad en una escuela primaria, las autoridades educativas optaron por no acatar la resolución y presentaron un recurso de revisión, según indica un comunicado de los asesores jurídicos de la afectada. Esto, pese a que en reiteradas ocasiones las autoridades han manifestado a medios de comunicación su interés por atender favorablemente el caso de la menor.

Como se ha dado a conocer en Informe Fracto, el pasado 15 de diciembre, el Juzgado otorgó un amparo a una niña de diez años con talla baja, a quien, pese a que no debe subir escaleras ni hacer deportes para no dañar de manera irreparable su formación ósea, el personal del colegio “Rodolfo Menéndez de la Peña” la obligaba a tomar clases en un aula localizada en el segundo piso.

La sentencia consigna que la escuela “carece de las medidas necesarias  para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad” y resuelve que las autoridades educativas han violado el derecho humano de  la menor a la educación, pues éste no sólo implica el acceso a la educación, sino poder hacerlo con las condiciones apropiadas para cada caso de discapacidad.

Como medidas de reparación, el Juzgado ordenó al plantel hacer los ajustes necesarios para que tanto la afectada como cualquier otro estudiante con discapacidad puedan tener las condiciones adecuadas a su condición. También solicitó que el salón de la niña fuera reubicado en la planta baja en lo que se resuelve el juicio.

Aunque en diversos medios de comunicación locales ha expresado su interés en tomar medidas para solucionar el caso, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) presentó un recurso de revisión de la sentencia mencionada y negó haber violado los derechos de la menor.

Argumentó que la afectada siempre estuvo en la planta baja, contradiciendo lo que la Jueza encargada del caso acreditó en el expediente de la demanda, y pidió que se modificara la resolución sobre las medidas estructurales que se ordenaron, según indica un boletín emitido por los asesores jurídicos de la niña.

“Por un lado dicen estar preocupados por la situación, pero en vez de acatar la sentencia deciden presentar el recurso, alargando aún más el proceso”, señaló en el documento Ángeles Cruz Rosel, abogada de la afectada.

Por su parte, el asesor jurídico que forma parte del equipo legal de la demandante, Carlos Escoffié Duarte, indicó que la actitud contradictoria de las autoridades confirma que el tema de las personas con discapacidad es abordado para quedar bien, pero no para garantizar los derechos humanos. De acuerdo con el comunicado de la defensa, ya fue presentado un recurso solicitando al Tribunal Colegiado que no sea modificada la sentencia del Juzgado. La expectativa es que la resolución definitiva sea emitida antes de que concluya el primer semestre del año.

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VAMOS A CONVERSAR CON CANCÚN

Jorge González Durán

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Tenemos que conversar con Cancún. Tenemos que conversar con la ciudad. Tenemos que saber sus sentimientos, sus querencias y sus sueños.

Cancún, como todas las ciudades, tiene su propio lenguaje para comunicarse. Por eso no sólo hay que prestar oídos a lo que piensa y siente sino dialogar con ella. Cancún necesita conversar con sus hijos.

Conversar es el supremo arte de la comunicación humana.

Cancún ha estado en silencio durante muchos años. Nosotros hemos hablado mucho y ella nos ha escuchado paciente. Ahora necesitamos escuchar su voz. Poner el oído en sus muros, no sólo ver sino escuchar el mensaje de sus calles, de sus piedras, de sus árboles.

Tiene muchos secretos que contarnos. No sólo somos sus habitantes, necesitamos ser más que eso. Necesitamos ser sus confidentes. Y no debemos traicionar su confianza.

Tenemos que confiarle también nuestros sentimientos reprimidos por años; decirle en voz baja nuestros pesares; y sobre todo decirle que no la hemos dejado de querer así hayan pasado los años. Juntos, ella y nosotros, resistimos y sobrevivimos a los huracanes, y juntos, ella y nosotros, vamos a vencer a los desalmados que la ofenden y día a día y que nos acechan embozados a la vuelta de la esquina.

Ya va a cumplir 50 años y todavía luce esbelta, galana y señorial. Nuestro amor la podría sanar de sus quebrantos y quizá aliviar del desasosiego de los días turbios.

No la dejemos sola. Vamos a conversar con ella. Vamos a decirle que nos sentimos orgullosos de su historia y de las voces que la cuentan. Pero necesitamos saber su versión de los hechos. Que nos diga si somos lo que esperaba. Que nos reclame si es necesario.

Vamos a conversar con ella en cualquier sitio, a cualquier hora. Vamos a presentársela a nuestros hijos y nietos, que no la conocieron de niña mimada, la niña de nuestros ojos.

No la dejemos sola. Vamos a darle un momento o varios momentos de nuestro tiempo. Escuchemos su palabra radiante.

Nuestro amor deberá decantarse en la añoranza del fuego de los primeros tiempos y en la emoción de los años por venir.

Quisiera decirle que los que se fueron antes de tiempo, nunca es tiempo para irse, aquí siguen.

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CODHEY abre queja por el ataque con gas. Autoridades culpan a fuereños

Lilia Balam

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El Secretario Ejecutivo de la CODHEY, Gustavo Arjona Canto insistió en que nada justificaba el uso de gas lacrimógeno contra los manifestantes.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), abrió una queja de oficio para investigar los hechos violentos ocurridos el día de ayer durante una protesta contra el reemplacamiento, en la cual un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lanzó una granada de gas lacrimógeno contra los manifestantes,  informó el Secretario Ejecutivo de ese organismo, Gustavo Arjona Canto.

El funcionario calificó como lamentable el episodio de violencia registrado minutos antes de que el gobernador Mauricio Vila Dosal emitiera su primer informe como titular de la administración estatal. Recalcó que nada justifica el uso de gas lacrimógeno contra ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse.

“La libertad de expresión es un derecho fundamental, inalienable y constituye una lucha que en México ha costado sangre y lágrimas. Se han dado luchas en México para que se garanticen los derechos. No justificamos la implementación de gas lacrimógeno para esta protesta”, señaló.

Agregó que en cuanto supieron del altercado, fueron enviados visitadores de la CODHEY al lugar de los hechos. Sin embargo cuando llegaron el conflicto había concluido. Eso sí, se abrió una queja de oficio para investigar lo ocurrido, pues el organismo no requiere que una persona denuncie para iniciar las pesquisas.

Posteriormente cinco personas acudieron a la Comisión para ratificar la queja u ofrecer testimonios de lo acontecido, pues se sintieron agraviados por el suceso. Arjona Canto detalló que se están recabando vídeos, fotos y demás material para acreditar las violaciones a los derechos humanos, además que se solicitará un informe de los hechos a la SSP. Invitó a quienes fueron afectados o presenciaron el altercado a acercarse a la CODHEY para ratificar la queja o complementar la investigación.

AUTORIDADES CULPAN A FUEREÑOS

Esta mañana durante un acto protocolario, el gobernador Mauricio Vila Dosal expresó que los hechos se debieron a las provocaciones de “agitadores profesionales” oriundos de otras entidades del país, quienes -según explicó-, agredieron a los policías y los despojaron de su equipo de seguridad durante  la manifestación.

“Un grupo de manifestantes, alrededor de 50, no todos, gente que  muy poco tenían que ver con estas causas, agitadores profesionales, algunos aquí de Yucatán, otros que vinieron de otros estados de la República, empezaron a empujar a los policías. Después que  no surtió efecto la provocación, quitaron las vallas de seguridad y jalaron a elementos, los despojaron de sus escudos y equipos de protección, y jalaron a otro que fue golpeado por esos agitadores”, dijo.

Reiteró que al ver que agredían a sus compañeros y sin autorización de sus superiores, un policía estatal lanzó la granada de gas lacrimógeno, con lo que “la gente se dispersó y se acabó el conflicto”. Eso sí, mencionó que el elemento fue suspendido en tanto se investiga lo ocurrido.

Vila Dosal insistió en que los yucatecos no son violentos “y no pueden empezar hoy, agitados por la gente que viene de otros lugares de la República, a tener ese tipo de comportamientos”  e hizo un llamado a quienes tienen alguna inconformidad para dialogar con las autoridades estatales.

El mismo mensaje fue enviado horas más tarde por la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra. “En Yucatán el derecho de todas las personas a manifestarse será respetado. Los apoyamos y exhortamos a que lo sigan haciendo. Lo que no podemos permitir es que comience a pasar lo que sucede en otros estados, donde la gente cree que por su derecho a manifestarse puede cometer actos de violencia y agresiones hacia los cuerpos de seguridad”, externó.

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Marcha contra de los impuestos y del reemplacamiento

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El domingo 19 de enero, en punto de las 9 de la mañana en el remate del Paseo de Montejo se dieron cita cientos de ciudadanos para protestar contra la imposición de nuevos impuestos y el reemplacamiento vehicular que se propone cobrar el gobierno de Yucatán este 2020.

Acompañados de carteles y pancartas con consignas en contra del gobernador Mauricio Vila Dosal, pasadas las 9 de la mañana dio inicio la llamada Mega Marcha en Contra de los Impuestos Abusivos y del Reemplacamiento, que logró congregar a varios cientos de personas. La primera parada de los manifestantes fue en las oficinas del Partido Acción Nacional, situada en la calle 58 entre 51 y 53, donde los participantes señalaron el incumplimiento de las promesas de campaña del gobernador por lo que hubo voces que exigieron su renuncia.

Posteriormente, los manifestantes se dirigieron al Centro Internacional de Congresos, para mostrar su inconformidad ante el primer informe de gobierno del señor Vila. Al llegar a la calle 60 con 37, unas cuadras antes del recinto donde tuvo lugar la comparecencia del gobernador, la Policía Estatal recibió a los manifestantes con una valla y decenas de granaderos en formación. Los participantes en la marcha intentaron dialogar con los agentes de la policía, pero no tuvieron respuesta alguna y se detuvo la caminata durante varios minutos, de modo que pasadas las 10:40, los uniformados detonaron una bomba de gas lacrimógeno que impacto entre los inconformes, la cual causó estragos en la seguridad y salud de varias personas, donde se encontraban mujeres, adultos mayores y niños.

La marcha concluyó con una respuesta negativa por parte de las autoridades y con incluso tres civiles detenidos, por lo que muchos de los presentes pusieron en duda la posibilidad de que siga existiendo libertad de expresión y libre manifestación en el estado de Yucatán.

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