COMUNICADO
SCJN ordena al INEGI censar a los asentamientos precarios del país
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hace 6 añosen
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Informe Fracto
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que realice las acciones necesarias para generar información estadística de las personas que habitan en asentamientos informales del país. Consideró además, que la ausencia de esa información es violatoria de los derechos humanos al impedir que se diseñen políticas públicas que abarquen a toda la población. La decisión surge tras un amparo que la organización TECHO realizó al INEGI por no censar asentamientos humanos del país.
La resolución se da tras una solicitud de acceso a información pública que la organización TECHO realizó ante el INEGI en 2018 sobre la población que vive en asentamientos informales. Tras reconocer la institución que carecía de esa información, es ahí cuando organización decide presentar un amparo contra esa omisión. El caso fue posteriormente atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (expediente 635/2019) y hoy finalmente resuelto en favor de la organización.
La sentencia de la Primera Sala, redactada por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, es histórica porque no sólo ordena al INEGI subsanar esta omisión, sino que es la primera vez que el más alto tribunal del país aborda la situación de los asentamientos informales y los reconoce como uno de los sectores más excluidos del país, principalmente por las violaciones que tienen en su acceso a una vivienda adecuada. Asimismo, reconoce que la información estadística es un prerrequisito para que las autoridades puedan garantizar el derecho a la vivienda.
“Es un día histórico: el primer paso para resolver un problema es conocerlo. Con esta decisión, México podrá estar a la altura de otros países de la región para diseñar políticas que resuelvan la expresión más cruda de la desigualdad de las ciudades: los asentamientos populares. Nos ponemos a disposición para aportar desde la experiencia de 23 años en asentamientos de Latinoamérica” señaló Emilia García, Directora General de TECHO México.
Por su parte, Kalycho Escoffié, abogado que colabora con TECHO, señaló que la sentencia “deja importantes precedentes para la defensa no solo del derecho a la vivienda, sino de los derechos económicos, sociales y culturales en general”. También comentó que tiene “un efecto simbólico porque pone sobre la mesa la situación de los asentamientos como un asunto de derechos humanos y por lo tanto que debe ser atendido con esa lógica”.
La organización indicó que corresponde ahora esperar a que pueda darse inicio al proceso de cumplimiento de la sentencia. También manifestó toda su disposición para colaborar con el INEGI en aras de lograr esta meta. Para ello, propuso crear una mesa de diálogo y coordinación en la que participen representantes del INEGI, así como otros actores académicos y de la sociedad civil que trabajan con asentamientos humanos.
Se calcula que en América Latina viven aproximadamente 113.4 millones de personas (el 23.5% de los habitantes de las ciudades) en asentamientos informales. A pesar de ello, en México no se sabe cuántos asentamientos de este tipo hay, cuántas personas viven en ellos y en qué condiciones. Incluso TECH, había expuesto esta situación en julio de 2017 durante una audiencia temática realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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COMUNICADO
Ejército Mexicano traslada aproximadamente 7 toneladas de equipo médico de protección personal
Publicado
hace 6 añosen
agosto 31, 2020
Mérida, Yucatán a 29 de agosto de 2020.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la X Región Militar y la 32/a. Zona Militar informa a la ciudadanía que, como parte de las acciones implementadas por el Gobierno de México a través de la SEDENA y el Instituto de Salud para el Bienestar, para atender la contingencia ocasionada por el COVID-19, esta fecha, elementos del Ejército Mexicano, trasladaron de la Ciudad de México a esta ciudad, equipo médico de protección personal para atención de las instalaciones militares pertenecientes a la X Región Militar empeñadas en atender la contingencia sanitaria.
Esta mañana se entregó a las instalaciones del 7/o. Batallón de Ingenieros de Combate, aproximadamente 7 toneladas de equipo médico de protección personal, entre overoles, mascarillas, gorros, lentes tipo goggles, caretas, cubrebocas, gel antibacterial, entre otros artículos de protección, mismos que serán empleados por personal profesional de la salud y militares que laboran en el Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán, la Unidad Operativa de Hospitalización COVID-19 del 11/o. Batallón de Infantería y la Unidad Operativa de Terapia Intensiva COVID-19 del 7/o. Batallón de Ingenieros de Combate.

Reiterando a la población civil que presente síntomas de COVID-19, que puede dirigirse al Campo Militar No. 32-A, ubicado en la calle 42 Sur S/N Av. Centenario del Ejército Mexicano, Col. María Luisa de Mérida, Yuc. y será atendida en el TRIAGE respiratorio, a fin de que personal médico haga la clasificación necesaria de acuerdo a su estado de salud y pueda ser tratado en las instalaciones de las Unidades Operativas de Hospitalización y Terapia Intensiva que la SEDENA activó en Mérida, Yucatán.
Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la aplicación del Plan DN-III-E, refrenda su compromiso y responsabilidad de servir al pueblo de México en cualquier condición y lugar, para proteger la integridad y salud de los mexicanos, haciendo un llamado a la ciudadanía para permanecer en casa, así como reforzar las medidas de higiene y distanciamiento social.
COMUNICADO
Municipio de Mérida, viola derechos humanos de Trabajadoras Sexuales
Publicado
hace 6 añosen
agosto 12, 2020
Mediante diversos operativos realizados por la Policía municipal de Mérida, trabajadoras sexuales del Centro Histórico han denunciado la comisión de violaciones a sus derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura.
El día 10 de agosto, la Policía Municipal de Mérida detuvo de manera arbitraria a 8 trabajadoras sexuales que laboraban por el rumbo de San Cristóbal, en el centro de la ciudad de Mérida. El argumento utilizado por la policía municipal fue que “no estaban guardando la distancia y por cometer disturbios». Posterior a su detención y traslado a las instalaciones de la Policía Municipal, donde fueron privadas de su libertad, les quitaron la ropa, a una de ellas una policía le introdujo un dedo, además de tomarles fotos y grabarlas, mientras recibían burlas de los elementos policíacos.
Además de la detención ilegal y de recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a las trabajadoras detenidas les robaron dinero. Un operativo similar fue realizado el día de hoy 12 de agosto cuando la Policía Municipal detuvo a 7 trabajadoras sexuales en las mismas inmediaciones del Parque de San Cristóbal. Según testimonios de una de ellas que logró escapar y refugiarse en un supermercado, este tipo de operativos se han dado casi a diario. Denuncian que la Policía Municipal las persigue, las insulta, les dice “pinches putonas”, “que se dediquen a otra cosa” las extorsiona y las detienen bajo el argumento de estar cometiendo disturbios.
Cabe resaltar que la política de persecución hacia el trabajo sexual ha sido parte de la apuesta de la actual administración encabezada por Renán Barrera Concha. En ese sentido, es preciso recordar que el día 14 de septiembre del 2019, el Cabildo aprobó diversas reformas a disposiciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, donde se incorporaron prohibiciones que representan una restricción a derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
Específicamente, la fracción VI del artículo 15 relativo al título III “de las infracciones a la dignidad de las personas”, establece la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública. Esta prohibición representa una criminalización y estigmatización de las personas trabajadoras sexuales situación que ha sido ya considerada contraria a los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, debido a que se viola frontalmente la perspectiva garantista que reconoce como fundamental el principio de dignidad y garantiza el de no regresividad y progresividad de forma transversal para los derechos. Dicho reglamento ha sido impugnado ante los Tribunales Federales por diversos colectivos de trabajadoras sexuales.
Los operativos denunciados por las trabajadoras sexuales, así como el citado Reglamento, violan la Constitución Federal y la de Yucatán que establecen la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas que integran los grupos de atención prioritaria, situación que implica, entre otros, el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición, así como el derecho a la no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas de su condición.
En este sentido, reiteramos que el trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado, por ello, no puede ser calificado simplemente desde un punto de vista moral, pues actualmente se ejerce dentro de un contexto de discriminación, violencia, inseguridad, abuso, falta de oportunidades y acceso a derechos.
Las personas que ejercen el trabajo sexual sufren violencia institucional, exclusión y marginación debido a la negativa al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos. De este modo, resulta alarmante y contrario a los derechos más elementales que el municipio de Mérida haya desatado una política de persecución en contra de quienes ejercen este trabajo, situación que se ve agravada por la crisis económica que se deriva de la actual pandemia y de la falta de oportunidades laborales para quienes se dedican a esta labor.
También conviene recordar que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha mencionado que en México la vulneración de los derechos que experimentan las personas trabajadoras sexuales no se limitan solo a su actividad, sino a las discriminaciones que previamente se acumulan sobre ellas al pertenecer a poblaciones específicas.
Se ha documentado que cuando las personas trabajadoras sexuales dejan de ser vistas y tratadas como delincuentes, corren menos riesgos de sufrir tácticas policiales agresivas y se reorienta la atención a la defensa de sus derechos humanos.
Frente a esta coyuntura, y ante la constante campaña de hostigamiento y violación a derechos humanos emprendida por el municipio de Mérida, resulta fundamental que tanto la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, ante quien ya se han denunciado estos hechos, exija el debido respeto a los derechos humanos de quienes realizan esta labor, emita las medidas cautelares pertinentes e inicie de oficio una investigación que derive en recomendaciones específicas al municipio de Mérida que lleven a la sanción de los policías responsables y al establecimiento de políticas públicas que eliminen el estigma y la inseguridad con la cual las trabajadoras sexuales realizan su labor.
De igual manera, exigimos al gobierno municipal que cese el acoso, detención, extorsión y hostigamiento por parte de la policía hacia quienes ejercen el trabajo sexual en las calles, que se investigue y sancione a los policías que han violado los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y que se establezcan medidas y mecanismos adecuados, juntos con quienes ejercen esta labor, para garantizar que este trabajo se realice en condiciones de seguridad para las trabajadoras sexuales. Reiteramos que es obligación de toda autoridad promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos y prohibir todo tipo de conducta discriminatoria establecida en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C
COMUNICADO
Cooperativas de la Península de Yucatán se unen para promover el turismo comunitario
Publicado
hace 6 añosen
julio 4, 2020
En este año 2020, tan diferente por la pandemia que azota al planeta, la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario (APTC) conformada por 24 cooperativas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, decidió celebrar el día internacional de las cooperativas de forma diferente. Conscientes de que el turismo busca ahora experiencias más cercanas a la naturaleza y a la cultura, decidieron aliarse para responder a esas nuevas necesidades. Este 4 de julio, la APTC presenta el sitio en internet viajaturismocomunitario.com en el cual las personas interesadas podrán encontrar en un click la experiencia que más les interese.

Las cooperativas ofrecen a través de este sitio, vivencias diferentes a lo que uno puede imaginar al decidir viajar a la Península de Yucatán. El turismo de naturaleza es una de esas experiencias. Las cooperativas ofrecen, por ejemplo, recorridos en los canales de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, en Quintana Roo; paseos en lancha por las costas de Campeche a lado de delfines, flamencos e islas desiertas; nado en las refrescantes aguas de los cenotes de Yucatán y la posibilidad de conocer de cerca a los cocodrilos, monos saraguatos y aves de la región.

La cultura maya gira alrededor de la milpa, una forma tradicional de cultivar la tierra, la apicultura y las abejas sin aguijón (abejas meliponas); esas constituyen tres experiencias únicas para recorrer con respeto. Al regreso, y en cada uno de los sitios de la alianza, la gastronomía maya está en el menú y gran parte de los alimentos provienen del mar o del campo que rodea la comunidad.
El turista especializado en birdwatching, o los amantes de la naturaleza que quieran conocer las serpientes colgantes anunciadas hace poco tiempo en National Geographic, también encontrarán un viaje a su medida. Los cenotes del gran acuífero maya, tan renombrados a nivel internacional, son también parte de la oferta de la Alianza.
Ismael Arellano, desde Valladolid en Yucatán, comparte que el turismo comunitario permite viajar en grupos pequeños, lo cual garantiza la sana distancia en todo momento. Además, todas las cooperativas están recibiendo asesoría y capacitación para adoptar mejores prácticas que permitirán a los visitantes vivir una experiencia segura en todo momento.
En opinión de Rossana Rivero, del destino Isla Arena en Campeche, las y los mexicanos merecen viajar de manera segura, después de haber respetado durante más de tres meses las medidas para ayudar a controlar la epidemia. Ella destaca que las y los turistas pueden mostrar su solidaridad al viajar hacia las cooperativas que ofrecen turismo comunitario, pues así contribuyen de forma directa al apoyo de muchas familias y, con ello, a la recuperación económica del país.

Zendy Euan, de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, concluye con una invitación a cada mexicana y mexicano a explorar, cuando la situación lo permita, la naturaleza y la cultura de la Península de Yucatán. Elige y VIAJA TURISMO COMUNITARIO.
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