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La Nación y el Mundo

La Suprema Corte desecha proyecto que busca despenalizar el aborto en Veracruz

Lilia Balam

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Foto: https://elpais.com/mexico/2020-07-29/la-suprema-corte-rechaza-el-proyecto-para-despenalizar-el-aborto-en-veracruz.html

Por cuatro votos contra uno, la SCJN desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que proponía despenalizar el aborto en Veracruz.

Mérida, Yucatán, 29 de julio de 2020.- Con cuatro votos en contra y uno a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el proyecto que planteaba permitir la interrupción legal del embarazo, por lo menos hasta las 12 semanas de gestación en Veracruz.

Las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, así como los magistrados Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron en contra. Coincidieron en que la interrupción del embarazo sí está regulada en la legislación veracruzana, por lo cual “no se pretende reclamar una omisión legislativa propiamente, sino que la regulación respectiva es discriminatoria”.

Además “no hay un mandato específico que obligue a las y los legisladores” a modificar la ley para permitir el aborto, indicó Piña Hernández.  

 “La Corte no puede sustituir al Congreso para ordenarle un contenido legislativo específico. No existe un mandato legislativo específico de legislar en ese sentido, pero incluso si lo hubiera, la forma de regular esta situación es algo que corresponde en principio a la discrecionalidad legislativa. Solo se podría ordenarle que legislara, pero no imponerle una regulación específica. De esa manera la Corte incurriría en el activismo judicial”, apuntó la ministra.

En contraste, el magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá sostuvo su proyecto y argumentó que sí existe en convenios internacionales, como el de Belém do Pará, la obligación del Estado Mexicano de eliminar normas discriminatorias.

“Sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo. Los tratados internacionales son claros, son categóricos: existe una obligación inmediata de reformar aquellas normas que sean discriminatorias o fuentes de violencia en contra de las mujeres”, puntualizó.  

El ministro sostuvo que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a las mujeres, especialmente a la luz de su derecho a la salud y su dignidad.

En todo caso, en mi opinión aún es necesario e imperativo estudiar las normas que afectan a las mujeres a la luz de un examen de igualdad transformadora. Las normas en materia de derechos humanos de las mujeres pretenden no sólo remediar la falta de igualdad y discriminación que han sufrido, sino entender y eliminar las causas de estos problemas. Es especialmente importante estudiar y analizar razonamientos estereotípicos que subyacen en las normas”, alegó el ministro ponente.

Es pertinente aclarar que en la sesión no se discutió el fondo del asunto, pues el rechazo se sustentó en que el proyecto no cumple con los requisitos de procedimiento, es decir, los ministros no llegaron a posicionarse acerca de la despenalización del aborto en el estado. Por esta razón, el proyecto será retomado por otro miembro de la Corte, quien deberá redactarlo nuevamente de modo que cumpla con los requisitos de forma y la SCJN evalúe el fondo de las reformas presentadas.

VOCES A FAVOR Y EN CONTRA

La decisión de la SCJN levantó una ola de publicaciones en las redes con hashtags a favor y en contra, como #AbortoLegal, #SeráLey, #SalvemosLasDosVidas y #SíALaVida, entre otros, con los que usuarios y usuarias manifestaron sus posturas al respecto.

La diputada federal panista Cecilia Patrón Laviada, quien se opone tajantemente a la interrupción legal del ambarazo, compartió en su cuenta de Twitter el mensaje: “El derecho a la vida es el primero de los derechos, defendamos la vida. #SalvemosLas2Vidas”.

La publicación de la diputada desató una avalancha de críticas por parte de los usuarios(as) que se oponen a la criminalización del aborto, con réplicas y cuestionamientos como: “¿No hace unos meses eras feminista?”, “¿Dónde quedan los derechos de las mujeres, diputada?”, “Qué vergüenza que gente que piensa de forma tan ignorante nos represente”.

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La Nación y el Mundo

Ponen al descubierto brecha cada vez mayor entre figuras republicanas y el presidente Trump

Héctor Hernández Pardo

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Foto de Julián Durán Bojórquez

Sumario:

Importantes revelaciones del The New York Times y otras fuentes periodísticas de Estados Unidos. El desenlace es producto del mal manejo de la crisis sanitaria en ese país del norte. Gobernadores y legislares republicanos se desmarcan del Jefe de la Casa Blanca.

Según se desprende de algunas declaraciones de figuras del Partido Republicano, es evidente que hay una cierta desesperación en personalidades de ese grupo político en el gobierno norteamericano, ante el fracaso del presidente Donald Trump para combatir la pandemia del nuevo coronavirus en el país.

La ausencia de medidas claras de salud pública por parte del mandatario ha hecho que importantes figuras republicanas desestimen los pronunciamientos del mandatario y atiendan más las sugerencias de especialistas en salud, como el experto en epidemias y enfermedades infecciosas Anthony Fauci, quien ha recibido críticas por parte representantes de la extrema derecha dentro de la administración.

El influyente periódico The New York Times ha comentado que el tema se pone al descubierto en medidas tomadas por gobernadores republicanos, contrarias a la dirección del presidente Trump, como por ejemplo emitir órdenes acerca de la obligatoriedad del uso de mascarillas y restricciones comerciales. Según ese rotativo, ciertos gobernadores han estado realizando llamadas telefónicas nocturnas entre ellos para intercambiar ideas y quejas. A su vez han buscado socios en la administración que no sean el presidente.

Un grupo de legisladores republicanos en el Senado ha presionado en privado a la administración para que devuelva informes de salud dirigidos por figuras como Fauci y el Dr. Deborah Birx, quien regularmente actualizaba al público durante la primavera hasta que Trump los eclipsó con sus propios monólogos en la sala de reuniones. Y en su estado natal de Kentucky la semana pasada, el senador. Mitch McConnell,  líder mayoritario, rompió con Trump en casi todos los problemas importantes relacionados con el virus. Éste enfatizó la importancia del uso de máscaras y expresó una confianza “total” en Fauci e instó a los estadounidenses a seguir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que Trump nunca las consideró.

De acuerdo con fuentes políticas estadounidenses el Presidente a veces parece habitar un universo diferente, prediciendo incorrectamente que el brote se disiparía con rapidez y afirmando falsamente que la propagación del virus era simplemente un resultado de mayores pruebas. Con sus impacientes demandas y decretos, el Jefe de la Casa Blanca ha interrumpido los esfuerzos para mitigar la crisis al mismo tiempo que deja de participar efectivamente en ellos.

El resultado es una brecha silenciosa, pero cada vez mayor, entre Trump y las principales figuras de su partido, ya que el virus arde en los principales campos de batalla políticos en el sur y el oeste, como en los estados de Arizona, Texas y Georgia.

Así las cosas, el Gobernador republicano de Utah, Gary Herbert,  instó a la administración a hacer más para combatir  la sensación de complacencia sobre el Covid-19 e instó dramáticamente a usar mascarillas de manera obligatoria, pero el presidente Trump se mantiene en una posición contraria.

Algunos republicanos se han vuelto más abiertos con sus dudas sobre el enfoque del mandatario, incluido el gobernador Asa Hutchinson, de Arkansas, quien dijo que requeriría que las personas usen máscaras en cualquier manifestación relacionada con la campaña electoral de Trump en su estado.  Por su parte, el también republicano  y Gobernador Mike DeWine, de Ohio, en una entrevista en la  NBC, no respondió directamente cuando se le preguntó si tenía confianza en el liderazgo de Trump en la crisis.

También muchos  legisladores republicanos se han exasperado con los mensajes contradictorios de la administración, la guerra abierta dentro del personal de Trump y las demandas del presidente de que los estados reabran más rápido o corran el riesgo de ser castigados por el gobierno federal. El Senador Ben Sasse, republicano, dijo que quería que la administración ofreciera actualizaciones más amplias de salud pública al pueblo estadounidense, y condenó la animosidad abierta hacia Fauci por parte de algunos funcionarios de la administración., Por su parte, el Senador Roy Blunt, R-Mo, fue más específico y afirmó que los informes deben estar a cargo de profesionales de la salud.

Es claro que la desconexión está creciendo entre el Jefe de la Casa Blanca y otros líderes de su partido. A ello se añade que una encuesta publicada el viernes por ABC News y The Washington Post encontró que la mayoría del país desaprobaba enérgicamente el manejo de Trump de la crisis del coronavirus, y aproximadamente dos tercios de los estadounidenses dijeron que confiaban poco o nada en los comentarios de su presidente sobre la enfermedad que azota al país y al mundo.

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Madre América

La triste historia de Jean François y sus tropas en Campeche

Sergio Guerra Vilaboy

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En nota de Madre América contamos que tras la paz de Basilea (1795), España tuvo que entregar Santo Domingo a Francia, lo que obligó a sacar sus fuerzas militares, incluidas las Tropas Auxiliares Negras de Jean François y Georges Biassou. La negativa de las autoridades españolas y la elite de Cuba a recibirlas, por temor a su impacto en la población negra –que ya festejaba el próximo arribo del general Juan Francisco-, obligó a dispersarlas por España, Florida, Guatemala, Portobelo, Trinidad, la Costa de los Mosquitos y Campeche.

Poco se sabe de la vida de Jean François antes de la rebelión de los esclavos en agosto de 1791. Llegó a Saint Domingue, procedente de África, como esclavo y trabajo en la plantación de Patacu, nombre que adoptaría como apellido. Escapado de la dotación, vivió como cimarrón hasta unirse a la revolución esclava, en la que pronto sobresalió sobre los demás jefes: Georges Biassou, Jeannot Bullet y Toussaint Louverture. Imitando a los oficiales franceses, usó uniformes ornamentados con cintas, galones y condecoraciones. En noviembre de 1791 ordenó ejecutar a Jeannot por los injustificados asesinatos cometidos contra sus propios hombres y la población.

Atraídos por las ofertas de la Corona española, enfrentada a la Revolución Francesa, los principales generales negros apoyaron a Madrid desde principios de 1793, aunque al año siguiente, atraídos por la abolición de la esclavitud aprobada en París, Toussaint Louverture y otros jefes abandonaron su alianza con España y respaldaron a Francia. Al frente de las Tropas Auxiliares Negras sólo permanecieron Juan Francisco Patacu y Jorge Viason, ahora con sus nombres españolizados, aunque el prestigio del primero se vio resentido por la masacre cometida por sus hombres, en julio de 1794, al rendir la fortaleza francesa de Dauphin (Bayajá).

En virtud de lo acordado en Basilea, las Tropas Auxiliares Negras y sus familias, tuvieron que ser evacuadas de Santo Domingo. El primero en llegar a La Habana en tres navíos hispanos, el 1 de enero de 1796, fue Juan Francisco con once oficiales y más de un centenar de acompañantes, que enseguida fueron obligados a continuar para Cádiz, donde no eran esperados. Una semana después arribaron los demás barcos reales, menos uno que fue a parar a Virginia por una tormenta. Transportaban al resto de las tropas auxiliares y familiares, cerca de 700 personas, que como los de Juan Francisco fueron aislados en sus embarcaciones, ancladas en la orilla opuesta a la amurallada villa de La Habana, hasta su salida a un nuevo paradero.

El mayor contingente, más de 300 personas, fue enviado a la Costa de los Mosquitos y el más pequeño a La Florida, destino de Georges Biassou y su reducido séquito de poco más de veinte integrantes. Tras el restablecimiento de la soberanía española en Santo Domingo (1811), una parte de los asentados en Centroamérica, dirigidos por el brigadier Gilé (Gil Narciso), retornó a La Española con escala en La Habana, donde no pudo desembarcar. No obstante, estableció contacto con el artesano mulato José Antonio Aponte, quien era el líder de una conspiración igualitarista, abortada al año siguiente.

Los restantes miembros de las tropas negras, divididos en tres grupos de más de cien personas cada uno, fueron remitidos a la isla de Trinidad, entonces parte de la Capitanía General de Venezuela –que los devolvió de inmediato a Santo Domingo-; a Portobelo en Panamá, así como a Campeche en el Virreinato de Nueva España. Los 155 que arribaron al oriente de la península de Yucatán fueron ubicados en Aké, un sitio apartado y despoblado donde recibieron tierras para su cultivo. Allí levantaron el pueblecito de San Fernando, con chozas semejantes a las construidas por los mayas, que llegó a tener su propia iglesia. Al estallar en 1848 la guerra de castas, la mayoría de ellos buscaron refugio en Belice.

Por último, Juan Francisco Patacu y su numerosa comitiva arribó a Cádiz en marzo de 1796. A los oficiales no les fue reconocido su rango militar, ni recibieron compensaciones económicas, sufriendo muchas penurias. En 1813, el Consejo de Regencia acordó reenviarlos a la Costa de los Mosquitos, pero el general Jean François, unos de los líderes de la gran revolución de los esclavos de Saint Domingue, fallecido el 16 de septiembre de 1805, ya estaba enterrado en el cementerio de Puerta de Tierra como “Don Juan Piticu”.

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La Nación y el Mundo

La búsqueda de justicia y la tentación del castigo

Inti Torres Villegas

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La semana pasada, mientras Emilio Lozoya inscribía su nombre en la larga lista de quienes atraviesan el proceso judicial en libertad, gracias a la investidura del privilegio, el Senado aprobó la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Simultáneamente, muchas y muchos mexicanos seguramente fueron detenidos a lo largo del país por no acatar a cabalidad las medidas sanitarias preventivas ante la pandemia de COVID-19. Aunque estos hechos no están directamente relacionados entre sí, plantean en su análisis una interesante reflexión sobre el cómo entendemos y aplicamos la justicia y el castigo en México.

Si bien en términos prácticos Emilio Lozoya no ha sido exonerado de ninguno de los delitos que se le imputan, el trato especial que ha recibido durante su proceso nos deja como sociedad un inicial sabor a impunidad, al cual -hay que admitir- desafortunadamente estamos acostumbrados. Ante la natural impotencia que éste y cientos de casos similares nos han generado, como país hemos desarrollado una vocación punitiva, sostenida en la lógica coloquial de que alguien tiene que pagar por los platos rotos. En otras palabras, la imposibilidad para acceder a la justicia nos ha generado una fascinación por el castigo, que poco repara en sus formas y en sus consecuencias.

Considerando esto, no es de extrañar que medidas como la mencionada ampliación de la prisión preventiva oficiosa no sólo no sean cuestionadas más allá de los círculos preocupados y ocupados en la defensa de los DD HH, si no que, en muchos casos, se celebren como paliativo a los inconmensurables problemas de seguridad de nuestro país. Tampoco resulta sorpresivo que amplios sectores sociales y gubernamentales planteen con orgullo que una contingencia sanitaria del tamaño de la que atravesamos actualmente se resuelve a través del castigo y la restricción autoritaria.

Por cierto, ni la incidencia delictiva ha disminuido a lo largo del tiempo con el endurecimiento de las herramientas judiciales, ni el embate del COVID-19 ha amainado en las entidades donde se han impuesto medidas punitivas para afrontarlo. Por el contrario, lo que ha aumentado de forma drástica en los últimos meses a propósito de la pandemia, es la violación a los DD HH.

Sin embargo, habrá que asumir que el ejercicio punitivo no es exclusivo de las instituciones. Como ciudadanía, lo ejercemos y promovemos cotidianamente, toda vez que nos asumimos como jueces y brazos ejecutores en la defensa de nuestros intereses, mismos que han sido desestimados y descuidados históricamente por las instancias que tendrían que velar por ellos. La impunidad en México nos ha desconectado tanto de las instituciones, que nos ha obligado como ciudadanos a reformular el paradigma de justicia, transitando del que lo entiende como producto y sostén de los pactos sociales, a uno que lo materializa exclusivamente en el ejercicio revanchistico y aleccionador.

Castigamos cuando abusamos de la legitima denuncia ciudadana para exponer conductas que no se corresponden a nuestra subjetivísima moral o al pedir penas desproporcionadas en los foros noticiosos y en las redes sociales. Al celebrar las ejecuciones extrajudiciales bajo la hipotesis de que la víctima se lo merecía. Lo hacemos cuando nos oponemos a la inclusión de derechos fundamentales en los marcos jurídicos. Castigamos incluso cuando votamos sin ningún otro argumento más que el de darle un escarmiento al partido político que en ese momento ostente el poder.

El costo de incorporar el castigo a nuestra vida cotidiana como resolutor universal de las problemáticas y conflictos es alto, y lo implica la seductora vía del autoritarismo.

Como ciudadanos estamos en absoluto derecho de participar en la impartición de justicia en el país. De pugnar por revertir la impunidad y de reestructurar los sistemas de judiciales en México desde sus cimientos. El dialogo, la empatía, el escrutinio a las instituciones y la exigencia colectiva para el cumplimiento equitativo de sus tareas, parecieran ser -aunque largos y empedrados- los caminos para lograrlo. A la par, convendría comenzar a cuestionar y a deconstruir nuestra raíz punitiva y a entender que lejos de armonizar las relaciones que como sociedad construirnos, el castigo las pulveriza. Y que, en última instancia, distrae también el señalamiento de los verdaderos responsables de los problemas en el país. El castigo, al menos como se aplica en el día a día en México, constituye, de hecho, un importante escollo para alcanzar justicia.

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