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Con la decisión de la Suprema Corte de no criminalizarlo, el aborto es ya un asunto de salud pública y educación en México

Cristina Martin Urzaiz

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FOTOGRAFÍA: GLADYS SERRANO / EL PAÍS

Despenalización del aborto

A propósito de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de considerar inconstitucional la acción penal en contra de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, en México el aborto dejo de ser un asunto penal, para constituirse en uno de salud pública y educación.

Lo integrantes del máximo tribunal mostraron un pensamiento humanista, al colocar la defensa de los derechos humanos de la mujer por encima de cualquier otra consideración durante las dos sesiones del pleno en las que se dirimió la controversia respecto código penal de Coahuila y, con una postura incluyente, introdujeron el concepto de persona con capacidad de gestar.

El voto en favor del proyecto fue unánime y las intervenciones de los jueces pusieron énfasis en las condiciones sociales, económicas, la falta de educación sexual, el prejuicio, el contexto de discriminación y violencia contra las mujeres, en donde se ha privilegiado el castigo, en vez de una política de educación y salud a cargo de las instituciones correspondientes.

El ministro ponente, Luis María Aguilar Morales abrió su intervención puntualizando que su proyecto se centró en responder la pregunta de si resulta constitucional sancionar con pena de prisión a quien decide voluntariamente interrumpir el embarazo y a la persona que con consentimiento de ella ejecute ese acto.

Insistió en que su ponencia no constituye una defensa al derecho al aborto, sino de colocar en el centro del debate si la interrupción del embarazo es materia del derecho penal y evaluar si la mujer debe o no ser sancionada penalmente cuando decide ser o no ser madre.

El juez sostuvo que las mujeres son titulares de su plan de vida, a partir de su individualidad e identidad propia, por lo que pueden disponer libremente de sí mismas, por lo que no tiene cabida un escenario en el cual no puedan decidir. Rechazó el constructo social que las configura como instrumentos de la procreación.

Para Aguilar Morales se trata de un problema de falta de educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, por razones de marginación social y económica y subrayó que la educación debe ser la piedra angular en materia de salud reproductiva con acceso a información y asesoría en planificación familiar y métodos de control natal y señaló la responsabilidad del Estado para garantizar que la persona con capacidad de gestar  que lo decida, pueda interrumpir el proceso en las instituciones de salud pública de forma gratuita, segura, confidencial, expedita y no discriminatoria.

Todo ello en un breve periodo cercano al inicio de la gestación, en un delicado ejercicio de balance entre el derecho a decidir y el bien de la vida en gestación, en tanto que ambos exigen un espacio de resguardo. Este proyecto no constituye una propuesta a favor del aborto, recalcó.

En su intervención, en favor del proyecto, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat expuso que es una confrontación violenta la criminalización de la persona gestante y aseguró “Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar” Es un tema de salud pública del que debe hacerse cargo el Estado, recalcó.

Dio a conocer las cifras estadísticas, a falta de datos exactos: En México tienen lugar entre 700 mil y un millón de abortos al año, de los cuales, la tercera parte presenta complicaciones que requieren atención médica – es decir entre 200 y 300 mil – y “a más pobreza, mayores complicaciones”

¿Además del estigma, la impotencia y el abandono, enfrentar una sanción penal?, ¿y esto se hace en nombre de la vida?, Eso, sin contar que también lleva implícita la idea de un castigo, de una maternidad por castigo, una maternidad en la que todos pueden opinar, concluyó.

En la misma línea argumental, la ministra Yasmín Esquivel Mossa inició con la frase “Ninguna mujer desea y quiere abortar” y precisó que son circunstancias económicas, sociales, físicas, familiares las que la obligan a tomar esa difícil decisión.

La solución no pasa por la criminalización de la mujer, sino por la educación sexual – advirtió – la criminalización del aborto no evita su práctica, pero asegura que morirán más mujeres. Al reconocer el contexto de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, sostuvo que es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas.

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dio a conocer que la decisión tomada esta semana de invalidar los castigos penales contra las mujeres que abortan tendrá efectos en todo el país y sostuvo: Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mexicanas y las personas gestantes; a partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables.

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El regreso a clases entre la pandemia y la infodemia

Cristina Martin Urzaiz

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Reapertura de escuelas

A propósito de la reapertura de las aulas esta semana, luego de un año y 5 meses de educación a distancia, no se puede negar que privan entre maestros, padres de familia y estudiantes, la incertidumbre y la duda, agravados por la manipulación informativa y la abundancia de noticias falsas. En ese ámbito nos encontramos también entre la pandemia y la infodemia.

Muchas familias sostienen la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela, ante el miedo de un contagio; mientras que muchos maestros se han manifestado en contra del reinicio de las clases presenciales, argumentado que no cuentan con los elementos para cumplir su función adecuadamente. La pregunta para los docentes sería ¿y cuándo los han tenido?

Por otro lado, las noticias falsas no cesan. Abundan los rumores respecto a supuestos brotes en escuelas de las que se desconoce el nombre y la ubicación, nadie sabe de qué plantel se trata. Se difunden informaciones de casos ocurridos en otros países, como si hubieran sido en México.

La nota de una maestra que contagió a la mitad de sus alumnos por rechazar la vacuna y no usar cubrebocas se ha publicado constantemente en la última semana, en diversos medios, sin especificar que sucedió en el condado de Marin, California, en Estados Unidos. Si esto se hace justamente en los días en que se están abriendo las aulas en nuestro país, no es temerario asegurar que se trata de una manipulación mediática. Ni hablar de las redes sociales, donde todo se vale, exacerbando el temor natural de los padres.

Sin embargo, ¿cuánto tiempo puede un niño o un adolescente permanecer aislado sin más interacción social que la familiar, cuya convivencia no es siempre sana ni armónica?, ¿cuánto tiempo se les puede obligar a la reclusión en espacios mínimos como son los de las viviendas de interés social?, ¿qué secuelas psicológicas y emocionales les dejará el confinamiento prolongado al que se adiciona una convivencia incómoda o peligrosa en casa?

En una columna anterior, me declaré aliviada al no verme en la necesidad de decidir si enviar o no a un hijo a la escuela en las actuales circunstancias, pero, el bienestar de los niños es, o debería ser, responsabilidad de todos y me pregunto: ante el desconocimiento de la duración de la pandemia, ¿cuál es el límite tolerable de encierro para los más jóvenes?

Manifiesto mi deseo más ferviente de que en breve encuentren el tratamiento médico o se logre la inmunización masiva en todo el mundo para prevenir el surgimiento de nuevas variantes del virus, de una o de otra manera. Pero, en caso contrario, si tuviéramos que enfrentar esta realidad durante meses o años, ¿en qué momento habremos de decir ya basta, antes de que los niños y los adolescentes ya no puedan manejar más esta experiencia?

Se están encendiendo muchos focos de alarma respecto al aumento de la violencia dentro de las casas y en esa dinámica siempre son los niños los más vulnerables, los más indefensos. Cada vez es más frecuente encontrar información de maltrato contra los menores, ya sea de parte de los padres o de otras personas que se encargan de su cuidado.

Los organismos internacionales han alertado a México de la urgencia del regreso de los niños a las aulas, porque, aún con todas las carencias del sistema educativo, es la única vía posible para reducir la desigualdad, la pobreza y el reclutamiento de la población más joven por grupos criminales.

Como sociedad, nos enfrentamos a una disyuntiva: o formamos niños y jóvenes capaces de actuar con responsabilidad en las actuales circunstancias y confiamos en que tendrán la habilidad para hacer frente a una realidad cada vez más compleja y con mayores retos, o los mantenemos “a salvo” de cualquier peligro, incapaces de enfrentar los desafíos que, a pesar de nuestros deseos, les han tocado vivir.

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Los Juegos Paralímpicos: dos semanas de motivo de reflexión y enseñanza de vida

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito de proezas, ¿cuántos de nosotros somos capaces de permanecer en el agua sin ahogarnos?, ¿y podemos avanzar cierta distancia?, ¿cuántos lograríamos recorrer 100 metros sin parar?, ¿quién lo haría en 2 minutos 36 segundos y 54 centésimas, además con una técnica y un estilo y, adicionalmente, con parálisis cerebral?, la respuesta es Fabiola Ramírez, ganadora de una medalla de bronce en Tokio 2020- 21.

En el primer día de competencias en la capital japonesa, Fabiola Ramírez, abogada de 31 años, originaria de Aguascalientes, consiguió el izamiento de la bandera mexicana, ya que llegó en tercer lugar en la competencia de 100 metros en nado de dorso S2.

Las personas que conocemos lo que representan las secuelas de una lesión neurológica en el área de la motricidad, sabemos que, en muchas ocasiones, se vive con un cuerpo que no solamente no obedece, sino que traiciona. Si se le ordena que se relaje, se tensa; si se intenta estirar una extremidad, se contrae. Se requiere de disciplina, perseverancia y fuerza de voluntad a toda prueba para lograr los movimientos que les son naturales a la mayor parte de las personas. Lo de Fabiola es una auténtica proeza.

En esta ocasión, correspondió a la nadadora inaugurar el medallero para México y alcanzar la presea número 290 en la historia de la participación de nuestro país en 13 de los 15 Juegos Paralímpicos que se han realizado desde Roma 1960, lo que significa un poco más de 22 medallas en cada edición.

En estos 13 días podremos presenciar una hazaña tras otra. Participarán más de 4 mil 500 atletas de 162 países, en 22 disciplinas. Acuden a la cita en Tokio, 60 deportistas mexicanos, 29 mujeres y 31 hombres.

Los Paralímpicos son, además de la oportunidad de ver muchas veces a nuestros compatriotas en los podios, de observar nuestra bandera en lo alto y de escuchar el himno nacional mexicano en las ceremonias de premiación; una ocasión para reflexionar porque se trata de una extraordinaria enseñanza de vida.

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Llevar o no llevar a los niños a la escuela, el gran dilema

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito del anuncio del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que las escuelas abrirán sus puertas el próximo 30 de agosto “llueva, truene o relampagueé”, son tantos los elementos en favor y en contra de esta medida que no quisiera estar en los zapatos de los padres de familia en el momento de decidir sobre la asistencia de sus hijos a los planteles.

Hay una gran cantidad de argumentos en pro de las clases presenciales: la urgencia de retomar la vida social; liberarlos de la dependencia que han generado con los dispositivos electrónicos y sus peligros; el deterioro – ya notorio antes de la pandemia – del nivel de conocimientos y habilidades de niños, adolescentes y jóvenes mexicanos; el incremento de problemas de salud como la obesidad y, en especial, el aumento de la violencia en contra de los menores a causa del confinamiento.

Existen muchas otras consideraciones, como el retroceso en la participación de las mujeres en la vida económica, al verse obligadas a relegar sus actividades ante la necesidad de permanecer al cuidado de los niños de tiempo completo y los problemas sicológicos como depresión y ansiedad en los infantes.

En contra de todo ello se encuentra el peligro de contagio que, al parecer, tiene preponderancia frente a cualquier otro motivo y es que, se escucha a las madres repetir: “la salud es lo primero”

Es cierto, la salud es fundamental, aunque si se pone en una balanza el incremento de la obesidad y la diabetes infantil a causa del sedentarismo forzoso, ya no es posible sostener el argumento del cuidado del bienestar orgánico en contra de las clases presenciales si se recuerda que un tercio de los mexicanos entre  5 y 11 años padecían sobrepeso u obesidad antes de la pandemia de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública sostuvo, al anunciar la decisión de regresar a clases el próximo lunes 30, que “Nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para socializar; un cobijo para aminorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante largos meses de pandemia y confinamiento”

Al respecto, UNICEF México ha señalado: “Antes de la epidemia la evidencia mostraba que el hogar es, a menudo, el lugar más peligroso para una mujer y sus hijos e hijas” y agrega que 6 de cada 10 personas de entre 1 y 14 años han experimentado alguna forma de disciplina violenta en sus hogares.

Advierte que mientras más tiempo pasen los menores en distanciamiento social más probable será su exposición a violencia en una familia que de por sí mostraba dinámicas violentas antes de la pandemia.

El organismo internacional advierte que tras año y medio de que 25.4 millones de estudiantes de educación básica y 5.2 millones de media superior dejaron de asistir a los planteles como medida para prevenir contagios, resienten efectos no sólo en el aprendizaje, sino en la salud mental y el aumento del ciberacoso.

Al respecto, datos del área especializada en el tema de la Guardia Nacional, especifican que de enero a agosto de 2020 se recibieron 329 mil 308 reportes de delitos en Internet en agravio de niñas, niños y adolescentes.

Todos esos elementos alimentan la decisión de permitir la asistencia de los niños a las escuelas, siempre con el cumplimiento de las medidas de prevención que todos conocemos – aunque no siempre seguimos – como el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, la aplicación de gel y el distanciamiento social.

 No obstante, hay una serie de factores a considerar: la necesidad de que los estudiantes estén sanos, lo cual excluye a esa tercera parte afectada por la obesidad, propensos a sufrir complicaciones derivadas del Covid; los traslados, cuando se requiere hacerlos en transportes públicos saturados donde la sana distancia no existe; la falta o deficiencia de los servicios en los planteles, como el agua potable y hasta el clima, porque en lugares muy fríos no será posible mantener las ventanas abiertas para garantizar la ventilación adecuada, por ejemplo.

La decisión de llevar o no a los niños a la escuela es un compromiso de las madres y los padres con el bienestar de sus hijos, en la que no debería influir la polarización política ni las campañas de desinformación, sino un análisis sereno y responsable de la situación individual de cada niño, de cada familia. Y como lo señalé al principio “no quisiera estar en sus zapatos”

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