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Confinados con el enemigo

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito de la idea de que el hogar es un lugar seguro en situaciones como la que impone la presencia del coronavirus en el mundo, es necesario considerar que en nuestro país la violencia intrafamiliar es un problema que afecta a una gran cantidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, por lo que lejos de sentirse a salvo en casa, se encuentran atrapados con el enemigo.

En Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) difundió la publicación “Protección de la niñez ante la violencia. Respuestas durante y después del Covid-19”, en la que se plantean varias medidas que el Estado debe implementar, como garantizar el acceso a los servicios de atención y apoyo para los menores así como crear alternativas de alojamiento y mecanismos de alerta para prevenir las agresiones.

El aumento en los niveles de estrés, la inseguridad económica y alimentaria y el confinamiento han elevado radicalmente los niveles de violencia doméstica en México y se requiere de acción inmediata para proteger a la infancia y adolescencia afectada, señaló. Y evidenció que durante la contingencia, se han registrado 115,614 llamadas de emergencia al 911 por abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. El número de reportes recibidos en marzo es 28% superior al de enero pasado y 22% mayor al de febrero.

El organismo internacional enfatizó que 6 de cada 10 menores de uno a 14 años sufren maltrato en su hogar, situación que empeora por el confinamiento. Además, en marzo se recibieron 22,628 llamadas por violencia de pareja,  lo cual representa un crecimiento de 23% respecto a  febrero y 33%  más que en enero.

En contraste, al posicionarse al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el 6 de mayo que “la familia en México es excepcional, es el núcleo humano más fraterno, esto no se da en otras partes, lo digo con todo respeto, o sea, son de las cosas buenas que tenemos”

Aunque el titular del Ejecutivo mantiene una posición que desestima la gravedad  tanto de la violencia de género como de la intrafamiliar, la Red Nacional de Refugios informó que los reportes recibidos han registrado un incremento de más del 80 por ciento y las solicitudes de asilo en estos espacios han aumentado 30 por ciento. Casi la mitad de las llamadas corresponden a la Ciudad de México y el Estado de México

Algunas cifras evidencian que, no obstante las ideas idílicas respecto a la familia mexicana, “el hogar” puede ser terrorífico: UNICEF informa que en México, 63% de niñas, niños y adolescentes ha experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico en casa; cada día 34 niñas son embarazadas en hechos de violencia sexual, ocurrida principalmente en el seno familiar, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)

En su sitio oficial, Inmujeres advierte: “Con la puesta en marcha de las medidas destinadas a contener la pandemia del COVID-19, las mujeres nos encontramos más expuestas a vivir actos de violencia doméstica

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, informó  que la violencia contra mujeres y menores de edad dentro de los hogares aumentó en un 120% desde que se declaró la emergencia y confinamiento, el 23 de marzo.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar elaborado por ONU Mujeres México, casi el 80% de ellas han sufrido violencia; en el  52% por ciento de los casos, la agresión proviene de la pareja. Sin embargo, casi el 79% de estas mujeres no buscan apoyo institucional ni presentan una denuncia, por diversas razones.

La representante del organismo, Belén Sanz, urgió a pensar en respuestas rápidas y coordinadas que pongan en el centro los derechos de las mujeres y las niñas, porque las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias las colocan en mayor riesgo de violencia.

La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero  reconoce: “El incremento de la violencia intrafamiliar en esta emergencia sanitaria se relaciona con el confinamiento pero también se debe al estrés económico y posible desempleo de los responsables de los hogares”.

No es que todos los hogares de México sean sucursales de la casa del terror. Hay muchas familias cuyos miembros se relacionan con respeto y armonía, hasta donde es posible. No obstante, subestimar un problema social tan grave y evidente equivale a dejar en la indefensión a millones de seres humanos, sobre todo a los más vulnerables.

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A propósito de…

Se agotó la paciencia

Cristina Martin Urzaiz

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Foto de Lilia Balam

A propósito de las muchas protestas en oficinas de las comisiones de Derechos Humanos tanto nacional como locales, sería conveniente preguntarnos, ¿quién no ha sido víctima por lo menos una vez?, ¿quién no se ha sentido agraviado en algún momento?, ¿quién no ha visto lesionados sus derechos humanos?

¿Quién no ha tenido deseos de romper, de destruir, de gritar, de golpear, de manifestar su enojo, su frustración, su rabia, cuando se ha sentido impotente, porque alguien lo ha despojado de su condición de ciudadano, de persona, de ser humano y no hay una instancia que nos proteja, no hay institución que nos acompañe, no hay oficina que nos atienda?

En ese sentido, México es un país de víctimas y victimarios. Un país en el que cualquiera puede ser atacado en su persona, en sus posesiones, en su tranquilidad. Pensemos, por ejemplo, en cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que salen de su casa al amanecer, hacen un recorrido de 2 horas, mediante transbordos de uno a otro sistema de transporte, cumplen con su jornada laboral y de regreso, sufren un asalto en el microbús donde deben entregar su pago semanal y su teléfono celular.

Esa no es una situación excepcional sino una posibilidad constante. Cada vez que una persona se dirige a su empleo corre el riesgo del despojo y de la agresión. Hoy, cuando el uso de tapabocas por la pandemia aporta un anonimato generalizado, el terror en el transporte público se acentúa y todas y todos se miran con desconfianza y miedo.

Hay casos mucho más graves, asesinatos, desapariciones, violaciones, acoso, feminicidios, agresiones sexuales, que en mayoría apabullante se dirigen contra mujeres y menores de edad. Estos últimos delitos, los que implican violencia de género o sexual, presentan el agravante de que, en muchos de los casos, los perpetradores son familiares, amigos, maestros. ¿Cabría siquiera un reproche al grupo social que toma el edifico de una institución, cuya responsabilidad es custodiar sus derechos humanos, pero no lo ha hecho en 30 años de existencia?

Y, peor  todavía. ¿Qué decir de las autoridades que reprimieron a mujeres que tomaron las instalaciones en Ecatepec, para manifestar su hartazgo ante la violencia de género, la impunidad para los agresores, la indiferencia de los impartidores de justicia, los procedimientos que parecen diseñados para revictimizar y la negación de la realidad por parte de políticos del más alto nivel?

En la ceremonia de la “Antigrita” que realizaron las mujeres agrupadas en el Frente Nacional Ni Una Menos, en las instalaciones de la CNDH en el centro de la Ciudad de México, el martes pasado se sucedieron los testimonios, cada uno más estrujante que el anterior. Uno sólo de esos hechos sería suficiente para dolerse y entender.

Pero no fue uno. Se reunieron unas 300 mujeres víctimas o madres de víctimas. Muchas de ellas han pasado años, lustros, décadas, cumpliendo cada uno de los requisitos, presentándose a oficinas, hablando con uno y otro burócrata, suplicando, pidiendo, exigiendo, sin resultados, sin respuesta, sin atención.

También la tarde del martes, colectivas feministas tomaron simbólicamente las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán donde recordaron a Henrietta, Suemi, Yazmín, Irlanda y Fernanda, víctimas de feminicidio en la entidad en lo que va del año. La nota de Lilia Balam, publicada en Informe Fracto refiere que exigieron justicia: “La que quiera romper, que rompa, la que quiera quemar, que queme, y la  que no,  que  no estorbe”, repitieron el lema de Yesenia Zamudio, madre de una joven asesinada.

¿Por qué destruyen, rompen, pintarrajean, toman instalaciones, las convierten en refugios, deciden que ya no obedecerán más, retan a la autoridad, exigen la presencia de los más altos funcionarios y se niegan a recibir la misma respuesta que les han dado cientos de veces? Porque hoy,  la paciencia, virtud que se ha endilgado a las mujeres, como si fuera obligatoria de la condición  femenina, se nos agotó.

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Okupas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito de la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el miércoles 2, a cargo de familiares de personas a quienes se han violado los derechos humanos, hartos de enfrentarse a burocracias insensibles, cabe preguntarse si las propias autoridades federales abonaron  a la escalada de este conflicto, primero con respuestas insuficientes y en los últimos días con intentos de desacreditar a los genuinamente inconformes.

Cerca de dos decenas de personas que acudieron a entrevistarse con Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, para exigir su actuación en los casos de violación a los derechos humanos como desaparición forzada y abuso sexual contra una niña en una escuela de San Luis Potosí, decidieron permanecer en las instalaciones del organismo hasta la resolución de sus demandas.

Ese día solicitaron entrevistarse con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas y la intervención directa del presidente de la República, Andrés Manuel, López Obrador. La CNDH señaló ese mismo día en un comunicado que no obligaría a los manifestantes a abandonar el inmueble, para no victimizarlos nuevamente, reconociendo su vulnerabilidad.

Silvia Castillo,  madre de un joven asesinado en 2019 también en San Luis Potosí y Mónica Alemán, madre de la pequeña atacada  en 2017 en un colegio privado de la misma entidad, informaron el jueves 3 que Encinas las recibió a las 8 de la mañana de ese día. Expusieron su determinación de continuar con la ocupación hasta obtener la garantía de la Suprema Corte de Justicia de castigar a los culpables de los delitos.

Los familiares, no obstante abandonaron más tarde el edificio de República de Cuba N° 60, en el Centro Histórico, ante la respuesta de las autoridades, con excepción de Silvia Castillo a quien se sumaron varios colectivos feministas que a la una de la tarde del viernes ingresaron a las instalaciones.

 Integrantes de las organizaciones Frente Nacional Ni una Menos México, Aequuus, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos  agregaron la  petición de reconocimiento de los hijos de víctimas de desaparición y de feminicidio, a fin de que reciban atención integral. Ahí mismo, advirtieron acerca de su decisión de multiplicar las tomas de instalaciones públicas, especialmente las relacionadas con la impartición de justicia, porque su desinterés o complicidad han alimentado la impunidad.

El domingo 6, el grupo feminista Bloque Negro se sumó al movimiento. Se explicó que no devolverían las instalaciones, en cuanto que el movimiento se constituía en “okupa”. Sustituyeron el nombre de la CNDH por el de “Ocupa, Casa de Refugio Ni Una Menos México” para albergar a familiares de víctimas de  feminicidio, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y homicidios dolosos, así como mujeres que sufren violencia de género.

Para no dejar duda de su indignación, lanzaron por las ventanas y quemaron algunos muebles y mostraron un retrato de Francisco I Madero, que intervinieron con pintura en aerosol, con la intención de subastarlo para recolectar fondos destinados a  sostener el movimiento, al que, más adelante, se sumaron retratos de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez, en las mismas condiciones.

El lunes, la Comisión expuso su deseo de recuperar expedientes que se encontraban en el edificio para evitar que se desatendieran los casos de víctimas de distintas violaciones de derechos humanos. El martes 5, las ocupantes lanzaron algunos documentos por el balcón y sacaron la mayor parte a la calle. Por la noche, personal de la dependencia los recogió trasladándolos en cajas hacia una camioneta para su resguardo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado como conservador el  movimiento, al tiempo que la presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra manifestó su sospecha de intereses detrás de la toma de instalaciones. Ayer, miércoles, algunas integrantes de esta ocupación se reunieron con Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. Hasta aquí la cronología de los hechos.

 Mi reflexión es en torno al cúmulo de sufrimiento de los familiares de las víctimas de desaparición, de feminicidio, de agresión sexual, de homicidio, quienes, durante lustros, han sido ignorados, humillados, burlados por  autoridades insensibles, ineptas, irresponsables, de los tres órdenes de gobierno y de los distintos poderes, sobre todo, de los encargados de impartir justicia.

Poner en duda la legitimidad de su lucha, dificulta la resolución del problema, contribuye a radicalizar el movimiento y recrudece la calidad de víctimas de quienes lo han sido no solamente por la pérdida o daños a un ser querido, sino por una de las mayores lacras de nuestro país, la impunidad construida y solapada desde las altas esferas del poder.

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La multiplicación de los partidos políticos

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito de negocios es innegable que, en México, constituir un partido político es uno de los más redituables. El próximo año, cuando se llevarán a cabo las elecciones intermedias, consideradas las más  grandes en la historia dado el número de puestos a elegir, los mexicanos entregaremos a esas organizaciones 7 mil 226 millones de pesos.

Sin tomar en cuenta la crisis económica mundial, caracterizada por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como la peor desde 1932, ni la gran cantidad de recursos que requieren los servicios de salud para enfrentar la pandemia de COVID 19 y sin que importe el deseo explícito de la mayoría de los mexicanos, expresado con su voto, de reducir el número de estas organizaciones, volverán a recibir cantidades ofensivas en un país donde todavía más de la mitad de los habitantes vive en condiciones de pobreza.

A los que operan actualmente, pretenden sumarse siete más a nivel nacional, si es que el Instituto Nacional Electoral les otorga el registro. Algunos de ellos ya recibieron la negativa de los electores a su permanencia en el mapa político nacional, cuando no obtuvieron la cantidad de votos necesarios para sobrevivir. Otros, han demostrado su propensión a la ilegalidad en múltiples ocasiones y de todas las maneras posibles.

Me parece inconcebible, por ejemplo, el intento de Felipe Calderón Hinojosa, de continuar abrevando del erario público, mediante la fórmula de liderar un partido político denominado México Libre. Ha demostrado su proclividad al fraude electoral desde 2006, con las consecuencias que todos padecemos; luego, en el 2018 con la candidatura de su esposa, Margarita Zavala, cuando también encontraron miles de firmas apócrifas y ahora, aun antes de conseguir el registro, ya fue sancionado con 2.7 millones de pesos por opacidad en el origen de sus recursos.

La historia del ocupante de la presidencia de 2006 a 2012 debería ser suficiente para  inhabilitarlo de inicio. Su secretario de Seguridad Pública está sometido a juicio en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Periodistas como Carmen Aristegui, Anabel Hernández, Olga Wornat y Jesús Lemus han denunciado que fueron censurados, perseguidos y, en algunos casos, encarcelados, torturados u obligados a exiliarse, como consecuencia de sus investigaciones periodísticas durante el calderonato.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, lo ha mencionado entre los responsables de la estrategia de privatización y desmantelamiento de la paraestatal, mediante el proyecto Etileno XXI desde 2003 como secretario de Energía y, luego desde la presidencia de la República, incluso facilitando créditos a Odebrecht a través de NAFINSA y el Banco Mexicano de Comercio Exterior.

¿Por qué los mexicanos tendríamos que seguir manteniendo a quien tanto daño ha hecho al país, a través del financiamiento público a su partido y, en el peor de los casos, pagándole un salario si, en mala hora, obtuviera alguna diputación plurinominal, considerando su experiencia en manipular los procesos electorales?

Otro de los partidos que pretende su registro es Redes Sociales Progresistas, cuyo dirigente visible es René Fujiwara, nieto de la ex dirigente sindical Elba Esther Gordillo, verdadera dirigente de la agrupación, como antes lo fue del Partido Nueva Alianza, con duración de 2005 al 2018, cuando se alió con el PRI y perdió su registro al no obtener la votación necesaria.

El Partido Encuentro Social, nació en 2014, perdió su registro federal en 2018 porque no logró el 3 por ciento de los sufragios, aunque lo mantuvo en algunas entidades. Hoy pretende recuperar su calidad de partido político nacional, no obstante el rechazo del electorado en los comicios anteriores.

Las otras cuatro organizaciones que buscan el registro son: México Partido Político Nacional, Fuerza Social por México, Alternativa PPN y Súmate, casi todos encabezados por antiguos panistas y priístas.

El sólo hecho de que tales personajes aspiren a constituir un partido político resulta indignante, si además tenemos que alimentar sus ambiciones con el dinero que hoy más que nunca requerimos para sobrevivir como nación, constituye una grave afrenta.

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