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¿Nueva normalidad?

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito del anuncio de que el país ingresará a lo que se ha denominado “nueva normalidad”, que sustituirá a la situación de emergencia en la que nos encontramos, me hago decenas de cuestionamientos respecto a ¿qué puede considerarse normal?

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define que la normalidad es “Cualidad o condición de normal” y pone un ejemplo que es muy pertinente hoy: “Volver a la normalidad”. Ahí mismo se enlistan las acepciones de lo que es normal: “Que se halla en su estado natural. Habitual u ordinario. Que sirve de modo o regla. Que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano”

¿Por qué se eligieron esos términos para definir la anormal y absolutamente antinatural circunstancia en la que viviremos en adelante y en tanto se descubre y se tiene acceso a la cura, a la vacuna o a la inmunidad universal para el SARS CoV-2 o coronavirus? ¿Se trata de un eufemismo, con la intención de suavizarnos la perspectiva de lo que será la vida en los próximos meses o años?

De acuerdo con la información del gobierno federal respecto al programa de inicio (que no regreso) de la nueva normalidad, en los próximos 4 días se buscará establecer medidas para “blindar” a 269 localidades que no han registrado contagios ni limitan con otros que pudieran exportarles la epidemia, para que sean los primeros en reanudar actividades, a partir del lunes próximo.

En este punto me surgen nuevas dudas, la primera de ellas radica en el hecho de que muchos de los municipios que se han clasificado como “de la esperanza” carecen de servicios de salud adecuados, por lo tanto resulta sumamente difícil asegurar, sin vacilación, que están libres de contagios. Me pregunto, asimismo, ¿cómo podría establecerse un cerco sanitario efectivo en una localidad en la que se reanudarán actividades si, por ejemplo, los maestros llegan desde otras comunidades o los productos se deben transportar hacia o desde otras regiones para comercializarlos?

Hace falta información acerca de las razones por las que la construcción, la minería y la fabricación de equipo para transporte ascendieron al rango de “esenciales”, al punto que podrán realizarse inclusive en las entidades con mayor índice de contagios, es decir las consideradas dentro del semáforo en rojo.

En la “nueva normalidad” habremos de estar atentos al color que corresponda a nuestra entidad, para conocer qué puede y qué no puede hacerse, dependiendo de la gravedad de los niveles de contagio. Eso será a partir del primer día de junio, fecha en la que la autoridad sanitaria determinará y dará a conocer semanalmente la situación del semáforo que, a diferencia de los que regulan el tráfico, tendrá 4 colores, porque se sumará el anaranjado.

Advirtieron que la clasificación cromática de los estados no será definitiva, sino que puede modificarse de una semana a otra. Aquí otra inquietud de mi parte: Si una semana una región se encuentra dentro del rango limítrofe verde, pero incrementan los contagios hasta llegar a anaranjado, ¿tendrán que dejar de acudir a la escuela los niños el próximo lunes para ajustarse a las indicaciones según la gama?

Es posible que los cambios no sean tan drásticos, dado que cada color tendrá cuatro niveles, de acuerdo con la gráfica que se dio a conocer en la conferencia matutina de ayer en el Palacio Nacional.

Sin embargo, se establece como primer punto de todos los colores, incluso el verde más claro –por identificarlo de alguna manera – mantener las medidas preventivas de lavado de manos y sana distancia, así como el cuidado moderado de las personas vulnerables, es decir, los adultos mayores, quienes viven con alguna enfermedad crónica, aquellos con un  sistema inmune deprimido por alguna condición preexistente y las mujeres embarazadas.

A partir de que otros países han decidido reabrir las actividades económicas, culturales y sociales, han circulado algunos vídeos al respecto. El del ingreso a una escuela en China es estremecedor, porque se observa a niños pequeños, tal vez de preescolar o de los primeros niveles de primaria, formados, conservando la sana distancia, para luego pasar a un procedimiento de “desinfección” que incluye zapatos, mochilas y hasta ellos mismos, al hacerlos girar frente a un aparato que lanza vapores, en una escena con mucho de castrense y poco de pedagógico.

En otro vídeo, también de un colegio, al parecer en alguna ciudad europea, se puede ver a  otro grupo de niños, en el patio de la escuela, cada uno en el centro de un área delimitada en el suelo de 1.5 metros cuadrados, durante el recreo, sin interactuar, ni siquiera se hablan, mucho menos juegan.

Una más. En un bar alemán, varios jóvenes, distanciados unos de otros, brindan levantando grandes y espumeantes tarros de cerveza. Si se obviara el asunto de la lejanía entre ellos, es una escena común en aquel país y nada llamaría la atención, excepto porque ¡todos llevan cubrebocas! ¿Cómo van a beber?

Por mi parte, no puedo considerarme en la normalidad hasta que sea posible reunirme con las personas a quienes amo; hasta que me encuentre con mis amigas y las abrace largamente; hasta besar a mis familiares una y otra vez. Mientras no sea así, aunque me digan que estamos regresando a la normalidad  me encontraré en una condición anómala.

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Se agotó la paciencia

Cristina Martin Urzaiz

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Foto de Lilia Balam

A propósito de las muchas protestas en oficinas de las comisiones de Derechos Humanos tanto nacional como locales, sería conveniente preguntarnos, ¿quién no ha sido víctima por lo menos una vez?, ¿quién no se ha sentido agraviado en algún momento?, ¿quién no ha visto lesionados sus derechos humanos?

¿Quién no ha tenido deseos de romper, de destruir, de gritar, de golpear, de manifestar su enojo, su frustración, su rabia, cuando se ha sentido impotente, porque alguien lo ha despojado de su condición de ciudadano, de persona, de ser humano y no hay una instancia que nos proteja, no hay institución que nos acompañe, no hay oficina que nos atienda?

En ese sentido, México es un país de víctimas y victimarios. Un país en el que cualquiera puede ser atacado en su persona, en sus posesiones, en su tranquilidad. Pensemos, por ejemplo, en cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que salen de su casa al amanecer, hacen un recorrido de 2 horas, mediante transbordos de uno a otro sistema de transporte, cumplen con su jornada laboral y de regreso, sufren un asalto en el microbús donde deben entregar su pago semanal y su teléfono celular.

Esa no es una situación excepcional sino una posibilidad constante. Cada vez que una persona se dirige a su empleo corre el riesgo del despojo y de la agresión. Hoy, cuando el uso de tapabocas por la pandemia aporta un anonimato generalizado, el terror en el transporte público se acentúa y todas y todos se miran con desconfianza y miedo.

Hay casos mucho más graves, asesinatos, desapariciones, violaciones, acoso, feminicidios, agresiones sexuales, que en mayoría apabullante se dirigen contra mujeres y menores de edad. Estos últimos delitos, los que implican violencia de género o sexual, presentan el agravante de que, en muchos de los casos, los perpetradores son familiares, amigos, maestros. ¿Cabría siquiera un reproche al grupo social que toma el edifico de una institución, cuya responsabilidad es custodiar sus derechos humanos, pero no lo ha hecho en 30 años de existencia?

Y, peor  todavía. ¿Qué decir de las autoridades que reprimieron a mujeres que tomaron las instalaciones en Ecatepec, para manifestar su hartazgo ante la violencia de género, la impunidad para los agresores, la indiferencia de los impartidores de justicia, los procedimientos que parecen diseñados para revictimizar y la negación de la realidad por parte de políticos del más alto nivel?

En la ceremonia de la “Antigrita” que realizaron las mujeres agrupadas en el Frente Nacional Ni Una Menos, en las instalaciones de la CNDH en el centro de la Ciudad de México, el martes pasado se sucedieron los testimonios, cada uno más estrujante que el anterior. Uno sólo de esos hechos sería suficiente para dolerse y entender.

Pero no fue uno. Se reunieron unas 300 mujeres víctimas o madres de víctimas. Muchas de ellas han pasado años, lustros, décadas, cumpliendo cada uno de los requisitos, presentándose a oficinas, hablando con uno y otro burócrata, suplicando, pidiendo, exigiendo, sin resultados, sin respuesta, sin atención.

También la tarde del martes, colectivas feministas tomaron simbólicamente las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán donde recordaron a Henrietta, Suemi, Yazmín, Irlanda y Fernanda, víctimas de feminicidio en la entidad en lo que va del año. La nota de Lilia Balam, publicada en Informe Fracto refiere que exigieron justicia: “La que quiera romper, que rompa, la que quiera quemar, que queme, y la  que no,  que  no estorbe”, repitieron el lema de Yesenia Zamudio, madre de una joven asesinada.

¿Por qué destruyen, rompen, pintarrajean, toman instalaciones, las convierten en refugios, deciden que ya no obedecerán más, retan a la autoridad, exigen la presencia de los más altos funcionarios y se niegan a recibir la misma respuesta que les han dado cientos de veces? Porque hoy,  la paciencia, virtud que se ha endilgado a las mujeres, como si fuera obligatoria de la condición  femenina, se nos agotó.

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Okupas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito de la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el miércoles 2, a cargo de familiares de personas a quienes se han violado los derechos humanos, hartos de enfrentarse a burocracias insensibles, cabe preguntarse si las propias autoridades federales abonaron  a la escalada de este conflicto, primero con respuestas insuficientes y en los últimos días con intentos de desacreditar a los genuinamente inconformes.

Cerca de dos decenas de personas que acudieron a entrevistarse con Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, para exigir su actuación en los casos de violación a los derechos humanos como desaparición forzada y abuso sexual contra una niña en una escuela de San Luis Potosí, decidieron permanecer en las instalaciones del organismo hasta la resolución de sus demandas.

Ese día solicitaron entrevistarse con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas y la intervención directa del presidente de la República, Andrés Manuel, López Obrador. La CNDH señaló ese mismo día en un comunicado que no obligaría a los manifestantes a abandonar el inmueble, para no victimizarlos nuevamente, reconociendo su vulnerabilidad.

Silvia Castillo,  madre de un joven asesinado en 2019 también en San Luis Potosí y Mónica Alemán, madre de la pequeña atacada  en 2017 en un colegio privado de la misma entidad, informaron el jueves 3 que Encinas las recibió a las 8 de la mañana de ese día. Expusieron su determinación de continuar con la ocupación hasta obtener la garantía de la Suprema Corte de Justicia de castigar a los culpables de los delitos.

Los familiares, no obstante abandonaron más tarde el edificio de República de Cuba N° 60, en el Centro Histórico, ante la respuesta de las autoridades, con excepción de Silvia Castillo a quien se sumaron varios colectivos feministas que a la una de la tarde del viernes ingresaron a las instalaciones.

 Integrantes de las organizaciones Frente Nacional Ni una Menos México, Aequuus, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos  agregaron la  petición de reconocimiento de los hijos de víctimas de desaparición y de feminicidio, a fin de que reciban atención integral. Ahí mismo, advirtieron acerca de su decisión de multiplicar las tomas de instalaciones públicas, especialmente las relacionadas con la impartición de justicia, porque su desinterés o complicidad han alimentado la impunidad.

El domingo 6, el grupo feminista Bloque Negro se sumó al movimiento. Se explicó que no devolverían las instalaciones, en cuanto que el movimiento se constituía en “okupa”. Sustituyeron el nombre de la CNDH por el de “Ocupa, Casa de Refugio Ni Una Menos México” para albergar a familiares de víctimas de  feminicidio, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y homicidios dolosos, así como mujeres que sufren violencia de género.

Para no dejar duda de su indignación, lanzaron por las ventanas y quemaron algunos muebles y mostraron un retrato de Francisco I Madero, que intervinieron con pintura en aerosol, con la intención de subastarlo para recolectar fondos destinados a  sostener el movimiento, al que, más adelante, se sumaron retratos de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez, en las mismas condiciones.

El lunes, la Comisión expuso su deseo de recuperar expedientes que se encontraban en el edificio para evitar que se desatendieran los casos de víctimas de distintas violaciones de derechos humanos. El martes 5, las ocupantes lanzaron algunos documentos por el balcón y sacaron la mayor parte a la calle. Por la noche, personal de la dependencia los recogió trasladándolos en cajas hacia una camioneta para su resguardo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado como conservador el  movimiento, al tiempo que la presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra manifestó su sospecha de intereses detrás de la toma de instalaciones. Ayer, miércoles, algunas integrantes de esta ocupación se reunieron con Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. Hasta aquí la cronología de los hechos.

 Mi reflexión es en torno al cúmulo de sufrimiento de los familiares de las víctimas de desaparición, de feminicidio, de agresión sexual, de homicidio, quienes, durante lustros, han sido ignorados, humillados, burlados por  autoridades insensibles, ineptas, irresponsables, de los tres órdenes de gobierno y de los distintos poderes, sobre todo, de los encargados de impartir justicia.

Poner en duda la legitimidad de su lucha, dificulta la resolución del problema, contribuye a radicalizar el movimiento y recrudece la calidad de víctimas de quienes lo han sido no solamente por la pérdida o daños a un ser querido, sino por una de las mayores lacras de nuestro país, la impunidad construida y solapada desde las altas esferas del poder.

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La multiplicación de los partidos políticos

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito de negocios es innegable que, en México, constituir un partido político es uno de los más redituables. El próximo año, cuando se llevarán a cabo las elecciones intermedias, consideradas las más  grandes en la historia dado el número de puestos a elegir, los mexicanos entregaremos a esas organizaciones 7 mil 226 millones de pesos.

Sin tomar en cuenta la crisis económica mundial, caracterizada por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como la peor desde 1932, ni la gran cantidad de recursos que requieren los servicios de salud para enfrentar la pandemia de COVID 19 y sin que importe el deseo explícito de la mayoría de los mexicanos, expresado con su voto, de reducir el número de estas organizaciones, volverán a recibir cantidades ofensivas en un país donde todavía más de la mitad de los habitantes vive en condiciones de pobreza.

A los que operan actualmente, pretenden sumarse siete más a nivel nacional, si es que el Instituto Nacional Electoral les otorga el registro. Algunos de ellos ya recibieron la negativa de los electores a su permanencia en el mapa político nacional, cuando no obtuvieron la cantidad de votos necesarios para sobrevivir. Otros, han demostrado su propensión a la ilegalidad en múltiples ocasiones y de todas las maneras posibles.

Me parece inconcebible, por ejemplo, el intento de Felipe Calderón Hinojosa, de continuar abrevando del erario público, mediante la fórmula de liderar un partido político denominado México Libre. Ha demostrado su proclividad al fraude electoral desde 2006, con las consecuencias que todos padecemos; luego, en el 2018 con la candidatura de su esposa, Margarita Zavala, cuando también encontraron miles de firmas apócrifas y ahora, aun antes de conseguir el registro, ya fue sancionado con 2.7 millones de pesos por opacidad en el origen de sus recursos.

La historia del ocupante de la presidencia de 2006 a 2012 debería ser suficiente para  inhabilitarlo de inicio. Su secretario de Seguridad Pública está sometido a juicio en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Periodistas como Carmen Aristegui, Anabel Hernández, Olga Wornat y Jesús Lemus han denunciado que fueron censurados, perseguidos y, en algunos casos, encarcelados, torturados u obligados a exiliarse, como consecuencia de sus investigaciones periodísticas durante el calderonato.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, lo ha mencionado entre los responsables de la estrategia de privatización y desmantelamiento de la paraestatal, mediante el proyecto Etileno XXI desde 2003 como secretario de Energía y, luego desde la presidencia de la República, incluso facilitando créditos a Odebrecht a través de NAFINSA y el Banco Mexicano de Comercio Exterior.

¿Por qué los mexicanos tendríamos que seguir manteniendo a quien tanto daño ha hecho al país, a través del financiamiento público a su partido y, en el peor de los casos, pagándole un salario si, en mala hora, obtuviera alguna diputación plurinominal, considerando su experiencia en manipular los procesos electorales?

Otro de los partidos que pretende su registro es Redes Sociales Progresistas, cuyo dirigente visible es René Fujiwara, nieto de la ex dirigente sindical Elba Esther Gordillo, verdadera dirigente de la agrupación, como antes lo fue del Partido Nueva Alianza, con duración de 2005 al 2018, cuando se alió con el PRI y perdió su registro al no obtener la votación necesaria.

El Partido Encuentro Social, nació en 2014, perdió su registro federal en 2018 porque no logró el 3 por ciento de los sufragios, aunque lo mantuvo en algunas entidades. Hoy pretende recuperar su calidad de partido político nacional, no obstante el rechazo del electorado en los comicios anteriores.

Las otras cuatro organizaciones que buscan el registro son: México Partido Político Nacional, Fuerza Social por México, Alternativa PPN y Súmate, casi todos encabezados por antiguos panistas y priístas.

El sólo hecho de que tales personajes aspiren a constituir un partido político resulta indignante, si además tenemos que alimentar sus ambiciones con el dinero que hoy más que nunca requerimos para sobrevivir como nación, constituye una grave afrenta.

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