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El pasado nos alcanzó

La salud en las mañaneras

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Existe una notable discrepancia entre la forma en que el Presidente de la República presenta los servicios públicos de salud durante sus conferencias matutinas y las experiencias de los usuarios. Esto es preocupante porque los problemas de salud se han diluido con la estrategia de comunicación del gobierno federal, consistente en sacar a colación el avión presidencial para recordar los excesos de administraciones pasadas. Por ejemplo, la mayor parte de la conferencia matutina del 28 de enero versó sobre el sistema de salud, pero la atención se centró nuevamente en la rifa de la infausta nave.

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sostuvo durante dos horas el discurso presidencialista del combate a la corrupción, resaltando que han frenado el desvío de recursos y logrado importantes ahorros. A decir del Subsecretario, las acciones en materia de salud están dirigidas a ampliar la capacidad instalada para lograr la cobertura universal y adquirir los mejores medicamentos al menor precio. ¿Quién podría estar contra tan loables objetivos o contra el programa estrella para lograr dicha cobertura: el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)? El problema es que los mismos periodistas que cubrían la mencionada conferencia exhibieron diversas situaciones que afectan a pacientes de clínicas y hospitales públicos. Asimismo, señalaron que el número ofrecido para reportar irregularidades en el INSABI, no funciona adecuadamente.

A partir de este año, el INSABI sustituyó al Seguro Popular. Inicialmente, el gobierno federal pretendía unificar todo el sistema de salud y desarticular el Seguro Popular por sus malos manejos. Este planteamiento no es nuevo, desde el sexenio foxista el Sistema de Protección Social en Salud se instituyó con miras a contar con un sistema unificado y universal. Sin embargo, la complejidad del proyecto sólo permitió dar el primer paso: la creación del Seguro Popular, que cubriría a toda la población que no contara con seguridad social. Así se segmentó el sistema de salud entre los servicios proporcionados a quienes cuentan con un trabajo formal y las prestaciones de ley, y quienes carecen de estos beneficios, atendidos a través del Seguro Popular. Este segmento de la población, que suele tener mayores necesidades y resentir más el gasto catastrófico en salud, ha sido transferido al INSABI.

Pero el INSABI es una quimera, una presencia fantasmagórica entre las instituciones públicas. En su apuro por desterrar el Seguro Popular y extirparlo de la memoria de la población mexicana, el actual gobierno federal decidió que el INSABI comenzara a funcionar sin reglas de operación. Esto ha causado una de las más desastrosas puestas en marcha de un programa de gobierno. ¿Por qué son importantes las reglas de operación? Porque determinan en qué consiste el servicio, quiénes lo operan y de qué manera, cuáles son sus atribuciones y límites. En función de ello, igual se calcula el presupuesto para su funcionamiento. La falta de reglas suscita malos entendidos como el de hace unos días, cuando periodistas cuestionaron al Presidente por los cobros en tercer nivel de atención, después de que este anunciara la total gratuidad del INSABI. Como no existe normatividad al respecto, el Presidente tuvo que aclarar que el INSABI sólo abarca primer y segundo nivel y, posteriormente, entabló diálogo con el tercer nivel para eliminar los mencionados cobros.

Sin normas que regulen el servicio, lo que se puede esperar es confusión. Nadie tiene respuestas ciertas, salvo, al parecer, López-Gatell. La solución de problemas se atiene a la voluntad y disposición de tomadores de decisiones, en vez de obedecer a obligaciones establecidas. Para eliminar el Seguro Popular, primero debió construirse el INSABI. Para transformar el sistema de salud, la prioridad debió ser cubrir las necesidades de usuarios y personal de salud, antes que el férreo control del presupuesto. Pero la mejor opinión no es de quien esto escribe, sino de las personas directamente involucradas. ¿Usted está inscrito en el INSABI? ¿Sabe dónde y con quién atenderse, a qué tiene derecho y a qué no? ¿Usted es derechohabiente de otro sistema público, como el IMSS o el ISSSTE? ¿Han mejorado los tiempos y calidad de las consultas o de la atención hospitalaria? ¿Recibió oportunamente todos sus medicamentos e hicieron sus laboratorios a tiempo? ¿Usted es personal de salud? ¿Cuenta con los insumos necesarios para trabajar? ¿Nota una mejoría en la infraestructura y en sus condiciones de trabajo? ¿Está de acuerdo con el panorama optimista expuesto por López-Gatell o cuenta con otros datos?

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El pasado nos alcanzó

Educación televisada

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Con la precisión y parsimonia que lo caracterizan, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció en conferencia matutina que el próximo 24 de agosto iniciará el ciclo escolar de educación básica y media superior en todo el país, empleando programas de televisión como herramienta principal para mantener distancia y evitar, de esta manera, el riesgo de contagio de Covid-19. El anuncio tomó por sorpresa a estudiantes, docentes, madres y padres de familia, que desconocían, hasta ese momento, el as bajo la manga con que el gobierno federal pretende dar continuidad al servicio educativo. Si bien el anuncio aún despierta dudas e inquietudes, me permitiré opinar desde tres ángulos coloquialmente reconocidos:

Lo bueno. La decisión de las autoridades es pertinente, toda vez que México ronda el medio millón de casos de Covid-19 y las 50 mil defunciones. “Según la Secretaría de Salud se está abriendo gradualmente la economía gracias a que el sector educativo está trabajando a distancia; que 40 millones de personas se queden en casa permite que la pandemia sea manejable hospitalariamente”, informó el Secretario. La decisión está basada en las experiencias de Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia y otros países que abrieron escuelas y las tuvieron que cerrar nuevamente. El gobierno federal dejó en claro que el semáforo verde es condición necesaria para reanudar clases presenciales. El acuerdo de concertación con las televisoras permitirá trasmitir por 6 canales de televisión, 24 horas al día durante toda la semana. Para quienes no puedan acceder a dichos canales, la SEP difundirá programas de radio y hará llegar libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y “atención especial”.

Lo malo. Los programas de televisión son insuficientes para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que sería un error mayúsculo pensar que son la solución a este problema. Telesecundarias y telebachilleratos son la mejor muestra de que los programas de televisión pueden servir como herramientas auxiliares de estudio, más no constituyen una panacea didáctica. Ambas modalidades de servicio operan actualmente como otras de carácter presencial, pero a menor escala, insertando herramientas audiovisuales cuando es pertinente. Por tanto, la televisión no puede sustituir el acompañamiento docente en el aprendizaje ni se obtienen de ella los mismos resultados. Tan importante es el primero que madres y padres de familia no han podido cubrir a cabalidad el rol docente debido al desconocimiento de estrategias didácticas, así como el peso de exigencias laborales y preocupaciones económicas. Asimismo, debe considerarse a estudiantes cuyo contexto material y familiar vuelve inviable aprender en casa. Claro está, que nos hallamos ante una situación extraordinaria que amerita tomar medidas extraordinarias, por lo que celebro la concertación con las televisoras, sin embargo, hay que enfatizar que la calidad de la educación descansa sobre el personal docente y no sobre aparatos de televisión.

Lo feo. Apostándole a la amnesia política, el Presidente posó con personajes destacados de la otrora “mafia del poder” a quienes acusó de confabularse para urdir fraudes electorales en 2006 y 2012. Televisa ya no es Teidiotiza y los otros medios convocados, TVAzteca, Imagen y Multimedios, ahora son aliados de la causa más loable. Con el rostro enjugado por el poder salvífico de la Cuarta Transformación, se olvidaron viejas rencillas. “El 1 de julio de 2018, usted, presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo: es tiempo de reconciliación. Qué mejor momento que la adversidad y un extraño enemigo, como el Covid-19, para reconciliarnos por la educación”, sentenció Esteban Moctezuma. A fin de evitar suspicacias, el Presidente se apuró a señalar que esta iniciativa no tiene fines de lucro y que sólo implica una “tarifa social” de 450 millones de pesos. “En TVAzteca y en Grupo Salinas sabemos que invertir en el aprendizaje e invertir en la formación es invertir por el futuro de nuestro país”, declaró Benjamín Salinas Sada, visiblemente complacido.

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Salvar las instituciones públicas de salud

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Entre mis recuerdos más recurrentes de infancia está el acudir a consulta de la mano de mi madre, al hospital regional del ISSSTE ubicado en Mérida. Mientras esperaba a ser atendido, admiraba el elevador y el aire acondicionado, tecnologías que no formaban parte de mi cotidianidad. Desde muy pequeño supe qué era un carnet de consulta, una orden de laboratorios y un expediente clínico. En mi cabeza todas las personas tenían que hacer lo mismo para recibir atención médica. En ningún momento consideré que atenderme en el ISSSTE fuera un problema, por el contrario, comprendía perfectamente que, de esa manera, mi madre podía destinar su salario a otras necesidades de la casa.

Conforme crecía, aprendí que un amplio sector de la población prefiere no consultar en instituciones públicas de salud porque teme malgastar el tiempo en burocracia, empeorar su estado de salud durante la espera o, sencillamente, morir en el intento. Aprendí que en esas instituciones no existe personal médico, sino “matasanos”, o que programar una cirugía es una proeza. Y también comprendí, en carne propia, que esta percepción tiene su razón de ser en prácticas que niegan el derecho a la salud, así como las carencias materiales y humanas de clínicas y hospitales.

También he visto a familias perder gran parte de su patrimonio pagando servicios privados de salud que están fuera de su alcance. Las he visto endeudarse, empeñar y vender sus pertenencias, con tal de que sus seres queridos no caigan en el IMSS o el Hospital O’Horán. He escuchado su angustia por no poder pagar una noche más de hospital o el costoso tratamiento de una enfermedad terminal. El llamado gasto catastrófico en salud es una mal que empobrece todos los días a quienes menos tienen.

Pero esto no debería suceder en un país donde el derecho a la salud se procura a través de la seguridad social y la inversión pública, y con un enorme gremio de profesionales altamente preparados. Las instituciones públicas de salud deberían despertar confianza y ser motivo de orgullo para la población mexicana. Hoy que una pandemia nos amenaza, el Estado únicamente ha podido hacerle frente a través de dichas instituciones, que son el pilar del sistema nacional de salud. ¿Qué pasaría si las todas las personas enfermas de Covid-19 tuvieran que pagar las cuentas de un hospital privado? ¿Cuál sería el impacto de la contingencia sin los hospitales de la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA y PEMEX?

Ahora bien, las dramáticas escenas que hoy nos preocupan, las condiciones laborales que agobian al personal de salud, las limitaciones materiales y humanas para atender la demanda de pacientes, no se originaron con esta pandemia, más bien, se potenciaron y volvieron plática obligada. El abandono de la infraestructura hospitalaria y el racionamiento de los insumos es añejo y no ha cambiado con el gobierno actual. Es un abandono justificado con el desprestigio, con la propagación de la idea de que al hospital público sólo se va a morir. A la clase política no le ha interesado remediarlo, porque ni siquiera se atienden en las mencionadas instituciones, y contribuyen a su deshonra evitando que sus familias pongan un pie en clínicas públicas.

Es de dominio popular que el mayor problema de los servicios públicos de salud es el presupuesto, constantemente insuficiente, no pocas veces recortado. Pero ¿qué sería del IMSS si los legisladores tuvieran que atenderse en él u obtener una incapacidad como cualquier otro ciudadano? ¿Qué sería del Hospital O’Horán si la familia del gobernador tuviera que atenderse en él? ¿Qué sería del servicio de urgencias del ISSSTE si los funcionarios federales del alto rango ahí llevaran a sus hijos(as)? Son instituciones que nunca valorarán ni mejorarán si las elites políticas no corren la misma suerte que el resto de la clase trabajadora, si su salud, vida e integridad, no dependen de la calidad de la atención en el sector público, en vez de pagar por la atención del mismo médico en un consultorio privado. Yo aprendí que mi vida estaba atada a las instituciones públicas de salud cuando mi madre me llevaba a consultar al ISSSTE, cuando estuve hospitalizado en el IMSS, cuando me valoraron la vista en el O’Horán. Si no las fortalecemos, cualquier crisis sanitaria será incontrolable.

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El pasado nos alcanzó

La irresponsabilidad mata

Ricardo Maldonado Arroyo-

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La frase que sirve de título al presente texto es lema de una campaña del Gobierno del Estado de Yucatán relacionada con el Covid-19. Apareció en espectaculares de varios puntos de la ciudad, acompañada de imágenes de personas hospitalizadas con mensajes como “¿ya no aguantabas el encierro?”, “¿tantas ganas tenías de ir a la playa?”, “¿disfrutaste esa fiesta con amigos?”. En un principio consideré desafortunado que gastaran nuestros impuestos en una estrategia de comunicación cuyo objetivo es echar más leña al fuego en una sociedad polarizada, temerosa y en duelo, y que tampoco proporciona información valiosa para prevenir el Covid-19.

Sin embargo, tras reflexionar con detenimiento, me inclino a pensar que quizá el lema describe muy bien las decisiones tomadas por el Gobierno del Estado en los últimos meses de confinamiento. Esta es mi lectura:

La irresponsabilidad mata porque ciega ante las condicionantes socioeconómicas que impiden protegerse de los contagios. Para diseñar estrategias contra la pandemia, no bastaba con reunir a secretarias y secretarios de gobierno, encumbrados líderes de cámaras empresariales o la crema y nata de la política local. Era necesario que aquellas reflejaran la voz de obreros, amas de casa, pequeños comerciantes, albañiles, carniceros, trabajadoras domésticas, secretarias, entre otros miembros de una clase trabajadora cuya realidad es sensiblemente diferente a la de quienes están tomando decisiones. Hay consecuencias prácticas de tales decisiones que cualquier usuario(a) de transporte público con jornada completa de trabajo pudo prever. Es ahora, no sólo durante las campañas políticas, que es preciso recoger sus inquietudes.

La irresponsabilidad mata porque antepone intereses empresariales y políticos a la salud de la clase trabajadora. La insistencia en reportar disponibilidad en hospitales donde el personal de salud llevaba semanas clamando auxilio, sacó a flote los intereses que prevalecen en Palacio. El Gobierno del Estado montó un teatro mediático para anunciar la habilitación del Centro de Convenciones Siglo XXI como hospital temporal, pero omitiendo que no contaba con personal de salud. ¿De qué sirven las camillas y los ventiladores sin profesionales que atiendan? La escenografía se cayó con las contradicciones entre los semáforos del gobierno federal y local, hasta que el Gobernador admitió que los hospitales estaban saturados. En medio de la polémica, grandes empresarios aprovecharon el semáforo naranja para reactivar la producción y los servicios que les generan ganancias, sin garantizar condiciones óptimas para los trabajadores.

La irresponsabilidad mata cuando fomenta la perversa clasificación de personas en responsables e irresponsables, buenas y malas, conscientes e inconscientes. Esta visión reduccionista del Covid-19 ignora deliberadamente que nadie desea “matar” a sus seres queridos ni hay forma de saber la circunstancia exacta en que se dio el contagio. La sociedad yucateca está herida y los próximos años seguirá llorando a sus muertos. ¿Qué pensarán los familiares de las personas fallecidas cuando vean esos espectaculares? ¿Cómo se sentirán quienes visitaron a familiares o amistades, por razones que no podemos juzgar sin conocer sus motivaciones? ¿Qué sentirá la persona que estuvo encerrada a piedra y lodo y, sin embargo, fue hospitalizada de gravedad? ¿Desea el Gobierno del Estado añadir encono y remordimiento a un proceso de enfermedad que de por sí es confuso y trágico? ¿Se le habrá olvidado su otro lema: “unidos como uno solo”?

Ni sociedad civil ni gobierno causaron esta pandemia; además, nuestra respuesta es un complejo entramado de acciones individuales y colectivas. Por tanto, al Gobierno del Estado no le corresponde erigirse en juez de las primeras, sino en líder de las segundas. Es honesto admitir que ha tomado decisiones sensatas, como suspender clases o entregar despensas y apoyos económicos a personas desempleadas, pero se opacan con su displicencia ante las condiciones en que vive la mayor parte de la sociedad yucateca que, definitivamente, no se encuentra en playas ni fiestas con amigos. Estoy de acuerdo, sembrar discordia en medio de una crisis sanitaria global es irresponsable.

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