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Editorial

MORENA y la derecha yucateca

Mario Alejandro Valdez

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MORENA

Al cumplirse el primer año de gobierno de AMLO, organizaciones de ultraderecha de todo el país llevaron a cabo breves y desoladas protestas en las plazas y espacios públicos del país. La ciudad de Mérida no fue la excepción, y en el Monumento a la Bandera se reunieron unos 300 conservadores, que durante algunos minutos agitaron banderas y expresaron discursos con escasas argumentaciones y mucho rencor. Los MORENISTAS locales se burlaron en redes sociales de la escasa convocatoria derechista y lo tomaron como un triunfo para el presidente y para el movimiento progresista en general.

Pero realmente la izquierda tuvo muy poco que festejar en nuestro Estado este primero de diciembre. Es cierto que los fanáticos intolerantes que promueven un Golpe Militar tienen en Yucatán tan pocos seguidores como en el resto del país, pero eso no quiere decir que hoy estemos sensiblemente mejor que hace doce meses en los temas cruciales de la política, la economía y la sociedad. Lo cierto es que la derecha, pese a haber perdido la votación presidencial en julio de 2018 aquí en nuestras tierras, y aunque el PRI le ganó a nivel local el Congreso y la mayoría de los Ayuntamientos, mantiene férreamente bajo control las estructuras de poder, y ello, en gran medida, por responsabilidad de MORENA, e incluso del propio López Obrador.

En marzo del año pasado, Joaquín Díaz Mena y una parte de su estructura política, migró del derechista PAN al izquierdista MORENA, en lo que fue uno de los movimientos más complejos de la coyuntura política correspondiente a la elección presidencial pasada. Es público que AMLO invitó y recibió la adhesión de cientos de líderes estatales y nacionales, particularmente procedentes del PRD, del PRI y del Partido Verde, siendo en mucha menor medida el apoyo de políticos panistas. Pero ¿Panistas del conservador Yucatán? ¿Particularmente Joaquín Díaz Mena, alguien sin una trayectoria que lo identificara con la democracia o el progresismo? Fue realmente llamativo, y nos atrevemos a afirmar que muy pocos votos reales le significó a MORENA, lo que deducimos de la enorme disparidad entre la votación por AMLO en Yucatán (455 mil votos, para el 40%) respecto de la que recibió Díaz Mena (231 mil votos, 20%). La mayor parte del sufragio capturado por “Huacho” procedió del voto duro de la izquierda, en tanto que el apoyo obtenido por el llamado “efecto AMLO” –en realidad, un voto de castigo motivado por los fracasados gobiernos nacionales del PRI y el PAN-, diluyó su votación estatal entre los Mauricios Vila y Sahuí.

Pese a la escasa significación electoral de Díaz Mena, los acuerdos con el ex-panista fueron privilegiados por encima del trabajo partidista y de la afinidad ideológica. “Huacho” ser convirtió así, justo hace un año, en el “superdelegado” de AMLO, ocupando con su gente, toda ella procedente del PAN, la enorme mayoría de los espacios políticos y administrativos de la estructura federal en Yucatán. El asunto es grave, pues no se trata únicamente de la sustitución de una élite por otra, sino del arribo o la continuidad de un grupo comprometido económicamente con las visiones empresariales neoliberales, socialmente con la oligarquía  y políticamente con la derecha. Ello, aunado al cariz conservador del gobierno del Estado, nos muestra una profunda involución para Yucatán en plena Cuarta Transformación.

El sector izquierdista de MORENA, liderado por el joven historiador Mario Mex, ha intentado por todos los medios denunciar la situación anterior e impulsar una auténtica política progresista en Yucatán, en todos los ámbitos. Ejemplos de ello los tenemos claramente en la promoción de los derechos humanos, el apoyo al matrimonio igualitario y a las protestas feministas, así como en la participación de Mex en las instancias nacionales del partido. Hasta ahora, todo ha sido inútil, y la derecha enquistada en MORENA continúa manteniendo el control, en perfecta connivencia ideológica con el panismo en el poder local, con el que sólo chocan frontalmente en el ámbito de los intereses personales.

La discusión sobre la profundidad y los logros de la Cuarta Transformación es cosa aparte. Como toda tendencia política, tiene sus pros y sus contras, sus logros y sus limitaciones. Pero en Yucatán, históricamente “el Estado que no se parece a otro”, la derecha mantiene una contundente hegemonía tanto en el PAN como en MORENA, en tanto que el PRI observa la coyuntura, al menos hasta ahora, como convidado de piedra.

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Editorial

La saludable y democrática distinción entre las oposiciones

Inti Torres Villegas

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Foto de Julián Durán Bojórquez

Preguntarse el cuál es la agenda de la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pareciera hoy un cuestionamiento rebuscado, toda vez que al correr de la administración ha sido el propio presidente quien ha fijado los temas públicos del país, acaparando así (casi) todos los reflectores, como bien señaló hace unas semanas Viridiana Ríos en un imperdible artículo.

Por un lado, la oposición institucionalizada ha cometido el error de continuar con la anacrónica estrategia de la política en México, fundada en la máxima de que el fondo es forma. Si bien, participa del debate público, abordando temas que son de relevancia, lo hace desde una perspectiva frívola que le apuesta perezosamente al error ajeno en lugar de construir una narrativa propia que sea empática con la realidad del país.

Paralelamente, las movilizaciones de la elite ciudadana inconforme con la administración federal, han resultado incluso contraproducentes para sus fines, no sólo por su escaza representatividad, sino también en lo desproporcionado de sus planteamientos centrales. Vamos, no hay elementos concretos que hagan suponer que -por ejemplo- México este en camino a convertirse en una dictadura comunista, como advierten las y los asistentes a las caravanas vehiculares.

En estas -por momentos caricaturescas- oposiciones es en las que enfoca sus respuestas el presidente, quien encuentra algo de comodidad en esta confrontación discursiva que más que un contraste de argumentos, pareciera un concurso de ingenio en el abordaje de los temas contingentes. Esto, ha implicado cierto desdén a otras voces disidentes de las acciones y las posturas que desde Palacio Nacional se plantean. Algo de soberbia se advierte en la trampa semántica de referirse como crítica y no como oposición al conglomerado de movimientos populares contrarios a los actos u omisiones gubernamentales. En lo que va de la administración se han destacado, al menos en la palestra pública, tres de ellos.

Por un lado, el movimiento feminista ha tomado las calles del país demandando no sólo justicia para casos específicos, sino también el establecimiento de una agenda integral que garantice condiciones equitativas de vida para las mujeres y el acceso de estas a una vida libre de violencia. Aunque hay que reconocer que ha habido gestos destacables en la materia dentro del gabinete de López Obrador, él mismo ha mantenido una actitud algo esquiva y un tanto cínica ante el tema.

Adicionalmente, como respuesta a los emblemáticos megaproyectos de esta administración, se han revitalizado diversas movilizaciones territoriales, mismas que, además de exponer las consecuencias socioambientales de la construcción de la refinería de Dos Bocas o del Tren Maya -aludiendo a los ejemplos más destacados- cuestionan la visión economicista de desarrollo del gobierno federal. Los planteamientos de quienes se oponen a estos proyectos han puesto sobre la mesa la discusión de importantes temas de fondo para algunas regiones del país. La autonomía de los pueblos indígenas, el derecho de estos a consultas vinculantes y la transición progresiva a las energías limpias, por citar algunos.

Asimismo, el presidente ha encontrado una férrea resistencia en las y los afectados por sus políticas de austeridad, llámense estos beneficiarios o trabajadores de los programas, fidecomisos e instituciones que han visto seriamente mermado su presupuesto. No se niega la importancia de la revisión del ejercicio presupuestario, sino que se apunta a plantear estos recortes de forma estratégica y no en desmedro de los objetivos de las instituciones públicas, ni en el de la dignidad de la gente. En otras palabras, se plantea que para equilibrar el presupuesto público se necesitan bisturís y no machetes.

A todo lo anterior, se suman también los mediáticos desacuerdos que desde dentro del mismo gabinete se han sucedido, los cuales, al paso del tiempo, han quedado más el terreno de lo anecdótico que en el de la rectificación.

El desdén discursivo a estas disidencias se funda quizás en uno de los vicios de la autoridad en México, el cual consiste en evaluar a los adversarios cuantitativa y no cualitativamente. Esta administración asume que la falta de institucionalidad de los movimientos arriba enumerados, no le constituye una amenaza real en la disputa del poder. En México, ese juego no es para cualquiera, en parte porque el aparataje jurídico impone una serie de candados normativos que entorpecen las posibilidades de incidencia ciudadana.

El desafío pareciera obvio, pero no lo es tanto. La historia de la institucionalización de los movimientos sociales en México ha sido la de la cooptación partidista y la de la precipitación hacia los vicios del poder, incluso en la carrera rumbo al mismo. De hecho, hoy en día la desestructura aporta mucha más legitimidad popular que la práctica orgánica.

Todo esto, releva la necesidad de replantear las dinámicas de participación política, orientándolas al empoderamiento ciudadano y hacia el menoscabo de las múltiples potestades de las que hoy gozan los partidos políticos. No hay que confundirse, no se trata de llevar a los ciudadanos al poder, sino de atraer el poder hacia la ciudadanía. La tarea se hace compleja en un contexto tan plural y extenso como lo es México. La coyuntura tampoco pareciera la ideal, tomando en cuenta el escenario prolongado de pandemia y la buena salud política de la que todavía goza el régimen.

Al parecer, a los movimientos sociales contrarios al régimen les toca seguir construyendo pacientemente desde lo local e ir articulándose entre sí para -de a poco- constituir una verdadera y saludable oposición popular a ciertas políticas de la actual administración.

Un gobierno que llegó al poder con tal magnitud de participación electoral, requiere de una oposición a la altura y de un debate público que abandone su obsesión por las formas y se ocupe de discutir y generar los cambios de fondo que el país requiere. Entonces sí, podremos hablar de una verdadera transición democrática en México.

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El pasado nos alcanzó

Educación televisada

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Con la precisión y parsimonia que lo caracterizan, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció en conferencia matutina que el próximo 24 de agosto iniciará el ciclo escolar de educación básica y media superior en todo el país, empleando programas de televisión como herramienta principal para mantener distancia y evitar, de esta manera, el riesgo de contagio de Covid-19. El anuncio tomó por sorpresa a estudiantes, docentes, madres y padres de familia, que desconocían, hasta ese momento, el as bajo la manga con que el gobierno federal pretende dar continuidad al servicio educativo. Si bien el anuncio aún despierta dudas e inquietudes, me permitiré opinar desde tres ángulos coloquialmente reconocidos:

Lo bueno. La decisión de las autoridades es pertinente, toda vez que México ronda el medio millón de casos de Covid-19 y las 50 mil defunciones. “Según la Secretaría de Salud se está abriendo gradualmente la economía gracias a que el sector educativo está trabajando a distancia; que 40 millones de personas se queden en casa permite que la pandemia sea manejable hospitalariamente”, informó el Secretario. La decisión está basada en las experiencias de Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia y otros países que abrieron escuelas y las tuvieron que cerrar nuevamente. El gobierno federal dejó en claro que el semáforo verde es condición necesaria para reanudar clases presenciales. El acuerdo de concertación con las televisoras permitirá trasmitir por 6 canales de televisión, 24 horas al día durante toda la semana. Para quienes no puedan acceder a dichos canales, la SEP difundirá programas de radio y hará llegar libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y “atención especial”.

Lo malo. Los programas de televisión son insuficientes para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que sería un error mayúsculo pensar que son la solución a este problema. Telesecundarias y telebachilleratos son la mejor muestra de que los programas de televisión pueden servir como herramientas auxiliares de estudio, más no constituyen una panacea didáctica. Ambas modalidades de servicio operan actualmente como otras de carácter presencial, pero a menor escala, insertando herramientas audiovisuales cuando es pertinente. Por tanto, la televisión no puede sustituir el acompañamiento docente en el aprendizaje ni se obtienen de ella los mismos resultados. Tan importante es el primero que madres y padres de familia no han podido cubrir a cabalidad el rol docente debido al desconocimiento de estrategias didácticas, así como el peso de exigencias laborales y preocupaciones económicas. Asimismo, debe considerarse a estudiantes cuyo contexto material y familiar vuelve inviable aprender en casa. Claro está, que nos hallamos ante una situación extraordinaria que amerita tomar medidas extraordinarias, por lo que celebro la concertación con las televisoras, sin embargo, hay que enfatizar que la calidad de la educación descansa sobre el personal docente y no sobre aparatos de televisión.

Lo feo. Apostándole a la amnesia política, el Presidente posó con personajes destacados de la otrora “mafia del poder” a quienes acusó de confabularse para urdir fraudes electorales en 2006 y 2012. Televisa ya no es Teidiotiza y los otros medios convocados, TVAzteca, Imagen y Multimedios, ahora son aliados de la causa más loable. Con el rostro enjugado por el poder salvífico de la Cuarta Transformación, se olvidaron viejas rencillas. “El 1 de julio de 2018, usted, presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo: es tiempo de reconciliación. Qué mejor momento que la adversidad y un extraño enemigo, como el Covid-19, para reconciliarnos por la educación”, sentenció Esteban Moctezuma. A fin de evitar suspicacias, el Presidente se apuró a señalar que esta iniciativa no tiene fines de lucro y que sólo implica una “tarifa social” de 450 millones de pesos. “En TVAzteca y en Grupo Salinas sabemos que invertir en el aprendizaje e invertir en la formación es invertir por el futuro de nuestro país”, declaró Benjamín Salinas Sada, visiblemente complacido.

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Editorial

En Bolivia la máquina del terror está en movimiento

Mario Alejandro Valdez

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Foto de Julián Durán Bojórquez

No compartimos las teorías conspiranoicas sobre un origen malévolo, artificial e interesado de la pandemia de COVID-19. Además de las sólidas evidencias científicas con las que se cuenta sobre su génesis zoonótica, los especialistas ya habían advertido, al menos desde hace dos décadas, sobre la latente amenaza de los coronavirus, vinculada a dos factores concurrentes: la creciente invasión humana a los cada vez más escasos reservorios de vida silvestre, y la también creciente interconectividad de la vida económica y social. El virus que hoy nos afecta ha vivido por décadas, tal vez por siglos, en poblaciones animales, y sólo recientemente ha dado el salto a nuestra especie. Una vez producido este hecho, su difusión universal ha sido vertiginosa e imparable: lo que a la peste y al cólera les llevó décadas recorrer, al COVID-19 le ha tomado unos pocos meses, y, por lo que se puede percibir de la situación de Europa Occidental, las olas subsecuentes, que antes demoraban varios meses e incluso años en producirse, ahora se han materializado al cabo de pocas semanas. Aunque la tesis de una creación artificial del virus es tan popular como el surgimiento de una cura mágica, lo cierto es que corresponden a esa legendaria idea que comúnmente brota en el pensamiento humano cuando se apodera de él la incertidumbre.

Pero es indudable que, pese a su origen natural, el virus SARS-COV-2 ha sido aprovechado por diversos actores y grupos de poder para impulsar sus propias agendas. Tal vez la manipulación más burda la tenemos en los Estados Unidos, con el presidente Trump, quien tras restarle importancia a la enfermedad, intentando mantener la economía en pleno movimiento para evitar los catastróficos efectos del cierre, de pronto cambió el discurso, pasando a un tono apocalíptico, aunque sin abandonar sus zigzagueos irresponsables. Ahora, a tres meses de las elecciones nacionales, y con una desventaja de cerca de 15 puntos respectos al candidato demócrata Joe Biden, apuesta todo a lograr una “vacuna nacional”, es decir, una preparación de origen norteamericano, que se aplique en primera instancia sólo a los ciudadanos norteamericanos, y que permita alcanzar la tan preciada inmunidad ante la terrible amenaza viral. Anunciar este logro unos pocos días antes de la jornada comicial le permitiría a Trump –consideran sus estrategas- revertir cualquier desventaja.

Pero este manejo inmoral y anti-ético de la pandemia y de la vacuna es un juego de niños si lo comparamos con lo que está ocurriendo en Sudamérica, en particular en la tierra de Evo Morales, la sufrida Bolivia, en donde fuera cruelmente asesinado el inmortal “Che” Guevara hace más de medio siglo, y en donde una derecha neonazi encabezó un siniestro Golpe de Estado el pasado noviembre. La vigorosa reacción popular que siguió al Golpe dejó la situación en un impasse, en cual el gobierno interino de facto cohabitó con un parlamento mayoritariamente izquierdista, situación que debió solucionarse en las elecciones extraordinarias de mayo de este año, en las que todas las encuestas anticipaban el amplísimo triunfo del Movimiento al Socialismo. La pandemia, sin embargo, motivó una nueva inmovilidad en el proceso, provocando un primer aplazamiento para el 6 de septiembre.

Como todos los gobiernos latinoamericanos, los golpistas bolivianos decretaron un confinamiento parcial en los meses primaverales, cuando el contagio aún no se había extendido, y ahora, a partir del verano, se ha producido una epidemia descontrolada. El resultado, en términos políticos, ha sido galvanizar más aún la resistencia de los sectores de izquierda, y erosionar el apoyo que algunos sectores de la clase media le otorgaban a la derecha. En un ejercicio electoral relativamente libre, el MAS obtendría un triunfo aplastante, pero, evidentemente, ese escenario se encuentra fuera del script de la derecha. Ante ello, el órgano electoral, controlado por los golpistas, ha decretado un  nuevo aplazamiento, algo absolutamente rechazado por el parlamento y por la izquierda.

El pueblo en resistencia ha salido a las calles a defender su derecho al voto, pero la derecha ha amenazado con volver a utilizar al ejército y reprimir furiosamente las protestas., con el pretexto de la emergencia sanitaria. Se ha dicho, falsamente, que los manifestantes están bloqueando los suministros médicos, y, en los momentos en que escribimos estas líneas, efectivos militares se están posicionando frente a los miles de obreros y campesinos que se dirigen a La Paz para exigir la realización de las elecciones en el tiempo previsto.

No hay que olvidar que esta dramática crisis política fue precipitada precisamente por la derecha al derrocar, corrompiendo a los principales mandos del ejército y la policía, al gobierno constitucional y democrático de Evo Morales. No hay que olvidar que el “gobierno interino” ha pasado de las amenazas y las acciones de represión violenta, al urdido de una inmensa cantidad de mentiras y simulaciones frente a un pueblo combativo y organizado, que ha mantenido su heroica resistencia en las condiciones más difíciles imaginables. Y en el momento actual, con la epidemia descontrolada y en su peor momento, la decisión unilateral y desproporcionada del órgano electoral ha sido una nueva afrenta imposible de tolerar.

El nuevo aplazamiento electoral es un claro acto de provocación estratégicamente diseñado para motivar las protestas y, con ello, justificar la represión, nuevos aplazamientos de las elecciones e incluso actos de mayor ilegalidad, como el desconocimiento del parlamento y la privación de la libertad para diputados y dirigentes sociales. La máquina del terror ha sido puesta en marcha en la pequeña nación sudamericana como un ominoso aviso de que para la derecha la democracia y los derechos humanos son tan sólo elementos discursivos sin significado real. Ante ello, la solidaridad internacional con el pueblo boliviano es imprescindible.

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