Quiso el azar que las planicies de Cancha Rayada, en la actual región chilena de Maule, fueran escenario de dos acontecimientos de gran trascendencia en el proceso de luchas anticoloniales de ese país. En momentos diferentes, que la historiografía nacional de Chile divide en la Patria Vieja y la Patria Nueva, los patriotas que lucharon por la independencia en 1814 y luego por consolidarla en 1818 sufrieron respectivas derrotas. Casualmente las dos tuvieron lugar en el mes de marzo. En cambio, la más conocida, y si dudas la más transcendente, por lo que significó para el triunfo definitivo sobre la corona española, fue el conocido desastre militar de 1818.  A este suceso que sin dudas encausó un revés hacia la consolidación de la libertad dedico la presente nota.

La lucha hacia la independencia en la entonces Capitanía General de Chile arrancó en condiciones análogas a las de sus vecinos hispanoamericanos en septiembre de 1810. De la creación de una Junta de Gobierno, integrada por los pujantes grupos criollos que se aprovechó de la inestabilidad en la Europa creada por la bota napoleónica, fue transitando hacia la aspiración de un estado independiente que se construyó mucho más en el pensamiento que en la praxis política de sus defensores. La incertidumbre sobre la ruptura total con España, las rencillas internas entre los caudillos y las elites que estos representaban y, sobre todo, las erráticas estrategias políticas y militares llevaron al fin de la Patria Vieja chilena tras el desastre de Rancagua en los dos primeros días de octubre de 1814. Los restos de los ejércitos patriotas tuvieron que pasar estrepitosamente al lado rioplatense, donde el estatus de autonomía todavía se mantenía en pie.

 El cruce de los andes, protagonizado por miles de hombres al mando de José de San Martín en 1817, abrió las puertas para una nueva etapa libertaria en tierra chilena. Combinando una extraordinaria movilización de recursos materiales y humanos y su original Guerra de Zapa. Ésta  sembró  desconcierto y desinformación en las tropas realistas del lado chileno, y San Martín con sus tropas propiciaron el histórico triunfo de la Batalla de Chacabuco en febrero de ese mismo año. Aquel combate puso a los libertadores del Ejército de los Andes en los umbrales de Santiago. Una asamblea o cabildo, integrado por notables miembros de la aristocracia chilena reconoció la victoria y de paso nombró a Bernardo O’Higgins como Director Supremo. Era el momento para imprimir “acento chileno” a una hazaña que algunos veían como obra invasora traída de Buenos Aires. El director O’Higgins se ocupó en reorganizar los ejércitos y sobre todo en procurar la derrota de los realistas que aun controlaban espacios del insurgente estado de Chile.

En cambio, la coyuntura de las operaciones llevó al firmante del Tratado de Lircay a enrolarse en evadir un posible desembarco proveniente del reaccionario Perú y ripostar al avance de los realistas reagrupados desde el Sur bajo el mando del sevillano Mariano Osorio. Como paso previo a la gran resistencia y justo en el primer aniversario de Chacabuco se proclamó formalmente la independencia de Chile en 1818 y se aprobó una constitución. Las fuerzas combinadas de O’Higgins y San Martín denominadas entonces Ejército Unido de los Andes,  se enfrascaron en la contraofensiva para contener el avance realista. 

El 19 de marzo de 1818, en Cancha Rayada, las huestes de Osorio atacaron sorpresivamente causando una desconcertante derrota a los libertadores de Chile. El desastre de Cancha Rayada, donde quedaron totalmente desordenadas las tropas chilenas, sembró el pánico en la capital santiaguina. En cambio, en medio de una debacle moral, Manuel Rodríguez, uno de los mas radicales patriotas de la vieja y la nueva patria, líder de las guerrillas que abrieron el paso al Ejercito de los Andes, no dudó en armar al pueblo. Al enardecido llamado de Aun tenemos patria, Rodríguez asumió el gobierno y creó un implacable cuerpo de Húsares de la Muerte para defender la independencia frente a las tristes noticias que llegaban. Días después, O’Higgins, llegó a la capital y reasumió el mando. Reorganizando las tropas, pudo entonces vencer en Maipú el 5 de abril; que dejó consolidada la independencia. Así fue que la derrota de Cancha Rayada no alejó a los chilenos de su firme decisión de tener patria.

Las protestas estudiantiles iniciadas en octubre pasado se han convertido en un poderoso movimiento social. Los objetivos de las manifestaciones populares van al fondo de las estructuras que sustentan el régimen social y político del país sudamericano. Decenas de muertos, cientos de heridos, miles de encarcelados ya registra el estallido social en Chile. Denuncian organizaciones de defensa de los derechos humanos torturas y otras vejaciones sobre civiles por parte de los militares. Pronostican un mes de marzo caliente en manifestaciones populares. Las encuestas indican que el 70 % de la población quiere una  nueva Constitución, que sustituya  la de Pinochet.

Unas protestas estudiantiles que se iniciaron el año pasado en Chile, en apariencia por el alza de las tarifas del sistema público de transporte, fueron subiendo de tono durante meses y también incrementando la participación de otros sectores de la sociedad civil, hasta convertirse en un poderoso movimiento social cuyos objetivos, ahora quedan claros, van al fondo de las estructuras que sustentan el régimen social  y político de aquél país.

Para muchos analistas internacionales, la población de aquella nación suramericana, por la vía de la movilización popular, está a punto de producir  un cambio histórico: acabar con un sistema generado por la dictadura de Augusto Pinochet, y que se extiende hasta nuestros días, y muy especialmente con la Constitución vigente,  elaborada por el General golpista y su camarilla tras el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, electo democráticamente.

Los estallidos sociales iniciaron el domingo 6 de octubre del 2019 en la capital chilena, y se extendieron rápidamente a otras ciudades como el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Arica, Antofagasta, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas, La Serena y otras. No ha habido tregua desde entonces, a pesar de la represión desatada por parte de los Carabineros, le enorme cantidad de víctimas que se ha registrado  y los esfuerzos del Gobierno actual de Sebastián Piñera por tratar de ganar tiempo, la decisión de decretar el estado de emergencia  y el toque de queda y anunciar maniobras engañosas. Las concentraciones populares pronto empezaron a mostrar el malestar de fondo que existe en el seno del pueblo chileno ante las políticas neoliberales aplicadas en aquel país: el alto costo de la vida, las bajas pensiones, los precios elevados de medicamentos y servicios de salud, el descrédito de la clase política y de las instituciones acumulado, incluyendo el rechazo a la Constitución pinochetista.

Según informaciones de diferentes organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos, la violenta represión desatada contra estas manifestaciones populares ha costado  ya la muerte a decenas de chilenos y cerca de 4 mil civiles hospitalizados, incluyendo niños y mujeres, y más de 9 mil detenidos. Las mismas fuentes han denunciado también muchos casos de torturas  y otras vejaciones por parte de las Fuerzas Armadas chilenas.

Ante la pujanza  y masividad  de las protestas el Gobierno conservador de Piñera se vio obligado a acordar la convocatoria a un plebiscito nacional en el próximo mes de abril para definir si se redactará una nueva Constitución Política y qué mecanismo será utilizado. Para muchos se trata de una medida destinada a ganar tiempo, pero las manifestaciones no se han detenido.

Las noticias recientes indican que en ocasión del famoso Festival de Viña del Mar se calentó el ambiente. y confirmó la sensación generalizada: que la tensión en torno a las demandas sociales y el plebiscito del 26 de abril -que definirá si se reforma la Constitución- se intensificará en las próximas semanas. El evento, que cuenta con un poderoso arraigo social entre los chilenos, estuvo en el centro de la polémica en los meses previos a su realización. Tras las suspensiones de la APEC, la COP 25 y la final de la Copa Libertadores, el certamen enfrentó varias peticiones para su cancelación y amenazas de boicot.

Así, y en el primer día del festival, la ciudad costera fue centro de violentos incidentes y de varios enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. Los huéspedes del Hotel O’Higgins tuvieron que ser evacuados. Los manifestantes gritaban la consigna “Calles con sangre, Viña sin festival”.Los disturbios encontraron rápido eco en las autoridades y el presidente Sebastián Piñera realizó un llamado a recuperar el orden. Con todo, para los próximos días se esperan nuevas protestas y manifestaciones a lo largo del país.

El domingo 8 de marzo se espera la mayor movilización de los últimos meses en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y para el día 11, en tanto, ya se han anunciado protestas en medio del segundo aniversario del comienzo del segundo  mandato gubernamental de de Piñera.

Para  la mayoría de los analistas el escenario del mes de marzo tendrá como base la crisis de legitimidad de todas las instituciones del país y, por defecto, la incapacidad de procesar las demandas sociales en tiempo y forma. Y está claro que la figura presidencial, que posee apenas un 6% de aprobación, no será la llamada a arbitrar las diferencias.

Los sondeos previos al plebiscito de abril le dan amplio favoritismo a la opción de aprobar la elaboración de una nueva Constitución, con un 70% de las preferencias. En el caso de que la mayoría apoye esa opción, se iniciará un proceso para la elección de los constituyentes en octubre próximo y un año más tarde los constituyentes someterán a la ciudadanía la aprobación del nuevo texto constitucional.

El académico Gabriel Gaspar, analista internacional, de larga  trayectoria política, quien tuvo que exiliarse en México después del golpe de estado contra Allende, hizo unas declaraciones que resumen el actual sentimiento de la mayoría del pueblo de Chile: “Los chilenos enfrentaremos un momento decisivo de nuestra vida republicana. Un momento necesario para que a nadie le quede dudas de que la mayoría nacional está molesta y disconforme con muchos aspectos de su vida cotidiana. La demanda por más derechos sociales, por una redistribución justa del fruto del crecimiento, el reclamo por la mochila del endeudamiento, son muchos aspectos que conforman la base del malestar. Todo eso se une a una desconfianza con las elites“.

Hay que seguir de cerca los sucesos en Chile porque, a todas luces, las movilizaciones populares están destinadas a producir un cambio histórico en aquel país.

Las protestas sociales y la brutal represión de los carabineros en Chile han sido noticia durante varias semanas en Nuestra América. El presidente Sebastián Pinera ha desoído durante todo este tiempo el clamor popular que exige una asamblea constituyente que remueva la actual carta magna: legado de dictadura de Augusto Pinochet. Las imágenes de los heridos y los muertos víctimas del enfrentamiento de los chilenos contra las fuerzas de orden público en las calles le han dado la vuelta al mundo. En cambio, la historia de la lucha social y la represión en aquel país se remonta a tiempos pretéritos, incluso mucho antes del régimen de terror impuesto tras el derrocamiento de Salvador Allende en 1973. La realidad de hoy es un acontecimiento más en la tradición de represión del estado chileno contra las peticiones sociales de su pueblo. En medio de las bombas lacrimógenas, las balas de goma y la personas que han perdido uno de los ojos por protestar en las calles de Santiago recuerdo en estas notas un acontecimiento iniciador de la historia del movimiento social chileno. El 21 de diciembre de 1907 tuvo lugar en aquel país la masacre en la Escuela de Santa María de Iquique acotamiento que evidencia que la fuerza y poder han cobrado en aquel país muchas más víctimas que las que aún no se contabilizan por los sucesos actuales. A rememorar el brutal suceso en la patria de Pablo Neruda dedico las líneas que siguen.

Los orígenes de la matanza de Iquique se remontan al auge de la economía salitrera en Chile y al desarrollo del movimiento obrero en aquel país. La explotación del salitre, importante recurso utilizado cono fertilizante, se convirtió luego de la Guerra del Pacifico (1879-1883) en el principal sostén económico chileno.  Como resultado de aquel conflicto bélico contra Perú y Bolivia, Chile se anexó importantes territorios que acogían las mayores reservas del preciado recurso, entre ellas la región de Tarapacá, que devino centro de la economía salitrera. En cambio, la industria del salitre fue contralada por inversionistas extranjeros, inicialmente en su mayoría británicos y luego norteamericanos. El apogeo del salitre generó a su vez la modernización de la infraestructura, y por tanto la demanda de fuerza de trabajo. Así se fue forjando un sector obrero que desde fines del siglo XIX se organizó para garantizar sus derechos.

Las condiciones de los obreros en las salitreras eran deplorables. A la brutal explotación del trabajo se añadía el pago en fichas o bonos sólo válidos en las pulperías asociadas a las compañías explotadoras del mineral. Las oficinas salitreras devinieron en los años de mayor beneficio de ese recurso en verdaderas “devoradoras” de hombres, máxime cuando el gobierno desprotegía totalmente a los que allí laboraban. Como resultado de todo aquello estallaron desde los primeros años del siglo XX diferentes huelgas para exigir un pago justo y mejoras en los entornos laborales. El 16 de diciembre de 1907 miles de trabajadores del salitre abandonaron más de 30 oficinas y marcharon sobre la ciudad puerto de Iquique, importante núcleo del auge salitrero nacional. Los líderes de aquellas manifestaciones eran dos dirigentes anarquistas José Briggs y Luís Olea.  Las compañías afectadas presionaron rápidamente al gobierno para que actuara y garantizara el “orden y el progreso”. En principio administración del entonces presidente Pedro Montt intentó medias entre los obreros en huelga y las oficinas salitreras, a través de las gestiones del intendente, Carlos Estman. Pero las intransigentes posiciones de las compañías salitreras, negadas a negociar bajo la presión de los miles de obreros amotinados, fueron secundadas finalmente por el gobierno nacional.

El 21 de diciembre en la Escuela Domingo Santa María, ocupada por miles de obreros y otros muchos que se agolpaban en la plaza fueron ametrallados por las fuerzas militares bajo las ordenes de Roberto Silva Renard. La cifra de las víctimas llegó a más de dos mil. Aquella masacre era un acto de Guerra Preventiva al decir del historiador chileno Sergio Grez. Una guerra del estado chileno- como garante de los intereses de los inversionistas extranjeros- contra las demandas de sus ciudadanos. Con la matanza de Iquique el gobierno de Santiago “resolvió”, como lo hace 102 años después, la cuestión social en Chile.