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Bocadillos

Juicio a los “ex”

Rolando Bello Paredes

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El portal especial del partido político Morena, denominado “Juicio a expresidentes”, formula una invitación para obtener firmas de ciudadanos para llevar a cabo una consulta popular: “¿Quieres que vayan a la cárcel?, y aparecen fotografías de los expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, y Enrique Peña Nieto.

La consulta ha sido instada, de alguna manera, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque él diga que votaría en contra, en su caso, como lo enfatizó en su mensaje del segundo informe de gobierno: “Reitero que yo votaría por no someterlos a proceso”.

La pregunta que Morena pretende en la posible consulta, es la siguiente:

-“¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?” –

La interrogante no proporciona dato alguno para inferir qué tipo de juicio se les seguiría a los expresidentes, si sería en materia penal, administrativa, civil o política.

Nada dice de cuáles delitos o ilícitos se les imputarían.

Por supuesto menos indica las pruebas de que se dispondría para sostener las denuncias o demandas.

La pregunta está afectada de vaguedad. Y los “perseguidores” políticos y sociales, enmudecen ante estos cuestionamientos.

El presidente López Obrador ha sugerido las “causas de enjuiciamiento”, sin especificar qué tipo de juicio sería el conducente, en la revista Forbes (20 febrero 2019):

A Salinas de Gortari, “porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados”.

A Zedillo Ponce de León, “porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa‘”.

A Fox Quezada, “por traidor a la democracia, porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón”.

A Calderón Hinojosa. “porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio”.

A Peña Nieto, “por corrupción”.

Los partidarios presidenciales de hoy se movilizan para conseguir la consulta y luego el enjuiciamiento a los expresidentes. Los morenistas requieren reunir al menos 1 millón 800 mil 727 firmas de ciudadanos, según se ha informado. 

(Para el presidente López Obrador es casi segura la consulta popular: “El Instituto Nacional Electoral debe irse preparando porque de que va haber consulta para juzgar a los expresidentes de México, la habrá“, en diario Excélsior, 2 septiembre 2020).

Pero, hay otras voces en contra, argumentando razones jurídicas. Éstos señalan, como una de las principales, la prohibición constitucional:

– “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sólo este fundamento constitucional, podría declarar en su oportunidad, la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, según la opinión de peritos en derecho.

En los próximos días sabremos la suerte que correrá la pretensión partidaria de Morena.

        Caso yucateco

Alguien en la entidad podría hacerse la misma pregunta acerca de la posibilidad de enjuiciar a los ex gobernadores de Yucatán, mediante la práctica de una consulta a los ciudadanos, como ahora se aspira hacer en el caso de los ex titulares del Poder Ejecutivo federal, desde el año de 1988 hasta el 2018.

En la lógica y tiempos de los promotores federales, ¿podría someterse a juicio, vía la consulta popular, a Dulce María Sauri Riancho, Federico Granja Ricalde, Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada, Ivonne Ortega Pacheco, y Rolando Zapata Bello?

(El inconveniente, dicen, sería la notificación en el caso del “doble” gobernador: ¿en algún camposanto o en el “más allá”? Es cuestión de estudio especial).

La Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán establece la figura del plebiscito, cuyo objeto es “obtener la opinión de los ciudadanos sobre los actos y acciones gubernamentales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Municipios, calificadas como trascendentales para la vida pública y el interés social”.

La propia norma jurídica dispone, en lo que interesa, que “no son materia de plebiscito, las políticas públicas y los actos gubernamentales siguientes: I. Los que realice la autoridad por ministerio de ley o mandato de autoridad judicial”.

Me parece que los legisladores yucatecos resolvieron el asunto de posibles consultas ciudadanas para poder enjuiciar a los mandatarios estatales, con la prohibición legal de referencia.

El mandato constitucional en Yucatán no admite duda alguna: “El Ministerio Público es la Institución única e indivisible que representa los intereses de la sociedad, y tiene por objeto dirigir la investigación de los hechos que la ley señale como delitos; ejercitar la acción penal ante los tribunales y adoptar medidas para proteger a las víctimas y testigos, conforme a lo previsto por las leyes correspondientes”.

No podría ser materia de consulta a los ciudadanos si el ministerio público ejerce o no sus facultades y obligaciones legales en la persecución de los delitos.

El ministerio público tiene la obligación legal de perseguir, ante los tribunales, sin necesidad de consultar a los ciudadanos, los delitos del orden estatal; solicitar las órdenes de aprehensión contra los imputados; así como, obtener y presentar las pruebas que acrediten los elementos del tipo penal y la responsabilidad de los imputados.

Así que en Yucatán cualquier persona que incurra en probables hechos delictuosos, sea o no “ex”, será sujeto de investigación del ministerio público, conforme a derecho, sin requisito o condición de alguna consulta ciudadana.

Echeverría. Sin necesidad de consulta popular, la entonces Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado acusó al expresidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) por delitos de lesa humanidad, específicamente por genocidio. Era el año de 2005 y el presidente era Vicente Fox Quesada.

Los tribunales mexicanos que lo enjuiciaron, señalaron que sí se cometió el delito de genocidio, pero que “no encontró ni una sola prueba de que Echeverría fuera responsable de dicho delito”, y fue absuelto (La Silla Rota, 12 agosto 2020).

        Reapertura. Los empresarios se impusieron al empresario gobernador del estado, y al final, firmaron el “Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán”.

Durante la firma del documento, según información de gobierno, el dirigente de la CROC en Yucatán, Pedro Oxte Conrado, “reconoció el trabajo serio y responsable del gobernador, y que el convenio es un “reflejo de que se sigue privilegiando la salud de las familias yucatecas”.

(Cosas de la pandemia: Los Bocadillos no tenían conocimiento de que el líder de la CROC formaba parte de la clase empresarial yucateca).

Placas. “El reemplacamiento vehicular será suspendido y se realizará hasta enero del 2022” (Informe Fracto, 30 agosto 2020). Según la Ley de Ingresos, el gobierno del estado esperaba recaudar este año, por concepto de “dotación, canje, reposición y baja de placas”, la cantidad de 438 millones 498 mil 121 pesos.

Dulce María. La diputada federal, Dulce María Sauri Riancho, presidirá la Cámara baja del Congreso de la Unión, del 2 de septiembre en curso al 31 de agosto de 2021.

Sauri Riancho es la primera mujer yucateca que desempeñará esa responsabilidad en la Cámara de Diputados. También fue la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora de Yucatán, en el periodo 1991-1993.

Cachito. El Consejo de Notarios de Yucatán formuló a los fedatarios públicos “una invitación personal para realizar una aportación voluntaria mínima de $2,500.00, correspondiente al pago de 5 boletos para el sorteo del avión presidencial, que se realizará el día martes 15 de septiembre del presente año” (El Cronista Yucatán, 3 septiembre 2020).

Algunos notarios yucatecos, agrega la información, “dieron el grito en el cielo, porque jamás en la historia había ocurrido algo así”.

Se resisten, supongo, a cantar: “cachito, cachito, cachito mío…”.

Ad litteram. En Facebook, visto el pasado martes 2:

-“En Yucatán hay un horario llamado: Más tarde que baje el sol”.

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Proyectos estatales de egresos 2021

Rolando Bello Paredes

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De acuerdo al imperativo constitucional yucateco, el gobernador del estado debe presentar ante el Congreso del Estado, a más tardar el 25 de noviembre de cada año, las iniciativas relativas a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, que regirán durante el año inmediato siguiente. Y el Congreso deberá aprobar, a más tardar, el 15 de diciembre de cada año, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de Yucatán.

Los poderes Legislativo y Judicial y cuatro organismos autónomos yucatecos han presentado ya sus proyectos de presupuesto de egresos 2021.

El Congreso del estado pedirá, para el siguiente año, un presupuesto por la cantidad de 262 millones 342 mil 027 pesos, “el cual será enviado al Poder Ejecutivo estatal para su evaluación”, de acuerdo con el boletín legislativo del pasado miércoles 14.

El del Poder Judicial asciende a 812 millones 468 mil 731 pesos, e integra a los órganos constitucionales que conforman al Poder Judicial, que son el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y los órganos jurisdiccionales de primera instancia, que son administrados por el Consejo de la Judicatura del Estado (Boletín oficial, “Modernización tecnológica, prioridad presupuestal para el Poder Judicial”, 15 octubre 2020).

Aseguró que “dicho monto es menor al proyecto solicitado el año pasado, el cual finalmente fue autorizado  por poco más de 611 millones por el Congreso del Estado de Yucatán para el presente 2020.

La Constitución yucateca ordena que “el presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado no podrá ser     inferior al dos por ciento del total del gasto programable, el cual no será disminuido respecto al del año anterior”.

El año 2020, el Congreso autorizó los siguientes recursos: 219 millones 358 mil 234 pesos, para el Poder Legislativo, y 611 millones 036 mil 980 pesos, al Judicial.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) “solicita recursos presupuestales para el ejercicio 2021 por 424 millones 385 mil 946.66 pesos” (Boletín oficial, “Aprueban proyecto de presupuesto de egresos 2021”, 12 octubre 2020).

Recuérdese que el Iepac en junio último, “ajustó” a la baja su presupuesto “operativo” 2020, en 1 millón 006 mil 494.30 pesos, para “contribuir a la situación que se enfrenta por la pandemia en Yucatán” (Boletín oficial, “Aprueba Consejo General ajuste presupuestal con motivo de emergencia sanitaria generada por COVID-19”, 22 junio 2020).

El gobierno del estado había pedido al Iepac “hacer un acto solidario y ceder el 10% de su presupuesto”. Entonces, el consejero Jorge Valladares Sánchez hizo un señalamiento ante el ajuste presupuestal:

– “Parece más un diezmo” (Diario de Yucatán, 23 junio 2020).

La autoridad financiera y administrativa del estado aún no informa del ejercicio del recurso del Iepac.

Con base en reportes publicados por el diario Novedades Yucatán (16 octubre 2020):

– El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán declaró que para 2021 “solicitan el mismo presupuesto que ejercen este año, que es de 36 millones de pesos. “Ya van cuatro año que nos asignan 36 millones de pesos, con base en la normatividad y a la Constitución local nuestro presupuesto no puede ser inferior al del año inmediato anterior, nos han dado el mismo presupuesto”.

– El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  declaró que presenta un presupuesto 2021 por 33 millones 276 mil 851 pesos, explicando que “la petición es 20 por ciento más que en 2020, ya que en los últimos años el financiamiento del organismo ha sido a la baja”.

– El Tribunal Electoral del Estado solicita 41 millones 138 mil 387 pesos por “gastos del proceso electoral”.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) anticipó dificultades en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2021, ante un “panorama financiero complicado”, por “recortes por parte del Gobierno Federal”, y “reducciones en la participaciones” a los estados y los municipios (Boletín oficial, “Nuevos recortes para Yucatán en participaciones federales para 2021: Olga Rosas Moya”, 15  octubre 2020).

Proporcionó los siguientes datos:

a). Que el estado “dejará de contar para el próximo 2021 con 1,848 millones de pesos, en términos reales, respecto al ejercicio fiscal de 2020”.

b). Que habrá una reducción “muy sensible” de los recursos de “libre disposición, del gasto operativo de programas de apoyo y de la obra pública estatal, los cuales disminuyen 2,467 millones de pesos, es decir un 11.6% menos, comparado con lo autorizado en el 2020”.

SAF resumió el asunto: “Es momento que todos se aprieten el cinturón” y que “los recursos no caerán del cielo”

Durante la firma de un convenio entre el estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Ejecutivo dijo que “desde 2018 Yucatán ha tenido reducciones en sus ingresos de libre disposición que, comparando ese año con el proyecto de presupuesto para 2021, representa en términos reales una disminución de -24%, lo que significa alrededor de 5,995 millones de pesos” (Diario de Yucatán, 26 septiembre 2020).

Antes, el Ejecutivo comunicó que en el 2021 la entidad “ejercería 15,582.2 millones de pesos, cantidad menor a los 16,046 millones aprobados para el presente ejercicio fiscal” (ver “En el 2021, Yucatán contará con menos recursos”, en Informe Fracto, 9 septiembre 2020).

El mes pasado se informó que según las cuentas iniciales de SAF, Yucatán recibiría en 2021 recursos presupuestales federales por la suma de 81,764.2 millones de pesos (ver Bocadillos, “Informes digitales”, en Informe Fracto, 12 septiembre 2020).

SAF desglosó así esa cantidad: a). Por concepto de participaciones, 15,582.2 millones de pesos. b). Por “convenios de reasignación y descentralización”, 2,843 millones de pesos. c). Por “gasto federal programable”, 63,339 millones de pesos.

En una información periodística se afirmó que “Yucatán, y la Ciudad de México y Tabasco, fueron los ganadores en el Presupuesto 2021, pues gozarán de la mayor cantidad de dinero”. Yucatán recibiría la cantidad de 82 mil 507 millones 694 mil 956 pesos (ver nota de Elizabeth Velázquez, “Así gastarán los estados en 2021”, Eje Central, 10 septiembre 2020).

La suma de los seis proyectos de presupuesto de egresos 2021 que han sido presentados al Ejecutivo para elaborar el proyecto que enviará el Congreso, es de 1 mil 609 millones 611 mil 942 pesos.

El presupuesto de egresos 2020 ascendió a la suma de 44 mil 096 millones 239 mil 578 pesos, según la publicación respectiva del Diario Oficial del estado.

(En el pasado remoto: El presupuesto de egresos del gobierno del estado del año 1901 ascendió a la suma de 965 mil 154 pesos 43 centavos).

Preferencia. El presidente de la República estuvo en Yucatán la semana anterior. Dijo que “se seguirá apoyando al estado porque Yucatán tiene un trato especial, preferente del gobierno federal” (La Jornada Maya, 10 octubre 2020). Anunció también que regresará en diciembre, e informó que el tramo de Mérida a Tulum del Tren Maya “será de doble vía y electrificado” (Excélsior, 12 octubre 2020).

El gobernador del estado aseguró en Tinum, ante el presidente de la República:

– “Desde el inicio de la pandemia en la entidad se han entregado más de 2 millones de paquetes de apoyos alimentarios, un seguro de desempleo para apoyar a más de 47 mil personas, becas a 17 mil estudiantes y apoyos en el pago de agua y luz eléctrica, entre otras acciones de apoyo y salud donde se han invertido más de 1,900 millones de pesos” (Boletín oficial, “Convoca el Gobernador Mauricio Vila Dosal al Gobierno federal a trabajar juntos por la gente”, 11 octubre 2020).

Supónese que para ese efecto el Congreso aprobó al Ejecutivo a contratar un crédito por 1,500 millones de pesos, al que sumó 21 millones 095 mil 042 pesos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres, según reportes oficiales.

Si esto es así, entonces la autoridad estatal financiera y administrativa tendría que informar de qué partida presupuestal tomó la cantidad de 378 millones 904 mil 958 pesos, para llegar a la cifra de “más de 1,900 millones de pesos”.

Fonden en Yucatán. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la Declaratoria de Emergencia por la presencia de Huracán “Delta” el día 6 de octubre de 2020, para 5 municipios del estado de Yucatán: Dzilam de Bravo, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Tizimín. De esta manera, el estado podrá acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden (Diario Oficial de la Federación –DOF-, 14 octubre 2020).

Ahora, le corresponde al gobierno del estado informar el monto de los recursos que aportará el Fonden, así como el ejercicio de éstos para “atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada” en cada uno de los cinco municipios de referencia, conforme al acuerdo de la CNPC.

(En Quintana Roo, la declaratoria fue de “desastre natural” y comprendió a los municipios de Cozumel, Puerto Morelos, Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, de acuerdo con DOF, 16 octubre 2020).

“Pelotero a la bola”. En la nota informativa de la revista Proceso (número 2277, 21 junio 2020), “La 4T batea a Probeis”, de la periodista Beatriz Pereyra, el director del “Programa para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México”, se refiere al gobierno de Yucatán. Afirmó:

– “Otros estados como Yucatán y Tabasco recibieron recursos federales (11 millones de pesos cada uno), pero devolvieron el dinero a la Tesorería de la Federación…”.

No he leído ninguna declaración o información de la autoridad estatal financiera y administrativa que explique por qué no se ejercieron estos recursos federales en la entidad.

Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”, por ejemplo:

– “En Bakersfield (California) está prohibido tener relaciones sexuales con Satán, a menos que se use condón para tales efectos”.

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Bocadillos

Fonden en Yucatán

Rolando Bello Paredes

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El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) tiene por objeto, señala el gobierno federal, “atender los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas”.

Como es de conocimiento público, los legisladores federales de Morena y sus aliados “desaparecieron” 109 fideicomisos, para recaudar 68 mil 400 millones de pesos, que se destinarían a la “pandemia, pero también para estabilizar balance fiscal”. Entre los “desaparecidos” se encuentra el Fonden, y en su lugar, “se determinó que en cada proyecto de presupuesto se incluyan previsiones para atender fenómenos naturales” (El Financiero, 9 octubre 2020).

La Cámara de Diputados federales aprobó que los recursos del Fonden –hoy por un monto de 6 mil 861 millones de pesos- “que no sean utilizados para la reconstrucción, al cierre del año, sean reintegrados a la Tesorería” (La Jornada, 7 octubre 2020).

Enseguida información periodística relativa al Fonden en Yucatán:

El gobierno de Yucatán solicitó a Fonden la Declaratoria de Emergencia para 19 municipios afectados, por los daños y perjuicios ocasionados por la tormenta tropical Gamma (Boletín oficial, “Gobernador Mauricio Vila Dosal solicita Declaratoria de Emergencia para 19 municipios de Yucatán afectados por fenómenos naturales”, 7 octubre 2020).

Según la Coordinación Estatal de Protección Civil, “Gamma impactó desde el pasado 2 de octubre a Yucatán, con lluvias continuas e inundaciones, dejando estragos severos en Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Chemax, Chichimilá, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Sucilá, Temax, Temozón, Tinum, Tizimín, Uayma y Valladolid, en perjuicio de cerca de 301 mil 146 habitantes”.

Por el paso de la tormenta Cristóbal, el Fonden aportó la cantidad de 200 millones de pesos para atender a 75 municipios yucatecos, no obstante que “dejó pérdidas económicas valuadas en cuatro mil 297 millones de pesos” (Excélsior, 24 julio 2020).

No encontré información pública del ejercicio de los 200 millones de pesos destinados por Fonden a Yucatán, por los daños ocasionados por Cristóbal.

Alcaldes de Yucatán se inconformaron entonces con el criterio de Fonden para otorgar recursos y apoyos: “Expresaron su rechazo ante las reglas de operación del Fonden, ya que afirmaron no se adecúan a lo que Yucatán necesita para atender las graves afectaciones que dejaron las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, particularmente para la reparación de decenas de viviendas dañadas por inundaciones” (El Universal, 14 julio 2020).

En ninguno de los dos casos, el gobierno del estado dio a conocer públicamente las solicitudes de las respectivas Declaratorias de Emergencia, conteniendo una información general de los daños reportados. Está a tiempo hoy de difundir el documento relativo a la tormenta Gamma, para instar la solidaridad social de los yucatecos.

Por adelantado, el Secretario de Marina del gobierno de la 4T ya bloqueó alguna posibilidad de obtener recursos de Fonden por el paso del huracán Delta. Expresó: “No será necesaria la declaratoria de emergencia, ya que el meteoro nos trató bastante bien, saldo blanco. En su mayoría las afectaciones fueron árboles y postes de energía caídos” (Diario de Yucatán, 8 octubre 2020).

El presidente de la República también se pronunció en el mismo sentido, en la “mañanera” del pasado jueves 8: “Afortunadamente no se registran víctimas, nos tuvo consideración el huracán. No hubo muchos daños; árboles que cayeron. Vamos a decir que nos fue bien”.

El gobernador respondió que “sí fueron mucho menos los daños que se esperaban en el oriente del estado, pero todavía se hace la evaluación correspondiente. La verdad es que en el oriente del estado hay daños mucho menores en infraestructura” (Por Esto! 10 octubre 2020).

Un fondo yucateco de desastres

En Yucatán, la Ley de Protección Civil del estado prevé el “Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán”, que tiene por objeto “proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes de la población.

El Fondo es complementario de los recursos que se canalicen al estado y a los municipios, a través de los instrumentos federales e internacionales para la atención de emergencias o desastres”. Es administrado por la Secretaría General de Gobierno. Para hacer uso de los recursos, el gobierno debe emitir una “declaración de desastre”, que se publicará en el Diario Oficial del estado.

En el primer Informe de Gobierno 2018-2024, el gobierno anunció que con recursos del Fondo “se adquirieron 8,100 colchonetas, 10,000 cobertores, 200 láminas de cartón y 245 láminas de triplay, los cuales forman parte de la reserva estratégica de recursos materiales a emplearse en caso de la amenaza e impacto de algún fenómeno hidrometeorológico. Lo anterior representó una inversión de 3 millones 94 mil 284 pesos”.

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2020 asignó a dicho Fondo la cantidad de 3 millones de pesos.

Según el “Informe Trimestral sobre las Finanzas Púbicas 2018-2024”, correspondiente a abril-junio 2020, elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), el Fondo de referencia contaba con la cantidad de 24 millones 766 mil 060 pesos (saldo al 30 de junio de 2020).

Antes, el gobierno yucateco había dicho que usaría los recursos del “Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán”, para atender la crisis sanitaria del Coronavirus-Covid 19.

El pasado mes de abril informó que “ya dispuso” de 21 millones 095 mil 042 pesos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres, en la “adquisición de equipo médico”.

Los 21 millones de pesos “usados” en abril se sumaron a los 500 millones de pesos, para la “prestación de servicios de salud”, que provinieron del crédito aprobado por el Congreso por la cantidad de 1 mil 500 millones de pesos, “adicionales a las asignaciones originalmente autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020”.

Es confusa la información gubernamental.

El saldo del Fondo al 31 de marzo último era de 21 millones 700 mil pesos 096 pesos, y en el pasado abril el gobierno dijo que usó más de 21 millones de pesos, pero resulta que el saldo a junio 2020, ascendió a 24 millones 766 mil 060 pesos.

No queda claro si el gobierno usó o no esos recursos.

         Otros Planes. A). Un “Plan de inversión en proyectos, con participación de los sectores privados y público” fue anunciado por el presidente de la República, el pasado lunes 5. “La inversión acumulada será de 297 mil 344 millones de pesos”, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público.

El plan federal incluye la siguiente obra, “promovida por el gobierno del estado de Yucatán”:

        – La concesión de la ampliación y modernización de Puerto Progreso, por 4 mil millones de pesos.

(El gobierno de Quintana Roo promueve una concesión del Puente Vehicular Nichupté, con una inversión de 4 mil 676 millones de pesos).

B). Que empresas yucatecas, afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, invertirán “casi” 16 mil millones de pesos, durante este año y el siguiente, “para la edificación de 18,418 viviendas” (Boletín oficial, “Continúan las inversiones privadas y la generación de empleos en Yucatán”, 5 octubre 2020).

El gobierno del estado formuló su “Plan Estatal de Infraestructura para la Creación de Empleos y Apoyo a la Reactivación Económica”, con inversión total de 3 mil 340 millones de pesos, aunque la suma de recursos de los nueve rubros señalados, solo alcanza la cifra de 3 mil 288.2 millones de pesos (ver Bocadillos, “Finanzas estatales a cuentagotas”, en Informe Fracto, 3 octubre 2020).

Bandera. De color azul (but of course). Una bandera, Blue Flag, fue izada en las playas de Progreso. La otorgó una organización privada denominada “Fundación para la Educación Ambiental”.

Costó 150 mil pesos.

Juicio a los “ex”. El presidente de la República opinó, en la “mañanera” del pasado jueves 8, sobre la pregunta formulada por la Corte:

– “Si se vota por el sí, pues es ya un sentimiento en contra de los expresidentes, ya sólo ese señalamiento es un juicio, es del tribunal popular enjuiciándolos, juzgándolos”.

– “Si dice: ‘No’, pues ya están exonerados, la gente está contenta y si no contenta ya no quiere que se abra esa página o que se regrese a esa página, hay que darle vuelta a la página”.

Ad litteram. En el portal del periódico español elDiario.es (17 septiembre 2020), respecto de Winston Churchill, primer ministro británico durante la II Guerra Mundial y aficionado al final de sus días al “whisky con soda desde la hora del desayuno”, una afirmación de Katherine Carter, directora del proyecto de restauración de la casa de campo de Churchill, llamada Chartwell:

– “El whisky solo cubría el culo del vaso. Es algo a lo que se acostumbró en India. Él lo llamaba enjuague bucal”

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Finanzas estatales a cuentagotas

Rolando Bello Paredes

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La situación de las finanzas estatales en medio de la crisis sanitaria del Coronavirus-Covid 19 constituye casi un secreto gubernamental. A cuentagotas, vía declaraciones y boletines de prensa, la sociedad se entera del tema, que es de relevancia social. No hay un informe serio y profesional del estado que guardan las finanzas públicas de la administración 2018-2024.

Con motivo de la firma de un convenio entre el estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Ejecutivo proporcionó discursivamente algunos datos, por ejemplo (Diario de Yucatán, 26 septiembre 2020):

        a). “Desde el 2018 logró implementar una disminución del gasto administrativo que ese año fue del 19%; en el 2019 fue del 16% y este año fue del 12%, además de medidas de austeridad que generan ahorros por más de 1,900 millones de pesos anuales”.

        b). “Las finanzas estatales registran un déficit de 2,998 millones de pesos”.

c). “Desde 2018 Yucatán ha tenido reducciones en sus ingresos de libre disposición que, comparando ese año con el proyecto de presupuesto para 2021, representa en términos reales una disminución de -24%, lo que significa alrededor de 5,995 millones de pesos”.

d). “El estado también registra reducciones en aportaciones y convenios, que sumada a la reducción de las participaciones asciende a 1,848 millones de pesos”.

        e). “En el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 la eliminación de 34 programas que en este año representaron $510 millones”.

La sociedad no dispone de elementos para validar la información ejecutiva. Para poder configurar un posible apoyo popular, se hace necesario un pronunciamiento específico, público, exhaustivo, detallado, analítico, para conocer la realidad de las finanzas públicas del año de la pandemia y de la proyección para el año 2021.

Ahora, propongo tres ejemplos, para constatar la insuficiencia de la información ejecutiva. Los supuestos “ahorros” gubernamentales; el déficit público; y la disminución de ingresos:  

        I. “Ahorros”:

a). Hoy se dice que se han generado “más de 1,900 millones de pesos”.

        b). Ayer se dijo que con la modificación del contrato original del Gran Museo del Mundo Maya, el Ejecutivo y sus voceros han reiterado, casi hasta el cansancio y sin detalles, que con su iniciativa, esperarían un supuesto “ahorro” por la cantidad de 1,500 millones de pesos.

c). Antier, que con la “desaparición” de ocho entidades públicas (que siguen gozando de cabal salud pública), el Ejecutivo yucateco aspiraba a tener un “ahorro de 100 millones de pesos a partir del año 2020” (En realidad, según lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos 2020, el “ahorro”, de ser efectiva la “desaparición”, sería de poco más de 520 millones de pesos).

d). Y antes de antier, el Ejecutivo, al inaugurar su administración, ofreció que con su política de austeridad, “vamos a ahorrar más de mil millones de pesos cada año”.

Hace falta que la administración estatal rinda cuentas del supuesto “ahorro” gubernamental. Sólo se observa hoy una danza de las cifras de supuestos “ahorros” gubernamentales. Si lo hubo, en qué rubros se “ahorró” y gastó lo “ahorrado”, qué partidas presupuestales resultaron afectadas, cómo se resolvió la disminución, vía “ahorro”, de recursos para el desarrollo social de los yucatecos.

II. Déficit

a). Hoy se afirma que el déficit es de 2,998 millones de pesos”.

b). Ayer, ante la aprobación del presupuesto de egresos del año 2020, se aseveró que había un “boquete de 3,860 millones de pesos”.

III. Disminución de ingresos

a). Que hoy se registra una disminución de ingresos de “alrededor de 5,995 millones de pesos”.

b). Ahora que “2 mil millones de pesos no han ingresado a las arcas estatales, por conceptos de impuestos o de aprovechamientos” (en presentación de Plan Estatal de Infraestructura para la Creación de Empleos y Apoyo a la Reactivación Económica, 29 septiembre 2020).

De ser así, el Ejecutivo, conforme a la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, debió “aplicar ajustes al presupuesto de egresos” en un orden determinado por la propia norma jurídica:

a). Gastos de comunicación social;

b). Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera; y,

c). Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias”.

Nada se ha dicho de estos ajustes presupuestales.

En un informe trimestral sobre las finanzas públicas de la entidad, correspondiente a abril-junio de 2020, la Secretaría de Administración y Finanzas comunicó que la recaudación de la administración del gobernador Mauricio Vila Dosal, en el primer semestre de 2020, ascendió a la suma de 19 mil 776.7 millones de pesos; y el gasto ejercido fue de 20 mil 222.9 millones de pesos. Se registró un déficit de 446.2 millones de pesos.

Ojalá antes de enviar el proyecto de presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2021, o durante la presentación de éste, en noviembre próximo, se tenga información completa del estado de las finanzas públicas estatales en 2020 y cómo se enfrentará en 2021 el desarrollo social y económico de Yucatán.

Hoy, la información ejecutiva fluye a cuentagotas.

Plan de Infraestructura. El gobierno del estado anunció una inversión total de 3 mil 340 millones de pesos, en “378 obras y 15,947 acciones en materia de seguridad, urbanización, educación, vivienda, salud, agua potable y saneamiento, edificios de Gobierno, protección al medio ambiente, edificios públicos y unidades deportivas”.  

En una revisión somera de las cifras aportadas en el boletín oficial, “Presenta el Gobernador Mauricio Vila Dosal Plan Estatal de Infraestructura para la Creación de Empleos y Apoyo a la Reactivación Económica” (29 septiembre 2020), las cantidades de los rubros de inversión no coinciden con el total anunciado de 3 mil 340 millones de pesos.

Así están los datos de la información gubernamental:

1. “Seguridad, 1,800 millones de pesos (mdp). 2. Urbanización, 740 mdp. 3.  Educación, 339 mdp. 4. Vivienda, 283 mdp. 5. Agua potable, 73.2 mdp. 6. Medio ambiente, 6.9 mdp. 7. Infraestructura deportiva, 4.3 mdp. 8. Edificios públicos, 4.9 mdp. 9. Edificios, 36.9 mdp”.

Los nueve rubros anteriores suman en conjunto 3 mil 288.2 millones de pesos.

Para llegar al total anunciado falta la cantidad de 52 millones de pesos.

El Secretario de Obras Públicas podría aclarar este punto, así como informar de dónde provendrán los recursos para este ambicioso Plan de Infraestructura, con excepción de los que corresponden a seguridad –un monto de 1,800 millones de pesos- que se obtendrán del crédito de “Yucatán Seguro”.

Museo Mundo Maya. Según afirmación del Ejecutivo del estado, en la presentación del Plan de Infraestructura, con la modificación del contrato original del Museo del Mundo Maya, “vamos a ahorrar 500 millones de pesos en pago del inmueble y, durante todo el lapso del convenio, se habla de un ahorro de más de 2,500 millones de pesos”.

Antes, el Ejecutivo y sus voceros habían reiterado, casi hasta el cansancio y sin detalles, que con su iniciativa, esperarían un supuesto “ahorro” por la cantidad de 1,500 millones de pesos.

Otra danza de cifras gubernamentales.

Eficiencia recaudatoria 2018. En la Cuenta Pública 2018, de acuerdo con el “Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal” de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, se consignó la “eficiencia recaudatoria de los Ingresos Totales del Gobierno del Estado” (en miles de pesos)

– Presupuestado: 40,813,192.87. 

– Recaudado: 42,183,925.65. 

“Vicegobernadora”. En la nota de Rosa Santana, “Diputados de Yucatán piden cuentas tras fiasco con “influencers”, en portal de Proceso (30 septiembre 2020):

– “La publirrelacionista Michelle Friedman, a quien peyorativamente se le señala como la “vicegobernadora”, es la funcionaria más cuestionada de la actual administración estatal, por la opacidad con que ha conducido la dependencia y por el derroche de recursos que se le atribuye”.

Juicio a los “ex”. La nueva pregunta que absolverá una consulta popular, y que fue calificada por el diario Reforma (2 octubre 2020), como “trabalenguas”:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El cuestionamiento del alto tribunal constitucional sugiere, prima facie, otras preguntas:

– ¿Cuáles son “las acciones pertinentes y quién las “llevará a cabo”? ¿Qué es un “proceso de esclarecimiento”? ¿Cuáles serían esas “decisiones políticas”? ¿Cuántos “años pasados” se deben considerar? ¿Quiénes son los “actores políticos”?

2 de octubre. No se olvida.

Ad litteram. En la Revista de Revistas del periódico Excélsior de fecha 13 de octubre de 1912:

– “Las mujeres que en espera de un buen partido llegan a los 24 años sin encontrarlo, se exponen a obrar como los sacerdotes, quienes recogen las limosnas en los templos y que al primer movimiento que observan en la persona, le presentan la bandeja”.

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