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Editorial

¿Cómo va Yucatán en progreso social?

José Miguel García Vales

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Semanas atrás en esta columna, reporté los resultados del Social Progress Index 2019, en el que se medía el progreso social de los países. Conforme  a ese índice, México obtuvo una calificación de 71.51, que lo colocó en la posición 55 entre 149 naciones, lo que representa un nivel medio alto de progreso. En 2014 ocupaba la posición número 54 con una calificación global de 66.41. En 2017 alcanzó la posición 48 con una calificaciónn de 71.93. Con vaivenes, se puede concluir que México ha mejorado en ciertos indicadores, pero otros países los hacen aún mejor.

Ahora bien, los resultados nacionales son producto de los esfuerzos que se hacen en niveles locales. Y no sólo eso, conocer cómo se comporta cada estado en los indicadores que componen este índice, podría servir para enfocar políticas públicas específicas que ayuden a mejorar en los ámbitos que contribuyen integralmente a elevar la calidad de vida.

Recordemos que el Social Progress Index se compone de tres grandes dimensiones: 1) necesidades básicas, 2) fundamentos del bienestar y 3) oportunidades. De ahí se desprenden 12 indicadores. Este índice fue replicado estatalmente por México ¿cómo vamos?, en alianza con la organización Social Progress Imperative, con el objetivo de contar con una herramienta de diagnóstico en cada uno de las 32 entidades del país (https://mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=1354) Sigue los mismos principios, fuentes y metodología, que permiten la comparación de los resultados. Otros 40 países ya cuentan con esta medición a nivel subnacional.

Entre los resultados generales, se destaca que 7 estados se ubican en la categoría de progreso alto, entre ellos Yucatán, 21 se considera tienen un progreso medio alto – el promedio del país, y 4 caen en la categoría de progreso medio bajo. Con una intención comparativa, los tres primeros estados con el índice más alto, Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes, tendrían niveles de progreso similares a Hungría, Uruguay y Bulgaria, mientras que los tres estados con menor índice, Chiapas, Oaxaca y Guerrero serían similares a Filipinas.

Uno de los argumentos que justifican este índice respaldado por INCAE Business School, Deloitte o el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, es que hay que medir más allá del PIB. Sin embargo, el componente económico incide en el desarrollo social, aunque como concluye el estudio, “no siempre es aprovechado de la mejor forma”. Por ejemplo, Coahuila es el quinto estado del país en PIB per cápita, pero cae hasta la posición 22 en el índice de progreso social. Caso contrario sería Yucatán, que si bien es el estado 19 por su PIB per cápita, es el sexto estado en el índice de progreso social, incluso por encima de la Ciudad de México.

La sistematización de los resultados permite observar en qué destaca Yucatán, dónde tiene un comportamiento regular y cuáles son sus aéreas de preocupación. Cabe subrayar que la mayoría de los indicadores están
construidos con datos correspondientes a 2016 y 2017, salvo informalidad laboral que corresponde al segundo trimestre de 2019.

En la dimensión de Necesidades Humanas Básicas, Yucatán ocupa el lugar 8 a nivel nacional, en buena medida por el indicador de seguridad. En cambio en agua y saneamiento, así como nutrición y cuidados médicos básicos, tiene calificaciones promedio de 12 y 13. No obstante, en vivienda aparece en los últimos lugares, el 28 específicamente. Con mayor especificación, donde más falla es en mortalidad por enfermedades infecciosas, viviendas con pereces de material frágil, hacinamiento y muertes de accidente de tráfico, en donde ocupamos el penoso lugar 31 de 32.

En Fundamentos del Bienestar, Yucatán baja a la posición 12. Al desgranar esta dimensión, nuestro estado logra ocupar la primera posición del país, a pesar de que los indicadores enterrar o quemar basura y la tasa de deforestación nos lleva al lugar 28 en ambos vasos. En cambio satisfacción con áreas verdes y uso de focos ahorradores nos tienen en el lugar 1. En el componente acceso a la información y comunicaciones Yucatán está en la posición 15 a nivel nacional. Las peores calificaciones del estado son en Acceso a conocimientos básicos, en el lugar 26, así como Salud y Bienestar en el 30. Los focos rojos son analfabetismo, paridad de género en educación secundaria, tasa de suicidios y tasa de obesidad.

Finalmente, en la dimensión Oportunidades, Yucatán asciende al lugar 5 entre los estados del país. Es el primer lugar en Derechos personales, gracias a la alta participación electoral, pero en tiempo para cumplir contratos o para registrar una propiedad cae al lugar 20. De acuerdo al índice, Yucatán es el lugar 11 en acceso a educación superior, lugar 12 en inclusión, con una calificación reprobatoria de 48.20, la más baja de todas las que recibe por componente (aquí se mide la confianza en vecinos, inclusión de población gay, indígena y con discapacidad); el componente libertad personal y de elección, Yucatán es el lugar 16 nacional. En este último, Yucatán es el lugar 21, 22 y 24, por informalidad laboral, violencia contra las mujeres y tiempo de traslado (con un indicador que mide la población que tarda menos de dos horas en trasladarse de un punto a otro).

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En términos generales, lo que a Yucatán lo tiene en una posición positiva es la seguridad pública, ciertos aspectos medioambientales y la participación electoral. Con calificaciones medias los servicios básicos, la matrícula universitaria o las telecomunicaciones. Y las mayores problemáticas se localizan en salud, movilidad, inclusión social y violencia contra las mujeres.

Un dato

Este Índice de Progreso Social para los estados de México, elaborado por México ¿cómo vamos? debería ser una herramienta básica para analizar la orientación del presupuesto estatal para el año 2020, que a ascendería a 42 mil 185 millones, y comprobar si el dinero público se invertirá dónde y cómo se necesita.

La política en Yucatán

Introspección histórica: la prensa, trinchera fundamental de la lucha por el poder

Mario Alejandro Valdez

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En días recientes, la prensa escrita de Yucatán vivió un momento de gran significación, al producirse el fallecimiento del periodista Carlos Menéndez Navarrete, quien fuera Director General de El Diario de Yucatán, uno de los rotativos más importantes, longevos e influyentes de la historia editorial de nuestro Estado. Este lamentable hecho ocurrió contemporáneamente al desarrollo de un auténtico terremoto en el periódico Por Esto!, el cual, durante las últimas tres décadas le disputó a El Diario de Yucatán el liderazgo entre los medios impresos de la entidad. El proceso en Por Esto! ha incluido la separación de prácticamente toda su plana mayor de editorialistas, editores y reporteros, así como un notable cambio en la línea editorial, que repentinamente ha abandonado las posturas progresistas para defender posiciones moderadas e incluso conservadoras. Cabe hacer notar que el Por Esto! es propiedad de otra rama de la misma familia Menéndez de El Diario de Yucatán, siendo ambas derivaciones procedentes del también periodista Carlos Ricardo Menéndez González, con una trayectoria que inició en las últimas décadas del siglo XIX.

Los rotativos de la familia Menéndez han protagonizado, entonces, la historia periodística de Yucatán durante los últimos 130 años, desde que don Carlos Ricardo Menéndez empezó a trabajar en La Revista de Mérida, antecedente de El Diario de Yucatán, como redactor. Con el tiempo, y merced a sus vínculos con algunas de las familias más poderosas del Yucatán porfirista, Menéndez González se convirtió en Director y propietario de La Revista de Mérida, que al desaparecer fue sucedida por La Revista de Yucatán y, finalmente, por El Diario de Yucatán, nombre que ha conservado hasta la actualidad, manteniendo sus alianzas con la oligarquía, los partidos políticos conservadores y la Iglesia Católica. Si bien desde hace una década la empresa pasó a ser parte de un conglomerado mediático español, Menéndez Navarrete mantuvo sus posiciones y sus relaciones a nivel local, con lo que la identidad conservadora del periódico se ha mantenido también. En contraparte, el diario Por Esto!, que mostró durante décadas un firme compromiso con las posiciones de izquierda, se ha desdibujado, como señalamos líneas arriba, en el curso de una crisis iniciada hace pocos meses y cuyo rumbo es difícil de pronosticar. De cualquier manera, la muerte de Menéndez Navarrete y el proceso que vive el Por Esto!, propiedad de su primo, Mario Renato Menéndez Rodríguez, parecen marcar el fin de una larga era en la vida periodística de Yucatán.

Pero esta historia se remonta mucho más atrás, hasta los principios del siglo XIX, cuando la familia López Constante importó desde La Habana la primera imprenta que hubo en Yucatán. Ocurrió justo en 1813, en el marco de la promulgación de la Constitución liberal de Cádiz, que estableció, precisamente, la libertad de imprenta en todo el imperio español. Los López Constante trajeron la imprenta muy probablemente tras considerar las ventajas económicas que la nueva industria podría representar, pero rápidamente los grupos políticos beligerantes en aquella coyuntura aprovecharon la nueva tribuna para proclamar sus ideas. Así, vieron la luz pública, entre otros, los importantes periódicos El Aristarco Universal, El Misceláneo y Clamores de la fidelidad americana contra la opresión, que defendieron las ideas liberales de igualdad legal, representatividad política y libertad comercial, y El Sabatino, que proclamó la defensa del Antiguo Régimen, es decir, el respeto a los privilegios, el gobierno monárquico y el régimen colonial. Entre los liberales destacaron por su talento y valor José Matías Quintana –padre de Andrés Quintana Roo- y Lorenzo de Zavala; entre los conservadores brillaron por lo filoso de su pluma los sacerdotes españoles Manuel Pacheco y Francisco de Paula Villegas.

Como ocurre muchas veces en la lucha política, los conservadores, vencedores de las primeras batallas, terminaron por perder significación; en tanto que los liberales, que incluso padecieron prisión y amenaza de perder la vida, llegaron al poder y establecieron condiciones en la posteridad. Mientras que Pacheco y Villegas han sido olvidados, e incluso salieron de Yucatán al final del dominio español, Zavala tuvo una brillante trayectoria política, que lo llevó a ser diputado, gobernador, ministro y embajador en México, y vicepresidente y fundador de la efímera república de Texas, en tanto que Quintana fue regidor, diputado local y diputado nacional en varias ocasiones. El liberalismo terminó triunfando plenamente en aquella coyuntura, aunque a la larga entró en conflictos internos, distorsiones y luchas personalistas, que escapan al interés de esta introspección.

Lo cierto es que desde aquellas primeras batallas, en los albores de la vida independiente y de la política moderna en Yucatán, la prensa ha jugado un papel fundamental. En esta primera etapa, a principios del siglo XIX, fueron directamente los actores políticos los que se involucraron en la contienda de todas las maneras posibles: financiando las ediciones, escribiendo los artículos y colaboraciones, redactando las notas procedentes de otros lugares. Poco a poco fue germinando en una actividad profesional, en la que los periodistas, sin dejar de tomar partido y defender sus intereses políticos, económicos y sociales, construyeron una auténtica industria, incidiendo así en el devenir de nuestra historia, tal como veremos en nuestra próxima colaboración.   

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Editorial

La pandemia del hambre

Frei Betto

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En abril, el Banco Mundial preveía que la contracción de la economía brasileña en 2020 sería del 5% del PIB. Ahora, en junio, la predicción es de un 8% a un 10%. Y el gobierno esperaba un crecimiento del 2%.

 Como la pandemia afecta principalmente a los trabajadores autónomos e informales que, para sobrevivir, no pueden quedarse confinados en sus casas, se prevé que el número de brasileños en situación de pobreza aumentará este año de 41,8 millones (2019) a 48,8 millones de personas, lo que equivale al 23% de la población.

Se considera pobres a todos los que sobreviven con ingresos diarios inferiores a 27,5 reales o mensuales inferiores a 825 reales. Este año serán 7 millones más de brasileños. El auxilio de emergencia alivió un poco el drama social. Pero, ¿hasta cuándo?

Una investigación realizada por la empresa Plano CDE, que analiza la vida y el consumo de las clases C, D y E, indica que entre marzo y abril de este año, de los 58 millones de brasileños de las clases D y E (con ingresos mensuales de hasta 500 reales) 51 millones vieron sus entradas reducidas a la mitad o menos. Y de los 100 millones de la clase C (con ingresos mensuales entre 500 y 2 000 reales), 29% sufrieron igual pérdida.

 De las familias brasileñas, el 70% con ingresos mensuales inferiores a 3 135 reales dependen de ciclos económicos favorables para alimentarse y pagar las cuentas. Con la Covid-19, todo indica que este año esas familias quedarán sumamente endeudadas. En abril, el aumento de las deudas en la clase C fue del 36%, y en las clases D y E, del 47%.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), entre 2009 y 2019, el número de favelas creció un 107,7%. Hoy suman 13 151 en 734 municipios, y en ellas viven 5,1 millones de personas. Con la caída del 10% del PIB en este año, debido a la pandemia, esa situación tiende a empeorar, a menos que se apruebe un programa de ingresos mínimos para cada familia que habite en una favela.

Brasil cuenta hoy con 28,5 millones de personas desempleadas. El dato fue divulgado por el IBGE el 16 de junio. De ese total, 17,7 millones declararon que no podían buscar empleo debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

La América Latina y el Caribe albergan el 8,5% de la población mundial. Entre 2000 y 2020, el hambre se redujo casi a la mitad en los 33 países de la región. De 73 millones de hambrientos se pasó a 38 millones, según la FAO. Ello ocurrió gracias a los gobiernos progresistas, que implementaron políticas sociales, programas de alimentación escolar y medidas de apoyo a la agricultura familiar.

 Pero se inició un retroceso a partir de 2015, el mismo año del lanzamiento de la Agenda 2030 de la ONU, cuyo Objetivo de Desarrollo Sustentable es “hambre cero”. El número de personas que viven con inseguridad alimentaria en la América Latina y el Caribe alcanzó los 43 millones en 2018. Para 2020, la CEPAL prevé un aumento de 16 millones en situación de pobreza extrema. Esa realidad se ve retratada por el código de las Banderas Blancas, adoptado ahora en varios países, entre ellos Perú, Honduras, Guatemala y El Salvador: la familia desprovista de todo alimento coloca frente a su casa una tela blanca como señal de que necesita un socorro alimentario urgente.

En el Continente no faltan alimentos. Falta justicia. Hoy, 84 millones de niños en la América Latina y el Caribe dependen de la escuela para tener acceso a una buena alimentación. De ellos, 10 millones sólo ingieren una comida mínimamente nutritiva al recibir la merienda escolar. Ahora el virus los excluye de la escuela y los acerca al hambre.

La CEPAL y la OIT calculan que la Covid-19 dará por resultado 300 millones más de pobres en la región, de los cuales 83 millones estarán en situación de pobreza extrema. El PIB del Continente debe decrecer un 5%. Ello se debe a la paralización de los mercados internos, la disminución del flujo de las cadenas globales, la caída de los precios de las materias primas y la interrupción del trabajo informal de los migrantes. La crisis elevará la tasa de desempleo al 11,5%, lo que significa 12 millones de nuevos desocupados. Actualmente son 25 millones. A finales del año serán 37 millones.

Hoy, de los 292 millones de trabajadores de la América Latina y el Caribe, 158 operan en la informalidad. En los jóvenes entre 15 y 24 años, el índice llega a 62,4%. La pandemia ha provocado la pérdida del 80% de los ingresos de los trabajadores informales. En el mundo, del 60%.

 Los gobiernos latinoamericanos y caribeños sólo destinan el 0,7% del PIB a las poblaciones más vulnerables. Como mínimo, debería ser el 3,4% para garantizar la sobrevivencia de 214 millones de personas que ingresarán en las filas de la pobreza en lo que resta del año. Los países más afectados serán Brasil, Argentina, México, Ecuador y Nicaragua.

 Según la OIT, este gran lockdown arrojó, en todo el mundo, a 2 mil 700 millones de personas al desempleo o la informalidad. En el nivel global, el Banco Mundial calcula que la crisis de la Covid-19 puede sumar a 70 millones de personas a los 632 millones que sobreviven hoy en la pobreza extrema, o sea, personas con ingresos diarios inferiores a 9, 50 reales o mensuales inferiores a 285. El PIB planetario sufrirá una reducción del 5,2% en 2020. Será la peor recesión en ocho décadas.

En el mundo, puede aumentar en 250 millones el número de personas con inseguridad alimentaria. Más de 30 países están amenazados por la pandemia del hambre. El Informe Global 2020 sobre Crisis Alimentarias, de la ONU, revela que existen 318 millones de personas en 55 países con inseguridad alimentaria aguda. Muchas tienen qué comer, pero no la cantidad diaria suficiente de calorías que se requiere. Si tenemos en cuenta la ingestión calórica, el número aumenta a 2 mil 500 millones de personas subalimentadas. Agravadas por la Covid-19, perduran las causas del hambre: conflictos armados, condiciones climáticas extremas (desequilibrio ambiental), dificultades de acceso a la tierra y al empleo, y turbulencias económicas.

El reverendo británico Thomas Malthus se engañó al prever, en 1789, que en los siglos venideros la producción de alimentos crecería aritméticamente (1-2-3-4) y la población geométricamente (1-2-4-8). Habría más bocas que pan. Cuando lo declaró, el mundo tenía mil millones de habitantes. Hoy somos casi 8 mil millones y sobran alimentos, suficientes para saciar al menos a 12 mil millones de seres humanos. Por tanto, lo que falta es compartirlos. El hambre perdura porque hay muchas familias sin tierra y muchas tierras en manos de pocas familias.

Miles de millones de familias no tienen recursos para comprar comida, que ha dejado de tener valor de uso y pasado, con el capitalismo, a tener valor de cambio. Esa mercantilización del bien más esencial para nuestra sobrevivencia biológica es un crimen horrendo. Los agricultores ya no pueden llevar sus productos al mercado para venderlos. Deben entregarlos a un intermediario que los revende al sistema que los procesa, transporta, envasa y distribuye a los puntos de venta.

Hoy son los bancos, las multinacionales y los fondos de pensiones los que dominan el mercado de los alimentos y promueven especulaciones mediante derivativos de commodities. Cuando se produce una interrupción en esa cadena, los agricultores se ven obligados a quemar o enterrar los productos. Un crimen de lesa humanidad practicado en honor al dios Capital.

Frei Betto es asesor de la FAO en el tema de soberanía alimentaria y educación nutricional, y autor, entre otros libros, de O marxismo ainda é útil? (Cortez).

 www.freibetto.org/>    twitter:@freibetto.

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El pasado nos alcanzó

La irresponsabilidad mata

Ricardo Maldonado Arroyo-

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La frase que sirve de título al presente texto es lema de una campaña del Gobierno del Estado de Yucatán relacionada con el Covid-19. Apareció en espectaculares de varios puntos de la ciudad, acompañada de imágenes de personas hospitalizadas con mensajes como “¿ya no aguantabas el encierro?”, “¿tantas ganas tenías de ir a la playa?”, “¿disfrutaste esa fiesta con amigos?”. En un principio consideré desafortunado que gastaran nuestros impuestos en una estrategia de comunicación cuyo objetivo es echar más leña al fuego en una sociedad polarizada, temerosa y en duelo, y que tampoco proporciona información valiosa para prevenir el Covid-19.

Sin embargo, tras reflexionar con detenimiento, me inclino a pensar que quizá el lema describe muy bien las decisiones tomadas por el Gobierno del Estado en los últimos meses de confinamiento. Esta es mi lectura:

La irresponsabilidad mata porque ciega ante las condicionantes socioeconómicas que impiden protegerse de los contagios. Para diseñar estrategias contra la pandemia, no bastaba con reunir a secretarias y secretarios de gobierno, encumbrados líderes de cámaras empresariales o la crema y nata de la política local. Era necesario que aquellas reflejaran la voz de obreros, amas de casa, pequeños comerciantes, albañiles, carniceros, trabajadoras domésticas, secretarias, entre otros miembros de una clase trabajadora cuya realidad es sensiblemente diferente a la de quienes están tomando decisiones. Hay consecuencias prácticas de tales decisiones que cualquier usuario(a) de transporte público con jornada completa de trabajo pudo prever. Es ahora, no sólo durante las campañas políticas, que es preciso recoger sus inquietudes.

La irresponsabilidad mata porque antepone intereses empresariales y políticos a la salud de la clase trabajadora. La insistencia en reportar disponibilidad en hospitales donde el personal de salud llevaba semanas clamando auxilio, sacó a flote los intereses que prevalecen en Palacio. El Gobierno del Estado montó un teatro mediático para anunciar la habilitación del Centro de Convenciones Siglo XXI como hospital temporal, pero omitiendo que no contaba con personal de salud. ¿De qué sirven las camillas y los ventiladores sin profesionales que atiendan? La escenografía se cayó con las contradicciones entre los semáforos del gobierno federal y local, hasta que el Gobernador admitió que los hospitales estaban saturados. En medio de la polémica, grandes empresarios aprovecharon el semáforo naranja para reactivar la producción y los servicios que les generan ganancias, sin garantizar condiciones óptimas para los trabajadores.

La irresponsabilidad mata cuando fomenta la perversa clasificación de personas en responsables e irresponsables, buenas y malas, conscientes e inconscientes. Esta visión reduccionista del Covid-19 ignora deliberadamente que nadie desea “matar” a sus seres queridos ni hay forma de saber la circunstancia exacta en que se dio el contagio. La sociedad yucateca está herida y los próximos años seguirá llorando a sus muertos. ¿Qué pensarán los familiares de las personas fallecidas cuando vean esos espectaculares? ¿Cómo se sentirán quienes visitaron a familiares o amistades, por razones que no podemos juzgar sin conocer sus motivaciones? ¿Qué sentirá la persona que estuvo encerrada a piedra y lodo y, sin embargo, fue hospitalizada de gravedad? ¿Desea el Gobierno del Estado añadir encono y remordimiento a un proceso de enfermedad que de por sí es confuso y trágico? ¿Se le habrá olvidado su otro lema: “unidos como uno solo”?

Ni sociedad civil ni gobierno causaron esta pandemia; además, nuestra respuesta es un complejo entramado de acciones individuales y colectivas. Por tanto, al Gobierno del Estado no le corresponde erigirse en juez de las primeras, sino en líder de las segundas. Es honesto admitir que ha tomado decisiones sensatas, como suspender clases o entregar despensas y apoyos económicos a personas desempleadas, pero se opacan con su displicencia ante las condiciones en que vive la mayor parte de la sociedad yucateca que, definitivamente, no se encuentra en playas ni fiestas con amigos. Estoy de acuerdo, sembrar discordia en medio de una crisis sanitaria global es irresponsable.

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