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Editorial

La saludable y democrática distinción entre las oposiciones

Inti Torres Villegas

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Foto de Julián Durán Bojórquez

Preguntarse cuál es la agenda de la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pareciera hoy un cuestionamiento rebuscado, toda vez que al correr de la administración ha sido el propio presidente quien ha fijado los temas públicos del país, acaparando así (casi) todos los reflectores, como bien señaló hace unas semanas Viridiana Ríos en un imperdible artículo.

Por un lado, la oposición institucionalizada ha cometido el error de continuar con la anacrónica estrategia de la política en México, fundada en la máxima de que el fondo es forma. Si bien, participa del debate público, abordando temas que son de relevancia, lo hace desde una perspectiva frívola que le apuesta perezosamente al error ajeno en lugar de construir una narrativa propia que sea empática con la realidad del país.

Paralelamente, las movilizaciones de la elite ciudadana inconforme con la administración federal, han resultado incluso contraproducentes para sus fines, no sólo por su escaza representatividad, sino también en lo desproporcionado de sus planteamientos centrales. Vamos, no hay elementos concretos que hagan suponer que -por ejemplo- México este en camino a convertirse en una dictadura comunista, como advierten las y los asistentes a las caravanas vehiculares.

En estas -por momentos caricaturescas- oposiciones es en las que enfoca sus respuestas el presidente, quien encuentra algo de comodidad en esta confrontación discursiva que más que un contraste de argumentos, pareciera un concurso de ingenio en el abordaje de los temas contingentes. Esto, ha implicado cierto desdén a otras voces disidentes de las acciones y las posturas que desde Palacio Nacional se plantean. Algo de soberbia se advierte en la trampa semántica de referirse como crítica y no como oposición al conglomerado de movimientos populares contrarios a los actos u omisiones gubernamentales. En lo que va de la administración se han destacado, al menos en la palestra pública, tres de ellos.

Por un lado, el movimiento feminista ha tomado las calles del país demandando no sólo justicia para casos específicos, sino también el establecimiento de una agenda integral que garantice condiciones equitativas de vida para las mujeres y el acceso de estas a una vida libre de violencia. Aunque hay que reconocer que ha habido gestos destacables en la materia dentro del gabinete de López Obrador, él mismo ha mantenido una actitud algo esquiva y un tanto cínica ante el tema.

Adicionalmente, como respuesta a los emblemáticos megaproyectos de esta administración, se han revitalizado diversas movilizaciones territoriales, mismas que, además de exponer las consecuencias socioambientales de la construcción de la refinería de Dos Bocas o del Tren Maya -aludiendo a los ejemplos más destacados- cuestionan la visión economicista de desarrollo del gobierno federal. Los planteamientos de quienes se oponen a estos proyectos han puesto sobre la mesa la discusión de importantes temas de fondo para algunas regiones del país. La autonomía de los pueblos indígenas, el derecho de estos a consultas vinculantes y la transición progresiva a las energías limpias, por citar algunos.

Asimismo, el presidente ha encontrado una férrea resistencia en las y los afectados por sus políticas de austeridad, llámense estos beneficiarios o trabajadores de los programas, fidecomisos e instituciones que han visto seriamente mermado su presupuesto. No se niega la importancia de la revisión del ejercicio presupuestario, sino que se apunta a plantear estos recortes de forma estratégica y no en desmedro de los objetivos de las instituciones públicas, ni en el de la dignidad de la gente. En otras palabras, se plantea que para equilibrar el presupuesto público se necesitan bisturís y no machetes.

A todo lo anterior, se suman también los mediáticos desacuerdos que desde dentro del mismo gabinete se han sucedido, los cuales, al paso del tiempo, han quedado más el terreno de lo anecdótico que en el de la rectificación.

El desdén discursivo a estas disidencias se funda quizás en uno de los vicios de la autoridad en México, el cual consiste en evaluar a los adversarios cuantitativa y no cualitativamente. Esta administración asume que la falta de institucionalidad de los movimientos arriba enumerados, no le constituye una amenaza real en la disputa del poder. En México, ese juego no es para cualquiera, en parte porque el aparataje jurídico impone una serie de candados normativos que entorpecen las posibilidades de incidencia ciudadana.

El desafío pareciera obvio, pero no lo es tanto. La historia de la institucionalización de los movimientos sociales en México ha sido la de la cooptación partidista y la de la precipitación hacia los vicios del poder, incluso en la carrera rumbo al mismo. De hecho, hoy en día la desestructura aporta mucha más legitimidad popular que la práctica orgánica.

Todo esto, releva la necesidad de replantear las dinámicas de participación política, orientándolas al empoderamiento ciudadano y hacia el menoscabo de las múltiples potestades de las que hoy gozan los partidos políticos. No hay que confundirse, no se trata de llevar a los ciudadanos al poder, sino de atraer el poder hacia la ciudadanía. La tarea se hace compleja en un contexto tan plural y extenso como lo es México. La coyuntura tampoco pareciera la ideal, tomando en cuenta el escenario prolongado de pandemia y la buena salud política de la que todavía goza el régimen.

Al parecer, a los movimientos sociales contrarios al régimen les toca seguir construyendo pacientemente desde lo local e ir articulándose entre sí para -de a poco- constituir una verdadera y saludable oposición popular a ciertas políticas de la actual administración.

Un gobierno que llegó al poder con tal magnitud de participación electoral, requiere de una oposición a la altura y de un debate público que abandone su obsesión por las formas y se ocupe de discutir y generar los cambios de fondo que el país requiere. Entonces sí, podremos hablar de una verdadera transición democrática en México.

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A propósito de…

¿A quién deben investigar primero?

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito de las propuestas de consulta popular para manifestar el deseo de muchos mexicanos de que alguno o todos los que vivieron en  Los Pinos durante los pasados 30 años enfrenten las consecuencias judiciales por el daño que causaron al país, no puedo evitar reconocer que tengo mi candidato favorito.

A finales de agosto, un grupo independiente de ciudadanos, empezó a recabar firmas para solicitar una consulta pública con intención de someter a juicio a los ex presidentes. Luego de arduas jornadas y la participación de diversas organizaciones sociales y voluntarios, el 15 de septiembre entregaron al Senado de la República los folios con 2 y medio millones de firmas. El requisito es de un millón 800 mil.

Con la pregunta: “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?, la iniciativa de los jóvenes guerrerenses: Omar García,  sobreviviente de Ayotzinapa, y Ariadna Sánchez, estudiante desplazada  por la violencia, cumplió en tiempo y forma.

Si bien no se requeriría de una consulta para que se lleve a juicio a quien  haya violado las leyes, el hecho de que 2 y medio millones de ciudadanos estén dispuestos a participar formalmente con su firma y el registro de sus datos, implica un ejercicio participativo de gran importancia y le otorga fuerza a la propuesta.

El propósito es que se investigue y, en su caso, se juzgue a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Falta que el Instituto Nacional Electoral certifique la autenticidad de las firmas, en un plazo de 30 días, y de ser así, envíe la pregunta a la Suprema Corte de Justicia para que determine su constitucionalidad.

Está también la que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Suprema Corte para el mismo procedimiento: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto?

Una encuesta del periódico El Universal arrojó que 9 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con enjuiciar a estos cinco ciudadanos en rangos que van del 82 al 89 por ciento, en el siguiente orden: Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa.

Si de pedir se trata, no dejaría a alguno de ellos sin investigar, pero como señalé al principio de esta columna, tengo mi candidato favorito. Daré algunas pistas, para realizar un retrato hablado: no es alto, lo cual deja sólo a 4,si además digo que no tiene copete, ya sólo quedan 3, usa lentes, la lista se reduce a dos, no tiene bigote, sería el último dato.

Tal vez las características físicas sean indicios insuficientes. Se requerirían datos específicos de su quehacer sexenal. Si digo que incurrió en actos de corrupción, no aporto elementos de diferenciación. Si hablo de que entregó el país a particulares y extranjeros, tampoco. Si señalo que traicionó a los mexicanos, seguiremos en las mismas. Podría empezar diciendo que incurrió en fraude electoral, con lo que la lista se reduce muy poco.

 ¡Ah, ya sé! Un rasgo único de aquel que me parece digno de encabezar el catálogo: durante su sexenio el territorio nacional quedó convertido en un camposanto. Tiene la doble ventaja de que en Estados Unidos ya iniciaron la pesquisa sobre su más cercano colaborador. ¿Y tú, ya tienes un favorito?

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Editorial

Elecciones internas en MORENA: desgastante camino de volver al mismo sitio

Inti Torres Villegas

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Después de varias semanas de incertidumbre, el Instituto Nacional Electoral (INE) redefinió nuevamente el mecanismo para la renovación dirigencial de Morena, alcanzando lo que parece ser-ahora si-su versión definitiva. Este proceso ha resultado tan agotador como rocambolesco y se ha dilatado por más de dos años, producto de distintas pugnas al interior del partido. La contienda, desarrollada a través de una serie de encuestas, permitirá definir a quienes ocuparan la presidencia y la secretaria general del partido respectivamente. Cabe destacar, como detalle anecdótico, que son al menos 120 personas quienes se han interesado o inscrito para participar en la elección.

A pesar de esto, son apenas un puñado los nombres que parecieran tener posibilidad de ocupar los cargos en disputa. Para la presidencia suenan: Mario Delgado, Gibran Ramírez y Porfirio Muñoz Ledo. Mientras que, para la secretaria general: Antonio Attolini, Citlalli Hernández y Yeidckol Polevnsky. Todas y todos coincidentes en la urgencia de dinamizar y fortalecer las bases de un partido al que califican-atinadamente-como caótico. Todas y todos, enfrentados (radicalmente) en la visión del cómo hacerlo.

Quizá con excepción de Muñoz Ledo-quien se asume al mismo nivel histórico del presidente-las y los aspirantes se han envuelto narrativamente en la defensa del Obradorismo, como han definido en su conjunto a la serie de principios discursivos que acompañaron durante tres campañas presidenciales al ahora titular del ejecutivo. Lo anterior, se explica en la intención de dejarse arrastrar por la popularidad de la que aún goza el presidente entre su núcleo de votantes. El problema es que en el largo plazo, las palabras no pueden sostenerse exclusivamente en su simbolismo, requiriendo de propuestas coherentes de concreción. En ese sentido, el Obradorismo, no tiene en sí todos los elementos de una corriente política y por momentos pareciera más una estrategia politiquera plagada de slogans y lugares comunes. Planteamientos como “primero los pobres”, “que el pueblo decida” y “hay que desterrar la corrupción”, han palidecido progresivamente convertidas ya en premisas de la administración del estado, no sólo por la natural complejidad que la tarea de su cumplimiento implica, sino también porque nunca existió una estrategia clara que los sostuviera, dando paso a las sistemáticas y pragmáticas decisiones políticas de centralizar el poder y las atribuciones del mismo. Más o menos lo que pasaba en Morena cuando López Obrador lo dirigía.

Poco contribuye a la democracia en el país que quienes aspiran a ocupar un puesto directivo en el partido que ostenta el poder, se plieguen de forma ortodoxa a los dichos y-peor aún-a las acciones del presidente, sin el menor ápice de crítica. Particularmente, cuando estas han contradicho algunas de sus propuestas de campaña, lo que ha significado en lo práctico la mantención de posiciones cuestionables en el ejercicio de la autoridad. Mas que un partido de voces e ideas verdaderamente renovadoras, MORENA parece estar destinado a convertirse en un santuario monosemico de culto político para López Obrador. Al menos, mientras este sea sinónimo de redito electoral.

Si bien, es imposible negar la trascendencia que el jefe del ejecutivo ha tenido en la historia política del país, resulta un error de cálculo atribuirle la entera responsabilidad de la aplastante victoria electoral de 2018 y en las cifras de aprobación que aún mantiene. Estas, se sostienen más en el hartazgo que las y los ciudadanos tenían y tienen por las elites políticas y los partidos que hasta hace unos años ocupaban el poder. El triunfo de López Obrador no se posibilito por lo que propuso, sino gracias a lo se oponía. Quienes aspiran a dirigir MORENA, deberían asumir que el partido, en todo caso, le pertenece más a las y los ciudadanos inconformes que al propio presidente y que, en estricta coherencia, el mismo tendría que darle cabida a las autenticas inconformidades que el titular del ejecutivo ha ido sembrando a su paso. Nadie de las y los que hoy aspiran a cargos al interior del partido parece representarlas.

Por otro lado, es importante señalar que el éxito del voto duro de MORENA no es -tal y como se presume- el resultado exclusivo de un trabajo territorial sistemático, sino de haber heredado nichos y estructuras de votación clientelar principalmente del PRD y del PRI, con todo y sus cuestionables estructuras operativas. Lo anterior, evidencia que por sí mismos no son suficientes los fundamentos valóricos, ideológicos y políticos del que se dice ser un partido de izquierda, cuando en la práctica, electoral y de administración pública, se mantienen los vicios de la clase política en México. MORENA, hay que decirlo, se queda corto como la alternativa aglutinadora de la verdadera izquierda en el país, en parte porque opera (admitámoslo) bajo la lógica del sistema vertical y autoritario que dice estar cambiando.

El partido en el poder, contrario a una de sus premisas fundamentales, hoy pareciera existir únicamente para ejercer el poder mismo.

Quizá -cada uno a su muy particular estilo y desde su muy distinta posición- han sido Gibran Ramírez y Muñoz Ledo, quienes se han permitido ser críticos del presidente y sus decisiones. El primero, a lo mejor con más timidez, aprovechando su rol como intelectual mediático y el segundo, envalentonado por la fama (un tanto fundamentada) de ser el político en activo con mayor experiencia en el país. Ambos -por cierto- enfrentados en una guerra irreconciliable de descalificaciones. Según las encuestas preliminares, ninguno de ellos encabeza las preferencias para ser el próximo presidente de MORENA. Es el diputado Mario Delgado quien hasta ahora se perfila como el futuro titular de ese cargo.

Esto, pareciera ser una buena noticia para López Obrador, quien valora y aprovecha las lealtades incondicionales y acríticas, mucho más que a las figuras divergentes que pudieran hacerle frente al interior de su propio movimiento. No obstante, el titular del ejecutivo quizá tenga sobrecalentada la calculadora política, evaluando las consecuencias de una eventual ruptura con una figura del (cuestionable) peso político de Muñoz Ledo, si este llegase a perder la presidencia.

Mientas tanto, tomando en cuenta que seguramente la presidencia la ocupara un hombre y considerando los lineamientos de paridad de genero que obligan a que un hombre y una mujer ocupen simultáneamente los cargos de la presidencia y secretaria general del partido, Citlalli Hernández, que va en formula de facto con Muñoz Ledo, ocuparía este último. Este panorama, plantea a una presidencia y a una secretaria general no del todo armonizadas entre sí. Básicamente, lo que ocurre ahora mismo.

A reserva de los resultados, lo único de lo que los morenistas pueden tener certeza es que el resultado de esta elección poco abonara a la unidad y organización del partido, ni tampoco lo dotara de pluralidad y de verdadera representación popular. Lo mas seguro, termine exacerbando una lucha intestina que poco tiene que ver con esa entelequia a la que llaman Obradorismo, y si mucho con el ejercicio del poder.

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El pasado nos alcanzó

Torta de lechón con refresco de cola

Ricardo Maldonado Arroyo-

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El nuevo etiquetado a alimentos y bebidas no alcohólicas entrará en vigor el 1 de octubre próximo, derivado de la reforma a la NOM-051. Sin embargo, algunas empresas se han anticipado y ya colocaron etiquetas en sus productos que indican exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Al margen de que existen razones de peso para aplicar esta medida, es importante reflexionar por qué a la población mexicana y, particularmente, a la yucateca, nos representa un reto mayúsculo modificar nuestros hábitos alimenticios.

Desde el punto de vista nutricional, es impostergable la necesidad de orientar el cambio hacia el consumo de alimentos sanos. Esto no es novedad. El grueso de la población sabe que la ingesta de frutas, verduras, granos y carne, en las debidas proporciones, contribuye a mantener el cuerpo funcionando óptimamente. Niñas y niños aprenden en las escuelas públicas el “plato del buen comer”. También hay bastante claridad acerca de cuál es la llamada “comida chatarra”. Por si fuera poco, también, hay conciencia de que la nutrición debe complementarse con ejercicio.

¿Entonces qué hace falta para que ese conocimiento se traduzca en hábitos? El Subsecretario Hugo López-Gatell expuso con claridad, el pasado mes de julio, las razones económicas detrás de los elevados índices de sobrepeso y obesidad en el país. La falta de regulación del mercado favoreció el posicionamiento de productos industrializados y ultraprocesados en todos los rincones de México, en detrimento de los productos que sí aportan valor nutricional, muchos de ellos provenientes de un campo abandonado por el modelo económico. Para ejemplificarlo: es más fácil conseguir un refresco azucarado, o botanas con exceso de sodio, que un elote hervido o una bebida de fruta no industrializada.

El escritor David Kamp relata que, a principios de siglo XX, grandes empresas de alimentos emprendieron campañas en Estados Unidos resaltando las supuestas propiedades nutricionales de sus productos. Pese a que pronto las desenmascararon, la producción masiva y estandarizada de alimentos triunfó porque ofrecía formas prácticas de satisfacer la necesidad cotidiana de comer. La batalla entre salud y comida industrializada es añeja. Ahora bien, deseo añadir a las razones económicas, las culturales. Cabe preguntarnos si los hábitos de consumo que hoy nos afectan son resultado tanto de una lógica de mercado como de su incorporación a la vida cotidiana, como elementos simbólicos que se han vuelto imprescindibles en nuestras relaciones sociales. Preguntar en qué medida nuestro gusto está condicionado por la llamada “comida chatarra”.

A la practicidad de los cereales de caja o el pan blanco rebanado y empaquetado, se le han agregado atributos y significados asociados con el gusto. ¿Qué cosa suena más refrescante en un día de intenso calor que un conocido refresco de cola bien frío y, de ser posible, en botella de vidrio? ¿Cuántas veces se le ha visto como el acompañante perfecto de una torta de lechón? ¿Quién no ha departido con familiares y amistades en torno a una mesa con botanas y galletas industrializadas, eligiendo la de su mayor agrado? ¿O quién no ha refrigerado uno de los “pastelitos” que venden en las tiendas porque a baja temperatura saben mejor? ¿Qué sería del sandwichón sin todos los ingredientes industrializados que lo componen?

Consumir estos productos trasciende el mero acto mecánico de ingesta, los sitúa en contextos culturales donde socializamos su sabor hasta el grado de normalizarlo y exaltarlo. A veces, llegan a despertar nostalgia, como el recuerdo de infancia viendo televisión con un plato de cereal o las golosinas que las personas consumían en la escuela. Por tanto, es importante regular su venta, empezando por el etiquetado, pero deben considerarse otras medidas, cuyo impacto se verá a mediano plazo.

Aunque tenga exceso de sodio o azúcar, lo seguiré comiendo-, alegarán algunas personas. Antes de entrar a una polémica sin fin, hay que comprender que esta decisión, aparentemente individual, no es el acto de resistencia de un consumidor, está enmarcado en un entorno que obliga a pensar, sí, en un cambio en el mercado, pero también en uno cultural.

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