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Editorial

La tragedia de Chile y la urgente necesidad de desmantelar el neoliberalismo

Mario Alejandro Valdez

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La pandemia ha golpeado inmisericorde a todo el planeta, causando el peor desastre global en un siglo. El gigante chino lo ha resentido y apenas se va levantando; las grandes naciones europeas van terminando de contemplar y valorar las consecuencias del colapso; el imperio norteamericano está herido de muerte; nuestro querido México lamenta cada día la muerte de cientos. Pero la tragedia más grande, la más profunda y reveladora, la está viviendo el sufrido pueblo chileno, que ha despertado dramáticamente de su sueño de país en desarrollo para mostrarse desmadejado, demolido, con todas las mentiras neoliberales reveladas, cruelmente, de golpe y porrazo.

Regresemos, para comprender la magnitud del desplome del país austral, a septiembre de 1973, cuando, por órdenes de Richard Nixon, el presidente Salvador Allende fue derrocado por un sangriento golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet. Tras semanas de terror, en las que fueron asesinados miles de líderes políticos, dirigentes sindicales y figuras representativas de la izquierda chilena, llegó al país sudamericano un equipo de especialistas norteamericanos para reestructurar radicalmente  la economía chilena, destruyendo las empresas del Estado, los sindicatos, cooperativas y organizaciones sociales, para implantar, bajo la estricta bota militar, el sistema neoliberal. El propio Milton Friedman, el mediocre economista que por motivos políticos recibiría el premio nobel en 1976, acudió a Santiago a revisar el proceso, entrevistándose con el dictador. Con toda la clase trabajadora sometida a una brutal opresión, la concesión de millonarios créditos y una enorme inversión extranjera, a fines de la década de 1970 Chile comenzó a mostrar datos macroeconómicos favorables, y a recibir los mayores elogios del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, del gobierno de los Estados Unidos.

Pero el engaño no podía sostenerse por siempre, y las protestas populares contra la salvaje dictadura pinochetista y contra las draconianas medidas lesivas a la clase trabajadora comenzaron a escalar en la segunda mitad de la década de 1980. Con el inicio del derrumbe del socialismo en Europa, Washington consideró que podía hacer concesiones, y negoció con Pinochet una transición pacífica a la democracia burguesa. Y así fue: en aquel momento, estratégicamente, la izquierda chilena se concentró en acabar con la dictadura, propiciando gobiernos de coalición, con muy escasa capacidad de maniobra en aspectos estructurales. Incluso cuando alcanzó el triunfo con Bachelet en 2006 y 2014, la timidez de sus reformas y el uso de la represión contra el movimiento estudiantil terminaron por menoscabar su posición, permitiendo el triunfo de la derecha, en 2010 y 2018, respectivamente, con la investidura presidencial de Sebastián Piñera, un economista neoliberal radical, formado en Harvard, y que retomó las medidas neoliberales a plenitud.

Ni los primeros gobiernos de coalición, ni las gestiones moderadas de Bachelet, ni mucho menos las administraciones de Piñera, corrigieron el espeluznante rumbo del país hacia el desastre. Claro, como siempre ocurre en el neoliberalismo, los datos macroeconómicos eran positivos; la infraestructura tecnológica, exclusivamente al servicio de las empresas oligárquicas y trasnacionales, se encontraba a la altura de los países de Primer Mundo; las estadísticas educativas, construidas a modo para resaltar como avance lo técnico y como atraso lo crítico, ponían a Chile a la cabeza de América Latina. Eran el modelo a seguir para toda nuestra región, la envidia, la orgullosa joya neoliberal.

El pasado otoño la joya comenzó a mostrar su falsedad: millones protestaron en todo Chile, primero contra un desmedido aumento al transporte público, luego contra el modelo económico y un poco más tarde, cuando Piñera ordenó una represión salvaje e inhumana, contra la misma represión. Acorralado por las protestas, el presidente derechista se vio obligado a echar para atrás las medidas más impopulares, y prometer una profunda reforma constitucional. Poco a poco las protestas fueron decreciendo, aunque la movilización y la consciencia habían hecho ya su protagónica aparición.

Las negociaciones y un plebiscito sobre la reforma se vieron interrumpidos por la pandemia. El primer caso fue detectado el 3 de marzo, y durante las siguientes 7 semanas todo parecía bajo control. Hasta la John Hopkins University, la más prestigiada universidad estadounidense en materia de salud, destacó en aquel momento que el manejo de Chile era el mejor de toda América Latina, con su población altamente educada y su robusto sistema de salud. Pero de pronto todo cambió: a partir del último día de abril, los casos y las muertes comenzaron a crecer exponencialmente, el “robusto” y casi totalmente privatizado sistema de salud colapsó, y la idea de una impoluta gestión de la pandemia quedó en el olvido. Fiel a su autoritarismo, Piñera decretó el toque de queda y puso a los militares a vigilar el confinamiento, en un intento tardío, desesperado y fracasado por detener el desastre.

Menos de una semana después de decretado el toque de queda, decenas de miles salieron a las calles desafiando la ordenanza y las armas de los militares. “Preferimos morir de coronavirus o a balazos que de hambre”, gritaban las multitudes de mujeres y hombres en el centro de Santiago. Piñera prometió ayudas, guardó temporalmente a su ejército y creó albergues emergentes, con distribución de comida y medicamentos. Las protestas disminuyeron, pero los contagios se desbordaron. Con una brutal sinceridad, el ministro de salud declaró a la Televisión Nacional: “Hay áreas de Santiago de las que no tenía consciencia de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento”. El escándalo provocado por estas declaraciones, más el descubrimiento de que se ocultaban más de 30 mil casos y dos mil muertes llevó al funcionario a renunciar.

¿Qué fue lo que ocurrió que Chile pasó de país modelo a nación más azotada del mundo en cuestión de días? Pareciera que lo que pasó es que, así como el ministro de salud, todo el gobierno de Piñera creían las enormes mentiras de la propaganda gubernamental, y mantenían la idea de que estaban ya en el Primer Mundo, con sus maravillosos hospitales y sus fantásticas empresas con altísima tecnología. Pero lo cierto es que el neoliberalismo ha sumido en la pobreza y la precariedad a unos ocho millones de chilenos, de los que cuatro millones viven en la informalidad y, por ende, perdieron todo ingreso al decretarse el confinamiento absoluto. Esos millones se las arreglaron para seguir saliendo a conseguir alimentos pese a las prohibiciones y los peligros para su salud. Cien mil de ellos fueron encarcelados por horas, días y semanas, pero aun así, el horror del hambre y el sufrimiento de sus familias los orilló a desafiar los riesgos.

Después de cambiar a su ministro, Piñera dio dos pasos contradictorios: por un lado endureció el confinamiento, por otro, anunció una ayuda de aproximadamente mil dólares para cada una de las familias que vive en la informalidad o ha perdido su empleo. Aún sin perder el estilo derechista, la realidad lo ha obligado a retroceder un tanto en su radicalismo neoliberal. Pero lo cierto es que Chile es, con sus más de 220 mil contagios y sus alrededor de 6 mil muertos  –recordemos que su población es de 19 millones de habitantes, la séptima parte de la de nuestro país-, proporcionalmente, el país más infectado del mundo. Con su sistema al 85 por ciento de ocupación hospitalaria –a manera de comparación, en México tenemos dos semanas anclados en el 45 por ciento, un nivel tenso, pero manejable-, y la epidemia aún en ascenso, la tragedia escalará, desgraciadamente, en las próximas semanas. Si alguien aún duda de la urgencia de desmantelar el neoliberalismo, ahí están los datos: duros, y en agravamiento.

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Editorial

La tercera ola y el regreso a clases

Mario Alejandro Valdez

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Justo por la tarde de este jueves, la Secretaría de Salud anunció que en el país hay más de cien mil casos activos de COVID-19, la mayor cifra desde enero pasado. La emblemática cantidad da cuenta de que estamos iniciando el ascenso de la tercera ola de la pandemia que llegó a México en el ya lejano febrero de 2020. La situación no es sorprendente: lo mismo está ocurriendo en toda América, en tanto que Europa está siendo atacada por una cuarta ola. Lo previsible es que los contagios y las muertes, acelerados además por efecto de la variante Delta -no más grave, pero sí más contagiosa-, que ya es la dominante en el mundo entero. Como han advertido las autoridades sanitarias de todo el mundo, la población vulnerable ahora es la que no ha recibido la vacuna, que en México son fundamentalmente los jóvenes menores de 30 años.

En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado muy insistente en señalar que el próximo ciclo escolar, que inicia el 30 de agosto siguiente, deberá ser en modalidad presencial. Estas declaraciones han sido avaladas por las autoridades educativas federales y estatales, y han causado preocupación en agrupaciones de padres de familia, así como reacciones en los sectores sanitarios no oficiales. Por su parte, las autoridades federales y estatales de salud se han mostrado discretas, y se concentran en atender el semáforo de riesgos para la apertura de actividades. El punto es que, a un mes del proyectado arranque del ciclo 2021-2022, aún no se tiene la certeza de cómo se desarrollarán los procesos educativos en los distintos niveles escolares en nuestro país.

Sin duda, uno de los más graves y perturbadores efectos de la pandemia se localiza en la educación. Esto es una realidad en el mundo entero, pues ni siquiera los países más desarrollados tienen sistemas integrales que permitan la impartición de clases en línea, sobre todo en educación básica. Además, ya se ha señalado que las consecuencias del encierro son mucho más graves en la población infantil y juvenil que en la de edad adulta. México, con décadas de rezago educativo, agravado por la política neoliberal, una reforma regresiva en la formación de docentes y una reforma administrativa que afectó -y continúa afectando- los derechos laborales, las expectativas y la calidad de vida de profesoras y profesores, ha resentido un golpe demoledor con la emergencia sanitaria. En los niveles de preescolar, primaria y secundaria, este año y medio ha sido prácticamente perdido en la enorme mayoría de las comunidades educativas, en las que toda la interacción entre docentes y alumnos se limita, en la generalidad de los casos, a realizar actividades que se envían por redes sociales. Los primeros estudios sobre esta situación están arrojando resultados pavorosos, perceptibles ya en las generaciones que avanzan de manera inercial hacia el bachillerato y la educación superior.

Ante esta situación, es del todo entendible la insistencia del presidente en retornar a clases presenciales. Además, es la tendencia en todo el mundo, por lo que quienes descalifican a AMLO por sus dichos y lo tildan de ocurrente, en realidad sólo demuestran ignorancia o intenciones manipuladoras. Pero también es cierto que para el 30 de agosto, la hora H del ciclo escolar 2021-2022, la tercera ola pandémica estará, de manera inevitable, justo en su cresta. Para esa fecha, se prevé haber concluido con la vacunación de toda la población mayor de 30 años, pero aún no haber comenzado, o si acaso estar en los primeros momentos, de la inmunización de los jóvenes de 18 a 29 años. El proceso se espera llegue a la población adolescente -de 12 a 17 años- hasta fin del 2021.

¿Cómo resolver este intríngulis? Nos parece que se presentan dos opciones viables y favorables: iniciar el curso en línea, con actividades presenciales reguladas y eventuales -asesorías escalonadas semanales, por ejemplo-, lo que marcaría un hito sin dejar de lado la extrema prevención necesaria a la coyuntura pandémica; o atrasar el arranque del curso hasta el otoño o incluso el invierno. Lo que es indudable es que, como señala AMLO, el regreso a clases presenciales es urgente, pero también es imprescindible que este retorno no esté “amarrado” a fechas fatales, sino a las condiciones que está marcando una pandemia cuyo comportamiento ha sido extremadamente exótico, considerando los parámetros de la epidemiología histórica e universal.

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A propósito de…

El negocio de las redes sociales o morir por un like

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito de los peligros de las, cada día más populares redes sociales, encontramos la amplia tendencia, por parte de los llamados influencers, de realizar actividades riesgosas con la finalidad de conseguir más seguidores, más aceptación, más pulgares arriba, al punto de que más de 250 personas murieron desde 2011 mientras se tomaban una selfie para publicar en alguna plataforma digital.

Hace algunos días, el nombre de Sofía Cheung se viralizó a nivel mundial: la joven de 32 años de Hong Kong que tenía la costumbre de fotografiarse en situaciones de peligro, con el fondo de bellos paisajes naturales para publicar las imágenes en Instagram. Hace algunos días, intentó hacerlo desde lo alto de una cascada en un parque de ese país de nombre Ha Pak Lai, en la localidad de Yuen, pero resbaló, cayó desde gran altura y murió. A pesar de que la acompañaban algunos amigos y llamaron a urgencias, nada pudo hacerse para salvarla.

No ha sido la única persona que fallece buscando multiplicar el número de seguidores o el nivel de aprobación de sus contenidos. La competencia de popularidad virtual es cruenta y, al parecer, no da tregua.

Aunque la batalla no radica exclusivamente en el deseo de aprobación, sino en la ganancia económica y la obtención de patrocinios. Sé de una instragramer que acudía a múltiples eventos culturales en Los Ángeles, California, pero no para disfrutar del concierto o de la exposición, sino para fotografiarse bebiendo una marca de agua que le pagaba en función de los “me gusta” obtenidos.

El de las redes sociales se ha convertido en un gran negocio. La generalización de su uso las convierte en un medio de comercialización más efectivo que, en otro tiempo, la televisión, cuya audiencia disminuye constantemente, mientras que los youtubers, twiteros, instangramers, tiktokeros, etcétera, etcétera suman popularidad y ganancias económicas. 

El mayor influencer del mundo, con 300 millones de seguidores en Instagram es el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, jugador del equipo italiano Juventus, lo cual es explicable por su participación en un deporte con tantos aficionados en el mundo. Hace poco tiempo, un desdén suyo hacia una botella de refresco provocó una pérdida de 4 mil millones de dólares a la empresa fabricante, entre otras cosas, porque sus seguidores compartieron y compartieron y volvieron a compartir la acción de su ídolo.

Es decir, los riesgos a, los que se exponen quienes difunden contenidos o imágenes en las plataformas digitales, en espera de multiplicar las reacciones favorables,  no siempre tienen que ver con carencias emocionales, deseos de aprobación, vocación aventurera, o lo que se ha dado en llamar adicción a la adrenalina, sino con intereses económicos.

En Instagram, por ejemplo, los anunciantes clasifican en 5 niveles a los influencers, el más bajo corresponde a quienes cuentan con entre mil y 5 mil seguidores y pueden ganar entre 10 y 100 dólares por publicación patrocinada. El peldaño más alto lo ocupan quienes cuentan con más de un millón de seguidores y pueden obtener hasta 10 mil dólares por contenido publicitario. En You Tube, con los mismos parámetros de popularidad, las tarifas van de 20 a más de 20 mil dólares.

 En un apartado especial se encuentran los famosos, personalidades del espectáculo, socialités internacionales o deportistas profesionales quienes pueden recibir más de 500 mil dólares por mención de un producto.

La política no está exenta del mercado de las redes sociales. Hace un par de días el Instituto Federal Electoral acordó multar y sancionar a la agrupación llamada Partido Verde Ecologista de México, por la violación a la veda electoral en los pasados comicios, cuando distribuyó un millón de dólares entre 98 influencers para que transmitieran mensajes a su favor en tiempos no permitidos.

En el mismo tenor, el INE notificó al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García acerca de una multa por 55 millones de pesos por no reportar como gastos  la campaña en plataformas digitales que realizó su esposa, Mariana Rodríguez Cantú.

En junio de 2017 Pedro Ruiz, residente de Minnesota, Estados Unidos, murió mientras grababa un vídeo. Trataba de demostrar que un libro de muchas páginas colocado en su pecho, como escudo, era suficiente para detener la bala de una pistola disparada por su esposa. Su intención, según informó la mujer, era multiplicar el número de suscriptores en su sitio de You Tube. Ignoro si de todas formas lo compartió.

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La política en Yucatán

Introspección histórica: en busca de los orígenes locales de la Revolución Mexicana (V)

Mario Alejandro Valdez

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En noviembre de 1904, el grupo político formado en torno al Gral. Francisco Cantón inició su lucha contra el gobierno de Olegario Molina y, sobre todo, contra sus pretensiones de reelección. Los cantonistas no estaban, por supuesto, iniciando una revolución. Por el contrario, estaban apegándose estrictamente a las reglas del juego político características del Porfiriato a nivel nacional.

El historiador norteamericano Allan Wells, un estudioso del porfiriato henequenero en Yucatán, enunció así la regla principal de dicho juego: “Si una facción opositora impaciente podía demostrar que la camarilla en el poder era incapaz de mantener la paz, Díaz generalmente se veía obligado a intervenir”.

Los cantonistas eran un poderoso y extendido grupo político que actuaba al menos desde 1897. Su líder, el Gral. Cantón, tenía, a los ojos de don Porfirio, la virtud de haber sido el primer “tuxtepecano”, es decir, el primer político yucateco que se adhirió al golpe militar que inauguró la dictadura porfirista; pero también cargaba el estigma de haber sido un recalcitrante conservador e incluso un imperialista radical durante la lucha contra la intervención francesa.

Fiel a sus ideas personales, Cantón se vinculó a la Iglesia Católica a todo lo largo de su trayectoria, posición que mantuvo su sobrino y heredero político Delio Moreno Cantón, pero el cantonismo de ninguna manera estaba formado por fanáticos religiosos ni “ratas de sacristía”. Su alianza con la Iglesia Católica no tenía la pretensión de establecer un Estado Clerical ni impulsar reformas legales, sino era una más de las estrategias desplegadas para atraer a las élites y los grupos populares de Yucatán.

Tan es así, que la Iglesia Católica, sin dejar de apoyar ni de apoyarse en el cantonismo, rápidamente entró en tratos y estableció alianzas con el grupo de Olegario Molina apenas éstos se hicieron del poder en 1902. La Iglesia tenía su propia agenda, en la que los vínculos con el poder civil revestían –y continúan revistiendo, por supuesto- un papel fundamental.

Como ya hemos mencionado, los cantonistas actuaban como grupo político al menos desde 1897, y desde aquel tiempo habían construido una extensa red de relaciones políticas y sociales, con presencia en todas las doscientas comunidades del Estado, incluyendo los principales barrios de las ciudades de Mérida y Progreso, y un control amplísimo de la región de Valladolid, el bastión de Francisco Cantón.

Los recursos económicos y las relaciones políticas eran la principal fuente del poder de don Pancho Cantón, de quien se decía a principios de 1900: “… le sobraba voluntad para auxiliar a quien le solicitaba, y ha sido para sus familiares un incansable protector, extendiendo sus socorros a familias e individuos extraños y hasta desconocidos”.

En las extendidas redes del cantonismo militaban individuos tan disímbolos como Alfonso Cámara y Cámara, un acaudalado hacendado y ferviente católico, Tomás Pérez Ponce, abogado y periodista de tendencias anarquistas, y Felipe Carrillo Puerto, un pequeño comerciante motuleño que para aquellos años comenzaba a familiarizarse con la literatura socialista.

De acuerdo con los informes de la policía secreta de Olegario Molina, los cantonistas eran capaces de movilizar a unas diez mil personas y, por lo tanto, de crear desórdenes mayúsculos en Mérida, Progreso, Valladolid o cualquiera de las poblaciones menores de la entidad. Por eso, cuando Tomás Pérez Ponce lanzó el brutal golpe de la publicación de la carta del peón Antonio Canché el 21 de noviembre de 1904, los molinistas se pusieron de inmediato en alerta máxima y contestaron con una rápida represión.

Como ya señalamos al hablar de Carlos Escoffié y “El Padre Clarencio”, aquellos primeros escarceos se mantuvieron en el campo de la prensa durante los primeros meses de 1905, pero en el mes de julio de aquel año, en el contexto de la campaña electoral con miras a los comicios de noviembre siguiente, el cantonismo se mostró en todo su poderío en abierto rechazo al gobierno de Olegario Molina y sus intentos de reelección.

Ni don Pancho Cantón, ni Delio Moreno, ni ninguno de los demás dirigentes cantonistas tenían miras revolucionarias ni mucho menos. Ellos simplemente jugaban las reglas del juego y estaban en pos, precisamente, de la bendición de don Porfirio. Pero sus impulsos precipitaron los acontecimientos, y los intereses populares de cientos de campesinos, jornaleros, obreros, empleados, profesionistas, pequeños comerciantes y un largo etcétera comenzaron a escribirse en la agenda histórica. En decenas de mítines, manifestaciones, concentraciones y desplegados durante el verano y el otoño de aquel 1905, comenzó a escucharse la clara voz de un pueblo inconforme, los barruntos de una Revolución.

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