La discusión relativa a la sobrerrepresentación probable en la composición de la próxima legislatura en la Cámara de diputados y su derivación en el conflicto entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y Morena, circunstancia aprovechada por el titular del ejecutivo federal para subirse al ring, es solamente la punta del iceberg de lo que se podría denominar “la disputa por la nación” ―de manera parecida a como exponen, en circunstancias diferentes, en su libro del mismo nombre Carlos Tello Macías y del que fuera mi maestro en la Facultad de Economía, Rolando Cordera Campos— que, desde la década de 1980 ha enfrentado a la clase política, sobre todo en el interior del PRI, y dictaminó el surgimiento del Frente Democrático Nacional, con la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el aglutinamiento en torno a una izquierda sin compromisos extra nacionales, de grupos provenientes de luchas sociales y económicas, también del priismo nacionalista e ideológico, desplazados y dolidos, sin oportunidad de acción en el aparato gubernamental, amalgama que fue mutando hasta lo que hoy es el núcleo de Morena. Mientras que la otra parte la representó el PRI conservador, y convenciero, muchos provenientes del sector empresarial, de los militantes sin ideología alguna, más personajes de la derecha mexicana representados por el PAN y fieles herederos del pensamiento conservador del siglo XIX, en algunos casos.
Cuando el presidente de la república, se refiere al INE y al parecer lo compara como el supremo poder conservador, está recurriendo como es su costumbre, a la historia, específicamente a la segunda edad del México independiente (1836-1843), ese periodo se destaca por la existencia de un organismo de control con carácter político con el nombre referido por el presidente―disponía de un barniz de legalidad, integrado por ciudadanos conservadores, intocables, adictos a los intereses económicos superiores y subordinados a las castas privilegiadas― que prevalecía sobre todas las decisiones de relevancia en la vida nacional de la época. A diferencia del siglo XIX, ahora, la lucha ideológica es entre las visiones de desarrollo, por un lado, la que establece como idea central la construcción de un estado rector, y el control del patrimonio nacional, y por el otro la que insiste en la continuidad del modelo neoliberal, sus promesas del goteo económico, y la transnacionalización de los patrimonios.
La historia legislativa, nos muestra que las
reformas del sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto que requirieron cambios
constitucionales, tales como la educativa, la energética, la de
telecomunicaciones, la política, y la de transparencia, fueron operadas desde
el etapa de transición (julio-diciembre 2012) y durante el primer año de
gobierno; precisamente cuando la ciudadanía le otorga al gobernante en turno,
un período de gracia; se destaca que entre todas ellas, la más sensible al sentimiento
nacional ―en honor al legado de los expresidentes Lázaro Cárdenas del Rio y
Adolfo López Mateos―, fue la energética, que se votó el 11 de diciembre de 2013
en la Cámara de Diputados y el 20 de diciembre del mismo año, en la Cámara de Senadores.
Exactamente mientras los mexicanos teníamos una cerveza en la boca y abríamos
regalos navideños, también éramos traicionados por un contingente de ciudadanos
que se ostentaban con nombramientos de diputados y senadores. Si justamente me
refiero a esos personajes que nos saludan y tratan con excesiva cordialidad en
tiempos de campaña y de los que casi siempre, requerimos de su aquiescencia
para destrabar algún trámite durante los papeleos en la jungla gubernamental,
cuando enfrentamos a los más desaseados y burdos burócratas multicolores.
Si revisamos con atención las encuestas de la
época, es muy clara la oposición que existía por parte de la ciudadanía para “entregar el petróleo y la generación de
energía eléctrica a los particulares”, sin embargo, al parecer, los
negocios que eso prometía―revisar las conexiones Emilio Lozoya―y la necesidad
de trascendencia por parte de Enrique Peña Nieto, para emularse como un gran
estadista moderno, fue la semilla de ese trasnoche nacional.
La entonces, subordinación de los medios
masivos de comunicación al gobierno, la debilidad de la dirigencia del partido
de izquierda, con mayor presencia en la época PRD ―que buscaba congraciarse con
el gobierno Peña Nieto, para mantenerse en la escena nacional, ante el anuncio
de su entonces excandidato presidencial López Obrador de formar un nuevo
partido y la amenaza velada del entonces presidente Peña de procurar la
desaparición de la representación proporcional y primeras minorías en las
cámaras legislativas―generaron las condiciones adecuadas para constituir el
denominado Pacto por México, que fue la plataforma para la consecución de las
reformas estructurales y la imposición del neoliberalismo en la propia carta
magna.
De la misma manera, tampoco se debe olvidar
el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), el 30 de octubre
de 2014, que declaró la inconstitucionalidad de las consultas populares que
propusieron el Morena y otros partidos en relación a la reforma energética, y
argumentó para su negativa que el Artículo 35 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrán ser objeto de consulta
popular los temas relacionados con los ingresos y gastos del Estado, cuando en
sí, la naturaleza de la discusión en el Congreso de la unión era otra, y para
sorprendernos la ministra responsable encargada del proyecto de sentencia fue
Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de gobernación. La pregunta propuesta
por Morena para esa consulta consistía en ¿Estás
de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares,
nacionales o extranjeros, para la exploración del petróleo, el gas, la
refinación, la petroquímica y la industria eléctrica? Si se lee con
amplitud, la pregunta no tiene nada que ver con un asunto a los gastos e
ingresos del estado, incluso supongo que, es posible que podría beneficiar en
el sentido positivo a los ingresos del Estado.
En este marco referencial, obtener la mayoría
en la cámara de diputados y en las legislaturas estatales, es fundamental para
las emociones políticas que representa el titular del ejecutivo federal, de
ello depende que el proyecto que propone su corriente política, pueda
establecer un marco normativo para la consecución de sus idearios ―que busca
revertir leyes, disposiciones y expulsar intereses que consideran dañinos de
ciertos sectores de la economía, vinculados con el patrimonio nacional el
subsuelo y la energía.
Los seguidores de esta misión, están disgustados
con el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha recordado su deber y se ha
abocado a limitar, al 8% cuando mucho, la sobrerrepresentación del partido
dominante; cuando en 2012, y 2015 las coaliciones y partidos que lo lograron no
fueron castigados, y fue precisamente durante el transcurso de esas
legislaturas cuando se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y otras leyes, para que dispongan los intereses extra nacionales de
los beneficios relacionados con el patrimonio nacional, el subsuelo y la
energía.
Desde mi perspectiva, cuestiono: ¿si son
moralmente aceptables las modificaciones que se hicieron durante esas
legislaturas respecto a la citada Constitución Política, en sus artículos 25,
27 y 28 en materia de energía?, considerando las circunstancias de la violación
del artículo 54 de la misma Constitución Política en su inciso V ―que limita la
sobrerrepresentación al 8%―, al momento de conformar la LXII legislatura del
Congreso de la Unión, en 2012, a sabiendas de una sobrerrepresentación del 8.2
% o en 2015, cuando la sobrerrepresentación alcanzó el 9%.
Así mismo, concluyo: la letra de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe hacerse cumplir,
sin interpretaciones mezquinas y en todos los ámbitos; me incluyo entre los que
piensan que debe convocarse a un congreso constituyente ―a través del
instrumento de la consulta popular― para la discusión y la redacción de un
nuevo pacto social, (constitución política) con carácter general que garantice
la convivencia, y la participación ciudadana, incluso la ajena a los partidos
políticos. Destaco que solamente de esa manera la actual generación gobernante
habrá hecho historia y regalado un futuro estable a las nuevas generaciones,
quienes serán las que califiquen este periodo, así como a sus políticos y demás
personajes intrascendentes, oportunistas y faranduleros.
